* “Expediente ONG Nicaragua” documenta la “crudeza de la abolición de la libertad de asociación” en ese país centroamericano donde solo este año se cerraron 2,909 oenegés.
** Organizaciones de derechos humanos documentaron nueve expedientes confirmando que el Estado percibió más de US$4 millones de dólares por la confiscación de oenegés abolidas.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo marcó su propio récord de desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua, agrediendo a 3,142 organizaciones desde 2007 hasta noviembre de 2022, 41 de las cuales sufrieron confiscación de facto y allanamientos, reveló el colectivo conformado por Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La denuncia fue expuesta durante la presentación del “Expediente ONG Nicaragua”, un conjunto de tres informes presentados el 6 de diciembre de 2022 en Costa Rica que documentan la “crudeza de la abolición de la libertad de asociación” en el país centroamericano.
«En 2018 el gobierno reportaba 7,227 personerías jurídicas activas” de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dijo Amaru Ruiz, director de organización Fundación del Río, cuya personería jurídica fue una de las primeras canceladas en diciembre de 2018.
Según Amaru, lo anterior significa que en Nicaragua “tenemos una restricción de más del 42% del espacio cívico que había antes de 2018”.
Asamblea Nacional y Gobernación
En el informe titulado “La Brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua: Violaciones al derecho de asociación bajo el régimen Ortega-Murillo (2007-2022)”, las organizaciones advierten que las acciones de “grave desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua continuarán profundizándose”.
De las más de 3,000 organizaciones canceladas, 1,578 son oenegés nicaragüenses y 328 internacionales que fueron despojadas de sus personerías jurídicas por la Asamblea Nacional en complicidad con el Ministerio de Gobernación (Migob). El resto perdieron su personería jurídica de forma directa a través de acuerdos ministeriales.
El documento destaca que entre las organizaciones canceladas en el transcurso de este año hay 287 asociaciones religiosas, 155 organizaciones de mujeres, 81 asociaciones culturales, 46 asociaciones médicas, 29 medios de prensa independientes, 7 universidades privadas nicaragüenses y 7 universidades internacionales.
“Eso te demuestra la magnitud de esta violación a un derecho humano reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y reconocido en el marco internacional de Derechos Humanos”, enfatizó Ruiz.
Del total de 3,142 organizaciones agredidas por el Estado, este colectivo confirmó que 41 organizaciones fueron sometidas a “confiscación de facto y allanamientos” por la vía de la ocupación policial de sus edificios o “traspasos de hecho” asociados a la cancelación de su personería jurídica.
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El régimen por su parte justifica el cierre señalando supuestos «incumplimiento” en la rendición de cuentas de las organizaciones el Migob, institución que les exige presentar estados financieros y renovación anual de directivas, entre otros requisitos.
Los ataques del régimen en contra de la libertad de asociación dejaron en el desempleo a cientos de personas que trabajaban en las distintas organizaciones cerradas e ilegalizadas, pero afecta también a la ciudadanía que tenía acceso directo a los servicios que prestaban en materia de salud, educación, derechos humanos, formación en temas sociales, acompañamiento en casos de violencia, entre otros.
“Muchas de las organizaciones clausuradas cubrían un rol importante en la sociedad considerando la ausencia del Estado”, detallan en el informe.
Lo millones confiscados a nueve ONG
A través de “Expediente ONG Nicaragua” documentaron nueve expedientes que “serán usados para que las organizaciones involucradas demanden justicia a nivel internacional”.
El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que el cierre de esas nueve organizaciones, de las que no se precisó su nombre, generaron a las arcas del Estado casi US$4 millones en confiscaciones.
“Hay un impacto que no ha sido sustituido, la población queda más vulnerable, porque las organizaciones locales son las que desarrollaban, ejecutaban y gestionaban proyectos de carácter de desarrollo, pero también acciones humanitarias y atención a la población a nivel local y esas acciones quedaron desprotegidas”, mencionó Abarca.
Según “Expediente ONG Nicaragua”, tras el cierre de estas nueve oenegés 50 mil personas quedaron sin atención en especial en la región Norte y Caribe. También quedaron en desempleo, al menos 152 personas que integraban estas organizaciones.
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Katherine Ramírez, de la Fundación Popol Nah, explicó que el régimen no está en capacidad de asumir los proyectos que ejecutaban las organizaciones canceladas en el país centroamericano. “No solamente no hay, sino que tampoco están generando las condiciones para dar esas respuestas. Sabemos que gran parte del Presupuesto General de la República está enfocado a seguridad, pero en realidad sabemos que es el fortalecimiento del aparataje represivo”, dijo Ramírez.
Las anomalías del proceso electoral
En 2022, el régimen aumentó sustancialmente la criminalización de las organizaciones sin fines de lucro, y junto con otras acciones represivas, acabó con todo vestigio de democracia en Nicaragua. Las elecciones municipales celebradas el pasado 6 de noviembre en las que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le asignó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) las 153 alcaldías es otra acción de control político.
El observatorio Urnas Abiertas, que desplegó una red ciudadana de más de 1,700 personas para observar la jornada electoral, procesó 1,871 reportes a través de los cuales identificaron 5,821 anomalías durante las votaciones como: uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los Centros de Votación, entre otras.
“El FSLN continuó con la práctica de utilizar a movilizadores, personas encargadas de realizar visitas casa a casa para coaccionar a la población para ir a votar”, señaló Urnas Abiertas en su informe “Nicaragua Observa: 6 de noviembre”.
La Costa Caribe Sur, Nueva Segovia, Chinandega, Managua, Madriz, Chontales, Matagalpa, Jinotega y León fueron los departamentos con mayores incidencias durante la jornada electoral. Entre el 5 y 6 de noviembre pasado, Urnas Abiertas recibió 205 denuncias referidas sobre hechos de violencia política.
El informe confirmó que la afluencia a las urnas fue de solo el 17.33% y el abstencionismo llegó hasta el 82.67%.
