Aunque unidos por lazos históricos, proximidad geográfica y entorno económico-social, cada uno de los países centroamericanos decidieron enfrentar el embate del COVID-19 por su cuenta, siguiendo, eso sí, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con excepción de Nicaragua y Belice, paradójicamente los países que menos infectados han reportado.
Tras la expansión del virus, un protocolo internacional de medidas sanitarias que recomienda, entre otras cosas, la prohibición de vuelos internacionales, especialmente de países con casos confirmados de coronavirus; poner a las poblaciones en cuarentena, evitar actividades públicas y aglomeraciones; y suspender clases en colegios y universidades.
Los gobernantes centroamericanos fueron aplicando estas determinaciones gradualmente, unos como medidas de prevención y otros cuando ya tenían el virus en casa. Desde la detección del primer caso se han registrado, al 01 de abril, 1,775 pacientes con coronavirus, de los cuales han muerto 40, se han recuperado 26 y el resto siguen activos.
La respuesta conjunta se ha dado hasta esta semana, luego que el jueves 26 de marzo los cancilleres aprobaran el Plan de Contingencia Regional para Centroamérica y República Dominicana por 1,900 millones de dólares, el cual se expondrá próximamente.
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COSTA RICA
Fue el primer país del área en reportar un caso de coronavirus el 6 de marzo pasado, cuando una turista estadounidense y su esposo que habían llegado de Nueva York fueron diagnosticados y luego confinados en cuarentena en un hotel de San José.
Para entonces la pareja había estado cinco días en el país y visitado Alajuela y Puntarenas, por lo que las autoridades sanitarias le dieron seguimiento a las 152 personas que volaron con ellos, además de otras con las que tuvieron contacto en los sitios que visitaron.
Para el 8 de marzo, cuando ya se habían detectado 9 casos, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elevaron el nivel de alerta sanitaria a amarillo, lo que permitió activar mesas operativas temáticas, movilizar recursos entre instituciones y convocar al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dos veces al día, para tomar decisiones.
Cuatro días después el número de casos había subido a 23 y las autoridades decidieron pasar a una segunda fase de la alerta amarilla, tras lo que decidieron ejecutar cierres preventivos a centros educativos en riesgo, la reducción en 50% de la capacidad aprobada de espacios de reunión pública y la suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos.
Un día después, el 13 de marzo, las autoridades de Educación suspendieron las clases en 317 centros educativos, el 7% del total, que incluía a los institutos con casos confirmados y a otros del mismo circuito escolar; también las escuelas públicas de educación especial, y aquellas con racionamiento prolongado de agua. Ese mismo día la CNE activó la línea de ayuda 1322 para consultas sobre el virus.
Para el 15 de marzo, cuando ya había 35 personas infectadas, el presidente Carlos Alvarado emitió un acuerdo ejecutivo para ordenar el cierre de todos los bares, discotecas y casinos, y facultó a la Fuerza Pública para verificar que se cumpla la disposición, so pena de cierre por 30 días para las empresas que lo incumplan.
Un día después el gobierno emitió un nuevo decreto mediante el cual declaraba oficialmente el estado de emergencia nacional y así se suspendieron las clases en todos los centros educativos públicos y privados hasta el 13 de abril; y se ordenó que, desde el miércoles 18 de marzo a partir de la medianoche, solo ingresaran al país los costarricenses y los extranjeros residentes.
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Los días 18 y 19 de marzo fueron claves porque se registraron las dos únicas muertes reportadas hasta ahora, en ese país. Coincidentemente fueron dos hombres de la misma edad, 87 años, y en el mismo hospital de Alajuela.
El 20 de marzo el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó al gobierno una cooperación no reembolsable de $1 millón para invertirlo en el combate de la enfermedad.
El 23 de marzo el ejecutivo dispuso el cierre total de las playas, el cierre obligatorio de templos y cultos religiosos y la restricción vehicular en las principales ciudades del país de 10 de la noche a las 5 de la mañana, mientras que un día después anunció que reducirían en un 80% el personal que trabaja presencialmente en sus diferentes instituciones y se anula el aumento salarial aprobado para todos los empleados públicos en enero de 2020 con la excepción de los agentes policiales.
Finalmente, el 27 de marzo el Ejecutivo anunció que presentará un presupuesto extraordinario al Congreso por unos 390 millones de dólares para ayudar a los desempleados. Al 31 de marzo los fondos no habían sido aprobados y se está trabajando en el mecanismo para canalizar la ayuda.
Hasta el 01 de abril se habían registrado 347 infectados, con dos muertes y cuatro recuperados. El resto siguen activos.
PANAMÁ
Dos días después de que Costa Rica anunciara su primer caso, las autoridades panameñas indicaron el 8 de marzo que una mujer había dado positivo por coronavirus. Ella había llegado procedente de España.
Sin embargo, se cree que el virus ya circulaba en el país porque dos días después, el 10 de marzo, , y al hacerle las pruebas laboratoriales resultó que portaba el COVID-19.
Tras la muerte del maestro, el 11 de marzo el Ministerio de Educación decidió suspender las clases en escuelas públicas y privadas. Iban diez infectados.
El 13 de marzo, cuando ya se habían detectado 36 casos, el presidente Laurentino Cortizo, declaró el estado de emergencia nacional y dispuso de 50 millones de dólares para que instituciones estatales pudieran adquirir bienes, servicios u obras en un periodo de 180 días. Ese día también se suspendieron los vuelos desde Europa y Asia.
Como parte de la declaratoria se eliminaron aranceles para la importación de insumos médicos, materias primas, productos de higiene personal y limpieza de instalaciones. También el gobierno garantizó compras por US$ 20 millones en carnes y granos de producción nacional.
Cortizo dispuso crear cuatro equipos, uno para dar seguimiento a las medidas de colaboración internacional, otro para vigilar el mantenimiento del orden social, un tercero para mantener contacto con gremios privados y trabajadores, y el cuarto dedicado a mitigar el impacto económico de la pandemia.
El 14 de marzo crearon una red de servicios de laboratorios, y dispusieron hacer visitas domiciliarias médicas a posibles afectados por coronavirus y se prohibió la visita a la casas hogares de ancianos.
El 15 de marzo, cuando el número de afectados a 55 personas contagiadas ordenaron el cierre de actividades de diversión en hoteles, bares, discotecas, cantinas, casinos y parques infantiles que funcionan dentro de restaurantes. Además, se prohibió el acceso a playas, ríos y balnearios, y se restringió la entrada de extranjeros.
Tres días después, el 18 de marzo, y cuando ya iban 109 infectados, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 490 mediante el cual se dispuso toque de queda de 9 de la noche a las 5 de la mañana, pero además dispuso la construcción de un hospital en el término de un mes. Además, se destinó un bono de hasta 100 dólares para los infectados. Al día siguiente se confirmaron 137 casos y el presidente Cortizo anunció la suspensión total de vuelos desde y hacia el extranjero desde 11:59 de la noche del domingo 22 de marzo.
El 24 de marzo decretan una cuarentena indefinida que excluye a algunas actividades como fuerza pública, emergencias, Ministerio de Salud, Seguro Social, bomberos, medios de comunicación, aseo y otras dependencias públicas. Además, se les permite a los ciudadanos movilizarse durante algunas horas para hacer diligencias personales según el último número de identidad o pasaporte.
El viernes 27 de marzo mueren cuatro pasajeros del crucero Zaandam, que permanece varado frente a costas panameñas. Sin embargo, las autoridades aún no confirman si fue a causa del coronavirus.
Hasta el 01 de abril se reportaban 1,181 casos, de los cuales han muerto 37 personas y 9 se han recuperado, teniendo 1,039 activos, siendo el país más afectado de Centroamérica.
HONDURAS
El 11 de marzo Honduras es el tercer país en ser alcanzado por el COVID-19, cuando dos mujeres que se sienten mal de salud buscan atención médica y se comprueba que sus padecimientos se originan en el coronavirus. Una de ellas era una embarazada de 42 años que días atrás había llegado desde España y tiene su residencia en Tegucigalpa; la otra era una mujer que llegó de Suiza a San Pedro Sula y luego se trasladó a La Ceiba, unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Al día siguiente hubo un Consejo de Ministros, quienes decretaron emergencia sanitaria y se instruyó a las secretarías de Finanzas y la de Gobierno para “analizar e identificar” recursos hasta por 110 millones de lempiras (4,4 millones de dólares), para garantizar los insumos médicos, materiales y equipos de protección personal para “responder ante la emergencia”.
En el decreto se ordena a la Cancillería y la Secretaría de Salud gestionar ante agencias de cooperación y “gobiernos amigos” la donación de recursos, servicios y bienes materiales para atender la emergencia.
Además, se cancelaron las clases en todos los centros educativos, se restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros procedentes de Europa, China, Corea del Sur e Irán; y los que si podían ingresar de otros países debían someterse a una cuarentena de 14 días. También se cancelaron todos los eventos y espectáculos públicos pero a las iglesias se les dejó a su propio criterio. En algunos sitios públicos se limitó el acceso a 50 personas como máximo.
El 11 de marzo el Congreso Nacional aprobó una partida de emergencia de 643 millones de lempiras (unos 26 millones de dólares) para la compra de insumos, equipos y medicamentos destinados al combate del coronavirus; mientras que el 13 de marzo aprobaron la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente al Coronavirus, mediante el cual se redireccionan 420 millones de dólares del presupuesto general para manejar la emergencia y construir al menos 90 hospitales.
El domingo 15 de marzo, cuando el número de casos llegó a 6, el gobierno emitió el Decreto PCM 21- 2020, mediante el cual se suspendieron algunas garantías constitucionales, entre ellas la de circular libremente, con algunas excepciones, como salir en busca de alimentos, medicinas, combustible o para aquellos autorizados a trabajar.
Se ordenó el cierre de fronteras, así como las terminales aéreas y marítimas para el tránsito de personas, pero no para el transporte de carga y suministros.
También se ordenó la suspensión de celebraciones religiosas presenciales; ordenó la paralización de las unidades de transporte público, buses y taxis; y el cierre de toda clase de negocios, con excepción de supermercados, mercados, farmacias, industria farmacéutica, laboratorios médicos, hospitales, hoteles gasolineras, y la banca. Estos debían aplicar medidas como separación entre personas y no más de 50 personas en un local. A los restaurantes se les autorizó laboral exclusivamente en autoservicio y mediante servicio de entrega.
De igual manera se permitió operar a los hoteles, empresas de seguridad, transporte de valores, tren de aseo, industria agroalimentaria, telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y a los medios de comunicación. Se ordena a las autoridades detener a todos los que incumplan las disposiciones.
Pese a las medidas, los casos de coronavirus siguieron subiendo por lo que el viernes 20 de marzo se ordena un toque de queda absoluto a nivel nacional, el cual comenzó a flexibilizarse el martes 24 de marzo cuando se dispuso que las farmacias abran de 7 de la mañana a 12 del mediodía, las gasolineras distribuyan combustible dos horas en la tarde y los bancos atiendan lunes, miércoles y viernes para el público en general y los jueves para las personas de la tercera edad y con discapacidad. Además, los supermercados atenderían por pedidos.
El domingo 29 de marzo el gobierno dispuso modificar las medidas y se amplió su plazo hasta el 12 de marzo. Así los ciudadanos pueden salir a comprar al supermercado, farmacias y gasolineras y a hacer diligencias en los bancos los lunes, miércoles y viernes según el último número de su identidad, pasaporte o residencia. De 7 a 9 de la mañana pueden movilizarse las personas de la tercera edad y quienes sufren alguna incapacidad, mientras que de 9 de la mañana a 3 de la tarde el resto de ciudadanos. Los lunes pueden salir a hacer compras las personas cuyos documentos terminen en 1, 2 y 3; los miércoles las terminaciones 4, 5 y 6; y los viernes las terminaciones 7, 8, 9 y 0.
PRIMERA VÍCTIMA SANITARIA
Médicos de la zona norte de Honduras, reportaron este 31 de marzo, el deceso de la primera doctora que murió por coronavirus en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.
El pasado 19 de marzo, la doctora escribió un mensaje en Facebook para que las personas se mantuvieran en sus casas y evitaran contagiarse con el coronavirus.
«Quédese en casa. Si tiene poca comida, tome agua. Es preferible aguantar un poquito de hambre y así nos conectamos con Jesús en los 40 días en el desierto. Sí, estamos en cuaresma. Él aguantó hambre, frío, y calor. Sed de amor nuestro. Así que vamos, no se desanime. Hacer esas grandes filas te expone», publicó.
Ya parra el 01 de abril, autoridades hondureñas, reportaron el fallecimiento en San Pedro Sula un hombre asiático que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El hombre, de 61 años y originario de Taiwán, fue diagnosticado con coronavirus COVID-19 el pasado 17 de marzo.
Por otra parte, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras y Alba Consuelo Flores, ministra de la Secretaría de Salud en el país, fueron aisladas por sospechas de Covid-19.
Mientras que un grupo integrado por cinco especialistas del Hospital Militar de se país fue designado por las autoridades gubernamentales para brindar atención médica al presidente Juan Orlando Hernández, a su familia y a los integrantes de su gabinete, en caso de reportar sospechas de Covid-19.
La orden fue girada a través de una notificación por escrito emitida por el Estado Mayor Conjunto y aprobada por Rita María Medina, actual directora del Hospital Militar, en donde se le comunicó la decisión a uno de los galenos.
El Gobierno de la República de Honduras a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) El gobierno informó a la población el 1 de abril lo siguiente: el Laboratorio Nacional de Virología realizó 139 pruebas para diagnosticar coronavirus COVID-19; resultando 47 positivas, sumando así un total de 219 casos del virus a nivel nacional, además se confirma la muerte de 4 personas por Covid19 para un total de 15 víctimas de la pandemia. Con las 4 muertes por COVID-19 registradas el 1 de abril, Honduras elevó su tasa de mortalidad a 6.4%*. Suman 14 los fallecidos.
GUATEMALA
Fue de los primeros en tomar decisiones para bloquear al COVID-19 y sus esfuerzos tuvieron éxito hasta que el 13 de marzo detectaron su primer caso.
Las medidas en el país comenzaron a adoptarse el 31 de enero, cuando el presidente Alejandro Giammattei decretó una prohibición para el ingreso al país de personas procedentes de China.
Casi un mes después, el 25 de febrero, se decreta “alerta máxima sanitaria” y se ordena la prohibición de ingreso a ciudadanos que provengan de Europa, Corea del Sur y del Norte, e Irán. De igual forma se implementan controles sanitarios para quienes llegan de otros países vía terrestre, aérea o marítima. Algunas líneas aéreas, como Iberia, dejan de volar al país.
Para el 6 de marzo se habían detectado cinco casos en México, fronterizo con Guatemala, por lo que el Ejecutivo declara el «estado de calamidad pública» y se destina un fondo inicial de 30 millones de dólares para atender la inminente crisis sanitaria. Bajo este mismo decreto el 9 de marzo se limita la realización de concentraciones masivas, y reuniones con más de 150 personas sin haber previamente notificado al Ministerio de Salud sobre el tipo de evento a realizar, el lugar, la fecha y hora, la cantidad de participantes y el objetivo del evento.
Tres días después, y como una medida recíproca, el gobierno prohíbe el ingreso de salvadoreños por vía aérea, marítima o terrestre, mientras dure el estado de calamidad pública, con excepción de transportistas que lleven carga, pero estos deberán abandonar el país inmediatamente después de despachar o cargar la mercadería.
El 13 de marzo se detectó el primer caso, un joven de 27 años que estuvo en Italia y había llegado al país vía México un día antes. Él y dos de sus familiares que le acompañaron en el viaje fueron ingresados en el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva, donde los aislaron.
Sin embargo, el COVID-19 ya estaba en el país desde antes. Un señor de 85 años, su hijo y dos nietos salieron del país el 24 de febrero para vacacionar en Madrid, Suiza y Francia. Luego regresaron a Guatemala el 6 de marzo, sin síntomas. La salud del abuelo se fue complicando hasta que el 14 de marzo fue internado en una clínica con problemas respiratorios y un día después, el 15 de marzo, murió. Las pruebas de laboratorio confirmaron que portaba el virus.
Desde esa fecha se suspendieron todas las actividades públicas o privadas que involucren la presencia de más de cien personas, incluyendo las procesiones de Semana Santa, las clases a todo nivel educativo, conciertos, funciones de cine y teatro, ferias patronales y eventos deportivos.
También se amplió la prohibición de ingreso para personas provenientes de Japón, Estados Unidos y Canadá.
El sábado 21 de marzo, el gobierno decretó un toque de queda de 4 de la tarde a 04:00 de la mañana, el que estaría vigente hasta el 30 de marzo.
El 24 de marzo el Congreso aprobó el Decreto 7-2020 para prorrogar por 30 días más a partir del 5 de abril el estado de calamidad pública.
El 25 de marzo la entidad legislativa aprobó la “Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19”, la cual ordena fijar precios promedio de los productos más importantes para evitar la especulación;
Al 01 de abril Guatemala registra 38 contagiados, de los cuales uno murió y diez se han recuperado para un total de 27 casos activos.
EL SALVADOR
Pocas horas después de que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, calificara como pandemia al coronavirus Covid-19, el presidente salvadoreño decretó una alerta naranja el 11 de marzo y horas más tarde determinó poner en “cuarentena a todo el territorio nacional”.
Entre las medidas adoptadas estuvo la suspensión de clases en los centros educativos públicos y privados durante 21 días, la prohibición de entrada a todo extranjero que no sea diplomático o residente, y la aplicación de una cuarentena de 30 días a cualquiera que ingrese al territorio salvadoreño.
Cinco días después, el 16 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó que los empleados del sector público y privado, mayores a 60 años de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con inmunodepresión sean enviados a sus casas durante un período de 30 días, por ser un sector de la población vulnerable.
Además, se determinó el cierre de las oficinas donde se tramita el Documento Único de Identidad (DUI), gimnasios, bares y discotecas por 14 días. La policía recibió la orden de evitar aglomeraciones superiores a las 50 personas.
El 18 de marzo se reportó el primer caso de un afectado por el coronavirus. Según las autoridades, fue
Ese mismo día el Ejecutivo estableció que los afectados por el COVID-19, infectados o en cuarentena, no pagarán servicios básicos y créditos durante tres meses. Eso incluye los servicios de energía eléctrica, agua, internet y telefonía. También se postergaron los pagos de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y deudas con casas comerciales, y el acumulado se podrá pagar en los siguientes dos años, sin afectar el récord crediticio del ciudadano.
El sábado 21 de marzo, Bukele, decretó una cuarentena domiciliaria completa por 30 días, bajo pena de cárcel para quien incumpla. Además, durante este periodo de aislamiento, el gobierno transferirá 300 dólares a un 75 por ciento de la población, para la compra de alimentos. El otro 25 por ciento seguirá recibiendo su salario.
En la actualidad El Salvador tiene a 32 personas afectadas y cero muertes.
NICARAGUA
Las autoridades sanitarias nicaragüenses reportaron su primer caso de coronavirus el mismo día que El Salvador, el 18 de marzo. El paciente es un hombre de 40 años que llegó de Panamá y que se encuentra aislado en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 19 hospitales habilitados para atender esta enfermedad.
A diferencia de los otros países de Centroamérica, Nicaragua se ha caracterizado en la presente pandemia por hacer todo lo contrario de sus vecinos: las fronteras siguen abiertas, no hay cuarentena y el gobierno mantiene la presión para que los padres de familia continúen enviando sus hijos e hijas a las escuelas públicas no obstante que casi totalidad de los colegios privados decidieron parar las clases y cerrar los centros escolares.
Incluso cuando sus países vecinos ya reportaban casos de COVID-19, las autoridades convocaron el 14 de marzo de 2020 a una marcha ciudadana llamada «Amor en tiempos del COVID-19», para mostrar apoyo al presidente Daniel Ortega.
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El 16 de marzo, en lugar de anunciar un plan para controlar la enfermedad, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) estaba trabajando en los preparativos para recibir a miles de turistas durante la Semana Santa. Además, se determinó que las fronteras permanecerían abiertas para todos los extranjeros y que ninguno quedaría en cuarentena, independientemente de que provenga de países afectados. Aunque el país no ha emitido ninguna directriz que incentive a la gente a mantenerse encerradas en sus casas, los ciudadanos se han nuevamente “autoconvocado” para mantenerse alejados de las calles y habilitar opciones de asistencia médica privada. Los pocos medios independientes, así como los grupos de oposición política al régimen han puesto en marcha sendas campañas para informar a la población sobre medidas preventivas.
El 21 de marzo el Ministerio de Salud empezó un plan “casa a casa” en el que cientos de brigadistas y sin ningún tipo de protección básica como mascarillas o guantes hacen visitas a los hogares para enseñar a los pobladores a evitar el contagio. Esta es otra medida contraindicada e incluso muchos de los vecinos se han negado a recibir a los brigadistas que son más militantes del partido sandinista y menos especialistas del sector salud.
Hasta el 27 de marzo se habían reportado solamente dos pacientes y ese mismo día murió el paciente dos, quien había regresado recientemente de Colombia y padecía de varias enfermedades, según el Ministerio de Salud. El 28 de marzo se reportaron dos casos más y el 31 de marzo se anunció un nuevo contagio para un total de cinco, con una muerte registrada.
