*El titular de la Uferco, Luis Javier Santos, por decreto, quedó a cargo de las funciones investigativas del Ministerio Público hasta que el Congreso Nacional elija el fiscal general y fiscal adjunto, aseguró el presidente del Congreso Luis Redondo.
Yarely Madrid / Expediente Público
La elección del fiscal general y fiscal adjunto en Honduras para el período 2023-2028 fracasó por cuarta vez, este 31 de agosto, por falta de consensos de las diferentes bancadas que componen el Congreso Nacional.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estableció que mediante el decreto 67-2022, se otorgan amplias responsabilidades a Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) para actuar con funciones de fiscal general.
Horas antes los diputados hicieron una tercera y cuarta votación para seleccionar a los fiscales, pero no se lograron los 86 votos necesarios, aunque la propuesta de la oposición tuvo más votos (74) que la oficialista (52).
El tiempo para que los 128 parlamentarios eligieran a las máximas autoridades de la Fiscalía General de la República vencía el 31 de agosto a las 12:00 de la noche, cuando finalizaba el mandato de Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general y de Daniel Sibrián como fiscal adjunto.
El partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre) no desistió de proponer a Johel Zelaya (sin parentesco con la familia presidencial) como fiscal general, mientras el Bloque Opositor Ciudadano (BOC) y el Partido Liberal presentaron con la misma insistencia a Marcio Cabañas.
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Uferco como Fiscalía paralela
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que «ni la Constitución, ni la ley del Poder Legislativo, ni la ley del Ministerio Público, previeron la situación jurídica de hoy (31 de agosto) en que cesan de sus cargos el fiscal general y el fiscal general adjunto», pero no se lograron dos terceras partes de los votos para escoger a los sucesores de una lista de cinco candidatos presentados por una Junta Nominadora.
Redondo acusó a los fiscales salientes con no cumplir sus funciones y ser cómplices de actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, actualmente enjuiciado en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado.
Basándose en lo estipulado en el decreto 67-2022, Redondo indicó que la UFERCO quedaría a cargo de las tareas destinadas a la fiscalía, mientras se consigue el consenso, pero dejando abierta la fecha de una nueva convocatoria parlamentaria para hacerlo.
La medida «durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto como titulares del Ministerio Público», dijo el presidente del Congreso.
El decreto 67-2022 establece que el titular de la UFERCO «ejercerá la acción penal pública de oficio sin que deba someter su decisión a la aprobación previa de fiscal general, ni de ninguna otra autoridad».
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Ley estipula continuidad
Horas antes del cierre de sesión, el fiscal adjunto saliente, Arturo Sibrián, informó a medios de comunicación que conforme a la ley seguirá en su cargo «hasta que las autoridades nombren a sus sustitutos».
Sibrián recordó que el artículo 80 de Ley Orgánica del Congreso Nacional dicta que «los funcionarios que elige el Congreso Nacional, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha».
Cuarta votación
Una tercera y cuarta sesión parlamentaria se realizaron a altas horas de la noche, pero sin cambios en las dos nóminas. La primera lista fue propuesta por el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, y se nominó como fiscal general, Johel Zelaya y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto. De nuevo el oficialismo obtuvo 52 votos.
La segunda nómina fue presentada por Jhosy Toscano en representación del Partido Salvador de Honduras, el BOC y el Partido Liberal. Su moción fue Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como fiscal adjunto. La lista logró 74 votos.
Las mismas listas, tanto de Libre como de la oposición, han sido presentadas en las cuatro sesiones dentro del hemiciclo, pero no alcanzan mayoría calificada (86 votos).
Desisten de Junta Interventora
El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, informó en horas de la tarde del 31 de agosto, en una conferencia de prensa, que de no elegirse al fiscal general y fiscal adjunto se propondría ante el pleno legislativo una junta interventora.
A criterio del abogado constitucionalista, Oliver Erazo, esto hubiera sido una decisión inconstitucional, puesto que no tiene ninguna garantía enmarcada en la ley.
«No tiene facultades constitucionales, el Poder Legislativo de conformidad al artículo 205 de la Constitución describe de forma taxativa cuáles son las atribuciones que tiene y ninguna de las 45 se refiere a que tengan facultad para nombrar una junta interventora. Eso es inconstitucional y es ilegal», expresó.
¿El director de fiscales?
El jurista también señaló el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que a falta del fiscal general y adjunto será el actual Director de Fiscales quien tome las riendas del Ministerio Público, puesto que tiene actualmente José Salgado.
Lo anterior sería solo en el caso de que ambos fiscales renuncien de su cargo, pero si solo el fiscal general lo hace, en su cargo quedará el actual fiscal adjunto, Daniel Sibrián. Así lo establece la Ley de Poder Legislativo.
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«Quieren retrasar»
El abogado constitucionalista, Heriberto Baquedano, manifestó a Expediente Público que «lo que se viene es un tsunami de piedras pesadas, que les van a caer, por lo tanto ellos (los partido políticos) están renuentes a no permitir que se nombre el fiscal general, como el fiscal adjunto».
La elección «es cosa de voluntad política, ver el interés general del Estado, ver el interés general del pueblo y no ver los intereses personas, que es lo que esta primando ahorita, están cuidando los intereses de los mismo diputados cuestionados con situaciones de corrupción», evidenció.
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