Misiones médicas: el tráfico de personas legalizado por el régimen cubano 

*Engaño en los contratos, castigo por desertar, bajos salarios y un régimen que se lucra al obtener ingresos hasta por 8.500 millones de dólares por “misiones médicas internacionalistas”, según datos de Prisoners Defenders.

*Desde el año 2019, Cuba es uno de los países que figura en la categoría 3 de la “lista negra” de tráfico de personas de Estados Unidos por la explotación laboral en las brigadas médicas.

*Más de 80 países han firmado convenios durante las seis décadas de la dictadura castrista. Los más recientes, los gobiernos de México y Honduras.

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Expediente Público

Actualmente el salario de un médico en Cuba podría llegar a ser, en el mejor de los casos, 5 mil pesos cubanos (206 dólares aproximadamente). En misión, en otro país, podría ganar entre 300 y 500 dólares. Sin embargo, el gobierno cobra hasta más de 4,000 dólares por cada médico enviado.

Es decir, que solo reciben entre el 7% y 12% de lo que genera su trabajo, dependiendo de lo que paga el país donde presta su servicio. El resto queda en manos del Estado.

“Yo me gradué en el año 2011 y lo que cobraba era unos 325 pesos cubanos, que, al cambio en ese momento, eran 13 dólares. Los especialistas en aquellos momentos cobraban unos 900 (pesos cubanos); cuando más, 1,000 pesos, unos 40 dólares” ejemplificó la activista y doctora Dayli Coro, quien formó parte de una de las misiones a Venezuela. Posteriormente fue expulsada del Ministerio de Salud Pública de su país por alzar su voz crítica.

Aunque hoy en día los ingresos son superiores, “por la situación económica del país esto sigue siendo un salario miserable”, aseguró la doctora Coro a Expediente Público.

Su historia es solo una de miles que han salido a la luz pública. Muchas otras se mantienen en anonimato por temor a las represalias de la dictadura.

“Mi gobierno me estaba esclavizando”

Dayli Coro es originaria de la provincia de Camagüey, al centro-este de Cuba. A sus 24 años se vio obligada a unirse a una misión en Venezuela para culminar sus estudios. En ese momento era una joven isleña con una visión muy restringida y politizada del mundo, a causa del adoctrinamiento del régimen Castro-comunista, según ella misma describe.

Hoy es licenciada en Medicina General Integral y tiene un diplomado en Terapia Intensiva, Urgencias y Emergencias Médicas. Sin embargo, en el proceso de su formación, se dio cuenta que era parte de una red de médicos esclavizados por su país, donde para empezar debía cumplir con su servicio social en Venezuela para que su título tuviera validez.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba como parte del régimen comunista que determina las características y las condiciones de la educación. En el área de salud dirige las universidades, el funcionamiento de los hospitales y las políticas sanitarias del país, explicó la doctora Coro.

En las universidades de Cuba son únicamente admisibles “cubanos revolucionarios”, según Coro.

“Nadie que se oponga al gobierno puede estudiar o terminar algún tipo de carrera o formación profesional”, argumentó.

Médicos enviados a zonas de peligro

Previo a su servicio social de dos años en Venezuela, a Coro le prometieron que podría hacer un año de especialidad y que tendría acceso a diferentes cursos; y ella y sus colegas iban a ser dirigidos por un tutor.

“Eso me hizo sentir confiada, recién graduada. Tenía tan solo 24 años, jamás había salido del país” recordó.

Sin embargo, al llegar a Venezuela, en octubre de 2011, les asignaron vivir en una zona roja, dominada por pandillas y donde los actos de violencia eran constantes. “El choque fue inmenso, no teníamos asesores. Nos dicen que no podíamos hacer especialidades y no teníamos ningún curso de superación”.

Su centro de trabajo fue secuestrado por pandillas, miembros de grupos criminales llegaban heridos y les apuntaban con sus armas y recibían muchas amenazas de muerte si no los salvaban.

De acuerdo a su testimonio, todo médico cubano que era víctima de actos criminales de pandillas, era aislado en un cuarto y les restringían el uso de su teléfono. Se comunicaba solo con “el jurídico”, el agente de seguridad del Estado que acompañaba las misiones, quien le pedía que la información “no trascendiera”.

Represión por denunciar

A los tres meses, Coro quiso regresarse a Cuba, pero no se lo permitieron, y ella no quiso desertar, eso implicaba condenarse a no volver a su país durante 8 años.

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Coro concluyó su servicio social y regresó a Cuba en 2014. Cinco meses después fue expulsada del Sistema de Salud por denunciar la precariedad y los abusos a los que son expuestos los médicos de su país. Además, unirse al Observa Cuba, organismo defensor de derechos humanos, le trajo consecuencias de amenaza y persecución, hasta que se vio obligada a emigrar a España y pedir refugio en 2019.

El costo humano de las fuentes de ingresos

Aunque el gobierno de Miguel Díaz Canel evita hacer públicos los datos sobre los ingresos que percibe Cuba con estas misiones, organismos como Prisoners Defenders han venido denunciando esta nueva práctica de esclavitud.

Según sus estadísticas, en 2018 los ingresos derivados de las “misiones internacionalistas” ascendieron a 8.500 millones de dólares, mientras que por turismo fue de 2.900 millones de dólares, tal como lo expuso Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en la conferencia «Médicos cubanos: tráfico de personas, esclavitud y separación forzosa familiar” en mayo de 2022. Además, de los servicios médicos, tales “misiones internacionalistas” incluyen servicios de enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura.

Larrondo indicó que el informe recopila alrededor de 1,111 testimonios, de los cuales 894 son de personas con identidad protegida por temor a represalias. Se pudo determinar que un 75% del personal de Salud Pública que sale de Cuba para participar en estas misiones lo hace en contra de su voluntad, y un 70% lo hace sin siquiera firmar un contrato. Si llegan a firmar, desconocen el contenido del documento.

La crisis económica en la Isla ha obligado a profesionales a optar por estas misiones, llamadas eufemísticamente “exportación de servicios profesionales”. En su mayoría son profesionales de la Medicina que se ven enfrentados a un escenario de explotación laboral, como lo alertó una vez más el gobierno estadounidense en su informe más reciente sobre tráfico de personas.

En Cuba la trata de personas es oficial

«Los problemas de la trata de personas en Cuba se dividen en dos grandes categorías: el tráfico sexual y el trabajo forzado, y los programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno», cita el informe.  

Por otro lado, Estados Unidos señala que el régimen cubano no ha abordado «sus políticas de explotación, engaño y coerción en estas misiones, que son claros indicadores de la trata de personas». 

De acuerdo a estadísticas citadas en el documento, a finales del año 2020 se registraban ¨56 brigadas del contingente “Henry Reeve” en 40 países con 4.941 trabajadores médicos, incluidos en los 30.407 trabajadores en 66 países¨.

Durante casi seis décadas, el régimen cubano ha “exportado” trabajadores transitorios a América Latina, África y Asia, según Archivo Cuba, incluyendo a otros países con dictaduras, como Nicaragua y Venezuela.

Pese a las denuncias de médicos que han visto sus vidas en riesgo, y los señalamientos de explotación y esclavitud moderna que realizan diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Cuba no ha hecho nada por cambiar esta política. Al contrario, continúa promoviendo las misiones a todos los niveles, sin acceso a estadísticas oficiales y públicas.

“Este es un comportamiento normal de ellos para mantener su imagen de país humanista, de país siempre atacado por ‘el Imperio’, y realmente los criminales son ellos, el gobierno cubano” aseguró la doctora Coro.

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El caso de la OPS

En 2019 Brasil, bajo la Presidencia de Jair Bolsonaro, hizo una denuncia pública y mundial sobre el abuso que el régimen de Cuba estaba cometiendo con el programa “Mais Médicos” al quedarse con el 75% de sus salarios.  

Los médicos que trabajaban en Brasil, cobraban 550 dólares, de los cuales 50 eran destinados como ayuda para su familia en Cuba. Sin embargo, de 4.276 que pagaba el Gobierno brasileño por sus servicios, 3.726 dólares quedaban en las arcas del Estado.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue clave en este convenio en 2013, con el gobierno de ese entonces, a cargo de Dilma Rousseff.

“Los tres mayores responsables de este programa ‘Mais Médicos’ y sus propósitos, fueron Heidi V. Jiménez, artífice de todo el entramado legal. Es la ‘legal counsel’ (asesora legal) de la OPS e ‘insider’ y estrecha colaboradora del Ministerio de Salud de Cuba y de Brasil en tiempos de Dilma Rousseff; Carissa Etienne, directora de la OPS; y el cubano Joaquín Molina” cita un comunicado de Prisoners Defenders. Joaquín Felipe Molina Leza es esposo de Nadine Gasman, exfuncionaria de Naciones Unidas y actual presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, una dependencia del gobierno mexicano.

El convenio con AMLO

Para mayo de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordó un nuevo y polémico contrato con el servicio de 500 médicos cubanos más para el país, con el argumento de que “no hay suficientes médicos”.

Por otro lado, propuso como candidata de México para dirigir la OPS/OMS a Nadine Gasman, ya involucrada en el caso de Mais Médicos.

La congresista mexicana, Mariana Gómez del Campo, aseguró en un artículo reciente que “lo que López Obrador no les ha dicho a los mexicanos, es que estos supuestos médicos, no son personas libres contratadas bajo condiciones laborales justas y de manera voluntaria”.

Del Campo, también presidenta de la Organización Democrática Cristiana de América (OCDA), añade que el supuesto salario es de 140 mil pesos (USD 7,058) por cada médico, monto del cual únicamente recibirán 7,250 pesos (USD 365).

Honduras también pacta por las misiones

El gobierno de Xiomara Castro, de Honduras, también acordó con el régimen de Díaz Canel recibir a las misiones de médicos cubanos, decisión que ha causado críticas y rechazos de varios sectores sociales contra la presidenta hondureña.  

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que el próximo 1 de septiembre llegarán a Honduras 86 especialistas.

«Los proyectos estarán orientados en el área de la salud que incluye la presencia de médicos cubanos especialistas, la posibilidad de trabajar en conjunto para producir medicamentos con tecnología cubana en Honduras y el programa oftalmológico «Operación Milagro», detalló  el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Estratégica de Cuba, Rodrigo Malmierca, al firmar el acuerdo a finales de julio.

Mientras el vicecanciller hondureño, Antonio García, precisó que las brigadas médicas «regresan a Honduras a los lugares remotos donde los médicos hondureños no quieren ir».

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“Desertores” y “traidores a la patria”

Diversas ONG en los últimos años han denunciado que en Cuba existe una dictadura totalitaria que utiliza a sus ciudadanos para financiarse. Para ello hacen uso de leyes que perjudican a las familias de médicos y de otros profesionales que deciden abandonar la misión, a quienes les imponen una separación de hasta 8 años. Ellos y sus familias son llamados por el gobierno de Cuba, oficial y públicamente, como “desertores y traidores a la patria”.

Según Prisoners Defenders, actualmente entre 5.000 y 10.000 padres e hijos tienen prohibido verse, o entrar y salir de Cuba, porque algunos de ellos -profesionales que prestaban servicios en el exterior-, decidieron no volver a la Isla de inmediato tras terminar su trabajo. Esto incluye a más de 2.000 médicos cubanos que bajo el programa “Mais Médicos” decidieron continuar laborando en Brasil para cubrir las necesidades de sus familias.

El Código Penal de Cuba, en su artículo 135, especifica penas de prisión de 8 años para los médicos u otros profesionales que no vuelven a Cuba tras completar la misión asignada.

Aplicación de Ley de los 8 años

La aplicación de estas leyes ha sido denunciada, no solo porque “legalizan la esclavitud” sino por las graves consecuencias que conlleva la separación familiar forzosa.

En 2021, y a través de los testimonios recopilados por Prisoners Defenders, se comprobó que como consecuencia de las separaciones forzosas, se ha presentado en las personas una serie de trastornos y discapacidades que suelen desembocar en ansiedad, depresión, estrés postraumático, mayor tasa de enfermedades cardíacas y pulmonares, afectación por cáncer, accidentes cerebrovasculares y morbilidad.