*Expertos en derechos humanos denunciaron a Expediente Público que el Estado de Honduras debería solucionar los problemas que existen en los centros penitenciarios antes de implementar otras disposiciones.
** La militarización del Estado además de ser inconstitucional, viola lo dispuesto en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y es otra promesa incumplida de la presidenta Xiomara Castro.
Yarely Madrid / Expediente Público
Batallones de emergencia, militarización del Estado, construcción de cárceles de máxima seguridad y criminalización de la protesta en vías públicas, son algunas medidas aprobadas en la segunda etapa del Plan de Seguridad Nacional denominado Solución Contra el Crimen por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
El plan consiste en atacar duramente el crimen organizado en Honduras mediante nueve disposiciones. Algunas como el despliegue de tropas militares en 7 departamentos del país ya fueron puestas en marcha desde el 3 de abril del 2023.
Dichas decisiones encienden las alarmas en organismos de derechos humanos como la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) que expresan su preocupación.
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Criminalización de la protesta
De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Prensa, en la segunda etapa del Plan de Seguridad Nacional, una de las disposiciones que se aplicarán será criminalizar a todas las personas que “se tomen las vías públicas internacionales y nacionales de libre tránsito”, es decir, la protesta.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez aseguró en una entrevista al Canal 8 del Gobierno de Honduras que solo se llevarán ante el Ministerio Público a las personas que “se tomen los ejes carreteros que son cosas totalmente distintas”.
“Tenemos un promedio de 10 manifestaciones, tomas de instalaciones y tomas de carreteras al día en Honduras. El año pasado tuvimos más de 3,500 manifestaciones y están haciendo un daño muy importante a la economía nacional, a la inversión nacional y la inversión extranjera. Por eso de manera unánime los y las miembros del Consejo de Defensa y Seguridad tomaron esta disposición en aras de garantizar el derecho a la libre locomoción, de libre circulación en el país”, explicó Sánchez.
Derecho constitucional
Sin embargo, dicha criminalización viola lo establecido en la Constitución de Honduras, en el artículo 3, que dice que “el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
Además, trae alusión al Gobierno de Juan Orlando Hernández, preso en Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico, quien utilizó durante sus dos mandatos presidenciales consecutivos (2014-2022) una política de represión contra quienes protestaban en las calles exigiendo su renuncia o la rendición de cuenta de las autoridades, algo que fue denunciado por Amnistía Internacional.
“El sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la justicia”, dijo en su momento Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Construcción de cárceles de máxima seguridad
Por otro lado, es clave mencionar que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), fue un hito de la protesta en Honduras en los 8 años de presidencia de Juan Orlando.
Movilizaciones de personas acompañadas por automóviles y motos se sucedían en las calles de la capital de Honduras, Tegucigalpa, al son del ya fallecido cantautor Macario Mejía y su canción “JOH es pa fuera que vas”.
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El 22 marzo del 2023 la Policía Nacional a través de Sánchez, anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne, en el Caribe de Honduras, y otra en Patuca, cerca de la Mosquitia entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho.
La edificación de estos centros penales fue nuevamente establecida en el Plan de Solución Contra el Crimen, en el que se especifica que en los próximos días la presidenta Castro emitirá un decreto de emergencia para “equipos técnicos y operativos, y para la construcción, reforma y equipamiento de Centros Penales de Seguridad en cualquier sitio del territorio Nacional”.
El problema será que mediante ese decreto de emergencia se podrá realizar contrataciones directas, puesto que el reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE), en el artículo 7 así lo establece.
Cárceles utilizadas para robar
Asimismo, el Plan de Seguridad establece que toda la información y documentos que se generen como resultado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, serán manejados por la Dirección Nacional de Investigaciones e inteligencia.
Esto significa que no se podrá acceder a ninguna información relacionada con la construcción de dichas cárceles, una situación que crea cierta perspicacia.
Carlos Barrachina, profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales, ejemplificó a Expediente Público el caso de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública mexicano que “ahora está en la cárcel, precisamente porque se hizo rico con las cárceles en México concesionando a la iniciativa privada cárceles”.
También mencionó que la estrategia en El Salvador es “cobrar 170 dólares a cada uno de los internos” por la compra de paquetes que incluye ropa y productos de higiene.
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En territorio ancestral
“Debería de haber transparencia porque recuerda que cuando la emergencia del COVID-19 la gente de Invest y de otras empresas del gobierno, se metieron el dinero en el bolsillo, es lo que quieren hacer ellos o ¿realmente va a haber transparencia para que la sociedad civil monitoree ese gasto público?”, se preguntó Barrachina.
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Donaldo Allen, presidente de la Asociación Moskitia Asla Takanka (MASTA), mostró su indignación a Expediente Público por que una de las cárceles de máxima seguridad quedará en La Mosquitia, un territorio titulado a nombre de las comunidades indígenas, según la Ley 445 aprobada en el 2003, conocida como Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz de la Organización Internacional del Trabajo.
“Nosotros estamos listos para hacer una denuncia internacional en contra del Estado de Honduras por ese irrespeto, por ese atropello porque si usted revisa, el único articulado de la Constitución de la República establece en el artículo 146 de la Constitución de la República que es deber desde el Estado dictar medida de protección donde los pueblos indígenas estuvieren asentados”, manifestó Allen.
El dirigente Misquito indicó que le preocupa que el Estado hondureño se adueñe de sus territorios sobre todo porque “el gobierno una vez que decida construir una cárcel en ese sitio inmediatamente van a proponer, no van a proponer, van a exigir tantas millas náuticas, y dirán que no puede entrar ningún pueblo indígena misquito, ni Pech, ni Tawaka, ni Garífuna, ahí está el primer detalle de cómo empoderarse de nuestro territorio”.
Enorme retroceso
“Creemos que lo primero que debió hacer antes de anunciar las cárceles fue haber hecho una consulta a estos pueblos”, dijo.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodoh), declaró a Expediente Público que la construcción de estas nuevas cárceles “es un retroceso en materia de seguridad y particularmente de política penitenciaria porque en ninguno de los dos casos, ni en esas cárceles nuevas, ni en las que están ya operando se está trabajando realmente para asegurar rehabilitación y reinserción social”.
Un punto también compartido a Expediente Público por Melissa Escoto, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP- CONAPREV) que evidenció que ya existen 25 cárceles “con una población de casi 19,464 personas privadas de libertad de las cuales 52% están en condición de procesar”.
“Con esto quiero decir que nuestro sistema penitenciario se caracteriza por tener una población mayormente que tiene una medida de prisión preventiva que debería ser al contrario, deberíamos de tener más condenados y menos procesados”, aclaró.
Política de prevención y reinserción
La comisionada explicó que el sistema penitenciario en Honduras presenta tres grandes problemas estructurales, entre ellos: “El hacinamiento, el uso de la prisión preventiva y los autogobiernos, que no podemos desconocer que dentro de las cárceles los privados de libertar se asocian como estructura a la interno y que tienen una figura de coordinador”.
Acevedo expuso que lo que se debe implementar es una “política nacional de prevención” para bajar los índices de criminalidad en el país.
Por su parte, Joaquín Mejía, experto en derecho internacional y derechos humanos, planteó que lo que debe de hacer el Gobierno de Castro es “mejorar las condiciones de las cárceles que ya existen y construir nuevas que reúnan los estándares internacionales en materia de carcelaria”.
Se prioriza el aislamiento
Aseveró que “las cárceles de máxima seguridad en primer lugar violentan el principio de reinserción social en el sentido que son cárceles en donde se prioriza el aislamiento de las personas privadas de libertad y obviamente el aislamiento no puede haber un proceso de resocialización y en segundo lugar, son cárceles que no reúnen los estándares necesarios en un sistema carcelario para que las personas una vez que terminen sus condenas puedan reintegrarse a la sociedad”.
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El MNP- CONAPREV realiza un seguimiento a las violaciones de Derechos Humanos dentro de los centros penitenciarios en Honduras.
La especialista Melissa Escoto explicó que entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 se recibieron 350 denuncias individuales y colectivas sobre violaciones de derechos humanos de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, postas, centros de internamiento de menores y otros centros de reclusión.
Entre los derechos violentados, por ejemplo, se ve lesionado el acceso a la salud que si bien es cierto es los centros penitenciarios hay clínicas y médicos asignados “sin embargo para temas de especialidades es cuando los privados de libertad se ven en la necesidad de tener que egresar o salir del centro para poder recibir esa asistencia especializada”.
Más personal de seguridad
“Otro aspecto que nos preocupa como mecanismo es el tema de seguridad porque recordemos que el Estado tiene una posición de garante y que, por tanto, debe fortalecer o redoblar esfuerzos por asignar más personal de seguridad en los centros penitenciarios, que haya más vigilancia, entonces esa es otra queja.
Por último, la comisionada comentó que como “muchas veces los privados dicen que se sienten inseguros porque no hay tanto personal, por ahí vamos otra serie de derechos como el derecho a la integridad que nosotros somos el ente que velamos por este derecho”.
Una de las decisiones enmarcadas en el Plan de Seguridad es el involucramiento de las Fuerzas Armadas en siete departamentos de Honduras para combatir la criminalidad.
Desmilitarizar la seguridad
Otra promesa incumplida por Castro del Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2026) fue antes de desmilitarizar la seguridad del país.
“Desmilitarización de la seguridad ciudadana. Asegurar la conducción civil de la Seguridad y Defensa, al igual que la separación y respeto de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana”, dice el Plan de Castro.
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Pero lo que más preocupa son los “Centros de Reclusión de Emergencia” a cargo de las Fuerzas Armadas puesto que se vulnera lo contenido en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que en su artículo 37.1 establece que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria y que “no puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial”.
Además, en la Constitución de la República en el artículo 172 se expresa que la función de las Fuerzas Armadas de Honduras es «defender la integridad territorial y la soberanía de la República».
