*Países del triángulo norte “corren un gran riesgo de terminar como Nicaragua”, dijo a Expediente Público consultor internacional Douglas Farah.
**Para la periodista Wendy Funes, detrás de la campaña de desprestigio está la reconfiguración del narcotráfico en Honduras.
***La defensora de derechos humanos Hedme Castro, afirma que esto es como una “condena a muerte”.
Expediente Público
La campaña de desprestigio y desinformación contra varios defensores de derechos humanos y una periodista de investigación es uno de los componentes más recientes en el escenario de corrupción, militarización y senda autoritaria en el que se encuentra Honduras y que lo acerca a regímenes como el de Nicaragua.
El pasado 4 de julio del 2023 circuló en redes sociales la imagen de una supuesta publicación del diario digital argentino Infobae sobre una investigación atribuida al medio Insight Crime, que señala a organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras de pertenecer a las filas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de presionar al Gobierno para que se les otorgue privilegios a los privados de libertad.
El bulo, desmentido por Infobae e Insight Crime, muestra los rostros de la directora de Reporteros de Investigación, Wendy Funes; la directora de ACI-Participa, Hedme Castro; la presidenta de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez; el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado; la directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel-Trans, Rihanna Ferrera; y de la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
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Campaña luego de la masacre en cárcel de mujeres
La falsa publicación trascendió dos semanas después de la matanza de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la mayoría integrantes o simpatizantes de la MS-13.
La masacre a su vez desencadenó la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y el traspaso del control de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que depende de las autoridades militares, que apenas en marzo de 2022 había pasado a estar bajo la administración de la Policía Nacional.
Uno de los denominadores comunes entre las víctimas del bulo, que generó una cadena de mensajes de apoyo a nivel nacional e internacional, es que todos desde sus áreas de trabajo han sido críticos con las fuerzas militares, a las que la mayoría atribuye la campaña de descrédito en su contra.
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¿La respuesta de la PMOP?
“Sencillo, que presenten las pruebas”, fue la respuesta que dio al respecto a Expediente Público el capitán José Coello, vocero de la PMOP.
Al menos 96 asesinatos de periodistas han sido reportados en Honduras desde el 2001 hasta el 2022. De ellos el 90% están en total impunidad y en el 10% de casos penalizados no se dio con el autor intelectual del crimen.
Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y con menos libertad de prensa al encontrarse en el lugar 165, de 180 países, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) del 2022.
La remilitarización y la narcopolítica
Para la directora de Reporteros de Investigación, la campaña en su contra tiene que ver con las denuncias que ha venido haciendo de la remilitarización de la seguridad en Honduras y la nueva reconfiguración del narcotráfico.
Una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro fue la desmilitarización de la seguridad, pero eso implicaba que los militares “ya no iban a tener acceso a recursos ni a influencia política”, apuntó Wendy Funes.
Entonces, militares que traficaron drogas con el expresidente Juan Orlando Hernández “empezaron un complot” para remilitarizar la seguridad y quitar del camino al ministro Sabillón, quien estuvo más de cinco años en el exilio y “venía con la misión de extraditar gente y entre los extraditables iban a estar ellos”.
Funes mencionó que desde marzo pasado recibió información de que Sabillón sería destituido, ya que ese era parte del plan “para recuperar el control de las rutas de droga” que supuestamente dejó Hernández, y que los grupos del narcotráfico que quieren sustituir al expresidente, que espera juicio en Nueva York, estaban también apoyando a militares.
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Segunda etapa
“Ellos habían dicho que en junio se iba (Sabillón) y en efecto en junio se fue, habían dicho que iban a recuperar el control de las cárceles y lo recuperaron y ahora van a una segunda etapa: ellos quieren controlar toda la seguridad” y más adelante buscarán el control de varias instituciones estratégicas y también eliminar la extradición, continuó.
Según la periodista, esas denuncias serían la razón de la campaña de descrédito que para Funes podría arreciar aún más y es “una copia barata” del modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
“En marzo nos habían dicho que habían buscado a Bukele para imitar su estrategia de control territorial, pero no para eliminar maras sino más bien para reconfigurar el mapa de control de tráfico de drogas”, dijo.
Reconoció que “en este momento cubrir los temas de narcomilitares y corrupción militar es terrible para el periodismo porque, si bien es cierto se llevaron a Juan Orlando, quedaron los militares que son los que han manejado el tráfico de drogas en el país”.
Se refirió también a la intolerancia hacia el periodismo en el actual Gobierno y consideró que “lo que tienen que hacer es proteger a los periodistas, ya no asumir que siguen siendo oposición y que ‘somos pobrecitos y que nos atacan’, ya ese rol no le queda”.
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Ataque propio de sistemas autoritarios
El presidente de la firma consultora de seguridad nacional IBI Consultants, Douglas Farah, declaró a Expediente Público que los tres países del triángulo norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, “corren un gran riesgo de terminar como Nicaragua, con una dictadura consolidada sin ningún medio independiente reportando los hechos”.
Lo que comenzó con el presidente Bukele, “ya la presidenta Xiomara Castro está copiando al pie de la letra todo y Guatemala tiene su propia dinámica de inteligencia militar que viene de hace décadas” para manipular, consideró.
El experto dijo que la campaña de desprestigio contra defensores y periodistas es un fenómeno que ya se ha visto en dictaduras que han usado ese mecanismo para “desacreditar a cualquier otra voz”, y no se trata de un hecho aislado sino un esfuerzo continuo de grupos autoritarios para controlar la narrativa.
Militares retoman poder con nuevos gobiernos
Farah señaló que en los últimos tres o cuatro años todos los gobiernos del triángulo norte han devuelto mucho poder a los militares, quienes salieron del ramo de la inteligencia y están “full en inteligencia”, y los gobiernos dependen de ellos y ellos del poder que les trae esa inteligencia.
“Y tenemos el fenómeno, relativamente nuevo, de tener granjas de troles, gente que sabe manipular las noticias de cualquier manera, de inventar cosas, tirarlos como reales, y eso aumenta el nivel de peligro para los periodistas y los actores de derechos humanos porque viene un ataque que parece legítimo, pero bien diseñado ya por estos nuevos grupos”, amplió el experto.
A su criterio, “obviamente peligra la vida de las personas nombradas, pero además de eso mina toda confianza en los medios tradicionales, los medios que chequean los hechos, los medios que tratan de verificar”.
Finalmente, expresó que toca reaccionar a la sociedad civil, pero también a la comunidad internacional, que ha estado “totalmente silenciosa ante los hechos” que han ocurrido en El Salvador y Guatemala, con la expulsión de periodistas y el empleo de métodos de autoritarismo de las dictaduras para consolidarse de una manera muy peligrosa para la región.
“Nadie dice nada en el mundo de la comunidad internacional. Los defensores de los medios obviamente pueden reaccionar, pero (es) muy distinto a que el Gobierno de Estados Unidos comience a reaccionar, la Unión Europea comience a reaccionar, hemos visto un silencio casi total que es muy, muy decepcionante”, puntualizó.
Silencio y contubernio
En contraste con la cadena de reacciones de organizaciones nacionales e internacionales, en el Gobierno de Castro no hubo, ni de ella ni de los demás funcionarios, mensajes de solidaridad, mucho menos el anuncio de que se realizaría una investigación.
“Ya hay una organización que fue a poner la denuncia a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal), al Ministerio Público, y no se la recibieron, entonces usted puede ver ahí un contubernio”, dijo Hedme Castro, de ACI-Participa, a Expediente Público.
La defensora recordó que Honduras ha firmado convenios y tratados internacionales relacionados con el deber a defender derechos.
Sin embargo, cuando son amenazados, como en su caso, que ha interpuesto 17 denuncias en la Fiscalía de Derechos Humanos por ataques contra ella, su madre y su hija, inmediatamente les han dado un cierre administrativo.
También acusó que el Poder Judicial sigue directrices “y no precisamente de la aplicación de la justicia, sino de suspender las investigaciones o no iniciarlas”.
Consecuencias fatales
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La defensora también ha señalado al recién nombrado director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, de violaciones a los derechos humanos en 2017.
“Es un error haber puesto en cargos de poder a personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos, es un error volver a la Policía Militar (…) esto va a traer consecuencias fatales tanto para la población como para los defensores de derechos humanos que desde ahora nos declaramos en completa indefensión”, lamentó.
Calificó la campaña en su contra como una “condena a muerte, como un asesinato anticipado, porque primero desprestigian a la persona y después la asesinan y justifican el asesinato diciendo que ha estado relacionada con actos reñidos con la justicia” y la atribuyó a grupos criminales que están enquistados en el sector político, así como en las secretarías de Defensa y Seguridad.
Gobierno muestra desinterés en el caso
De su lado, el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, dijo a Expediente Público que, pese a las amenazas sufridas, del mecanismo de protección para defensores, periodistas y operadores de justicia vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos no se han interesado en el caso.
“(No) nos han preguntado cuál es nuestra condición, cómo nos sentimos”, expresó y que desde hace más de un año están esperando que se les haga una nueva evaluación para cambiar sus medidas de seguridad.
Castro como Maldonado se refirieron al hecho de que la campaña en su contra les impacta sicológicamente tanto a ellos como a sus familias.
Lamentó las declaraciones del comandante de la PMOP, Ramiro Fernando Muñoz, quien preside la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario nombrada a raíz de la masacre en la cárcel de mujeres, de “que desconocía quién nos pagaba a nosotros (…) y que nosotros teníamos que dar resultados a quien nos pagaba y que no se descartaba que nosotros pudiésemos tener esos vínculos en favor de determinado sector penitenciario del país”.
Preguntas sin respuesta
El defensor se refirió también al tema de los centros penitenciarios, cuyas precarias condiciones, violencia, criminalidad y asesinatos selectivos, todos en la impunidad, han sido denunciados desde siempre por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
A pesar de que los militares no tienen la capacidad para lidiar con los privados de libertad, “ya lo estábamos visualizando, que había como un interés marcado de seguir manejando el sistema penitenciario en el país”.
En esa línea, mencionó que la propuesta de construir una cárcel en la isla del Cisne, que ha generado polémica por el impacto ambiental que tendrá, y en el sector de Patuca, limítrofe con el departamento de Gracias a Dios, fue de la PMOP.
“Ahora nuestra pregunta es qué hay detrás de la construcción de estos dos centros penitenciarios para el futuro del país, qué es lo que quieren, qué es lo que se está hilvanando”, finalizó.
