Durante décadas las tierras pertenecientes a los garífunas, en el Caribe de Honduras, han sido pretendidas por diversos grupos económicos, e inclusive por carteles del narcotráfico, para ejecutar proyectos turísticos o bien para usarlas como corredor para el traslado de estupefacientes.
La aldea de Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, no es un caso único, pero sí paradigmático de lo que ocurre a esta etnia afroindígena, asentada en Honduras en 1797. En los últimos años al menos cuatro de sus pobladores fueron asesinados por conflictos de tierra y el 18 de julio de 2020, otros cinco fueron desaparecidos, sin que las autoridades hayan dado respuesta en ninguno de los casos.
Ante la falta de justicia en Honduras, sus representantes la buscaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado reivindicar el derecho a la tierra en una sentencia emitida en 2015, de la cual nada se ha cumplido.
Expediente Público presenta un especial que recoge el contexto de impunidad, injusticia y falta de interés en proteger los derechos de esta etnia representativa de los hondureños.
