*De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el primer trimestre de 2023 reporta 132 personas desaparecidas, lo cual significa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior.
**Las desapariciones forzadas se mantienen pese a que el Gobierno sostiene que el régimen de excepción, que está vigente a nivel nacional por casi 17 meses, es clave para disminuir la violencia y el índice de homicidios.
Eric Lemus / Expediente Público
“Lamento decírtelo doña, pero tu hijo ya está muerto”, reza el mensaje firmado por Mauricio Vides y que está publicado en la cuenta en Twitter dedicada a Carlos Ernesto Santos Abarca, un universitario de 22 años que desapareció sin dejar rastro hace casi dos años en El Salvador.
“No lo lamentes. Si lo dices es porque tú tienes la ubicación del cuerpo o ¿eres uno de los involucrados en la muerte?”, interroga Eneida Abarca, la madre del joven desaparecido.
“Eso nunca lo sabrás, nos aseguramos de eso”, responde el propietario de esa cuenta que está creada desde octubre de 2021 y presuntamente afincada en la ciudad de Saint Peters, Missouri, EE. UU.
La conversación con ese interlocutor desconocido fue mostrada sin éxito a la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña porque no hay novedades sobre el paradero de Carlos Ernesto.
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Campaña de búsqueda
Eneida, la madre, lleva una campaña personal de búsqueda de su hijo que desapareció el 1 de enero de 2022 cuando salió a trotar por los alrededores de un céntrico estadio de fútbol. Desde ese momento hasta la fecha, el rostro de ese joven de mirada afable está distribuido en todo el país.
El afiche artesanal está pegado a postes, paredes, estaciones de autobús, en los lugares menos imaginados de la capital San Salvador y del interior del país centroamericano.
Su caso es uno de los 6,443 reportados como desaparecidos entre 2019 y junio de 2022 en El Salvador y ante los cuales el Estado omite su responsabilidad, pese a que el Plan Control Territorial le debería ofrecer las mejores herramientas al Gobierno de Nayib Bukele para esclarecer las desapariciones.
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Sensibilizar a la sociedad
La Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos integra el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas de El Salvador, una iniciativa de la sociedad civil en la que también participan la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Alerta Raquel y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Las ocho instituciones humanitarias organizaron un seminario internacional para sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre la dimensión de la desaparición forzada en El Salvador y el derecho que tiene las familias a conocer la verdad y reivindicar la memoria de los ausentes.
Pero, sobre todo, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas reclama una participación más activa del Estado en aras de que cree “una política integral de búsqueda y alertas tempranas” ante el flagelo de la desaparición forzada.
Resurgimiento de prácticas de la guerra
La abogada Idalia Zepeda de ASDEHU insiste a Expediente Público en la necesidad de sensibilizar el tema de las desapariciones en El Salvador porque “históricamente es un país con mucha impunidad, tenemos dictaduras y conflictos armados con miles de personas desaparecidas y miles de familias sin saber respuesta”.
Jeannette Aguilar, una de las investigadoras más respetadas en el país, fue autora del “La ruta crítica de las mujeres que buscan a sus personas desaparecidas”, dice que preocupa el resurgimiento del uso de la desaparición donde participan “actores estatales” como sucedió durante el conflicto armado.
El Salvador sufrió una guerra civil entre 1980 y 1992, que finalizó bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero sufrió violencia política desde 1970 cuando los cuerpos de seguridad eliminaron opositores políticos.
Aguilar, en respuesta a Expediente Público, observa que el fenómeno reaparece “con los hombres que están siendo detenidos (en el contexto del régimen de excepción) y podrían haber sido desaparecidos por actores estatales”.
En el limbo
“Al no llevarse un registro sistemático de sus detenciones, estas personas están en el limbo en la medida en que sus familiares no conocen la suerte que han corrido y que podrían haber sido asesinados”, vaticina Aguilar.
Extraoficialmente y a partir del testimonio de quienes fueron capturados por el régimen de excepción y recuperaron su libertad, las organizaciones humanitarias tienen relatos que atestiguan el uso de fosas clandestinas en al menos tres cárceles del país.
“El resurgimiento de esta figura en un contexto donde también se reconoce sobre todo que es una práctica sistemática la posible ejecución nuevamente de crímenes de lesa humanidad”, advierte la investigadora.
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Cárceles: un agujero negro
El director ejecutivo de FESPAD, Henri Fino, ante una pregunta de Expediente Público pone en perspectiva el hecho de lo que sucede en los centros penales “es un agujero negro”.
“Ante el caso del periodista que salió (de la prisión) y divulgó lo que ha vivido ahí, ¿cuál fue la reacción del Estado? Lo llamó a una audiencia y lo amenazó de regresar a la cárcel. Eso es terror de estado”, precisa Fino.
“El estado es responsable de todos estos detenidos y, en consecuencia, si hay alguna mención de fosas comunes y torturas, no hay otro responsable”, indica el profesional.
Por su parte, Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho de la organización no gubernamental Cristosal, trae a colación la investigación donde recopilan voces que hablan del uso de la tortura adentro de las prisiones.
Los sobrevivientes de las mazmorras del régimen de Bukele, que sufrieron encierro en los centros penales de Mariona, Izalco y Zacatecoluca, “vieron morir a muchas personas y algunos de ellos fueron obligados a sepultar los cuerpos adentro de los centros penales”, recuerda Navas a Expediente Público.
“A quien le corresponde investigar estas muertes y si existen o no fosas al interior de los centros penales, es a la Fiscalía. Parece que aquí las autoridades quieren invertir los roles (porque) demandan que las organizaciones de la sociedad civil (…) hagamos las investigaciones penales o que ellos abran las investigaciones a partir de denuncias o indicios que nosotros les llevemos”, destaca la abogada.
Amenazas, insultos y silencio
En El Salvador, la desaparición forzada fue una práctica sistemática utilizada por los pandilleros. Sin embargo, hasta la fecha, hay miles de víctimas que siguen sin rastro, pese a que el Estado argumenta que tiene detenido a la mayoría de ellos.
El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una iniciativa de familiares, junto a ASDEHU, interpuso el pasado 27 de julio un recurso de apelación al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que “declare ilegal la reserva de información que las autoridades han determinado sobre el registro y ubicación de las fosas y cementerios clandestinos encontrados a nivel nacional”.
“La FGR, ha realizado una errónea ponderación en la necesidad e intensidad de la limitación de la información solicitada, pues en el marco del Plan Control Territorial y la estrategia utilizada por el Gobierno en materia de seguridad pública, no habría posibilidad de que estructuras criminales puedan alterar las fosas o cementerios clandestinos, si las autoridades cumplen con su labor de protección de los sitios”, dice el escrito.
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Los testimonios de dolor e incertidumbre de las familias que sufren este flagelo son interminables como es el caso de Eneida Abarca, la madre de Carlos Ernesto, que soporta el silencio estatal desde el día que su hijo no regresó a casa o cuando recibe insultos a través de las redes sociales.
Expediente Público interrogó a la cuenta que responde al nombre de Armando Vides, a raíz del mensaje enviado a Eneida donde le dice que nunca verá a su hijo. El usuario respondió: “Que ubo compa, usted también me quiere entrevistar para lo de esa doña”, pero luego suspendió la comunicación.
