*¿Dónde está la auditoría a los lotes de pruebas del COVID-19 entregadas a los gobiernos que anunció el presidente del BCIE, Dante Mossi, hace dos años?
**En Nicaragua se calcula que murieron más de 12 mil personas por la enfermedad, pero hasta ahora el régimen de Daniel Ortega asegura que fueron menos de 250 fallecidos.
*La pandemia se usó en El Salvador como tema político, mientras en Honduras, Guatemala y Costa Rica hubo señalamientos de casos de corrupción en las compras de insumos y vacunas.
Expediente Público
Tres años después de que el mundo se enfrentara a los primeros casos de la enfermedad del COVID-19 que dejó al menos siete millones de muertos, la estela de supuestos casos de corrupción y falta de transparencia en la región centroamericana fue una de las consecuencias que dejó la crisis sanitaria.
Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica suscribieron acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer/BioNtech, Moderna, Sinovac, Sinopharm así como con Human Vaccine, propietaria de Sputnik V, y Covax con las que hicieron millonarios contratos de compras de vacunas contra el COVID-19.
Estos acuerdos se realizaron con la premisa de proteger la información relacionada con transacciones, costos y procesos productivos. Los acuerdos de confidencialidad fueron suscritos desde siete hasta por diez años.
Esta decisión despertó críticas sobre los objetivos que realmente buscaban los gobiernos, muchos de los cuales han sido señalados por un mal manejo de la pandemia o una respuesta deficiente a la misma, por no informar el costo de las vacunas y cómo serían distribuidas.
¿BCIE auditó o no las donaciones?
El manejo de fondos de donaciones, que han recibido los países para la atención de la pandemia, también ha sido objeto de fuertes críticas, pues algunos países y entidades donantes no han auditado el uso que se le dio a la ayuda recibida y durante este tiempo se han reportado indicios de corrupción.
Expediente Público solicitó vía correo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) acceso a las auditorías que el presidente de la institución, Dante Mossi, aseguró hace 2 años que realizarían una vez entregaran los préstamos a los países beneficiados en Centroamérica.
La solicitud de información fue enviada al presidente de la entidad financiera, el pasado 16 de mayo, quien remitió la solicitud a un formulario en línea y tras realizar otras consultas derivó las mismas a Marcelo Hernández, gerente del Sector No Soberano y Privado del BCIE, quien aseguró que se estaría dando respuesta en los próximos días. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no se ha obtenido respuesta.
En diciembre del 2020, Mossi se comprometió que en el BCIE «haríamos posterior» a los informes que les enviarían los gobiernos sobre las pruebas de Covid-19 donadas por el organismo, con el fin de «verificar el uso apropiado de esos recursos». Dos años y medios han pasado desde la promesa de Mossi pero sigue el BCIE sin publicar esa auditoría.
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Nicaragua, la increíble mentira
El doctor Leonel Arguello Yrigoyen, médico especialista en Epidemiología, aseguró a Expediente Público que la decisión emitida por la OMS de retirar la alerta de emergencia de salud pública, a nivel internacional, no tiene un significado relevante en Nicaragua, pues las recomendaciones que emitió esta entidad para el manejo de la pandemia, en la mayoría no se cumplieron.
En Nicaragua, el primer caso reportado de manera oficial por el régimen de Daniel Ortega fue el 18 de marzo de 2020, sin embargo, persistió el temor de que el virus circulaba desde antes en el territorio, puesto que no se decretaron medidas de prevención concretas para evitar o retardar la llegada de la enfermedad, como el cierre de las fronteras o el confinamiento.
Según el registro de la OMS, actualizado hasta el 17 de mayo, en el mundo se han contabilizado 766, 440,796 casos confirmados y 6,932,591 muertes por la misma causa. También indica que se han administrado 13,352,935,288 dosis de vacunas. En la región de las Américas se han reportado 192,718,073 casos.
Un país sin posibilidad de llevar registro creíble
En el caso de Nicaragua, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), desde que se reportó el primer caso en mayo del 2021 de forma oficial hasta el 09 de mayo de 2023, se han registrado 15,753 casos de la enfermedad y solo 245 muertes.
Sin embargo, médicos independientes han denunciado que existe un subregistro sobre la cantidad de personas contagiadas y fallecidas. En el momento crítico de la pandemia los datos del régimen no contrastaban con las denuncias de muertes hechas por familiares a medios de comunicación ni brindaron datos del total de pruebas COVID-19 realizadas.
Hasta el 13 de julio de 2022, el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua contabilizaba en sus registros 32,650 casos sospechosos y 6.006 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19. La información no se ha actualizado debido a la disminución de su capacidad para dar seguimiento a la situación sanitaria.
Los muertos por COVID-19 que no cuenta el régimen
Además, el estudio “Exceso global de muertes asociadas con COVID-19, enero 2020-diciembre 2021” publicado en mayo de 2022 por la Organización Mundial de Salud (OMS) calculó que al menos 12 mil personas fallecieron de COVID-19 en Nicaragua, evidenciando las mentiras del régimen.
“Esta es una enfermedad que supimos desde el principio que podía ser prevenible, no se tomaron las medidas de prevención, al contrario, se tomaron medidas de contagiar a la población, lo cual enfermó a enfermos y mató a más gente, posiblemente la mayoría hubiese podido prevenirse si se hubiese hecho lo necesario”, asegura el médico especialista Argüello, quien dice que se desperdició el potencial y la experiencia acumulada que tenía Nicaragua para enfrentar la epidemia.
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Un informe de Human Rights Watch señaló que la respuesta del régimen de Daniel Ortega “se caracterizó por negar el impacto de la pandemia y contradecir las recomendaciones de los expertos mundiales en salud”. Además, destacó que se fomentó los eventos multitudinarios, no hubo medidas de confinamiento ni distanciamiento social, así como tampoco hubo el cierre de escuelas.
No se sabe nada
Sobre el tema del manejo de fondos y donaciones, el especialista asegura que en Nicaragua hay un reflejo del mal uso de estos pues tanto el régimen sandinista y las entidades bancarias que entregaron préstamos al país, no rinden cuentas ni hay transparencia; y menos acceso a esa información catalogada como confidencial.
“Si los datos oficiales reflejan 125 veces menos casos que los fallecidos, y el problema no es serio, según el Gobierno, ¿por qué los bancos dan préstamos tan altos y buena parte de ellos cuando ya había bajado los casos? La única conclusión que puede hacerse es que (a) estos bancos les interesa que (estos países) acepten préstamos y se lo paguen, endeudar al país”, refiere Argüello.
Préstamos y vacunas adquiridas
Según datos del Observatorio de Expediente Público, Nicaragua adquirió, entre 2020 y 2022, 890,633,130,25 dólares en préstamos para atender la emergencia, de los cuales solo 411,847,569,45 dólares han sido desembolsados.
Los ocho préstamos fueron entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al régimen sandinista.
Respecto a la cantidad de vacunas que ha recibido Nicaragua, el Observatorio contabiliza 23,517,592 vacunas que han sido donadas o compradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, de acuerdo a la OMS, hasta el 05 de mayo, Nicaragua había administrado un total de 15,328,476 de dosis de vacunas.
Esto representaría, apenas, el 65 por ciento del total de vacunas que el régimen en Nicaragua ha recibido, dejando en duda qué pasó con las 8,189,116 dosis restantes que aún no habrían sido administradas.
Las vacunas que ha recibido Nicaragua son Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Soberana 02, Abdala, Janssen, Covishield, Sputnik V, Sputnik Light y Covirán.
El régimen, en un primer momento, centralizó tanto las vacunas como las pruebas de COVID-19, dando un trato preferencial a sus allegados y simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La situación de El Salvador
Los indicios de corrupción, falta de transparencia y mal manejo de los fondos también persisten en El Salvador, según el médico salvadoreño Iván Solano, especialista en infectología, quien dice a Expediente Público que el Gobierno de Nayib Bukele manejó el problema de salud pública desde un punto de vista político-electorero.
De acuerdo a Solano, hubo una ruptura en la comunicación que se logró entre el área científica de El Salvador con los políticos, antes de que se conociera el primer caso del virus en ese país el 18 de marzo de 2020.
Esta comunicación, asegura Solano, permitió al Colegio Médico de El Salvador, que aglutina todas las especialidades médicas y del cual él forma parte, conocer el plan que había creado el Ministerio de Salud y la Seguridad Social salvadoreña para manejar la enfermedad y cómo se evitaría su propagación.
El plan, a criterio del médico, reunía todos los requisitos para ser exitoso como la vigilancia de temperatura en los aeropuertos y la cuarentena a viajeros extranjeros; y representaba un buen paso para lograr una coordinación entre el Gobierno y los médicos salvadoreños, con respecto a experiencias previas de gobierno anteriores.
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Un veterinario y una experta en marketing
Sin embargo, las expectativas fueron altas pues el Gobierno cambió sus intenciones de colaboración con el gremio médico y, según explica Solano, entraron en pánico.
“Le puedo decir que quienes comenzaron a manejar la pandemia de COVID en El Salvador fueron un veterinario y una chica, experta en marketing político, los famosos asesores venezolanos que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele”, refiere el infectólogo.
En El Salvador, según Solano, incluyeron “medidas fuera de toda base científica”, entre las que menciona la creación de centros de cuarentena sin una infraestructura adecuada y la falta de equipo de protección que proveyeron al personal de salud.
Cabinas de vacunación que pocos usaron
La mala gestión también incluyó la creación de cabinas de vacunación especiales para inmunizar contra el COVID-19.
“Cada cabina andaba costando alrededor de 35 mil dólares, le puedo decir ahora cuántas de esas cabinas de vacunación se utilizaron durante el proceso de vacunación de los salvadoreños: prácticamente ni siquiera el 1% de todas las que construyeron”, explica el médico.
El Salvador contabiliza 201,785 casos de COVID -19 y 4,230 muertos hasta el 18 de octubre del 2023. También afirma que ha administrado 11,289,175 dosis de vacunas.
La Ley Alabí
El Gobierno de Bukele ha sido criticado y señalado por organismos nacionales e internacionales de corrupción, así como de mal manejo de fondos y de falta de transparencia en cuanto a compras de vacunas y equipo de protección.
“Se le ha dado un manejo político electorero a un problema de salud pública para tratar de brindar una imagen ante la población y que lo han logrado, les voy a decir, lo han logrado haciéndole creer a la población de que el Gobierno de Salvador es ejemplo a nivel mundial de manejo de pandemia», asegura el médico.
Uno de los ejemplos que cita el especialista en materia de corrupción es sobre un contrato que hizo El Salvador con una empresa española que produce llantas de automóvil para que fabricara mascarillas. Y asegura que los acuerdos de confidencialidad sobre la adquisición de vacunas no permiten conocer el alcance de las mismas.
Compras bajo secretismo
Ante los señalamientos, el Gobierno salvadoreño aprobó el 05 de mayo de 2021, la «Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19», también conocida como “Ley Alabí”, que otorga inmunidad en procesos civiles y penales a funcionarios y contratistas de insumos y equipos médicos comprados durante la pandemia.
Según un informe de la organización de derechos humanos, Cristosal, al menos seis funcionarios fueron investigados por corrupción y compras ilegales, entre ellos el ministro de Salud, Francisco Alabí.
También puso bajo secreto durante varios años la información relacionada con la atención de la pandemia, entre ellos, los datos del manejo hospitalario, informes de la Policía salvadoreña y compras de alimentos.
La receta de ocultar información a los ciudadanos
En Costa Rica, Honduras y Guatemala, la falta de acceso a la información fue igual, donde también se reportaron casos de corrupción.
La justicia guatemalteca abrió una investigación contra la ministra de salud de Guatemala, Amelia Flores, en julio de 2021, señalada de firmar un contrato con la compañía Human Vaccine por la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, y no con el Gobierno de Rusia.
Durante la investigación, las autoridades sanitarias guatemaltecas se negaban a mostrar el contrato sustentándose en el acuerdo de confidencialidad. Flores presentó su renuncia en septiembre de ese mismo año.
En Honduras, el centro Expediente Abierto reveló que el Gobierno destinó un total de 476.77 millones de dólares para la atención de la pandemia, sin embargo, hubo un mal manejo de los fondos que se tradujeron en corrupción y falta de transparencia.
De acuerdo al médico hondureño Carlos Umaña, quien fue presidente de la Asociación Médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el mal manejo de fondos y los casos de corrupción en ese país provocaron la pérdida de 10 mil millones de lempiras (unos 400 millones de dólares.
Umaña aseguró a Expediente Público que los organismos anticorrupción del Estado de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público deberían actuar de oficio por el mal manejo, pero no es así.
Reclamó que la falta de transparencia del Gobierno de Juan Orlando Hernández, que estuvo a cargo del manejo de la pandemia, provocó que la Secretaría de Salud tenga “serias complicaciones en el manejo de los presupuestos”.
