*Sobre la libertad de prensa, la periodista y criminóloga Wendy Funes dijo que el “discurso público violento se ha multiplicado” en el actual Gobierno de Xiomara Castro.
**“Es preocupante que a los militares se les haya dado la ruta del tráfico de drogas”, afirmó la comunicadora hondureña.
Expediente Público
En el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se están imitando las políticas del expresidente Juan Orlando Hernández, sobre todo en materia de seguridad, declaró a Expediente Público la periodista Wendy Funes, directora del medio digital Reporteros de Investigación.
La periodista fue invitada por el Wilson Center para hablar sobre la libertad de prensa en América Central, en el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que se realizó del 21 al 23 de junio, Funes es una experimentada periodista de investigación cuyo medio se especializa en seguridad y derechos humanos.
“Es lamentable que las políticas de Juan Orlando Hernández se estén imitando, sobre todo, en materia de seguridad”, precisó la comunicadora al señalar que la mandataria ha hecho en el año y medio de su Gobierno todo lo que cuestionó del expresidente Hernández, empezando por la militarización que caracterizó los ocho años que estuvo en el poder.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 para enfrentar juicio por delitos de narcotráfico y armas de fuego.
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Xiomara Castro y la remilitarización en Honduras
En su primer discurso, la presidenta Xiomara Castro dijo “no más militarización, vamos a tener una policía comunitaria”, pero un año y medio después está utilizando a la Policía Militar del Orden Público (PMPO) de Juan Orlando Hernández para dar seguridad, cuestionó Funes.
“Se dijo que ya no iba a haber escuadrones de la muerte dentro de los entes de seguridad, sin embargo, se ha remilitarizado la policía”, continuó.
A pesar de que Castro entró también con un discurso esperanzador, diciendo que no iba a haber más muertes de mujeres, durante su mandato se ha producido la mayor tragedia en una cárcel de mujeres con 46 víctimas mortales, “crímenes que fueron tolerados por el Estado”, apuntó la periodista.
A raíz de ese suceso, la mandataria destituyó al ministro de Seguridad Ramón Sabillón, quien “tenía la convicción de luchar contra la narcopolítica” y los “pandilleros de cuello blanco”, no solo contra “pandilleritos”, aseguró Funes.
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Cambios ¿dan confianza?
Lo que genera confianza, a su criterio, es que en el lugar de Sabillón fue nombrado el antiguo director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, el hombre que capturó a Hernández.
“Ojalá tenga el apoyo y que no vaya a ser ahogado su esfuerzo por la remilitarización que han anunciado en el país. Es preocupante que a los militares se les haya dado la ruta del tráfico de drogas”, comentó en alusión a la militarización de las fronteras con El Salvador, Nicaragua y Guatemala desde diciembre pasado como parte del plan contra la extorsión, que incluye también el estado de excepción.
“Son los mismos militares, que dice la sentencia de Geovanny Fuentes, traficaron drogas con Juan Orlando Hernández”, apuntó.
Fuentes, un narcotraficante hondureño cuyo testimonio durante el juicio salpicó a Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Parte de la remilitarización anunciada por el Gobierno hondureño incluye la de otorgar a la PMOP el control de las cárceles a partir del 1 de julio.
La periodista hondureña recordó que otras situaciones que no han mejorado en Honduras, y que generan alarma, son las muertes que se han producido en el actual Gobierno en el sector de Guapinol, en el Bajo Aguán, donde al menos ocho defensores de la tierra han sido asesinados.
Pese a la violencia por el conflicto territorial, existe una serie de “omisiones” para que siga el extractivismo, algo de lo que se aprovecha la derecha “haciéndole creer al pueblo que ellos son mejores cuando en realidad han dejado un narcoestado en doce años, tampoco son mejores, o sea, es un tema de que el país está en una crisis urgente en este momento”, reflexionó.
Estado de excepción
La remilitarización de la Policía, que es la encargada y la especialista en materia de investigación y seguridad, se debe a que las autoridades “han cedido a la presión y al sabotaje”, consideró Funes.
“Ojalá las autoridades puedan reflexionar y en materia de seguridad puedan dar un giro, porque entiendo también que los militares llevaron a la presidenta hacia donde querían”, continuó.
En ese contexto, el estado de excepción que entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y ha sido renovado hasta julio próximo, se torna peligroso por los abusos que se cometen en contra de la población.
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Funes mencionó que hay videos que se han hecho virales de militares que disparan al aire contra población civil, y que las comunidades LGTBI+ han denunciado abusos, burlas y agresiones de parte de ellos.
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Afinidad con Ortega y China
Consultada sobre el silencio del Gobierno hondureño ante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua de periodistas y disidentes, entre otros, la comunicadora señaló que “hay alguna afinidad política” y lamentó que el régimen de Daniel Ortega esté, por un lado, sacando a sus compatriotas del país y, por el otro, le esté dando refugio a narcopolíticos de Honduras.
“Este discurso de que había una campaña en contra del Gobierno de Nicaragua ha sido contrarrestado con las mismas acciones que han cometido, cuando le dan refugio a personas que son cuestionadas en Honduras, en El Salvador”, sostuvo.
En ese sentido, dijo que era lamentable para los pueblos de Centroamérica y que estos deberían manifestarse, ya que guardar silencio no es una opción ante una injusticia.
Sobre las razones por la que el Gobierno de Honduras no ha pedido a Nicaragua la deportación de esos personajes para llevarlos ante la justicia, dijo que una explicación sería que en Honduras la Fiscalía General del Estado todavía está controlada por la administración anterior.
Fiscalía y el poder
Esa entidad, “según la fiscalía del distrito sur de Nueva York, colaboró en la protección del tráfico de drogas”, recordó.
No obstante, confió que una vez que se elija al nuevo fiscal general, el panorama sería más claro y no habría excusas al respecto.
Sobre la relación del Gobierno de Honduras con China, expresó que hay que estar atentos para que eso no vaya a representar violaciones a derechos humanos ni tenga repercusiones contra las libertades públicas ni de prensa.
Además, “que no se vaya a repetir un caso como el de Berta Cáceres, que una empresa gigantesca china llegó y esto representó (la) muerte para la ambientalista”.
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Discurso público violento
En el Gobierno de Castro, “el discurso público violento se ha multiplicado”, advirtió también Funes, para quien esa situación puede convertirse en un justificante que puede traer violencia física contra periodistas.
“Estamos haciendo múltiples esfuerzos para capacitar funcionarios, para que entiendan que el periodismo es una función que fortalece la democracia y que no vean a periodistas y a voces críticas o disidentes como adversarios, porque eso solo ocurre en las tiranías y en las dictaduras”, compartió.
Tampoco ha habido en el actual Gobierno suficiente voluntad política para despenalizar los delitos contra el honor, detalló Funes, quien no solo recibió amenazas de “criminales del Gobierno anterior”, sino que en este momento hay una querella contra algunas de sus fuentes.
Entonces, “hemos estado pidiendo al Gobierno y haciendo incidencia, no solo por nuestro caso sino por el caso de más de treinta periodistas que ahora también están expuestos a una querella o a ir a la cárcel”.
Discurso violento del Gobierno de Xiomara Castro
Ese discurso público violento se hizo patente también contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien recibió ataques hasta de la presidenta Castro por denunciar el nepotismo de su Gobierno.
Aunque en la gestión de Xiomara Castro la situación en materia de libertad de expresión no es tan crítica como la que dejó el Gobierno de Juan Orlando Hernández, con más de cien periodistas asesinados durante su mandato y otros perseguidos o exiliados, tampoco hay una solución a la impunidad que primó en la administración anterior, explicó la investigadora.
Pero la situación que enfrentan los países de América Central “nos preocupa”, comentó la comunicadora, quien viajó a la capital de Estados Unidos para debatir acerca de los periodistas que están en el exilio, como parte de un programa que pretende impulsar voces críticas dentro del sistema democrático.
Acceso a la información y DDHH
Otro de los problemas que enfrentan los periodistas en la Honduras de Xiomara Castro en la actualidad es la falta de acceso a la información, ya que muchas bases de datos abiertas que existían en el Gobierno anterior, y que eran un avance positivo, ya no existen, expuso Funes.
“Lejos de que el Instituto de Acceso a la Información Pública sea un garante, pareciera que fuera un validador de la falta de acceso a información en diferentes entes del Gobierno”, señaló.
En 2015, en el Gobierno de Hernández en un contexto de riesgo para periodistas, defensores y miembros de la comunidad LGTBI+, fue creado el Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Ese mecanismo está vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos, creado también por Hernández, que a criterio de Funes no está dando respuesta.
La actual titular de esa dependencia, Natalie Roque, “se comporta como una activista de una facción del partido político que gobierna (…) sin embargo ella es una servidora pública que está devengando un buen ingreso con dinero del pueblo hondureño”, mencionó.
Pero a pesar del panorama descrito, “no puedo decir que todo está perdido, solo hay un año y medio (de Gobierno), todavía hay esperanzas de que se rectifique”, puntualizó.
