*El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, señala que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua continúa practicando la tortura y los tratos crueles contra los opositores detenidos.
**Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua llamó a la comunidad internacional a «ampliar las sanciones” contra “instituciones e individuos involucrados» en delitos de lesa humanidad.
Expediente Público
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en Nicaragua casos de “graves de torturas” a personas detenidas, que incluyen el uso de electricidad, abuso sexual y violación a mujeres y hombres.
Esto revela el continuo y generalizado “deterioro” de los derechos fundamentales en el país centroamericano, donde se castiga y encierra a quienes expresan sus opiniones, denunció el máximo representante de este organismo, Volker Türk.
Naciones Unidas documentó solo en julio pasado “siete casos más de graves torturas de detenidos”, dijo Türk en su exposición oral en el marco del 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se celebra del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023.
Negar comida, parte de las torturas de Daniel Ortega
“Muchos detenidos se ven sujetos a malos tratos, incluyendo denegación de contacto con los familiares, negación de medicamentos, restricción a artículos de higiene básicas o exposición constante a la luz artificial», afirmó.
Türk denunció que «la distribución de alimentos se limita para sancionar a las personas que se consideran enemigos» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Esta situación es alarmante y los privados de libertad están en una situación de vulnerabilidad extrema.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas instó, una vez más, a las autoridades a que acepten el retorno de monitores de detención internacionales imparciales e independientes, «que erradiquen la tortura y los malos tratos y devuelva las garantías del debido proceso y el Estado de Derecho».
Las torturas fueron documentadas posteriores al informe que ofrece una visión general de la situación en Nicaragua, desde el 15 de agosto de 2022 al 15 de junio de 2023.
Violaciones, una práctica del régimen de Daniel Ortega
“Mujeres y niñas se ven sujetos a desnudos forzados y humillaciones y a pesquisas genitales innecesarias antes de visitar a los detenidos”, reiteró Türk.
Varias de las mujeres presas políticas “denunciaron haber sido sometidas a inspecciones visuales injustificadas y degradantes de sus cavidades corporales durante registros rutinarios en los que se les desnudaba”.
“Los guardias violaron a presas obligándolas a ponerse en cuclillas desnudas en mitad de la noche e introduciéndoles los dedos en la vagina con el pretexto de comprobar si ocultaban teléfonos móviles”, detalla el informe de Naciones Unidas.
Por otro lado, agrega que, tanto a hombres como a las mujeres presas políticas del régimen, se les “pedía que se desnudaran cada vez que salían de sus celdas y que hicieran sentadillas desnudas cuando regresaban”.
Nicaragua se queda sin espacio cívico
Türk agregó que debido a la persecución y represión que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, muchos nicaragüenses huyen del país centroamericano, y aludió a los 45,866 que solicitaron asilo en Costa Rica entre septiembre de 2022 y julio de 2023.
“Los actos constantes, impredecibles y arbitrarios de persecución obligan a muchos a huir (…) Lamento profundamente la falta de respuesta de parte del Gobierno a nuestras comunicaciones y la mía propia y su rechazo por cooperar con los organismos internacionales”, insistió el Alto Comisionado.
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También denunció que el régimen nicaragüense sigue limitando el espacio cívico y coartando las libertades individuales y colectivas.
“Ejercer el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible”, agregó, especificando que desde agosto de 2022 se ilegalizó más de 2000 organizaciones de la sociedad civil, para un total de 3,394 organizaciones clausuradas desde 2018 a la fecha.
“En otras palabras, casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han cerrado y muchas se han visto forzadas a la autocensura por miedo”.
A lo anterior se suma el cierre de universidades, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA), la que fue señalada de ser un centro de terrorismo para grupos criminales organizados.
“El cierre de estas universidades y la confiscación de algunas escuelas dirigidas por congregaciones católicas, limita el acceso del derecho a la educación y la libertad de información, con un impacto muy dañino, la libertad de expresión y la libertad académica”, dijo el Alto Comisionado.
Grupo de Expertos pide más sanciones contra Ortega
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) realizó también una actualización oral en la sesión de Naciones Unidas sobre la situación del país centroamericano, constatando una “nueva ola de violaciones” a los derechos fundamentales de la población, dijo su presidente, Jan-Michael Simon.
Se llamó a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar a los y las estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados por las confiscaciones de universidades privadas.
«Ampliar las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua», solicitaron.
Además, que como respuesta a la escalada represiva se evalúe la cooperación al desarrollo actual y futura hacia Nicaragua con el objetivo de fortalecer una gama plural y diversa de actores en la educación superior, para garantizar el derecho a la educación y la libertad académica».
Régimen de Ortega Murillo impone terror
Según el presidente del GHREN, durante los últimos seis meses el régimen de Daniel Ortega “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución” en el país.
La persecución cambia en función de la ubicación de las personas (…) En el caso de las personas radicadas en Nicaragua y percibidas como disidentes u opositores al gobierno, estamos documentando cómo el gobierno las acosa. presionándolas para que abandonen el país”, señaló Simon.
El GHREN es un organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecido en marzo de 2022, y tiene la tarea de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
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Según el organismo de la ONU, las violaciones se “perpetran al más alto nivel del Estado” conjuntamente con otras instituciones controladas por el régimen, como los Ministerios de Educación, Juventud y Gobernación, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos.
La representación del régimen en Naciones Unidas calificó los señalamientos como “injerencia” y un intento de “menoscabar” la soberanía de Nicaragua.
Sobre desapariciones forzadas en Honduras
Por otro lado, el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que viajó en a Honduras a inicios de 2023, para elaborar un estudio sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, concluyó que el país centroamericano no tiene una política pública sobre personas desaparecidas.
A pesar de que el delito de desaparición forzada está tipificado en los artículos 140 a 142 en el Código Penal hondureño, es preocupante que solo lo esté en el marco de crímenes de lesa humanidad, porque impide investigar otro tipo de desapariciones, de acuerdo a Naciones Unidas.
Evidencian que Honduras no ha hecho nada para investigar las desapariciones y los pocos avances logrados hasta el momento se deben casi exclusivamente al compromiso y la valentía de las víctimas y familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que les representan.
Nadie investiga en Honduras
El grupo de trabajo de la ONU indica que la mayoría de los casos de desapariciones en la década 1980 en Honduras, se mantienen en impunidad, no hay registros o bases de datos de los restos de personas desaparecidas, no hay condenas a los perpetradores ni investigaciones serias.
El Ministerio Público no investiga, no hay servicios jurídicos gratuitos para los familiares, y los altos mandos militares no han sido juzgados como se debe.
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Concretamente, sobre las decisiones en materia de seguridad adoptadas por presidenta hondureña, Xiomara Castro, Naciones Unidas insiste en que el estado de excepción (prolongado cinco veces) solo favorece la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, incluso desapariciones forzadas.
Hay una clara necesidad de adoptar una política integral en materia de seguridad con énfasis en la prevención y la investigación, y que aborde las causas profundas de la violencia.
Aunque aplauden el compromiso de Castro por desmilitarizar el Estado, muestran preocupación porque la Policía Militar del Orden Público (PMOP) esté realizando labores seguridad pública, inclusive ejecutando detenciones y allanamientos en distintas zonas del país.
