*La intimidación y los ataques contra organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han ido escalando en los últimos meses en la presidenta Xiomara Castro de Honduras.
**”Salir a las calles es más un ‘Honduras actívate’ al estilo JOH, que un ejercicio patriótico”, declaró dirigente Gabriela Blen sobre marcha convocada por el Gobierno.
***El resentimiento y el rencor del expresidente Manuel Zelaya hace más complejos los procesos, dijo el investigador y analista político Lester Ramírez.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Aunque las organizaciones de sociedad civil de Honduras afrontaron en el pasado persecución y amenazas por parte de los gobiernos de turno, nunca como ahora en la presidencia de Xiomara Castro el autoritarismo y el radicalismo se habían manifestado de forma tan aplastante contra aquellas que tienen una voz disidente.
Primero fue la contramarcha convocada para el 18 de julio del 2023 por el asesor presidencial, esposo de la mandataria y expresidente Manuel Zelaya, después que la Coalición Anticorrupción anunció para esa misma fecha una marcha de las antorchas para protestar contra la corrupción y exigir la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La Coalición Anticorrupción, integrada por varias organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), canceló la manifestación por razones de seguridad y para desmarcarse de una iniciativa cívica que dio un giro político después que Zelaya y su esposa, la presidenta Castro, pidieron a sus seguidores y empleados públicos salir a las calles a marchar, arrebatando el espacio a la sociedad civil.
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Gobierno con “rasgos dictatoriales”
Para Gabriela Blen, una de las dirigentes del movimiento “Oposición Indignada” que en 2015 protagonizó multitudinarias manifestaciones contra la corrupción, la convocatoria de los Castro-Zelaya “es una señal inequívoca de un gobierno con rasgos dictatoriales”.
“Con una intolerancia que debe alarmarnos, porque coarta la liberta de expresión y el derecho constitucional de manifestarnos que como pueblo tenemos”, critica.
Salir a las calles “es más un ‘Honduras actívate’ JOH, que un ejercicio patriótico”, declaró, en alusión a una iniciativa sobre salud promovida por el expresidente Juan Orlando Hernández.
Los Castro Zelaya antes aplaudían al CNA, ahora lo criminaliza
La arremetida más reciente del Gobierno de Castro ha tenido como objetivo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), después que su directora Gabriela Castellanos dio una conferencia de prensa el 20 de julio de 2023 en la que manifestó que “nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel”.
Castellanos había salido del país en junio pasado, cuando denunció amenazas contra su familia tras revelar una investigación sobre el nepotismo en el Estado.
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En la conferencia estuvo acompañada por la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, quien fue duramente criticada por el Gobierno ante lo que calificaron como una “injerencia política”.
Pero la mayor embestida ha sido contra el CNA. Tanto en las redes sociales de funcionarios, como en un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación y Justicia el mismo día de la conferencia, en el que le recuerdan a esa organización que “es financiada por el Estado en gran medida” y que la máxima autoridad es la Asamblea, integrada entre otros por “dos miembros del poder Ejecutivo los cuales no están en funciones”.
El comunicado acusa que el CNA “es un cómplice que guardó silencio” ante la corrupción en los doce años del Partido Nacional, y que Castellanos representa intereses de “un sector reaccionario de los Estados Unidos que desestabilizan al país para promover golpes de Estado”.
Amenazas al estilo del régimen de Nicaragua
Con estos antecedentes, en las organizaciones de sociedad civil que han venido denunciando la corrupción desde siempre en Honduras, pero que ahora se topan con un Gobierno que no tolera la crítica, prima la preocupación sobre su futuro.
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“Realmente da miedo”, declaró a Expediente Público una integrante de sociedad civil que pidió el anonimato, al referirse a las “amenazas veladas” en el comunicado sobre el CNA en el que están “echándole en cara que recibe plata del Gobierno”, y que prácticamente le están diciendo que “te lo podemos quitar”.
Otro mensaje implícito es que la administración de Xiomara Castro puede hacer uso de los dos miembros de la Asamblea que le corresponden para manipular a esa organización a través de la Junta Directiva.
“Hay tantas cosas que se pueden analizar con ese comunicado que podrían traer consecuencias muy graves para el CNA”, lamentó la fuente.
Acoso contra miembros de la sociedad civil
Para el investigador y analista político hondureño, Lester Ramírez, son varios los mecanismos con los que el Gobierno puede perjudicar el funcionamiento y poner en riesgo la existencia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La intimidación, como ocurrió con el Cespad, es uno de ellos, pero también hay una amenaza “más bajo tierra, es decir, menos superficial”, a través de cuerpos de inteligencia o personas que buscan inculcar miedo con la persecución en vehículos de miembros de las ONG’s y llamadas telefónicas amenazantes para ir de alguna manera silenciando.
El acoso judicial contra personal de las organizaciones sociales o activistas es otra de las tácticas, es decir, entablar un proceso judicial ya sea por difamación, calumnia o por temas de impuestos y otros más administrativos, prácticas que se han dado en Honduras, confió.
Pero existen también mecanismos más institucionales, ya sea a través de leyes, la obstaculización de trámites, la dilación de procesos administrativos como la renovación del registro de la ONG en la Secretaría de Gobernación, de estados financieros o temas tributarios.
Persecución fiscal
El Gobierno también puede complicar el trabajo de la ONG o manchar su reputación.
“Conozco un caso muy particular que el Gobierno pasado (de JOB) mandaba inspectores de la alcaldía para ver lo que estaban haciendo y aplicar alguna multa”, apuntó.
El propósito es ver qué les encuentran y después utilizar mecanismos judiciales con el argumento de que son acciones de regulación, civiles o administrativas, obligando a gastar en abogados y perder tiempo para atender esos procesos.
También se pueden crear obstáculos para acceder a financiamiento, como ocurrió en el Gobierno pasado, cuando se amplió la lista de Personas Políticamente Expuestas (PPE). “Eso ya les crea a ellos un historial crediticio que les hace más complicado movilizar fondos y poder incluso obtener préstamos”, explicó.
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Copia del manual de Venezuela y Nicaragua
La siguiente fase es el cierre de las ONG con el argumento de que buscan desestabilizar y movilizar injerencia extranjera de otros gobiernos para afectar la seguridad nacional.
“Eso yo creo que es ya el momento más extremo y se ha dado en países como Nicaragua y Venezuela”, recordó Ramírez.
“Parece que con la escalada a los populistas no les gusta escuchar disidencia” ni la oposición de ningún tipo y utilizan un discurso de que estas oenegés son parte del sistema de injerencia internacional, del modelo imperialista y neoliberal “y con eso van argumentando y creando también una narrativa en la opinión pública que genera bastante polarización”, planteó.
Todos esos mecanismos son posibles en Honduras, dijo Ramírez. “Me imagino que van a tratar de buscar cómo afectar, por ejemplo, al CNA. No me sorprendería que el próximo año no le den presupuesto o que no le transfieran el presupuesto a tiempo”, expresó.
¿Por qué les incomoda el Consejo Anticorrupción?
El tiempo que Castellanos, directora del CNA estuvo fuera de Hondura hubo muy poca participación y denuncia de las organizaciones de la sociedad civil. “Entonces ellos ven que Gabriela es la punta de lanza de todo esto, por eso creo que han arremetido tan fuerte contra ella”.
Ramírez recordó que cuando el partido Libre asumió el poder no se reunió con las organizaciones de sociedad civil que le eran afines, lo que fue una alerta porque si no veía como aliados a grupos que de alguna manera le ayudaron en la oposición a Zelaya y a Castro, peor iba a ser con aquellas que denuncian la corrupción.
El analista político, para quien hay una tendencia al autoritarismo en el país, mencionó que los ataques a oenegés existieron también en los gobiernos de Porfirio Lobo y Hernández.
“Con “Pepe” Lobo se tuvo un proceso muy fuerte, muy agresivo, de intervención de comunicaciones y eso también pasó con Juan Orlando”, dijo Ramírez, quien durante más de una década trabajó con la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), y además de la intervención de sus comunicaciones sufrió amenazas de demanda por el tema de la supuesta corrupción con la compra de los hospitales móviles.
Gobierno de Libre muestra radicalismo
Situaciones de ese tipo generan preocupación y ahora mucho más “porque estas personas que están ahora siento que son mucho más radicales y siento que como tampoco han estado en Gobierno no saben cómo lidiar con críticas, no saben cómo lidiar con la gobernanza y las complejidades del poder”.
Obviamente, continuó, detrás de esto está “Mel” Zelaya, cuyo resentimiento y rencor hacen que los procesos sean mucho más complejos.
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El talón de Aquiles de sociedad civil
Lester Ramírez estimó que hay un desgaste en las organizaciones de sociedad civil debido, en parte, a que hay muchos liderazgos que ya están mayores en edad y no le van a entrar a la confrontación.
Además, que las nuevas voces no tienen suficiente credibilidad en la opinión pública en Honduras para poder movilizar una ciudadanía mucho más granítica.
Pero también ocurre que en las organizaciones de sociedad civil hay mucho fraccionamiento debido a la desconfianza, el resentimiento y los prejuicios. “Eso yo creo que va a ser el talón de Aquiles” que va a llevar a estos movimientos a un debilitamiento mucho mayor.
De allí que ante el autoritarismo es la población como tal la que tiene que salir y expresar su descontento y su preocupación, pero para eso tiene que haber un evento que detone una reacción popular, especialmente de la clase media.
El investigador indicó que hay una cooptación del mismo Gobierno que se llevó a gente de sociedad civil, que de ser críticos pasaron a ser cómplices de sus políticas.
“Ese es un tema ya de ética, de moral, que para mí es como la tragedia más grande de todo esto, ver que aquellas voces críticas ahora son más bien los que buscan oprimir y callar”, finalizó.
