*Organizaciones de derechos humanos interponen informe en Naciones Unidas en nombre de más de 200 presos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 en contra del régimen de Cuba.
**Uno de los detenidos fue sentenciado a 12 años de cárcel solo por hacer transmisiones en Facebook.
***En Cuba es constante la disolución represiva del derecho de manifestación, a manos de fuerzas de seguridad, empleados estatales, miembros de organizaciones de masas oficialistas y del Partido Comunista como ocurre en Nicaragua y Venezuela.
Expediente Público
Prisoners Defenders y el Consejo General de la Abogacía Española presentan en Naciones Unidas este 2 de marzo en Madrid, junto a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, un análisis jurídico y la denuncia colectiva de 300 casos entre 1,077 presos políticos en Cuba.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, explicó a Expediente Público que más de 10 juristas prepararon el informe que “demuestra sin lugar a una sola remota duda, la arbitrariedad extrema con la que sufren los presos políticos cada parte del proceso penal. Son miles de folios de un trabajo inmenso”.
Según Prisoners Defenders, es la primera vez en la historia que una denuncia de tantos casos individuales se presenta en el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, basada en 7 patrones de violación sistemática del debido proceso y la defensa efectiva de todo el sistema procesal en Cuba.
“Es el trabajo más amplio y disruptivo jamás presentado por Prisoners Defenders en torno a las detenciones arbitrarias de Cuba con sus presos políticos”, recalcó Larrondo, argumentando que la presentación se da en un contexto en el que se especula muchísimo la salida de los presos políticos de Cuba.
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“La iglesia y varios gobiernos han sido explícitos con respecto a la liberación de los presos. El régimen de Cuba tiene una amplia presión”, argumentó.
La presentación del 2 de marzo del estudio y la denuncia en Madrid, estaría respaldada con la presencia del eurodiputado Javier Nart, el senador Giulio Terzi de Italia (exministro de Exteriores), directivos del Consejo General de la Abogacía Española, y otras personalidades.
Presos del 11J
Los presos políticos mencionados en la denuncian fueron detenidos en el marco de las protestas ciudadanas iniciadas el 11 de julio de 2021. Aunque se trata de un análisis del proceso penal, el reporte señala la disolución represiva del derecho de manifestación, a manos de fuerzas de seguridad, empleados estatales, miembros de organizaciones de masas oficialistas y del Partido Comunista.
Sin embargo, posterior al arresto y procesamiento de cientos de manifestantes, los órganos de seguridad continuaron realizando arrestos, la mayoría de “personas sobre las que no pesaban sobre ellos antecedentes penales computables, salvo clasificaciones por “ideología”.
“Esto es, agrega, a consecuencia de no participar en las actividades organizadas por el Partido Comunista de Cuba y entidades afines, calificativos morales y de índole personal que contra toda praxis jurídica están presentes en todas las actuaciones y escritos de los miembros, tanto de la Fiscalía General, como de la Magistratura cubana”, detalla la denuncia.
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Denuncias particulares
Prisoners Defender facilitó a Expediente Público dos denuncias interpuestas por familiares y abogados de los presos políticos cubanos del 11J, Ramón Pérez Conde sentenciado por el supuesto delito de difundir “propaganda enemiga”, y de Ciro Lamorruz por “desorden público” y un presunto atentado.
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Pérez Conde fue sentenciado a 12 años, cuando la única información de la que puede explicar su pena son dos videos en vivo desde su cuenta personal de Facebook transmitidos los días 22 y 23 de junio de 2021.
En la primera transmisión expresó “sus opiniones políticas y sus críticas al Gobierno de la República de Cuba, llamando a la concientización de la ciudadanía de sus Derechos Humanos y la necesidad de reclamar por su respeto; así mismo, expresa su intención de manifestarse de manera ordenada y pacífica en el espacio público al próximo día, en protesta por las desapariciones forzosas, las violaciones de los Derechos Humanos, por la liberación de los presos políticos y contra la represión por motivos políticos”, detalla la denuncia.
La Seguridad del Estado efectúa de manera constante vigilancia sobre las redes sociales y perfiles de los ciudadanos que manifiestan opiniones contrarias al Gobierno, todo ello a través de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), proveedora única de internet en todo el país, indica el documento.
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Por esta razón fue detenido y multado con 2.000 pesos, una cifra que es muy alta para un cubano promedio, por lo cual volvió a transmitir para denunciar este nuevo abuso.
Lamorruz fue capturado el 22 de julio de 2021 y sentenciado a 7 años de prisión por desórdenes públicos y un supuesto atentado. Grabó un video de las marchas en la ciudad de Santiago cuando viajaba en motocicleta con su novia y se topó con los manifestantes.
Cuando los agentes oficialistas comenzaron a repeler la marcha arrancó la moto y fue en dirección a su casa, pero fue interceptado por una patrulla y detenido hasta el 22 de julio.
Posteriormente fue citado a dar declaraciones y policías que participaron en la represión del 11J lo identificaron, por lo cual fue enjuiciado.
Violaciones al debido proceso
En total hay 1,077 presos políticos en Cuba en el contexto de las marchas del 11J, de ellos Prisoners Defender tuvo acceso 1,046 expedientes entre los convictos y condenados de conciencia.
Como Pérez y Lamorroz existen tipos delictivos desacreditados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como desorden público, desacato, atentado, sedición, resistencia, desobediencia, instigación a delinquir o peligrosidad social.
La denuncia de Prisoners Defenders en la ONU se basa en estudio de 255 casos de abusos contra los manifestantes y opositores cubanos con violaciones en todas las instituciones y etapas del proceso penal.
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Los patrones violatorios considerados en el análisis de casos son prisión preventiva ilegítima, ausencia de abogados o defensores, parcialidad judicial, peritos parciales y funcionarios de testigos, criminalización del derecho a manifestarse, sistema organizado para limitar derechos y libertades, juicios sumarios y uso de tribunales militares.
Injusticia exportada
El modelo de acusación analizado y catalogado en esta denuncia ratifica el grado de conexión de los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
A diferencia de Nicaragua, en Cuba no acusan por traición a la patria exactamente, pero las sentencias van en esa línea ideológica, pero usan otros delitos que tanto las Naciones Unidas como la CIDH han dictaminado como no aceptables ni conforme a los tratados internacionales, explicó Larrondo.
“Demostramos legislativamente como no existe el concepto de abogado independiente en Cuba, son abogados que dependen de la acusación, algo de auténtico escándalo”, agregó.
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Existe una legislación que incluye los ciberdelitos con multas 6 veces mayores al sueldo mensual en Cuba, pero si no pagas una multa administrativa, vas a prisión 6 meses. “Así es como lo hacen, les meten 7 multas, y con 3 que no puedan pagar, ya son año y medio en prisión”, pero este tipo de casos no son del 11J, aseguró.
