*“El gobierno de Xiomara Castro tiene que dar una explicación por qué este gobierno es responsable de estos dos asesinatos”, de defensores de Guapinol dijo el investigador del ERIC-SJ, Joaquín Mejía Rivera.
**Diputada Suyapa Figueroa llama a ratificar sin tardanza el Acuerdo de Escazú, que trata del respeto de las acciones, de la vida y de la integridad de las personas defensoras del ambiente.
Expediente Público
¿Cuáles son los intereses que tienen las nuevas autoridades hondureñas en el proyecto minero de la empresa Los Pinares? La pregunta surge a raíz del asesinato de dos defensores de la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, al oriente de Honduras ocurrido en plena vigencia del Estado de Excepción en el que supuestamente hay más control de las autoridades.
Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, son parte de las regiones en Honduras bajo el Estado de Excepción, cuya ampliación por 45 días más fue aprobada por el gobierno hondureño el día antes de los asesinatos.
El doble crimen ha generado una cadena de reacciones a nivel nacional e internacional, y ha significado un duro golpe a la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que a punto de cumplir su primer año no ha hecho nada contundente para resolver un conflicto que involucra a poderosos actores políticos y económicos, pero también a una comunidad con una imbatible voluntad por defender sus recursos.
La tarde del sábado 7 de enero, los ambientalistas Aly Domínguez (34 años) y Jairo Bonilla (28) se conducían a sus hogares bordo de una motocicleta cuando fueron atacados a balazos en una intersección de la carretera CA-13 que conduce a las comunidades de Guapinol y La Concepción.
Domínguez era hermano del también defensor Reynaldo Domínguez, y “también es una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal”, señaló en un comunicado el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
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Autoridades se llaman al silencio
Sobre este hecho, un vocero de la Policía Nacional en el municipio de Tocoa se refirió hasta bien avanzada la tarde del lunes 9 de enero.
“La Policía Nacional no tiene ningún tipo de investigaciones sobre este caso”, dijo el uniformado, quien señaló que ambas víctimas se dedicaban a cobrar las cuotas de servicio de una empresa de cable de la zona.
“Hasta ahorita la Policía Nacional maneja como móvil el robo, ya que en la escena (…) no se encontró ninguna de las prendas de los ahora fallecidos”, dijo el vocero.
Hasta el momento de esta publicación ninguna autoridad policial ni funcionarios del gobierno de Castro se habían pronunciado sobre ese crimen de alto impacto que involucra a dos miembros de Guapinol, una de las aldeas del municipio de Tocoa que ha cobrado notoriedad internacional por su oposición al proyecto minero asentado en la zona.
“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, dijo a Expediente Público el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.
Del gobierno central, la única dependencia que se pronunció para condenar los hechos fue la Secretaría de Derechos Humanos.
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El origen del conflicto
El proyecto minero Inversiones Los Pinares está plagado de irregularidades, según ha venido denunciado la comunidad de Guapinol.
En 2014 se le otorgó un contrato de concesión minera sin tener la respectiva licencia ambiental.
“Otra irregularidad fue que presentaron (…) una lista de un supuesto cabildo abierto falsificado, donde decían que las comunidades estaban de acuerdo y que se había socializado, y eso es falso”, añadió el jurista.
El alcalde de Tocoa entonces era Adán Fúnez, quien participó en esas irregularidades “en contubernio con la empresa Los Pinares”, señaló.
Fúnez, quien pertenece al partido Libertad y Refundación (Libre) fue nombrado en el actual gobierno de Castro como el gobernador político del departamento de Colón.
Las irregularidades cometidas para la aprobación de ese proyecto son de conocimiento del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ihgeomin).
Minería en río Guapinol
Incluso, el jurista compartió que hay un informe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia que establece cuáles son las irregularidades en la concesión de la licencia a la empresa Los Pinares.
Pero Mejía Rivera sostiene que, aunque la licencia minera se hubiera otorgado respetando la legalidad, la Ley de Minería es clara cuando dice que, si un proyecto minero pone en riesgo la vida y la salud de las poblaciones, se tiene que suspender.
En el caso del río Guapinol, un año después de la concesión comenzó a cambiar de color, lo que dio origen a una lucha ante la cual el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) hizo oídos sordos.
Pero el proyecto minero impacta también en el río San Pedro, que brinda agua a más de 14 comunidades, y se encuentra en el núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, que “está siendo destruido”, apuntó Mejía Rivera.
El parque nacional se llamaba anteriormente Parque Nacional Montaña de Botaderos, pero como parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno le puso el nombre de un ambientalista de Tocoa asesinado en 1997.
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Falta ratificar Acuerdo de Escazú
“Toda situación de violencia que se produce es responsabilidad del Estado, el Estado debe asumir la protección de quienes defienden derechos humanos”, dijo a Expediente Público la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa.
La parlamentaria, quien también integra la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, destacó que “ellos como defensores de la tierra están defendiendo los bienes comunes, el derecho al agua, el derecho a la vida de la gente que vive en esas zonas en donde la explotación minera está generando graves problemas y riesgos a la vida de las personas”.
Para Figueroa, una de las condiciones más importantes que el Congreso Nacional está pendiente de aprobar es el Acuerdo de Escazú, “que justamente se trata del respeto de las acciones, de la vida y de la integridad de las personas defensoras del ambiente”.
En ese sentido, opinó que “este acuerdo debe sin tardanza ratificarse para poder dar una efectiva apoyo y efectiva protección a quienes defienden el medio ambiente”.
El gobierno debe buscare la solución a estos conflictos “y estamos obligados realmente a ratificar esos acuerdos que no son otra cosa más que la protección a los defensores de la tierra y del medio ambiente”, reiteró.
Falta de voluntad política
“La pregunta es por qué no han dado una respuesta contundente y aplicado la Ley de Minería, que implica la suspensión de ese proyecto minero”, se pregunta el investigador del ERIC-SJ.
“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, acotó.
Se refiere al matrimonio conformado por Lenir Pérez y Ana Facussé, el yerno y la hija “del todopoderoso Miguel Facussé (terrateniente fallecido en 2015), que han heredado ese poder no solo económico y político, sino que también simbólico”.
¿Cuál es el interés en empresa minera?
De allí que “uno se pregunta cuáles son los intereses que hay en las nuevas autoridades en relación con este proyecto minero, cuál es el problema en aplicar la ley, y eso es lo que genera dudas y obviamente creo yo que el gobierno de Xiomara Castro tiene que dar una explicación porque este gobierno es responsable de estos dos asesinatos”, agregó Mejía Rivera, para quien los asesinatos y la criminalización no se van a detener mientras no se resuelva el tema de la licencia ambiental.
“Uno comprende, por ejemplo, que en el régimen anterior estas autoridades no tuvieran reparo en no hacer nada porque, evidentemente estábamos en el marco de una narcodictadura, pero ahora estamos hablando que supuestamente un gobierno solidario, un gobierno del pueblo”, continuó.
Pese a que autoridades actuales han hecho visitas a la zona, emitido declaraciones manifestando su solidaridad con las familias de Guapinol y han denunciado el papel “terrible” del Ministerio Público en la criminalización de los defensores, Mejía Rivera sostiene que eso no es suficiente y que el Poder Ejecutivo a través de MiAmbiente tiene el poder de suspender la licencia minera.
“Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló.
