*Al menos 9,000 buzos miskitos ha presentado algún tipo de problema de salud y más de 4,000 han desarrollado alguna discapacidad por trabajar en condiciones inadecuadas.
**La Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) ha reportado que alrededor de 400 buzos han muerto por las pésimas condiciones en las que hacen su trabajo.
Sharon Ardón / Expediente Público
Este 30 de marzo del 2023 se dará un gran paso en materia de los derechos humanos en Honduras. Y es que, por primera vez en la historia del país centroamericano, el Estado pedirá perdón a una comunidad por violaciones a sus derechos.
Nos referimos a la comunidad indígena miskita, concretamente el caso de los buzos miskitos que por años han arriesgado su vida en el ejercicio de su trabajo en altamar sin medidas de protección, provocando enfermedades e incluso, la muerte.
Honduras reconocerá su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de los buzos miskitos, a sus familias y también, manifestará su compromiso con el cumplimiento de las medidas de reparación y no repeticiones dictadas en la sentencia, así como el de proteger y garantizar los derechos de los buzos afectados por las prácticas de buceo.
Para los defensores entrevistados por Expediente Público, este acto representa un paso importante en la lucha por mejorar las condiciones de vida de la comunidad indígena Miskita hondureña, al tiempo que aporta valiosos estándares jurídicos para la región interamericana.
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Una región postergada
La comunidad indígena de la Mosquita (o Moskitia) está situada en el departamento de Gracias a Dios en el este caribeño de Honduras ubicada en una extensa zona de bosques y manglares de difícil acceso, lo que propicia el narcotráfico, el abandono estatal y, por ende, una región en donde impera la pobreza y la carencia de servicios básicos.
Así lo afirmó a Expediente Público el defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez: “la población Miskita tiene un problema adicional y es el acceso y eso significa que es una población que ha estado a merced del control del crimen organizado incluso y de la desatención del Estado”.
Al tratarse de una región postergada a nivel de desarrollo y abandonada por el Estado de Honduras, abre las puertas para que se violen los derechos humanos de los pobladores. Y eso fue lo que sucedió por años en esa comunidad, donde los pobladores que en su mayoría se dedican a la pesca submarina de mariscos y langostas, deben hacerlo con buceo “a pulmón” es decir, sin equipo necesario y sin condiciones de seguridad.
Por muchos años ni las industrias pesqueras, ni el mismo Estado hondureño garantizó la seguridad de los buzos miskitos. Como consecuencia, el 97% de ellos había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcial a causa de este mal, señala un informe de la Organización Panamericana de la Salud.
Además, la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) ha reportado que alrededor de 400 buzos han muerto, y otros se encuentran desaparecidos mar adentro producto de las condiciones inseguras en que se desarrolla esta actividad laboral.
Incansable lucha
Cansados de que sus derechos tanto a la vida, integridad, salud, seguridad social y el trabajo fueran pisoteados, en el año 2004, AMHBLI junto a la Asociación de Miskitas (MIMAT) y el Consejo de ancianos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual años después lo trasladó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Luego del 2007, se sumó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y posteriormente se incorporaron el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), quienes brindaron acompañamiento a los buzos miskitos afectados.
Tras varios años de procesos legales, en el 2021 la Corte IDH emitió la sentencia en el caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras reconociendo la responsabilidad del Estado por los derechos violados a los buzos y señalando la responsabilidad de las empresas en la falta de protección de los derechos de estas personas.
En concreto, la Corte juzgó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en perjuicio de 42 buzos de la comunidad durante su labor de buceo o como consecuencia de ella.
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Una sentencia significativa
Para los organismos que litigaron el caso, esta sentencia “es un hito en materia de derechos económicos, culturales, sociales y ambientales, y es también la primera sentencia en que la Corte se refiere a la responsabilidad de las empresas en la protección de derechos”.
En representación de CEJIL, la oficial de incidencia, Liliana Caballero dijo a Expediente Público que este caso “es histórico y relevante porque la Corte Interamericana reconoce la obligación del Estado hondureño a fiscalizar y supervisar la actividad empresarial”.
“Ya hay toda una dinámica de conocimiento, de promoción, de divulgación de los estándares internacionales que se están confluyendo y que se están vinculando a favor de reconocer como la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. Está relacionado también a la labor que se lleva a través de la iniciativa privada y las actividades extractivas”, sostuvo Caballero.
El especialista resaltó la necesidad que hay en Honduras de adherirse al Acuerdo de Escazú, porque precisamente en él se habla de cómo “otros actores”, que son las empresas, “tendrán una labor que realizar en el marco de su implementación”.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como acuerdo Escazú, fue adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Este compromiso tiene como objetivo que el Estado garantice el derecho a acceder a la información y participar en la toma de decisiones ambientales. Además, insta a tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la justicia los ataques contra ambientalistas.
Solución amistosa
Por lo que, en el marco de este caso se celebró una solución amistosa con el Estado hondureño, que asumió su responsabilidad internacional por las violaciones cometidas.
Para el defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez, al aceptar un acuerdo amistoso con el Tribunal de sentencias, Honduras ha demostrado “una actitud positiva porque significa que tiene la voluntad y disposición de escuchar cuáles pueden ser las recomendaciones que la Corte establece para lograr un acuerdo amistoso”.
Debido a esto, el Estado hondureño deberá acatar y aplicar todas y cada una de las medidas de reparaciones acordadas en dicha solución amistosa que no solo busca reparar de manera integral los daños ocasionados a las víctimas del caso y a sus familiares, sino que, también, mediante las garantías de no repetición, pretende mejorar las condiciones de vida de todas las personas miskitas de la región.
Un acto simbólico y de sanación
El acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, de desagravio y de compromiso de no repetición, fue una de las promesas que hizo el Estado hondureño en el acuerdo amistoso y se realizará en el auditorio Pawanka, ubicado en Puerto Lempira en el Departamento Gracias a Dios.
Contará con la asistencia de funcionarios, buzos y sus familias, quienes se movilizarán desde las diferentes zonas de la región de la Mosquitia para presenciar este acto de significado simbólico y de sanación.
“Este acto público es sumamente importante, particularmente para las víctimas directas. Es una forma de reparación muy concreta para las víctimas directas”, dijo a Expediente Público, el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.
No obstante, enfatiza en la importancia de cumplir las medidas establecidas en el acuerdo amistoso. “La idea es que se repare a las víctimas, que se minimicen las consecuencias de esas violaciones y que el Estado adopte (esas medidas) y los hechos no vuelvan a repetirse”, puntualizó Mejía.
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Cumplimiento de promesas
Méndez, comparte el mismo criterio del investigador de ERIC-SJ. Si bien es cierto, el acto de reconocimiento es importante y significativo para las víctimas, pero para ellos como defensores, lo primordial debe ser el compromiso y continuo cumplimiento de las medidas.
“Lo más importante es que estos actos no se repitan, el Estado al momento de admitir responsabilidad no solo significa decir -yo tengo la culpa- si no decir: -señores, esto no se va a volver a repetir, por lo tanto, nosotros a partir de ahora vamos a tomar medidas de no repetición para proteger a la población miskita que puede estarse dedicando a actividades peligrosas-”, expresó.
Asimismo, Méndez afirmó que como defensores estarán vigilantes ante este caso y de la misma manera harán “un proceso de presión, no solamente de seguimiento, sino de presión nacional e internacional para que esos acuerdos se puedan cumplir”.
