*La represión, que es conocida como “La matanza”, en El Salvador arremetió contra 30,000 campesinos de la población nahua pipil a quienes expropiaron sus tierras.*
**El exterminio fue cometido en 1932 en el oeste del país siguiendo las órdenes del expresidente, general Maximiliano Hernández Martínez, quien acusó a los campesinos de ser comunistas.
Eric Lemus / Expediente Público
El sonido de las ocarinas, el tambor y el caracol interrumpen el murmullo de quienes están congregados en la sede la Alcaldía del Común en el poblado de Izalco, 69 kilómetros al oeste de San Salvador, la noche de la víspera del 91° aniversario de la masacre cometida contra la población indígena en todo el oeste del país que dejó miles de muertos.
Quienes se reúnen esa noche realizan una peregrinación por las calles aledañas y evocan la memoria de miles de asesinados por el Ejército salvadoreño a principios del siglo XX.
En la historia de este país centroamericano, el 22 de enero de 1932 es considerado como la fecha que determina el inicio de los gobiernos autoritarios en la política nacional.
Hernández Martínez, que llegó al poder tras organizar un Golpe de Estado contra el expresidente Alberto Araujo en diciembre de 1931, encabezó un régimen dictatorial a lo largo de casi 14 años aplastando toda la oposición mientras era un aficionado al esoterismo.
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La vigilia
La noche del 21 de enero alrededor de 200 miembros del Consejo Ancestral de los Comunes de los territorios indígenas (CACTI) peregrinaron por las calles de Izalco hasta llegar a la explanada conocida como “El Llanito”, contiguo a la iglesia La Asunción, donde está un memorial que anuncia que ahí yacen las víctimas de la represión del régimen de Hernández Martínez.
Miembros del CACTI junto a la Alcaldía del Común, que aglutina al liderazgo comunitario del pueblo, organizaron un foro internacional donde participaron delegados de las vecinas Honduras y Guatemala para reflexionar sobre la memoria y la impunidad a lo largo de nueve décadas.
Al cierre de la jornada, los participantes acordaron la fundación del Consejo Regional Centroamericano de Pueblos Originarios que propone “integrar más poblaciones de naciones hermanas y romper con las barreras impuestas por los Estados en los territorios”.
El cónclave pide al Estado salvadoreño enfrentar esta masacre incorporando en la legislación penal la tipificación del delito de etnocidio físico y cultural.
Además, demandan la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, algo a lo que El Salvador se mantiene al margen.
El Ministerio de Cultura del Gobierno de Nayib Bukele, que integra antiguos activistas de los pueblos originarios, organizó otro evento de carácter simbólico.
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Rebelión histórica en El Salvador
El levantamiento indígena en el oeste del país, que abarcó los departamentos La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, tuvo especial protagonismo en los poblados indígenas Nahuizalco, Juayúa e Izalco, donde las tierras ejidales fueron expropiadas sistemáticamente para reemplazar sus cultivos tradicionales por el café.
Izalco fue uno de los principales escenarios del levantamiento campesino bajo la dirección de José Feliciano Ama, un agricultor de origen indígena, a quien el Ejército de la época capturó, linchó y colgó de un árbol de amate el 28 de enero.
La fotografía de Ama, que primero luce amarrado de los pulgares y luego ahorcado por tropas gubernamentales en la plaza que está frente a la iglesia La Asunción, es una de las imágenes más simbólicas de aquel desenlace trágico.
Por eso la peregrinación conmemorativa finaliza en este escampado donde realizan una vigilia en memoria de quienes yacen enterrados en una fosa común que nunca ha sido exhumada.
Persecución
Las tropas militares siguieron eliminando a todos los indígenas en el resto de la región occidental, a quienes acusaron de pertenecer al Partido Comunista.
En la capital, San Salvador, los estudiantes de leyes Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, que pertenecieron a la organización Socorro Rojo, fueron acusados de organizar un infructuoso Golpe de Estado y acabaron fusilados.
La persecución en las zonas rurales fue implacable contra todos los campesinos. Los soldados asesinaban a quienes hablaban lengua náhuat o vestían a la usanza indígena.
El historiador Héctor Lindo Fuentes, doctor por la Universidad de Chicago, reflexionó sobre la dimensión racista que implica el aniquilamiento de los pueblos originarios.
“En la memoria histórica de atrocidades masivas: Alemania, discusión seria del pasado nazi para evitar repetición. En El Salvador, silencio o politización”, deploró Lindo en entrevista con Expediente Público.
Las fosas comunes
Izalco solía ser el lugar escogido por el antiguo partido gobernante, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el poder entre 1989 y 2009, para anunciar el inicio de su campaña electoral.
El estribillo: “El Salvador / será la tumba / donde los rojos / terminarán” fue entonado a lo largo de 20 años en la plaza principal ante la mirada de las familias que sobrevivieron a la masacre.
Oswaldo Rosales explica a Expediente Público que hay un total de siete fosas comunes donde el Ejército enterró a quienes fusiló en el atrio de la iglesia de La Merced.
“Mi tío abuelo, que se llamaba Gabino, está enterrado en la segunda fosa más grande donde la gente calcula que hay unos 800. A él lo capturaron cuando venía de trabajar la tierra junto a mi abuelo, que también lo mataron”, relata Rosales.
Más muertos
En otro segmento de la peregrinación, un hombre porta un retrato en blanco y negro que muestra con firmeza.
Tito Pilía, miembro de la Alcaldía del Común, explica a Expediente Público que en la fotografía está su abuela junto a su tío materno.
“Él se llamaba Lorenzo Recinos y regresó al pueblo a los siete días porque tenía hambre, pero lo agarró la tropa y quedó en manos de ellos. Lo trajeron a Los Llanitos donde lo fusilaron y ahí quedo enterrado”, relata Pilía.
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El homenaje
La peregrinación, que finalizó a un costado de la Iglesia de La Asunción, reunió a los lugareños y visitantes que acompañaron a los organizadores a lo largo de la madrugada para evocar a las víctimas de la matanza.
El alcalde del Común, Mateo Rafael Latín, exhortó que Bukele retome este caso. “Les pido de todo corazón que demuestre en realidad que quieren hacer justicia”, observó Latín.
“El Estado salvadoreño es el principal agresor de las poblaciones originarias, al ignorar el etnocidio perpetuado desde 1932” agregó.
Al salir el sol los peregrinos congregados en el lugar resonaron los tambores y soplaron los caracoles y las ocarinas mientras otros quemaron resina de ocote.
Marta Meza, coordinadora del Movimiento Indígena de Honduras, afirmó que en Centroamérica “ahora hay un etnocidio cultural, nos persiguen a los líderes, y nos asesinan o encarcelan, nos desplazan de nuestros territorios”.
Meza integró una delegación hondureña que asistió en el foro internacional llevado a cabo a lo largo de tres días.
En tanto, Marcelo Vicente, del pueblo Mam de Guatemala, afirmó que “estamos acá porque tenemos esa conciencia ancestral, esa memoria histórica que jamás la hemos olvidado, buscando la unidad”.
La masacre de 1932 erradicó la lengua y las costumbres de los pueblos originarios en todo el oeste de El Salvador. La cifra de muertos nunca fue reconocida oficialmente, pero se calcula 30,000 personas porque el Ejército persiguió durante meses a quienes se vistieran a la usanza indígena.
