*El Partido Libertad y Refundación, en el poder, pretende aprobar una nueva Ley de Defensa que regule las políticas de seguridad, defina una lista de amenazas y señale quienes son los potenciales enemigos del Estado. Opositores advierten que se podría criminalizar la protesta y darle facultades excesivas a un secretario ejecutivo.
**Carlos Barrachina, profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales señala que en la figura de secretario ejecutivo encaja bien, como una “copresidencia”, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales “o alguien muy cercano”.
***¿Cuánto se copia del sistema represivo de Nicaragua?
Expediente Público
La derogación de la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobada por Juan Orlando Hernández en 2011, cuando era presidente del Legislativo, fue una propuesta de campaña de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, durante los primeros seis meses de gobierno pasó como un tema casi intrascendente, hasta que en agosto de 2022 se volvió un punto central de la agenda del Congreso Nacional y del Ejecutivo.
El pasado 17 de agosto del 2022, el poder ejecutivo presidido por la presidenta Xiomara Castro mandó al Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con la solicitud de aprobarse de inmediato, lo que generó controversia en lo interno del hemiciclo.
El debate se centra entre quienes advierten de una excesiva concentración de poder en la figura de un secretario ejecutivo, los que acusan de que estarían copiando al sistema represivo nicaragüense y también están los afines al oficialismo. En cambio, diputados del gobernante Libertad y Refundación (Libre), así como miembros del Partido Salvador de Honduras (PSH), aseguran que la nueva ley es mejor, porque la anterior concentraba el poder en la figura presidencial.
Aseguran que dicha ley no subordina a los poderes Judicial ni Legislativo al Ejecutivo. La alianza de Libre y PSH permitió a Castro llegar al gobierno.
Temores a una dictadura
“Esta ley ha causado debate porque la gente tiene miedo que se repita” la historia de los últimos años, y que se transite a un régimen dictatorial, se ha estado hablando de una narco dictadura, de un golpe de Estado. Creo que en algunos momentos fueron muy irresponsables y eso ha ido generando un caldo de cultivo”, refirió Carlos Barrachina, Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN).
El analista explicó a Expediente Público que “vivimos en sociedades muy autoritarias y Honduras es un país muy autoritario”, con líderes de ese corte, como el expresidente Manuel Zelaya, “igual que buena parte de la clase política hondureña”.
Barrachina, quien también es profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, insistió en que hay sectores hondureños que “les da miedo una concentración de poder” y más cuando la ley está redactada de un modo que “parece” ya tener nombres y apellidos.
“En la figura del secretario técnico y de su asistente o el adjunto, pareciera que reflejara una personalidad concreta y eso yo creo que ha generado miedo”.
El profesor Barrachina, se refiere a lo estipulado en el artículo 9 del proyecto de ley, donde se crea la nueva figura. “El secretario ejecutivo del Consejo y el secretario Adjunto del mismo, serán nombrados por la presidenta de la República, dependerán directamente de ella, contarán con un equipo técnico especializado y un presupuesto asignado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República”, se lee en la propuesta.
Institucionalidad marginada
Enfatizó que el proyecto “es una pérdida de oportunidad de hacer una ley más democrática” con la creación de la figura de secretario técnico “paralela a la de la Presidencia”.
Para esa figura, algunas “personas me dicen que no, que no se está pensando en Manuel Zelaya. Pero da toda la impresión de que se estaba pensado para una segunda presidencia, no una copresidencia del país, esa figura y esa persona solamente puede ser Manuel o alguien muy cercano”.
Uno de los vacíos importantes en la propuesta es el mecanismo de control del secretario técnico que presidirá el Consejo de Defensa y Seguridad, sobre todo porque “se interpone” como “nueva figura política entre el jefe de las Fuerzas Armadas y la Presidencia” de la República.
Barrachina recomienda para evitar confusión en los roles del secretario técnico a la vez de asegurar la democratización, “combinar a ciudadanos con perfiles profesionales distintos dentro de la función de la defensa y de la seguridad”. “Pero aquí se deja la institución hacia un lado y lo primero que se le ponen son jefecitos para que le vayan dando órdenes”.
El experto recuerda que en Honduras “hay una debilidad institucional muy grande” y a fin de evitar una profundización de la crisis política se requiere del Gobierno “buena voluntad de tratar de concertar” acuerdos y “no de tratar de dividir”.
Una propuesta descartada
Para darle continuidad a la promesa de la presidenta Castro, la abogada Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó el 19 de abril del 2022 un proyecto para abolir la ley del 2011. Su argumento es que esta ley es inconstitucional porque coloca al Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes.
Sin embargo, esa propuesta se engavetó. Espinoza informó que ni siquiera fue enviada a comisión de dictamen, el primer paso para poner a punto una ley y luego ser debatida en el pleno del Congreso.
“No hay sentido de urgencia porque desde abril presentamos el decreto de su derogatoria y hasta que lo presenta el Ejecutivo entonces hay sentido de urgencia”, expresó a Expediente Público, la diputada Espinoza.
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Necesidad de consenso
El17 de agosto del 2022 se presentó ante el Congreso Nacional, una propuesta de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, desde el Poder Ejecutivo. La bancada oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), propuso la dispensa de dos debates. La ley establece que un proyecto de ley debe ser debatido y aprobado en tres sesiones. Sin embargo, en casos excepcionales, por la urgencia de una ley, un legislador puede solicitar que se apruebe en un solo debate si el pleno aprueba la dispensa de los otros dos.
Diputados de las bancadas de PSH, Liberal y Nacional, se quejaron de que no les dieron oportunidad para profundizar en el dictamen y se negaron a aprobar la nueva ley.
La diputada Espinoza confirmó que el proyecto les “fue entregado el mismo día, a escasos minutos de su discusión y no hubo tiempo para hacer la valoración”, por lo que se opusieron a la dispensa de los debates.
Para Espinoza, ese tipo de prácticas, de no entregar los proyectos de ley con antelación es “un problema serio que se debe denunciar” y se “tiene que parar”.
Reclamos
Al igual que Espinoza, la también diputada por el PSH, Ligia Ramos, expresó a Expediente Público su descontento con el hecho de que no se haya socializado la iniciativa de ley con los demás partidos y sectores.
“Les solicitamos que no se dispensaran los debates y que nos dieran oportunidad para estudiarla, hacer nuestro análisis y nuestra contribución. Ellos (la bancada oficialista) se molestaron, ese es el problema que hay, esa es la esencia”, indicó.
Ramos asegura que el hecho de que su bancada no votara por la aprobación de la ley durante la sesión del 17 de agosto, no significa “que estemos en contra”. Sin embargo, tanto Ramos como Espinoza consideraron que la nueva ley deberá ser objeto de algunas modificaciones.
Uno de los cuestionamientos es que no se deben «duplicar funciones», en alusión a que la nueva ley estaría otorgando al secretario ejecutivo, facultades similares a las de la presidenta de la República, señaló Ramos.
La negativa del Partido Nacional
Paralelamente, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, también sostuvo a Expediente Público, que se trata de una “ley sensible en este tema de seguridad y la quisieron aprobar a matacaballo” (atropelladamente).
“Como esta gente está borracha de poder todo lo quiere a fuerza. No quiere construir por Honduras y eso es lo que nos llevó a pedir más espacio, más tiempo y que no se aprobara a la velocidad del rayo”, expresó Zambrano.
Tomás Zambrano es abogado de profesión, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una larga trayectoria política; funge como diputado desde el 2010, y actualmente es el líder de la bancada nacionalista. Se perfila como aspirante a la candidatura presidencial en el periodo (2026-2030).
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La socióloga e investigadora Leticia Salomón, manifestó a Expediente Público que “el que las usa, las imagina”, y que fue “el Partido Nacional, quien impuso esa práctica en el Congreso de que el Poder Ejecutivo mandaba una iniciativa de ley, se le dispensaban dos debates y se aprobaba sin que se dieran cuenta siquiera qué habían aprobado”.
¿Se asemeja al sistema represor de Nicaragua?
Zambrano señala que al analizar la propuesta de ley “identificaron que contiene ilegalidades, abusos e inconstitucionalidades”. El Partido Nacional, quien gobernó 12 años Honduras, en un comunicado de prensa califican la iniciativa como una imitación de la legislación nicaragüense.
Sin embargo, analistas advierten un giro en el discurso del Partido Nacional, que en doce años de gobierno nunca cuestionaron las políticas del régimen sandinista y tampoco votaron en su contra en los foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos. Ahora mismo, algunos funcionarios que trabajaron junto al expresidente Juan Orlando Hernández están refugiados en Nicaragua.
El régimen que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un poder absoluto. Mediante argucias legales han criminalizado y encarcelado a opositores, pero también han cerrado más de 1,600 organizaciones sin fines de lucro entre 2018 y agosto del 2022.
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Concentración de poder
El Partido Nacional asegura que el proyecto “conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la Presidencia de la República”.
Además, advierten de “varias amenazas a la democracia y la libertad”, una de ellas es la elaboración de una «Agenda Nacional de Riesgos», y enfatizan que sería una “ley similar a la de Nicaragua, en la que todo opositor al régimen, al entrar en esa lista negra, se convierte en una amenaza para el Estado, y, por tanto, es blanco de represión, exilio y muerte”.
Aseguran que otra evidente amenaza es “no definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley sí existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o a la empresa privada”.
La lectura de los nacionalistas es que se crea la figura de secretario ejecutivo, “a quien se le pretenden delegar todas las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan, en la Constitución, al presidente de la República. Asimismo, le asigna atributos que se derogaron con la Ley de Secretos, y precisamente esta sería la nueva Ley de Secretos del régimen Zelaya-Castro».
¿Secretario ejecutivo o copresidente?
Zambrano, el jefe de la bancada del PN, confirma el análisis hecho en el comunicado y reiteró su opinión de que es una copia de leyes de Nicaragua. Lo “primero, que criminaliza las protestas o los reclamos que pueda realizar un sector”.
Eso porque en el artículo 5, inciso XII del proyecto de ley, figura como amenaza a la seguridad pública todo «acto tendiente a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Y acciones en contra de la economía, las finanzas públicas y el patrimonio nacional”.
En su análisis, el centro de pensamiento Expediente Abierto hace una comparación con lo que ocurre en Nicaragua, donde “el Estado está acusando a políticos opositores, ONG y la Iglesia católica del ejercicio de actos terroristas porque llevaron a las calles la protesta social”.
Asimismo, agrega que bajo esas circunstancias y bloqueos “que se generen en acciones de protesta social serían amenazas a la defensa y seguridad nacional”.
Zambrano también criticó que cualquier comentario de alguien de la comunidad internacional “vendría a considerarse como amenaza contra la seguridad del Estado”.
El diputado se refiere al artículo 5, numeral II del proyecto de ley, donde se contemplan como amenazas “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado hondureño”.
Que no se use para criminalizar
Expediente Abierto, concibe la anterior disposición como “vago y potencialmente aplicable a lo que el Estado conciba arbitrariamente como un acto de interferencia extranjera”. Un ejemplo de ello sería: “una ONG que denuncie corrupción o violación del Estado de derecho y reciba fondos del extranjero”.
Los críticos del proyecto de ley temen que la amistad y cercanía entre la familia Zelaya-Castro y la pareja Ortega-Murillo, esté facilitando el contexto para que desde la presidencia de Honduras se esté construyendo ya la narrativa de una Honduras socialista.
Sin embargo, para la socióloga y académica Leticia Salomón la comparación con Nicaragua es “indudablemente una afirmación total y absolutamente descabellada”. Agrega que se debe tomar la nueva propuesta, “leerla y enterarse cualquier persona con un mínimo de conocimiento de que nada de eso está incluido en la nueva ley”.
Barrachina también es del criterio que la nueva ley no “tiene nada que ver con Nicaragua o Venezuela, con regímenes autoritarios. Eso viene avalado desde la conferencia de la OEA del año 2003”, donde se estableció el concepto de “seguridad multidimensional”.
No son de izquierda
Para el académico, ni Xiomara Castro o su esposo, el expresidente Manuel Zelaya (período 2006-2009) “son personas de izquierda”, sino que “han aprovechado una coyuntura política que los ha llevado hacia esa situación” y que en realidad son “políticos autoritarios, que no comprenden lo que es una democracia real, una democracia en la que los ciudadanos cuenten”.
El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, aconsejó que no se caiga “en un error político bajo el manto de la democracia como lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela y otros países de Latinoamérica”, que bajo una supuesta democracia y populismo “se están cercenando derechos y garantías a los ciudadanos”.
Manifestó su esperanza de que la ley no sea manipulada para afectar o favorecer a determinados sectores. Tampoco “para criminalizar o para ejecutar escuchas de los teléfonos de los grupos o sectores sociales, que pongan en riesgo derechos y garantías” de las personas.
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¿Campaña de desinformación?
Para diputados del ala oficialista, como Ramón Barrios, de Libre, “la actitud del Partido Nacional es confundir al pueblo hondureño y no aceptar que con la ley por la que ellos votaron en el Poder Legislativo crearon un pequeño dictador, un monstruo, un delincuente que se llama Juan Orlando”.
Barrios dijo a Expediente Público que retirar a los poderes Judicial y Legislativo del Consejo de Defensa y Seguridad es un atisbo de “respeto a la Constitución de la República”. Con ello se “respeta el principio de la separación de poderes y la jerarquía, donde el Poder Ejecutivo no puede ser el jefe de los otros titulares de los poderes del Estado de Honduras”.
Por su parte, la abogada Espinoza lamentó la postura que ha tomado el Partido Nacional ante esta ley. A su criterio, ellos han “dejado sentada una posición política”, contrario al PSH que tiene “una posición eminentemente constitucional”.
Insistió en que “nuestra preocupación es única y exclusivamente que esta ley no vaya a incurrir en ninguna confrontación con la Constitución. Esa es nuestra única preocupación, eso es lo que vamos a dejar establecido”.
¿Se reunirá el Consejo de Defensa y Seguridad?
El lunes 22 de agosto, la presidenta Xiomara Castro, convocó a los funcionarios que conforman el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esto lo hizo según los criterios de la ley de 2011, para una sesión el miércoles 24 de agosto a las 2 de la tarde.
Además de la mandataria, los miembros del Consejo son: el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta; el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla; el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón y el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino del expresidente y esposo de Castro.
Sin embargo, llegado el día y la hora, la presidenta Castro informó que se trasladaba para el jueves 1 de septiembre debido a que los presidentes de los otros poderes del Estado y de la Fiscalía excusaron su ausencia.
