*Durante dos días, 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) escuchó testimonios de familiares y médicos en el caso Beatriz, la joven de 22 años a quienes las autoridades salvadoreñas le negaron el aborto pese a la inviabilidad del feto.
**La representación del Estado salvadoreño negó que existiera “un riesgo inminente de muerte” para la joven que desafió al Estado. El presidente de la Asamblea descartó que vayan a despenalizar el aborto.
***Ahora queda pendiente la deliberación de la Corte IDH, con sede en San José, para emitir sentencia en aproximadamente seis meses.
Expediente Público
Mientras la representación del Estado de El Salvador insistió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en Costa Rica, que Beatriz no estuvo en “riesgo inminente de muerte”, las organizaciones que representaron a la joven de 22 años a quienes las autoridades le negaron el aborto, pese a la inviabilidad del feto, insistieron que con la actual legislación salvadoreña, una de las más restrictivas del mundo en este tema, las mujeres solo tienen dos alternativas que es la “cárcel o el cementerio”.
“Las mujeres en situaciones como la de Beatriz tienen solo dos alternativas, la cárcel o el cementerio. Su familia lleva 10 años esperando una reparación justa y no ha cesado en repetir la demanda primordial de Beatriz, que ninguna otra mujer tenga que sufrir la crueldad, la incertidumbre y la tortura que ella vivió”, señaló Irma Lima de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador durante los alegatos finales ante la Corte.
Durante dos días, 22 y 23 de marzo, los jueces que conforman este tribunal escucharon los testimonios de los testigos ofrecidos por las organizaciones que representaron a Beatriz y su familia como los ofrecidos por el Estado de El Salvador.
¿Cuándo fallará la Corte IDH?
Los siete jueces que conforman el máximo tribunal de justicia entran ahora a un proceso de deliberación para emitir sentencia en aproximadamente seis meses.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Ricardo Pérez Manrique, en su calidad de presidente de la Corte-IDH; Humberto Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac Gregor y Rodrigo Mudrovitsch, así como por las juezas Nancy Hernández López y Verónica Gómez. El presidente de la Corte informó que la jueza Patricia Pérez Goldberg se excusó de participar en la audiencia.
Testimonio de madre de Beatriz
La madre de Beatriz, la primera en declarar, relató que, en el año 2011, Beatriz tuvo un embarazo de alto riesgo tras ser diagnosticada con lupus y artritis reumatoidea.
A inicios de 2013, la joven acudió al Hospital Nacional Rosales debido a que presentaba fiebre y lesiones cutáneas a consecuencia del lupus y se le detectó un embarazo de 11 semanas catalogado de alto riesgo.
“Beatriz empezó con unas llagas en su rostro. La llevamos a pasar consulta, le pusieron un medicamento, pero no le hicieron prueba de embarazo. Su cuerpo empezó con llagas y sangre que le explotaban con pus y todo su cuerpo se estaba pudriendo, hasta que la llevé de nuevo al hospital y se dieron cuenta que estaba embarazada (…) Los doctores dijeron que sus vidas estaban en riesgo”, declaró la madre de Beatriz ante el tribunal.
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La madre de Beatriz relató que su hija no quería arriesgarse a morir en un embarazo de alto riesgo.
“Los doctores le dijeron que no podía seguir con el embarazo porque la vida de ambas estaba en peligro y que había una posibilidad de que Beatriz se salvara; que había un tratamiento, pero que no lo podían hacer porque estaba prohibido (…) Yo le decía que la apoyaba en lo que ella decidiera, pero me sentía indignada pues si había un tratamiento para salvarla, por qué la tenían en esa tortura cada día”, testificó la madre.
Médico de Beatriz vio riesgo en embarazo
El doctor Guillermo Ortiz, médico ginecólogo y obstetra, especialista en embarazos de alto riesgo, en su calidad de testigo propuesto por la representación de las víctimas, advirtió sobre el estado de salud de Beatriz desde que asumió como su médico tratante en su primer embarazo, el pronóstico de inviabilidad de vida del feto y el tratamiento que le fue recomendado en su segundo embarazo.
Ortiz testificó que desde que Beatriz llegó se hizo una “evaluación del riesgo obstétrico”.
“Ella ya tenía la información de que su embarazo no tenía pronóstico (bueno) y lo primero que me dijo es si mi hijo no va a vivir, mejor, yo no me quiero arriesgar ni me quiero morir como casi me muero la vez pasada”, declaró Ortiz.
El caso posteriormente fue analizado por un Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad, integrado por 15 especialistas, que concluyó que existía un “riesgo alto de presentar complicaciones si el embarazo continuaba”.
Según el médico especialista, se decidió “tratar la salud y proteger la vida de la joven” que ya presentaba 14 semanas de embarazo.
“Era el mejor momento para hacer la interrupción y evitar que ella se sometiera a ese riesgo (porque) no iba a existir una supervivencia fetal”, concluyó.
Video de Beatriz
La representación de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Ipas Centroamérica y México, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que demandan condiciones jurídicas que aseguren el acceso a los servicios de aborto seguro de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
“Este alto tribunal es la última posibilidad para hacer justicia y evitar la repetición de violaciones como las que vivió Beatriz”, insistió Irma Lima de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
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Durante la audiencia se ofreció un vídeo en el que la misma Beatriz en vida expresó su anhelo de interrumpir su embarazo. “Sería lo mejor que lo hicieran para salvar mi vida, porque no tiene sentido seguir con un embarazo que no va a vivir”, mencionó la joven.
¿Qué dijo el Estado de El Salvador?
Juana Inés Acosta, quien representó al Estado de El Salvador, negó que en algún momento se “haya tratado de minimizar el riesgo que corría Beatriz”, y por el contrario, el Estado reconoció que “existían múltiples factores de riesgo” por lo que se adoptaron las pertinentes medidas de tratamiento médico para ayudar a la joven.
«No es la despenalización del aborto o el acceso al aborto la manera de corregir los problemas estructurales de nuestros países (…) Eso no significa que estuviera en un riesgo inminente de muerte que era lo que ella creía constantemente, ustedes la oyeron decir que ella creía que ya se iba a morir, aunque el Estado no tiene certeza de dónde sacó esta idea porque entendemos que no fueron los médicos, sí tenía riesgos, pero no tenía un riesgo inminente de muerte”, señaló Acosta.
El presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, descartó desde ya que vayan a modificar las leyes que penalizan el aborto por un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido.
«Que quede totalmente claro: mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvado», aseguró el legislador en redes sociales.
El presidente del Congreso dejó claro que «vamos a respetar siempre lo que indica la Constitución, no lo que quieran imponernos desde el extranjero algunas organizaciones».
CIDH: Estado criminaliza a mujeres
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó en el juicio como fiscalía, tras investigar el caso en primera instancia. La comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre Derechos de las Mujeres refirió que El Salvador “existe una criminalización absoluta del aborto”, es decir la conducta está “claramente tipificada como un delito”.
“En el presente caso corresponde analizar cómo la criminalización del aborto afectó los derechos de Beatriz (…) Está probado que Beatriz tenía un riesgo para su salud”, mencionó la relatora de la CIDH.
Mantilla recordó que, en 2018, durante una visita que realizaron a El Salvador, la CIH recibió “numerosos testimonios de mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas y han sido condenadas a raíz de la sospecha de haberse inducido un aborto, la mayoría mujeres jóvenes y pobres”.
“El médico no tiene certeza de cuándo puede practicar una interrupción del embarazo y prefiere no actuar por temor de incurrir en un delito. La persecución penal a las mujeres que interrumpen su embarazo y múltiples ocasiones ha sido constatada por la comisión en su labor de monitoreo”, agregó Mantilla.
Choque entre grupos
Durante los dos días que duró la audiencia diversos colectivos que trabajan defiendo derechos de las mujeres permanecieron en las afueras de la Corte-IDH demandando una sentencia que garantice los derechos reproductivos de las mujeres, misma que podría sentar un precedente en la región.
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“La Corte tiene en este momento suficiente material para dar una decisión que proteja los derechos humanos de las mujeres y nos permita que en esta región todas las personas puedan gozar de su derecho a la vida, a la salud y autonomía en igual de condiciones”, señaló Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.
Algunos grupos conservadores que se declaran provida también se presentaron a la Corte-IDH.
“Este caso ha sido manipulado no solo por la Comisión Interamericana sino por las organizaciones que han estado representando este caso en la Corte. Nos preocupa la decisión. Tenemos dudas de la imparcialidad de la Corte. Lo que queda es esperar”, manifestó el diputado costarricense Fabricio Alvarado.
