*Entre 2015 y 2023, la Policía de Nicaragua aumentará en 88% su presupuesto, según datos oficiales. El próximo año le serán asignados US$120.3 millones para seguir reprimiendo al pueblo.
**La institución sancionada por Estados Unidos, señalada de organizar, movilizar y actuar como escuadrones de la muerte perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, incrementará su número de agentes de 12,694 a 17,131 en ocho años.
*** EE.UU. ha sancionado al jefe de la Policía Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y a los comisionados Fidel Domínguez Álvarez, Justo Pastor Urbina, Luis Alberto Pérez Olivas, Juan Valle Valle y Ramón Avellán por su implicación en “graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua” y “disparar indiscriminadamente para matar a manifestantes pacíficos”.
Expediente Público
La Policía, institución que constituye el principal brazo y fuerza represora del régimen de Daniel Ortega y que ha perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, recibirá el próximo año un millonario presupuesto, todavía mayor que el destinado al Ejército de Nicaragua.
La entidad que preside el primer comisionado y sancionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Rosario Murillo, en 2023 tendrá un incremento de 6.53% con respecto a 2022, según datos oficiales analizados por Expediente Público.
Las cifras del Presupuesto General de la República confirman que la institución recibirá una asignación de 4,311 millones de córdobas (US$120.3 millones), lo que confirma el pago por su lealtad al régimen y evidencia el ritmo acelerado con el que viene incrementando esa partida anualmente desde el año 2015.
“Esos incrementos de presupuestos tienen que ver con mantener de alguna manera la lealtad de ambos aparatos”, explicó a Expediente Público Elvira Cuadra, investigadora y experta en seguridad ciudadana, refiriéndose a la Policía y al Ejército.
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US$216 millones para Policía y Ejército
El Ejército de Nicaragua, acusado por Estados Unidos de no desarmar a los grupos paramilitares durante las protestas de 2018, tendrá en 2023 el más alto presupuesto de los últimos nueve años. La asignación corresponde a US$96.5 millones como resultado de su incansable apoyo al régimen.
Esto significa que Ortega destinará el próximo año 216 millones de dólares del presupuesto para garantizar que la Policía y el Ejército sigan reprimiendo a la población civil y respaldar así la continuidad de su régimen.
Entre 2015 y 2023, la Policía aumentó cada año sus ingresos presupuestarios y aunque tuvo un decrecimiento en 2019, posteriormente continuó la senda de crecimiento. Hace nueve años, la institución policial tenía un presupuesto de 2,292.1 millones de córdobas, que para la época representaban US$84 millones.
Los fondos de 2018, aprobado meses antes del estallido de la crisis sociopolítica, reflejó una asignación de 3,681.6 millones de córdobas (US$116.6 millones) a la institución que todavía presidía Aminta Granera, quien pasó a retiro en agosto de ese año tras casi 12 años de estar al frente del cuerpo policial que estuvo en medio de una masacre que dejó a 355 civiles asesinadas y más de 2 mil personas heridas por armas de fuego que en algunos casos quedaron lisiados de por vida.
Una investigación de Expediente Público evidencia que Granera contribuyó a la descomposición policial y también a la cooptación de los mandos de primera línea y de nivel intermedio a través de promociones de cargos y rangos adelantados, cuando no les correspondía.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) que hace unas semanas inició una demanda por delitos de lesa humanidad en Argentina contra Ortega, Murillo y otros altos funcionarios, también anunció que incluirá a Granera por ordenar y ejecutar acciones que quitaron la vida a cientos de civiles.
¿Qué pasó después de 2018?
En agosto de 2018, a través del acuerdo presidencial número 98-A-2018, Ortega nombra a su consuegro, Francisco Díaz, para que esté al frente de la institución que a la fecha sigue cometiendo los más graves abusos de derechos humanos contra la población y continúa premiándolo con mayores desembolsos de dinero.
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En 2019, los ingresos presupuestarios disminuyeron 8.4 millones de dólares con respecto al año de la crisis, pero a partir de 2020 cuando recibieron 3,836.2 millones de córdobas (US$111.7 millones) se le siguió desembolsando más dinero a los policías.
Este año la Policía tuvo un presupuesto inicial de 4,048.1 millones de córdobas (US$113 millones). Del monto inicial asignado, según datos del presupuesto de liquidación, a junio de 2022 había ejecutado el 53.12%.
Para 2023, le sumaron 262.9 millones de córdobas (US$7.3 millones) más al techo presupuestario que deberá ejecutar la institución castigada por Estados Unidos. El 93.9% del presupuesto aprobado para el próximo año tiene como fuentes de financiación fondos de las rentas del tesoro y el 6.1% de rentas con destinos específicos.
El gasto en concepto de «otras retribuciones adicionales al personal permanente» presentará un fuerte incremento de casi 90 millones de córdobas al pasar de 242.3 millones de córdobas (US$6.8 millones) en 2022 a 332.1 (US$9.2 millones) en 2023.
Asimismo, se prevé una fuerte inversión por 40.5 millones de córdobas (US$1.1 millones) para “construcciones y mejoras de bienes de defensa y seguridad». Según el documento oficial ese gasto pasará 214.5 millones de córdobas (US$6 millones) a 255.1 millones de córdobas (US$7.1 millones) en 2023.
Salarios incrementarán 140.4% desde 2015
El gasto destinado a salarios también incrementa anualmente en el presupuesto de la Policía. En 2023 incrementará en 52.5 millones de córdobas con respecto a 2022, es decir 1.5 millones de dólares aproximadamente.
Lo anterior significa que el incremento se verá reflejado al pasar de 1,749.5 millones de córdobas (US$48.8 millones) a 1,802 millones de córdobas (US$50.3 millones) solo para el gasto de salarios, según datos analizados por Expediente Público.
Los informes de liquidación presupuestaria de 2015 evidencian que para ese rubro en específico ese año se destinaron 749.4 millones de córdobas (US$27.4 millones). Esto significa que la partida para salarios hasta 2023 incrementará 140.4%.
Más salarios por reprimir
Lo anterior permitirá que el salario promedio entre 2015 y 2023 pase de 59,042.88 córdobas (US$2,165.9) a 105,189.52 córdobas (US$2,937.4).
Esa variación del salario promedio nominal del personal permanente entre 2015 y 2023 de la Policía será mayor a 78.1%.
Hasta 2021, los incrementos en los salarios promedios de la institución del orden público fue mejor que los incrementos del gobierno central que solo aumentó 32% y que el promedio de los asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que lo hizo en 38.6%.
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Para 2023, en relación con el año anterior, se estima un aumento promedio del 2.9%. Los años de mayores aumentos fueron 2017 (30.2%), 2016 (9%) y 2019 (8.3%), según análisis de Expediente Público.
“Mejorar los salarios del personal significa tratar de mantenerlos plegados y que sean leales al régimen”, insistió Cuadra.
Estructuras policiales
La fuerza policial entre 2015 a 2023 aumentará un 34.9%, pasando de 12,694 agentes a 17,131. Lo anterior significa que este periodo analizado, la institución admitió 4,422 nuevos integrantes, pese a que la percepción ciudadana de seguridad disminuyó y con ello la confianza en la institución.
La Policía es acusada de ser “cómplice, o ser responsable de ordenar, controlar o instruir de otra forma, o partícipe a sabiendas en forma directa o indirecta, en relación con actos significativos de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018”, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020.
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En este lapso es relevante mencionar el cambio en las proporciones de la estructura policial: en 2018, antes de la crisis, por ejemplo, el personal en actividades centrales, en las que participa la jefatura nacional, representaba el 7.7% (1,118 agentes) y en 2019 se duplica y representa el 15.3% (2,320 personas) del total de personas que conforman la Policía.
El peso de las sanciones
Francisco Díaz, consuegro de Ortega, fue uno de los primeros sancionados por Estados Unidos en 2018. Bajo el mando de este personaje la Policía Nacional “ha cometido graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua”, señaló el Departamento del Tesoro en julio de 2018.
La Policía fue acusada de “disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos” en los momentos más álgidos de las protestas.
A esa lista de sancionados se incluyen Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la delegación de León, en el occidente del país centroamericano; Justo Pastor Urbina, Luis Alberto Pérez Olivas, Juan Valle Valle y Ramón Avellán.
El 24 de octubre de 2022, Estados Unidos también impuso restricciones a visas a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares, entre quienes se incluyen miembros de los servicios de seguridad nicaragüenses, como la Policía Nacional de Nicaragua, medidas que golpearon de manera más fuerte a quienes apoyan al régimen considera la investigadora y experta en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra.
“Las sanciones que se han aplicado a nivel intermedio, como el hecho de retirar las visas de Estados Unidos para que puedan viajar a ese país, es una de las sanciones o medida de presión que más efecto ha tenido, no tenemos manera de medir qué nivel de profundidad tiene ese efecto, pero es claro que hay mucho descontento y ha puesto a pensar a la gente sobre su nivel de lealtad con respecto a Ortega”, puntualizó Cuadra.
