*Organizaciones reclaman en el Día del Orgullo LGBTIQ al Gobierno de Xiomara Castro haberles utilizado como instrumento para llegar al poder.
**Honduras, una vez más hace caso omiso a las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Vicky Hernández y otros”.
***Miembros de la población LGBTIQ+ alzan su voz para exigir la aprobación a la Ley de identidad de Género.
Sharon Ardón / Expediente Público
“La vida de una mujer transgénero en un país como Honduras, un país con una educación machista y heteropatriarcal, resulta un ejercicio bastante interesante porque como personas trans no tenemos ninguna legislación a favor de nuestros derechos, es decir, no somos reconocidas legalmente en este país a través de la documentación nacional”, fueron las palabras a Expediente Público de Grecia O’Hara, hondureña transfemenina y defensora de los derechos humanos.
En todo el mundo, el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer), dedicado a promover la tolerancia y la igualdad de este colectivo de la sociedad a la que aún en la actualidad se le niegan sus derechos y libertades.
Pero en Honduras, esta fecha no se celebra debido al asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans hondureña durante el Golpe de Estado del 2009. En honor a su memoria, se conmemora este día como un recordatorio de la lucha histórica por los derechos de la población LGBTIQ+.
Caso Vicky Hernández vs. Honduras
El 23 de diciembre de 2012, la Red Lésbica Cattrachas, Organización Lésbica Feminista de Honduras y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentaron una petición con el caso de Vicky Hernández, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual lo remitió a la Corte IDH.
Después de años de investigación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras fue directamente responsable de su muerte y que fue un caso de violencia por prejuicio basado en su identidad y expresión de género.
Seguidamente, este ente internacional condenó al Estado hondureño por la muerte de Vicky Hernández emitiendo varias medidas de reparación que el Estado debía cumplir con un plazo de dos años, venciendo precisamente hoy 28 de junio de 2023.
El caso de “Vicky Hernández y otros vs. Honduras” había llenado de esperanzas a la población LGBTIQ+ hondureñas, “por eso decíamos que justicia para Vicky también era justicia para todas”, y creían que el Estado hondureño daría cumplimiento a todas y cada una de las medidas de reparación.
Sin embargo, «llegó la fecha y no ha pasado nada”, lo que denota para los colectivos, falta de interés de la mandataria Castro en uno de los principales sectores que le apoyó a llegar al poder.
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Violencia contra población LGBTIQ+
Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel trans desde el 2013 y también presidenta del Comité de personas trans en Honduras señaló a Expediente Público que actualmente en Honduras persiste la violencia contra las personas trans, y el Estado no brinda suficiente respuesta en términos de seguridad.
Ferrera, mostró su preocupación ante el hecho de que sólo en el 2022 se cerró con 43 personas miembros de la población LGBTIQ+ asesinadas.
Hasta junio del 2023, hay un aproximado de 12 personas que han sido víctimas de agresiones, asesinatos y otras como resultado de la discriminación que en muchos de los casos es impulsado por los discursos de odio que emiten funcionarios o personajes con gran influencia en el país.
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Los crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+ son alarmantes. Según el Observatorio de Muertes de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, desde el golpe de Estado en 2009 hasta la fecha del 2023 se han registrado 466 asesinatos, figurando como víctimas hombres gays, personas trans y mujeres lesbianas.
De estos casos, solo se lograron 43 sentencias condenatorias en 2023, lo que refleja una baja efectividad del Estado en el procesamiento y sanción de estos crímenes que día con día aumentan y el Gobierno no cuenta con una unidad específica de investigación y estadísticas que garantice el acceso a la justicia para las personas LGBTIQ+, pese a que ha sido una promesa de campaña de la mandataria Castro.
Sólo en lo que va del año 2023, se registra el asesinato de 18 personas entre ellos; 8 hombre gay, 5 mujeres lesbianas y 5 personas trans.
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Promesas sobre papel mojado
Castro prometió implementar una Ley de protección para personas LGBTIQ+, que garantizara políticas inclusivas, igualdad de remuneración, respeto a su identidad e integridad personal. Además, también dijo que penalizaría severamente los crímenes de odio dirigidos a ese sector de la sociedad.
Otra de las propuestas de Castro fue la aprobación de una Ley de identidad de género que asegurara la inclusión social. Esta medida buscaba reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans, otorgando derechos y protecciones legales.
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La falta de reconocimiento legal les impide acceder a empleos estables y bien remunerados, limitando su capacidad para obtener un sustento digno. Además, se ven privadas de recibir atención médica adecuada y respetuosa, lo que afecta su bienestar físico y mental.
Ante estas barreras y la discriminación persistente, muchas personas trans optan por emigrar en busca de oportunidades y un entorno más inclusivo donde puedan vivir plenamente de acuerdo con su identidad de género.
Día del Orgullo LGBTIQ: derechos
Grecia O’Hara, una mujer transexual hondureña de 34 años expresó a Expediente Público su percepción de cómo los derechos de la población LGBTIQ+ son instrumentalizados en Honduras.
Según su criterio, tanto el Gobierno de Castro como los conservadores, utilizan los derechos de esta población para obtener votos. O’Hara destaca que a menudo se les vincula con la promoción de la degeneración y destrucción de la familia tradicional, acusaciones que considera injustas ya que su lucha se basa en la defensa de los derechos de todas las personas.
Expresó que el actual Gobierno se presentó como “una izquierda progresista que apoyaría a la comunidad LGBTIQ+”. Por lo que siente que las promesas que les hicieron fueron simplemente una estrategia para obtener su voto. Y sólo se les apoyó en la retórica, porque en la práctica percibe que “este apoyo es selectivo y que se les ha dado la espalda como población”.
De igual manera, la activista teme que el tiempo que resta del mandato de Castro no sea suficiente para suplir con las necesidades y exigencias que han externado estas personas.
“Esto resulta preocupante, ya que, si no se nos reconoce ahora, es poco probable que se nos reconozca en el futuro, especialmente si llega al poder un Gobierno de extrema derecha”, puntualizó.
Necesidad de ley
La directora del colectivo Unidad Rosa, Gabriela Redondo subrayó en una entrevista con Expediente Público la importancia de aprobar la Ley de identidad de género y enfatizó en que la población trans no exige más de lo que les corresponde como seres humanos, que son igualdad de derechos y oportunidades.
Redondo enlistó las dificultades a las que se enfrentan las personas trans en Honduras, incluyendo la falta de oportunidades de empleo y la necesidad de recurrir al trabajo sexual para subsistir. Además, menciona que se le niega el acceso a la educación en instituciones gubernamentales debido a su identidad de género y orientación sexual.
A su consideración, esas carencias y problemas que enfrentan actualmente se verían suplidas con la aprobación de la ley, asimismo afirma que esta vendría a reducir los prejuicios y la discriminación que impera en la sociedad hondureña.
Opiniones divergentes
Por su parte, Carlos Rubio, Padre de la Parroquia Nuestra Señora de la Visitación de una de las colonias de Tegucigalpa, capital de Honduras, consideró a Expediente Público la importancia de ver a las personas en su integridad y no solo en términos de género.
“Ninguna persona tiene que ser discriminada por su sexo, por su religión por su militancia política y por su orientación ideológica, entonces debe ser respetada siempre y sobre todo debe ser incluida”, expresó.
Sin embargo, sostuvo que la aprobación de una Ley de Identidad de Género no contribuiría a disipar los prejuicios y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ sino que más bien solo conduciría a una mayor polarización ya que, a su criterio, las visiones sobre la identidad de género difieren con la biología, la psicología y la antropología.
En contraste, el padre Antonio Canales, obispo de la ciudad de Danlí ubicada en el departamento de El Paraíso, admitió a Expediente Público desconocer su contenido, pero espera que dicha ley evite la discriminación y promueva el respeto mutuo entre personas con diversas orientaciones sexuales.
A su vez recuerda a la sociedad hondureña que la iglesia católica está abierta a recibir a todas las personas, incluyendo aquellas con inclinaciones sexuales especiales, y considera importante que reciban dirección espiritual y apoyo para vivir su cristianismo en el seno de esta población.
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Respeto a la laicidad del Estado
En una entrevista con Expediente Público, Nahil Zerón, historiador y miembro de la Red Lésbica Cattrachas, expresó la preocupante influencia del pensamiento fundamentalista conservador en Honduras que impide también la discusión de temas como la diversidad de géneros.
Zerón señala la prohibición del aborto y la restricción del matrimonio igualitario como ejemplos de cómo el fundamentalismo religioso busca blindar normas ya existentes. Considera importante defender un Estado laico y separar la iglesia del Estado para promover legislaciones basadas en fundamentos racionales y no religiosos.
