*La exfiscal general de Guatemala y el exprocurador de Derechos Humanos señalan el enorme riesgo que ensombrece la democracia del país centroamericano debido a las redes corruptas que controlan el Estado.
**Al menos 37 jueces y fiscales guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a sus investigaciones sobre la corrupción en el país centroamericano.
***La crisis política electoral se abordó durante conferencia organizada por Alianza Americas, Latin American Working Group Education Fund y la Asociación Guatemaltecos sin Fronteras.
Expediente Público
La democracia guatemalteca está amenazada por una alianza mafiosa y un pacto de corruptos que son los que dirigen la judicialización de casos contra exjueces y fiscales anticorrupción, periodistas, defensores de Derechos Humanos y últimamente contra el partido político Movimiento Semilla, denunciaron la exfiscal general guatemalteca, Thelma Aldana y el exprocurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, en una conferencia en Washington, DC, Estados Unidos.
“Tenemos que poner la alerta que es esta alianza criminal está como una fiera herida y son capaces de cualquier cosa incluso hasta decretar un estado de excepción y prorrogarse en el poder”, denunció Rodas durante una conferencia organizada por Alianza Americas, Latin American Working Group Education Fund y la Asociación Guatemaltecos sin Fronteras.
Rodas, exiliado en España desde inicios de año, señaló que la crisis política actual que ha llevado a poner en riesgo la segunda vuelta electoral y ha generado una persecución judicial contra el Movimiento Semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, se deriva de una “sed de venganza” de lo que denominan en Guatemala “Pacto de Corruptos”, una alianza de sectores que buscan mantener el statu quo en el país centroamericano y protegerse de sus arbitrariedades y delitos en el poder.
Persecución en Guatemala
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Jordan expresó su preocupación por la persecución contra operadores de Justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
“Es preocupante la persecución a defensores derechos humanos, defensores del territorio y periodistas”, advirtió Rodas.
El exprocurador recordó cómo los medios y periodistas independientes han sido perseguidos tanto por el Gobierno anterior de Jimmy Morales como el actual de Alejandro Giammattei.
“Hemos tocado fondo, prueba de ello es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, director fundador de El Periódico, medio muy serio que ha hecho investigaciones de la gran corrupción, no solo de este gobierno sino de los últimos gobiernos y esto es un mensaje claro para la prensa”, dijo Rodas, quien recordó que reconocidos periodistas han tenido que exiliarse como Juan Luis Font y Michelle Mendoza.
El origen de la alianza
Thelma Aldana, quien fue la fiscal general que dirigió el desmantelamiento de “La Línea”, una red de corrupción que llevó a la renuncia -y posterior procesamiento- del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015, sostiene que la alianza corrupta que actualmente gobierna Guatemala es una evolución de los aparatos clandestinos de seguridad que desaparecían opositores durante el conflicto armado interno.
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“Encontramos entonces que aquellos cuerpos ilegales de seguridad que surgieron en el conflicto armado interno mutaron, se transformaron, se convirtieron en redes político-económicas ilícitas incrustadas en el estado guatemalteco, como el caso La Línea que nos muestra esa captura del estado guatemalteco para la corrupción y para la impunidad”, explicó Aldana.
La exfiscal fue la contraparte guatemalteca de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato permitió el desmantelamiento de redes corruptas, pero fue cancelado por el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).
Redes criminales en Guatemala
Según la exfiscal exiliada en Estados Unidos, “estas redes político-económicas ilícitas, siguen en el estado guatemalteco y ahora las vemos en el sistema judicial, integrados por los más altos representantes del sistema de justicia guatemalteco.
Esto se marca a partir de la salida de la CICIG en el año 2019 cuando esa Alianza mafiosa empieza a fortalecerse de nuevo, a capturar instituciones de justicia y el Ministerio Público inicia la persecución y criminalización de operadores de Justicia independientes”.
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Según la exfiscal, “somos aproximadamente 37 jueces y Fiscales en el exilio perseguidos y criminalizados por el Ministerio Público de Consuelo Porras”, además de defensores de Derechos Humanos y periodistas.
“(La exfiscal) Virginia Laparra y (el periodista) José Rubén Zamora son los presos que más han sufrido este ataque de la alianza mafiosa en Guatemala. La actuación nefasta del Ministerio Público de Guatemala lleva años presentando casos basados en hechos falsos e implantando pruebas”, denunció Aldana.
Financiamiento electoral ilícito
Para Aldana, uno de los mayores males es el financiamiento electoral ilícito en la política y las campañas electorales guatemaltecas, lo que conlleva al fortalecimiento de esa alianza criminal.
“Guatemala tiene una debilidad institucional sin precedentes y en esas condiciones llegamos al proceso electoral actual precedido de un financiamiento electoral ilícito en campañas anteriores que como dijo Iván Velázquez excomisionado de CICIG, es el pecado original de la democracia guatemalteca”, sostuvo Aldana.
“¿Qué quiere decir esto? es que en campaña electoral la mayoría de los candidatos obtiene financiamiento electoral ilícito, se mezcla financiamiento de origen lícito con financiamiento del crimen organizado del narcotráfico y obviamente no se reporta y desde ahí, quien se va a convertir en presidente de Guatemala obviamente ya es un criminal”, explicó la exfiscal.
Aldana citó los casos del Partido Patriota del exmandatario Otto Pérez Molina (2012-2015) y del expresidente Jimmy Morales.
“Ese financiamiento electoral ilícito estuvo ahí particularmente durante la segunda vuelta y a esto hay que agregar que el sistema político de Guatemala está capturado, que no hay posibilidad de que un partido político pueda organizarse sin ser sujeto de represalias, sin ser sujetos de obstáculos, es decir que solo pueden registrarse en este momento en el país partidos políticos afines al pacto de corruptos”, denunció.
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Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla se enfrentará el 20 de agosto en segunda vuelta a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una candidata que busca la presidencia por tercera vez y quien fue la primera dama del fallecido expresidente Álvaro Colom.
El surgimiento de Semilla
Para Aldana, estos grupos de poder no esperaban que el Movimiento Semilla pasara a la segunda vuelta, algo que ninguna encuesta previó tampoco.
“El pacto de corruptos no esperaba que un partido antisistema pasara a la segunda vuelta”, señaló.
Según la exfiscal Aldana, “si Bernardo Arévalo queda de presidente, debe de asumir el cargo y su compromiso será luchar por los derechos humanos de los guatemaltecos, ser un presidente decente”.
Según Jordan Rodas, “la elección presidencial no va a ser la panacea, pero sí tenemos idea de tener un rumbo distinto a partir del 20 de agosto” cuando se celebre la segunda vuelta electoral.
“Seguramente un eventual gobierno de Bernardo Arévalo de Semilla tendría que tener un apoyo importante de la sociedad civil, de la población en general, de los pueblos indígenas y sobre todo el acompañamiento a nivel de la comunidad internacional”, dijo Rodas.
El exprocurador de Derechos Humanos advirtió de la posibilidad de “ataques permanentes” en el caso que Arévalo gane la elección porque asume el poder hasta el 14 de enero de 2024.
“Es una transición larga hasta el 14 de enero, lo cual no se puede descartar cualquier ataque para erosionar la toma de posesión de ese eventual gobierno”, señaló.
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Rodas abogó que el Estado guatemalteco brinde protección y seguridad a la vida de Bernardo Arévalo “porque corre riesgo lógicamente, porque saben del caudal político que ha ido incrementando y han sido hasta torpes políticamente porque entre más lo atacan más crece la población que lo apoya”.
