*CIDH preocupada por la “ausencia” total de condiciones para elecciones transparentes.
**Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, lamenta que a nicaragüenses no se les permita elegir libremente.
Expediente Público
Los procesos electorales que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega, ya no convencen a nadie. Incluso, ahora organismos internacionales y figuras políticas internacionales alertan de antemano la nueva farsa electoral que se concretará este 6 de noviembre Nicaragua en las elecciones municipales donde los nicaragüenses no podrán elegir libremente ya que decenas de líderes de la oposición permanecen detenidos desde 2021, no hay verdaderos partidos de opositores y la ciudadanía no puede expresarse libremente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas en Nicaragua, por lo que urge al Estado a restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión”.
En página oficial, la CIDH publicó una nota de prensa este 4 de noviembre para expresar que las votaciones donde se elegirán 6,088 cargos de alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios este 6 de noviembre, se celebrarán “en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales”.
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EE.UU.: no hay elección libre
También el Departamento de Estado se pronunció el 4 de noviembre, a través del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien expresó en su cuenta de Twitter que “a los nicaragüenses se les negará otra vez el derecho de escoger libre y limpiamente a sus autoridades municipales. Mientras los líderes de oposición continúen presos o exiliados y a sus partidos se les niegue la participación, los nicaragüenses no tendrán opciones en otra farsa electoral”.
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Cada 5 años, los nicaragüenses eligen alcaldes, vicealcaldes y miembros de los concejos municipales, desde 2008, tras el retorno de Daniel Ortega al Poder, estos comicios están dominados por fraudes y violencia política contra los opositores, en las elecciones de 2017, por ejemplo fueron asesinados dos miembros del partido Ciudadanos por la Libertad, en Yalí, un municipio al norte del país.
Este año, las elecciones se llevan con más de 200 presos políticos, donde se denuncian capturas previas y durante el fin de semana electoral.
“La Comisión constató el recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas, entre ellas, integrantes del partido del político Unión Democrática Renovadora (Unamos). Se recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de Unamos en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de Unamos y exiliado, ocurridos el 4 de septiembre pasado. Asimismo, se registraron al menos diez detenciones de integrantes de Unamos y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos”, dice la nota de prensa.
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Alcaldías en manos del FSLN
La Comisión también recordó la toma de las últimas cinco alcaldías opositoras en Nicaragua, sustituidas de facto por sandinistas. A Ciudadanos por la Libertad (CxL) le fue cancelada su personería jurídica fue cancelada en 2021-, luego de allanar las sedes el pasado 3 y 4 de julio. Se registra que desde el año 2018, “el Frente Sandinista habría tomado el control de facto de 7 alcaldías, de un total de 18 que no eran gobernadas por el partido oficialista”.
Otros señalamientos de la CIDH a las elecciones municipales son las reformas electorales de mayo de 2022 que limita la fiscalización ciudadana del “proceso electoral exprés”,-con menos Juntas Receptoras de Votos, una campaña electoral de 20 días y la integración de los Consejos Electorales en 5 días.
Esto ocurre en un contexto de cierre de organizaciones civiles, casi tres mil desde 2018, no solo de carácter político, gremial, sino, religioso e incluso humanitario, tanto nacionales como extranjeras.
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Bozal en elecciones municipales
“La persecución, hostigamiento, asedio policial en contra de trabajadores de la prensa, así como el cierre de al menos 54 medios de comunicación nacionales y la creación de un cerco de censura que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país”, destacó la CIDH.
La Comisión “lamenta la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno”.
Además, recuerda que “el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”, continuó la nota.
Finalmente, se pidió al Estado garantizar “la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras”.
