*Uno de los cinco candidatos a la Fiscalía está fuertemente relacionado al partido de Gobierno Libertad y Refundación (Libre) y otros dos podrían tener vínculos de corrupción directos e indirectos.
** La Corte Suprema de Honduras debe de resolver cuatro amparos presentados por excandidatos a fiscal general y adjunto.
Yarely Madrid | Expediente Público
Once días han pasado desde que la Junta Proponente para la elección de fiscal general y adjunto entregó la nómina final de los cinco candidatos idóneos para la Fiscalía de la República al Congreso Nacional (CN).
El parlamento, conformado por sus 128 diputados, deberá elegir a las próximas autoridades del Ministerio Público con mayoría calificada (86 votos). Aunque no hay una fecha estipulada en la Constitución, lo adecuado sería realizarlo antes del 31 de agosto cuando salgan de sus cargos el actual fiscal general, Óscar Chinchilla y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián.
Usualmente, las diferentes bancadas que conforman el CN se reúnen para socializar la elección de los fiscales con el supuesto objetivo de elegir los perfiles idóneos para los cargos, sin embargo, esa es una simple utopía pues tal como ocurrió con los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los diputados se enfocan más en la filiación política del candidato para elegir a los que puedan favorecerlos o blindarlos de la justicia.
El escenario en los últimos días se ha visto representado por discusiones entre los parlamentarios que llegan casi a los golpes. El miércoles 9 de agosto la sesión legislativa terminó a gritos con la bancada del Partido Nacional diciendo “Libre nunca más”.
Expediente Público investigó el perfil de los cinco candidatos y al menos tres de ellos está vinculados con la familia presidencial o con actos de corrupción.
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La mejor puntuada
La postulante mejor puntuada por la Junta Proponente es Jenny Gabriela Almendares Flores, quien tiene un 95.55% en su nota final.
La togada, con filiación política hasta el momento desconocida, tiene un máster en Derecho Penal y Procesal Penal y tiene una especialización en Derecho Procesal Penal Profundizado en la Universidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, República de Argentina.
Además, ha trabajado como capacitadora en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y entre 1994 y 2013 fungió como fiscal en diferentes cargos. Actualmente trabaja como consultora independiente.
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Vínculos
Mario Alexis Morazán Aguilera, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también quiere ostentar el cargo de fiscal general o adjunto y obtuvo una puntuación 87.98%, la segunda más alta.
No obstante, tiene antecedentes de cercanía con la familia presidencial. Fue condecorado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por la “Defensa del estado de derecho y la democracia en contra del Golpe de estado” sucedido en 2009.
Además, durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-28 de junio de 2009) fue ministro consejero de la embajada de Honduras en Costa Rica y en el marco del golpe de Estado violentó el llavín de acceso a la embajada de Honduras y bloqueó la cuenta en un banco de ese país.
Morazán tiene un doctorado en Derecho Penal y máster en Derechos Humanos. Fue fiscal auxiliar en La Entrada, departamento de Copán (2005-2006) y fiscal de carrera de 2010 a 2011 y después de 2014 a 2016.
En cuanto a su experiencia en el Poder Judicial, fue fiscal auxiliar en Copán; juez de paz de lo criminal y civil en 2002; fue secretario general de la Procuraduría General de la República (PGR) y asistente legal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 2001.
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Corrupción
Con un porcentaje de evaluación de 84.36%, Marcio Cabañas Cadillo, de 47 años, es el tercer candidato mejor evaluado por la Junta Proponente.
El candidato con cercanía al partido de Gobierno Libertad y Refundación (Libre), trabajó en la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción (2000), como analista de Investigación en la Secretaría de Seguridad y Procurador de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.
Además, ha tenido los mismos cargos en Choluteca y en otras instancias gubernamentales. Actualmente se desempeña como fiscal titular de la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos.
Tiene una especialidad en Derecho Penal y un máster en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad.
Al aspirante se le señala de obstaculizar investigaciones contra funcionarios público cuando fue asesor del fiscal general, Leónidas Rosa Bautista.
Sin experiencia en el MP
El cuarto candidato es Johel Antonio Zelaya Álvarez, con una nota de 80.94%. Aunque no tiene experiencia en la fiscalía o en el Poder Judicial, el abogado trabajó como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El abogado con máster en Derecho Empresarial tiene una filiación por el Partido Liberal y gracias a esa fuerza política es regidor de Reitoca, un municipio de Francisco Morazán.
Familia
Pablo Emilio Reyes Theodore fue el último profesional escogido. Tiene una nota de 75.26% y es el más joven (40 años).
Posee experiencia como asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Tiene un máster en Derecho Empresarial, es partidario del Partido Nacional y tiene aparentemente vínculos familiares que podrían estar coludidos con la corrupción.
Es hermano de Marcela Amador Theodore, jueza de lo Contencioso Administrativo, quien fue despedida del Ministerio Público por afectar un proceso de intervención a una cooperativa.
Su esposa, Valentina Suárez es hermana de Valentín Suárez Elizondo, exsocio de la empresa farmacéutica Farma Sula S.A que le ganó una demanda a Honduras por una millonaria suma de 126.8 millones de lempiras.
Dicha demanda estuvo enmarcada por una serie de irregularidades, por ejemplo, se integraron otros magistrados que no forman parte de la Sala Constitucional. En ese entonces había un acuerdo que establecía que ante la ausencia de dos magistrados propietarios de una Sala, no se puede convocar a un pleno para dictar resoluciones, salvo en casos urgentes.
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Consensos
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza dijo a Expediente Público que hasta el momento no existen consensos entre las diferentes bancadas del hemiciclo.
“El PSH al igual que el Partido Liberal y el Partido Nacional no hemos recibido invitación de parte del partido de gobierno Libre para conversar sobre el tema de la elección del Fiscal”, explicó.
Espinoza explicó que el PSH tendría una reunión “para empezar a conocer los perfiles de los candidatos, hemos tenido a nuestro equipo haciendo una labor de investigación para tener una idea de cada uno de los candidatos y eventualmente vamos a revisar la hoja de vida y toda la otra información que se obtenga de cada uno de ellos”.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Merari Díaz, manifestó a Expediente Público que “hasta el día de hoy, la bancada no ha recibido ninguna comunicación por parte del presidente ilegal de la Junta Directiva, el secretario obviamente ha dicho que se va a llegar a esos acuerdos y consensos”.
“Ellos a lo interno están analizando los expedientes (de los candidatos), lo cual es lamentable y lastimoso y lo tengo que decir, cuándo le van a remitir la copia de esos expedientes a cada uno también de las diferentes bancadas”, cuestionó la diputada.
¿Director de fiscales?
En los últimos días se habla sobre introducir la figura de director de los fiscales general y adjunto, y aunque la Misión Internacional de Observación (MIO) recomendó no reformar la Constitución para agregar este tercer título dentro del MP, es una propuesta discutida.
La diputada Merari del PN indicó a Expediente Público que por lo pronto no hay una postura al respecto y que “como bancada del Partido Nacional en ningún momento nos hemos reunido con Libertad y Refundación, ni con los liberales, ni con nadie para hablar de ese tema de una figura del tercero”.
Maribel Espinoza del PSH también reveló que no hay un consenso en cuanto a esta figura, pero que, según su opinión personal, no es lo adecuado debido a que “sería el camino para la politización del Ministerio Público, me parece a mí que debemos de conservar la autoridad máxima del fiscal general y el fiscal General adjunto sobre el director de fiscales, porque si lo nombra el Congreso, lo que tendríamos son tres nombramientos de tres altos funcionarios y no habría ninguna relación de subordinación entre el director de fiscal y el fiscal general”.
Recursos
Al menos cuatro recursos de amparo administrativo fueron interpuestos por exaspirantes a fiscal general y adjunto, y posteriormente admitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre los acusantes se encuentran los actuales fiscales del Ministerio Público, Rafael Soto y Luis Javier Santos; el magistrado de apelaciones del Poder Judicial, Omar Bonilla Jiménez y el exjuez de lo Civil, Mario Urquía.
Lo anterior quiere decir que existe una posibilidad que los participantes a fiscales puedan ser incluidos en la lista final a candidatos, sin embargo, será la CSJ que valorará las posibilidades legales.
