* Las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos empiezan este 22 de marzo en el caso Beatriz, quien a sus 22 años, le negaron un aborto en El Salvador, pese a que era la única manera para salvar su vida.
**Organizaciones que acompañan el caso desde 2013 esperan que los magistrados de la Corte-IDH acabe con la tortura que enfrentan las mujeres que necesitan ser sometidas a un procedimiento de este tipo en El Salvador.
Expediente Público
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a partir de hoy empezará a escuchar los testimonios en el caso Beatriz, una paciente de lupus e insuficiencia renal a quien en 2013 el Estado de El Salvador le negó el derecho de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna del embarazo, a pesar de que un comité de médicos concluyó que esa era la salida más adecuada por el riesgo que corría su vida y la inviabilidad de que el feto sobreviviera.
La audiencia pública en la Corte-IDH, con sede en Costa Rica, se celebrará el 22 y 23 de marzo de 2023. Una sentencia favorable a la víctima sería determinante para la vida de las mujeres en El Salvador y los países de la región, concuerdan las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso.
Es la segunda vez que se lleva al Estado de El Salvador a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de derechos reproductivos y el caso Beatriz es muy emblemático por cuanto se trató de una mujer que confrontó al poder.
Sentencias de la Corte IDH son vinculantes
La función de la Corte-IDH es proteger e interpretar lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto sus sentencias son “vinculantes”, es decir, obligatorias en cuanto a su acatamiento, para lo cual se le otorga a los Estados un plazo de cumplimiento, explicó a Expediente Público Angélica Rivas, Coordinadora del equipo de Occidente de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
“El caso termina con la emisión de la sentencia. La Corte tiene un proceso de supervisión de cumplimiento donde va verificando los avances en el cumplimiento de la supervisión de la sentencia. Normalmente una vez que la sentencia se emite, la Corte da un plazo de un año al Estado para cumplir con algunas de las medidas”, explicó Rivas.
Oportunidad para el Estado de El Salvador
La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz durante 81 días en los que sufrió tortura física y psicológica, al no practicarle a tiempo el aborto terapéutico que requería para salvar su vida.
“No puede ser que las mujeres que necesiten un aborto para salvar su vida y resguardar su integridad física tengan que pasar por todo ese camino de tortura”, expresó Sara García, Integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto a Expediente Público.
En 1997 se reformó el Código Penal de El Salvador para establecer la prohibición del aborto.
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“Este grave error del Estado ha llevado a que tengamos esta legislación altamente restrictiva que le ha negado servicios básicos de salud pública a las mujeres. El Estado tiene una oportunidad de dejar sin efecto esta legislación y crear políticas públicas destinadas a brindar servicios de calidad”, enfatizó Rivas.
Nayib Bukele contra el aborto
En 2021, el presidente Nayib Bukele, descartó la propuesta de reformar la Constitución para legalizar el aborto.
El fallo además podría sentar un precedente para los otros países de la región, como Nicaragua y Honduras, que tienen legislaciones restrictivas.
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María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas Latinoamérica y el Caribe, reconoce que los cambios que deben producirse no serán tan rápidos y que en caso de conseguir un fallo favorable será necesario seguir trabajando con el Estado salvadoreño y los otros en la región.
“Los Estados tienen la obligación de modificar su legislación para asegurar el derecho a la salud y el derecho al acceso a los servicios de salud, generando políticas públicas», afirma a Expediente Público.
«Esperamos que la Corte sea sumamente contundente y sin duda será una herramienta importante para las organizaciones y mujeres que trabajamos por la justicia reproductiva para ir avanzando en la agenda”, mencionó Alcalde Castro».
Decisión en caso Beatriz puede cambiar situación
La Corte-IDH es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos, en Francia, y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en Tanzania.
En este proceso los siete magistrados que conforman la Corte determinarán si el Estado es responsable de las alegadas violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo.
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“Mi hermana decía que ella no quería que otra mujer pasara por lo que ella tuvo que pasar en El Salvador, ese sometimiento y ese sufrimiento que el Estado le hizo pasar por negarle la interrupción del embarazo, por eso es importante que la Corte dé un buen resultado para la familia”, señaló Humberto, hermano de Beatriz a Expediente Público.
El caso de Beatriz estuvo 9 años en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que la entidad creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, el 5 de enero de 2022 remitió el caso a la Corte-IDH. El 22 de febrero de 2023, los magistrados notificaron la resolución de convocatoria de audiencia.
CIDH reconoció violaciones
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador, Ipas Centro América, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) son las organizaciones que acompañaron la demanda en 2013 y continúan apoyando a la familia de la joven en la búsqueda de justicia.
El 29 de noviembre de 2013, las organizaciones de la sociedad civil presentaron el caso ante la CIDH, la cual estableció que la penalización del aborto puede incentivar a que las mujeres recurran a procedimientos médicos ilegales e inseguros, pero en el caso particular de Beatriz el dolor y sufrimiento que atravesó constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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Tras considerar que el Estado de El Salvador es “responsable por la violación de los derechos a la vida” de Beatriz, la CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Beatriz, en aquél entonces una joven de 22 años, originaria de una zona rural, acudió en abril de 2013 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar un amparo legal que le permitiera interrumpir su embarazo, puesto que en El Salvador la legislación prohíbe el aborto.
La última etapa de este proceso
Para las organizaciones que continúan en la búsqueda de justicia, este caso forma parte de la violencia y desigualdad estructural contra todas las salvadoreñas.
Las sentencias de la Corte-IDH representan la última etapa del esfuerzo que inicia una persona por el reconocimiento de sus derechos humanos, luego de haber agotado los recursos legales en su país y haber pasado una primera fase de reclamo ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en la CIDH.
El caso Manuela, un precedente
Las penas en El Salvador por practicar el aborto pueden ir desde los dos a los ocho años de prisión, pero hay casos en los que el delito puede cambiar a homicidio agravado y en ese caso la condena puede llegar hasta los 30 años como ocurrió en el caso Manuela.
El 2 de noviembre de 2021, la Corte-IDH determinó que el Estado salvadoreño era responsable por la “violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, y a la salud”, en perjuicio de Manuela.
Manuela fue encarcelada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de haber tenido una emergencia obstétrica causada por una condición de preeclampsia que le hizo perder su embarazo. El 27 de febrero de 2008, la médica que la atendió la denunció por posible aborto.
Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, por lo que falleció el 30 de abril de 2010.
“La voluntad política de cumplir una resolución, más allá de que si es de obligado cumplimiento, es una voluntad política de que eso no siga pasando en el país (…) Que no se nos olvide que es el caso de una salvadoreña que pidió ayuda y esa realidad no la podemos olvidar”, puntualizó García.
En el marco de la audiencia pública en el caso Beatriz las organizaciones realizarán una serie de actividades demandando un fallo justo por parte de los magistrados de la Corte-IDH.
