* Ricardo Zúniga, Subsecretario Adjunto Principal de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, advierte que con esta medida pretenden mostrar la capacidad que tienen de actuar contra entidades que están “fortaleciendo y ayudando a la implementación de este poder autoritario por parte del régimen Ortega Murillo”.
**La administración de Joe Biden también sancionó al exjefe de la Dirección de Seguridad del Estado en los años ochenta, Lenín Cerna, “persona de confianza” de Ortega y también canceló 500 visas de personas vinculadas con el régimen de Nicaragua.
***Estados Unidos además recuerda al régimen sus lazos con Vladimir Putin y cómo contribuye a que “Rusia continúe su invasión de Ucrania”.
Expediente Público
La administración del presidente Joe Biden pretende acabar con el millonario negocio del oro del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señala de utilizar las ganancias de la producción y venta para “intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción” en el país centroamericano y para provocar “inestabilidad en el mundo”, al apoyar los ataques de Rusia contra el pueblo ucraniano.
Estados Unidos advirtió que, los “gobiernos que niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos, no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”.
“El mercado del oro es un mercado global y siempre hemos tenido muchas preocupaciones acerca del movimiento ilícito del oro para apoyar acciones, que nosotros pensamos, que ponen en peligro la paz internacional y el estado de derecho, ese es el caso en Nicaragua”, dijo hoy en una rueda de prensa el Subsecretario Adjunto Principal de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga.
En consecuencia, este 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas (DGM), identificada como una oficina subordinada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua, institución controlada por Salvador Mansell Castrillo, un funcionario del régimen también sancionado conforme Orden Ejecutiva 13851 del 15 de noviembre de 2021.
EE.UU. recuerda al régimen sus lazos con Rusia
Con las sanciones contra del sector oro, el Departamento del Tesoro se propone interrumpir la posibilidad del régimen de Ortega Murillo de “usar el producto de la venta del oro con el fin de reprimir al pueblo nicaragüense”.
Estados Unidos, sin embargo, recordó a Ortega sus lazos con el régimen de Vladimir Putin de Rusia.
“El régimen ha utilizado ese poder para intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción en la que incurre y para provocar inestabilidad en el mundo, lo que incluye contribuir a que Rusia continúe su invasión de Ucrania”, añadió el Departamento del Tesoro.
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El pasado 21 de octubre, Ortega autorizó a su embajadora en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, firmar un acuerdo con Moscú «sobre la cooperación en el campo de las aplicaciones no energéticas de la energía atómica con fines pacíficos».
Nicaragua, el 12 de octubre, también votó a favor una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se rechazó la anexión ilegal de cuatro territorios ucranianos a Rusia. El representante del régimen se puso a la par de Belarus, Corea, Siria y la misma Rusia.
Oro nicaragüense castigado
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, se enmarcan con lo establecido en la Orden Ejecutiva 13851, emitida el 27 de noviembre de 2018 por el expresidente Donald J. Trump para sancionar a varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua.
Desde la sanción de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), en junio de 2022, la DGM fue la oficina encargada de gestionar la mayoría de las operaciones mineras en el país centroamericano en “nombre del gobierno”, señaló la administración de Biden.
“La DGM es un elemento importante de las operaciones de extracción de oro controladas por el Estado en Nicaragua. Ortega y sus secuaces usan el lucro originado en la producción y comercialización del oro para enriquecerse y premiar a quienes mantienen al régimen en el poder”, refiere el documento de la sanción.
Las exportaciones de oro nicaragüenses venían creciendo a buen ritmo en Nicaragua. En 2021, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), el oro se consolidó como el primer rubro de exportación en Nicaragua con US$880.4 millones.
Subsecretario Zúniga: actuamos en serio
“Estamos tomando esa medida, porque sabemos que el mercado de los Estados Unidos es el mercado principal para el oro nicaragüense y queremos mostrar que tenemos capacidad de actuar contra entidades que están fortaleciendo y ayudando a la implementación de este poder autoritario por parte del régimen Ortega Murillo”, advirtió Zúniga en la conferencia telefónica en la que estuvo Expediente Público.
Zúniga agregó que las nuevas restricciones a inversiones en el sector minero también “abren el paso a tomar medidas contra otros sectores de la economía de Nicaragua”.
“Es algo que hemos tratado de hacer con bastante cuidado para no afectar las vidas de los nicaragüenses”, dijo.
Agregó que la medida anunciada por la administración Biden “tiene el respaldo fuerte de nuestro Congreso”.
“Queda claro que el sector minero es uno que ha beneficiado de una forma desproporcionada al presidente (Ortega), a su familia, y a sus aliados para mantener el control autoritario en Nicaragua”, enfatizó el funcionario estadounidense.
Estados Unidos exige rendir cuentas
Además de las acciones del régimen que a lo largo de este año continuaron cerrando los espacios para la sociedad civil, Estados Unidos identificó un incremento en los lazos de “cooperación en seguridad con Rusia”.
El acercamiento de Nicaragua con Rusia no es bien visto por la administración Biden, debido que consideran que aquellos que “niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”.
El Secretario de Estado, Antony J. Blinken, insistió que Estados Unidos, junto a aliados y socios, mantiene su apuesta por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
“Nos proponemos emplear las herramientas diplomáticas y económicas de las que disponemos para promover que el régimen de Ortega Murillo rinda cuentas, además de reiterar nuestro reclamo de que se libere de manera inmediata a incondicional a los presos políticos y exhortar a que se reconstituya el espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”, dijo Blinken.
Sanciones contra Lenín Cerna
El operador político del régimen, Lenín Cerna, identificado como una “persona de confianza” de Ortega, también fue incluido en la lista de sancionados por Estados Unidos.
Zúniga dijo que el exjefe de la Dirección de Seguridad del Estado en los años ochenta en Nicaragua fue sancionado por ser estrictamente “una persona de confianza y también conforme a este decreto por su carácter de funcionario”.
Cerna, según la declaratoria del gobierno estadounidense, habría estado implicado en numerosos incidentes de “violencia, homicidio y torturas, y admitió tener nexos con organizaciones terroristas conocidas”.
A finales de 1979, Cerna se desempeñó en el Consulado de Nicaragua en Honduras y habría colaborado en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle.
Cerna, quien tiene reputación de “temido torturador”, presuntamente fue la persona que proporcionó el arma que mató a Salazar.
Cancelan 500 visas
Zúniga además confirmó que la administración Biden revocó 500 visas a personas que en Nicaragua siguen apoyando al régimen Ortega Murillo.
“Nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega Murillo debe creer que pueden viajar libremente a Estados Unidos”, dijo el funcionario estadounidense en una conferencia de prensa vía telefónica.
La medida se da conocer cuando faltan menos de 15 días para las elecciones municipales en Nicaragua, que se realizarán el 6 de noviembre para elegir a alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país centroamericano.
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La sanción dictada por el Departamento de Estado alcanza a personas de los servicios de seguridad nicaragüenses, como la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios del sistema de educación superior y actores no gubernamentales.
Cada uno de los sancionados “posibilitan la represión y la corrupción por parte del régimen”, señaló el gobierno de los Estados Unidos.
La medida es conforme con la Proclama Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos a los allegados del régimen de Nicaragua, que ayudan a las políticas o acciones que “socavan las instituciones democráticas” en el país centroamericano.
Desde 2018, al menos 40 altos funcionarios del régimen de Ortega han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea debido a su ataque a la sociedad civil y a opositores. También Estados Unidos ha cancelado visas a cientos de funcionarios que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses.