* El asesinato de un policía el pasado martes 16 de mayo fue la antesala para que el Gobierno de El Salvador aprobara la última prórroga al régimen de excepción vigente desde hace más de un año.
** Naciones Unidas reclama al Gobierno de Nayib Bukele que «no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública” .
***Se estima que entre 5 mil y 20 mil personas han sido detenidas en El Salvador sin tener un vínculo claro con pandillas.
Eric Lemus / Expediente Público
La muerte del policía Maximino Antonio Vásquez Rodríguez en el cantón El Zapote, municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, ocurrida el pasado 16 de mayo, detonó el último despliegue militar ordenado por el presidente Nayib Bukele para capturar a dos de los tres pandilleros que cometieron el homicidio.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a un presunto implicado.
Nueva Concepción, que está ubicado 73 kilómetros al norte de San Salvador, es un poblado que sirve de larga tradición ganadera y comercial; sin embargo, también es conocido por ser uno de los enclaves estratégicos de dos células de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La Fulton Locos Salvatruchos (FLS), que dirigía José Misael Cisneros Rodríguez, alias “Medio Millón”, y la Hollywood Locos Salvatruchos (HLS), encabezada por Élmer Canales Rivera, conocido como “el Crook de Hollywood”.
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La MS-13 controló el paso de ilícitos en una de las rutas del narcotráfico del norte del país, por el que fue procesado judicialmente Cisneros Rodríguez, en abril de 2022.
Canales Rivera guardó prisión hasta que presuntamente fue evacuado hacia Guatemala a mediados del año pasado por un funcionario del Gobierno en turno y presumiblemente está escondido en la ciudad de México.
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Bajo estado de excepción
El día del asesinato del agente policial el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud para una nueva prórroga del régimen de excepción, que está en vigor desde el 27 de marzo de 2022.
El régimen es la piedra angular del Plan Control Territorial del Gobierno de Bukele para las autoridades salvadoreñas porque les permite efectuar capturas y desarticular a las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Sin embargo, las organizaciones vigilantes del respeto al estado de derecho objetan que las autoridades salvadoreñas violan los derechos civiles de forma sistemática.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en el que detalla homicidios de reos bajo custodia, tortura y tratos crueles y degradantes a población vulnerable.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, alertó sobre la ausencia del estado de derecho en este país centroamericano.
“La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en el país ha provocado la instrumentalización del proceso penal, con el que se está castigando a personas sin evidencia de que han cometido algún crimen, en su mayoría de zonas históricamente marginalizadas”, declaró Guevara.
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Naciones Unidas: No hay derecho a un juicio justo
La Organización de Naciones Unidas (ONU), externó «su consternación por la renovación del estado de emergencia de El Salvador», que ha estado vigente durante más de un año.
Mediante un comunicado este 22 de mayo, solicitaron se levante el estado de emergencia de inmediato y que el Gobierno revise los amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas.
La nota de prensa la firman los expertos de la ONU Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
“El estado de emergencia fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, dijeron los expertos.
Instaron a las autoridades de El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas por la mera sospecha de pertenecer a una pandilla o asociación sin autorización legal suficiente, que los detenidos cuenten con todas las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos y garanticen el debido proceso.
“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, dijeron los expertos.
“El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en rebeldía y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”.
Misión “iniciada”
El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, la noche del martes dio por “iniciada” la “Misión Nueva Concepción”, al tiempo que la Fuerza Armada envío 5,000 efectivos con uniforme de combate en busca de dos pandilleros.
El poblado está en el departamento de Chalatenango, que limita con territorio hondureño.
Durante la guerra civil, entre 1980 y 1992, este territorio fue castigado severamente por el Ejército porque fue retaguardia de una de las organizaciones guerrilleras que integró el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A raíz del conflicto armado, miles de refugiados huyeron hacia EE.UU., Canadá o Reino Unido.
“La misma noche (del martes) enviaron tanquetas y montón de soldados, pero al siguiente día fue aumentando la llegada de gente uniformada. Dicen que no se puede salir estos días”, relató a Expediente Público un residente que solicitó reservar su identidad.
La provincia ofrece los pocos parajes montañosos del país y es un territorio rico en recursos hídricos.
Por su lado, la PNC anunció en sus redes sociales que recorrerán “las zonas más escondidas de Nueva Concepción para buscar a pandilleros que pretenden huir de la justicia. No importa dónde se escondan, los encontraremos y serán llevados a la cárcel”.
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La receta Bukele
A partir del crimen contra el agente Vásquez Rodríguez, la retórica de Bukele cargó principalmente contra las instituciones vigilantes que observan el respeto a los derechos civiles y la prensa en El Salvador.
“No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo”, publicó el mandatario en su cuenta de Twiiter.
Sin embargo, Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó que “al menos cuatro pandilleros de la MS-13 fueron detenidos entre 2019 y 2022, pero los dejaron en libertad y luego anunciaron sus recapturas en el régimen de excepción”.
La PNC informó esta semana la detención de Luis Eduardo Aquino García, alias “Snyder” o “Único”, que fue ubicado por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de Guatemala.
Aquino, que dirigía la clica “Teclas Locos Salvatrucho (TLS), fue procesado y liberado en noviembre de 2019 en El Salvador por el asesinato de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez. Los tres crímenes sacudieron la opinión pública por la crueldad de la MS.
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En tanto, el representante del Movimiento de los Trabajadores de la PNC, Marvin Reyes, manifestó a Expediente Público la preocupación de dicho sector “por el retroceso de la policía a las épocas de la prepotencia y la tiranía donde los cuerpos de seguridad eran utilizados para reprimir a la gente, promover torturas y encarcelamiento sin ninguna justificación”.
Liberación de reos
El nuevo sitio contra las pandillas también fue el telón de fondo para el anuncio hecho por el ministro Villatoro que confirmó la liberación de 5,000 reos detenidos durante el régimen de excepción.
La medida avivó la esperanza entre los familiares de muchos de los detenidos. Pero la información es a cuentagotas.
Por su parte, la abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, recuerda a Expediente Público que “a esas 5,000 personas les colgaron un letrero de terroristas y ahora están reconociendo y dándole la razón a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que hay un grave y grande margen de error”.
“Dicen 5,000, pero son por lo menos 20,000 personas (detenidos sin vínculos con pandillas)”, alertó Escobar.
El Gobierno aseguró recientemente que alcanzó un año sin homicidios y reivindicó la detención masiva de sospechosos de pertenencia a pandillas que ha llegado a casi 70 mil personas apresadas.
“Ningún Gobierno es eterno y por todas esas violaciones que están ocurriendo y todos los fallecidos en Centros Penales por el régimen tarde o temprano se hará justicia. Para eso está la Corte Penal Internacional”, opinó a Expediente Público alguien que todavía espera noticias de un familiar detenido hace un año.
