Se cumplen cinco años de que los nicaragüenses se volcaran en contra del régimen de Daniel Ortega por su respuesta violenta a las protestas que iniciaron jóvenes, por la negligente respuesta a un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, y los adultos mayores, por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
A partir del 19 de abril, las protestas se intensificaron en diferentes partes de la capital Managua y en departamentos. La respuesta del régimen sandinista fue violenta y ordenó disparar a la Policía Nacional, el Ejército y los paramilitares en contra de los manifestantes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la represión dejó desde 2018 hasta la fecha, 355 muertos, y más de 2 mil heridos.
Cinco años después la situación sociopolítica en Nicaragua se ha complicado y el régimen sandinista ha ejecutado un plan en contra de los ciudadanos opositores que demandan justicia, democracia y exigen su salida del poder.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen, así como amenazas, hostigamientos, detenciones y procesos judiciales arbitrarios en contra de los presos políticos.
El régimen ha aniquilado todo: encarceló a líderes, defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, empresarios, campesinos y también ha ido en contra de las familias de estos. Además, obligó al exilio forzado a más de 300 mil nicaragüenses, ha cancelado más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, ha arremetido contra la Iglesia Católica, y ha ordenado la confiscación de bienes y propiedades y el congelamiento de cuentas bancarias a 317 ciudadanos a los que despojó de su nacionalidad.
En febrero de este año, excarceló a 222 presos políticos y los envió a Estados Unidos, sin embargo, aún mantiene prisioneros políticos en las cárceles de Nicaragua.
