*Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos detalla 8 recomendaciones en los que el régimen de Nicaragua se ha negado a trabajar desde 2018.
**45 países firman declaración conjunta para pedir al régimen de Ortega que trabaje con los organismos de derechos humanos, restablezca la democracia, libere a los presos políticos y termine la represión contra los medios y demás representantes de la sociedad civil nicaragüense.
Expediente Público
“El progresivo aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional y su renuencia a cooperar con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos es motivo de gran preocupación”, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El informe sobre la situación de Nicaragua fue presentado por Christian Salazar, director de la OACNUDH en el segundo día de la 51 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, entre el 12 de septiembre y el 7 de octubre. El reporte brinda no solo un resumen de los recientes abusos del Gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos, incluyendo los ataques a la iglesia católica y el encarcelamiento de sacerdotes, también acusa al régimen de omitir toda recomendación.
“En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. El Gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico”, declaró en la sesión del Consejo.
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OACNUDH ha hecho una serie de recomendaciones al régimen de Nicaragua, desde la liberación de presos políticos, la apertura a un diálogo integral, hasta reformas en el sistema de justicia penal, electoral y judicial.
“Las recomendaciones de la Alta Comisionada en todos sus informes constituyen una hoja de ruta con acciones concretas para apoyar a Nicaragua en esta tarea, para así encaminarse a superar la crítica situación actual, con el esencial apoyo de la comunidad internacional”. Pero “el Estado no se presentó a la revisión de sus informes ante dos órganos de tratados en julio y agosto pasado, y sigue incumpliendo de forma generalizada las recomendaciones de la Oficina, los mecanismos de este Consejo y los Órganos de Tratados”, señaló Salazar.
Declaración conjunta
El representante de Ecuador presentó una declaración conjunta firmada por 45 países, apoyando el informe. Urgió a las autoridades de Nicaragua a colaborar abiertamente con los organismos de derechos humanos, restablecer el espacio democrático, liberar a los presos políticos, garantizar la independencia judicial, terminar las detenciones políticamente motivadas y la represión hacia los medios, como a las minorías. Del mismo modo, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y asumir sus recomendaciones.
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A pesar del respaldo a la declaración, la mayoría de los miembros latinoamericanos del Consejo no firmaron: Argentina, Cuba, Bolivia, Honduras, México y Venezuela, solo Paraguay y Brasil lo hicieron.
Dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) también se abstuvieron de apoyar: República Dominicana, Guatemala y El Salvador. Solo Costa Rica y Panamá respaldaron la declaración.
Por otra parte, otros países de la región que apoyaron la declaración fueron Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.
Testimonios
En la presentación fue transmitido un video de Carla Mendoza, hermana del preso político Miguel Mendoza, cronista deportivo encarcelado por sus críticas en Twitter contra el régimen.
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“Ha sido sometido a diferentes torturas, las más inhumanas a él y su hija pequeña, le han negado comunicarse y verse, solicitamos alzar sus voces y unirse a nosotros y demandar la liberación de Miguel Mendoza y todos los presos políticos de Nicaragua”, dijo.
La fundación Freedom House cedió su lugar en la sesión a Susana López, madre de Gerald Vásquez, estudiante universitario asesinado en la Operación Limpieza 2018 en la iglesia Divina Misericordia de Managua, donde se había refugiado.
López brindó una declaración en video y explicó que «esa misma Iglesia católica que ayer dio refugio, es ahora perseguida por tener una voz que acompaña a las víctimas. Más de cuatro años después, el asesinato de mi hijo sigue en la impunidad, igual que los crimenes de más de 355 personas. Mi familia y yo nos encontramos en el exilio por pedir justicia».
El representante de Estados Unidos en el Consejo, puso atención a las condiciones de los presos políticos, el cierre de espacios cívicos y los ataques a la Iglesia católica, así como garantizar elecciones libres y el trabajo con organismos internacionales de derechos humanos.
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La embajadora de España, Aurora Díaz-Rato Revuelta, también consideró que Nicaragua debe permanecer en la agenda del Consejo. Reiteró el cierre de organizaciones civiles, reclamó la liberación de todos los presos políticos y la restitución de los derechos ciudadanos, además del cese de la represión y demandó permitir el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado.
El embajador Luis Chuquihuara, del Perú, lamentó la falta de voluntad de Nicaragua para cooperar con los sistemas de protección de derechos humanos y llamó a liberar los presos políticos, entre otras medidas.
