*Normativa sería aprobada este viernes 15 de julio, según anunció el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo.
**Incertidumbre y lentitud en la aprobación ha generado preocupación, dijo Lucas Valderas Martos, Director País de Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) en Honduras.
***Para el abogado constitucionalista Rafael Jerez es un riesgo la forma precipitada con que se están realizando reformas.
Expediente Público
La aprobación de un nuevo marco legal que rija la Junta Nominadora de los candidatos a magistrados para el período 2023-2030 ha sido la recomendación unánime de diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer el Poder Judicial en Honduras.
El proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia inicia este mes y tendrá su punto culminante el 25 de enero de 2023, cuando el Congreso Nacional elegirá de entre 45 nominados a quince magistrados cuya independencia política y partidaria es el principal reto a cumplir.
“Un Poder Judicial independiente e imparcial es esencial para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho”, se lee en un comunicado del 8 de julio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que señala también que el procedimiento para la elección de los magistrados carece de las garantías suficientes para eliminar injerencias indebidas.
De allí la necesidad de cambios en la ley orgánica que regula la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora, un llamado al que también se adhirió la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) al instar a “mejorar la normativa que rige el proceso de selección”.
El tiempo en contra
El 31 de julio vence el plazo para que el Congreso Nacional convoque a las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora para que inicien con la elección de sus representantes y de los precandidatos a magistrados.
Antes de esa fecha, el parlamento deberá aprobar la nueva ley, cuyo dictamen fue entregado a la secretaría de ese poder del Estado este 14 de julio por parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional.
Se trata de la “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la CSJ”, cuya discusión inició el jueves 14 de julio, será aprobada este viernes 15 de julio con dispensa de un debate y luego enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, según aseguró el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Lea además: Inicia el debate para que la Corte Suprema en Honduras no siga en manos de políticos
“Hay que prestar atención en el alcance de esa reforma, si se le va a quitar o si se le va a dar más competencias a la Junta Nominadora y qué papel va a seguir teniendo el Congreso más allá de recibir la nómina de 45 (candidatos)”, dijo a Expediente Público el abogado especialista en constitucionalismo comparado Rafael Jerez.
A su criterio, los cambios no son convenientes a estas alturas, porque cuando se hacen con las fechas “prácticamente encima” se pone en peligro el contenido de la negociación.
Consideró que no hubo voluntad política para cambiar el procedimiento de fondo meses antes, por lo que hacerlo ahora no es lo importante, sino que las organizaciones que integran la Junta elijan a las mejores personas, ya que allí es donde se ha fallado en los procesos anteriores.
La nueva normativa fue elaborada a partir de una propuesta enviada por el gobierno de la República a través de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, la cual fue elaborada con apoyo de la OACNUDH.
Esta última fue presentada en Consejo de Ministros en abril, y en mayo trascendió que se había turnado al Congreso. Sin embargo, se informó posteriormente que ese trámite se había realizado hasta julio. Expediente Público consultó al respecto vía WhatsApp al ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien ante la consulta sobre la tardanza respondió: “Desafortunadamente, no sé qué ocurrió”.
Como sea, el tiempo juega en contra de las expectativas de quienes abogan por un nuevo marco legal para la Junta que selecciona a los candidatos a magistrados y que también los propone, lo que la convierte en juez y parte.
Por esa razón, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), una de las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora, se abstendrá de proponer a candidatos, según anunció su presidente Mateo Yibrín el 26 de junio.
Hay preocupación
“El proceso está avanzando con cierto nivel de incertidumbre, lo que es desafortunado para una decisión tan trascendente para la democracia hondureña como una ley de la Corte Suprema de Justicia y esta lentitud y falta de claridad en los avances en el proceso está despertando numerosas preocupaciones”, dijo a Expediente Público Lucas Valderas Martos, Director País de Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) en Honduras.
A su criterio es necesario un cambio con una legislación que incluya estándares internacionales para “favorecer un proceso más transparente, más participativo y que contribuya a una Corte Suprema más profesional y más independiente”.
Reconoció que existe el riesgo de que la nueva legislación no sea aprobada antes del final de mes y de ser así el proceso de selección de los candidatos a magistrados no sería regulado con una normativa más coherente con los estándares internacionales de derechos humanos.
“El Pleno cuando quiere puede aprobar las cosas muy ágilmente, pero por supuesto que existe el riesgo de que eso no pase, y eso no sería positivo dentro de una lógica de fortalecimiento de la independencia y la profesionalización de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.
En esa línea, el titular del Legislativo se reunió el 8 de julio con representantes de las organizaciones que integran la Junta Nominadora y les propuso que esta sea integrada por un grupo de “personas notables” a nivel internacional, lo que fue considerado como inconstitucional por varios analistas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Para Rafael Jerez, la iniciativa “es un buen síntoma de querer proponer un cambio, pero me parece que no es el cambio indicado”, ya que busca modificar un procedimiento establecido en la Constitución, cuya aprobación requeriría un consenso entre las fuerzas políticas que se traduzca en una reforma constitucional, lo cual es improbable.
Por otro lado, “más allá de que puede haber una buena intención, es muy importante decirlo, que estas personas no tienen una trayectoria, primero en derecho, y segundo, en procesos de selección de esta naturaleza”, agregó.
En reacción a esa propuesta, el 12 de julio el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano solicitó a las Naciones Unidas la instalación de una misión técnica de apoyo y asesoramiento para el proceso de elección de los magistrados, integrada por expertos internacionales.
Además: EE.UU. no ve señales claras de combate a la corrupción en Honduras
Repartición de cargos
En pleno debate sobre los mecanismos que impidan la politización de la nueva Corte Suprema, cuyos 15 magistrados han pertenecido a los partidos Nacional y Liberal en una relación de 8 y 7 o viceversa, según el que gobierne, dirigentes políticos y diputados han salido a defender el número de magistrados que según ellos les corresponde, y quién deberá presidir la nueva Corte.
Uno de ellos ha sido el diputado Rasel Tomé, quien publicó un tuit el pasado 11 de julio en el que aseguraba que Libre contaba ya con 6 magistrados, el Partido Nacional 4, el Partido Liberal 3 y el PSH 1, quedando uno en disputa. Dos días después, Tomé publicó que “somos un gobierno de Libre por ende merecemos los 15 magistrados”.
Al respecto, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, cuestionó si Libre tiene los votos en el Congreso para sacar 15, 10 o 5 magistrados, ya que se requieren 86 votos.
Mientras que como presidenta de la nueva Corte Suprema se menciona a la actual ministra de Finanzas Rixi Moncada, también de Libre, quien no ha descartado postularse como magistrada.
“Al final en todos los países o la mayor parte de los países hay un cierto nivel de politización en los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Lucas Valderas Martos.
Como contrapeso existen “mecanismos regulatorios muy claros de la carrera judicial”, pero “desafortunadamente” no los hay en Honduras o no son suficientemente fuertes, lo que refuerza o amplía los riesgos asociados a la politización de los nombramientos, “y los amplios márgenes de discrecionalidad de los que dispone la Corte Suprema y particularmente su presidente dentro de la normativa actual para, por ejemplo, designar vacantes o nombrar jueces y magistrados en los diferentes tribunales del país”.
El director de ASFC remarcó que “el hecho de que sea una decisión discrecional no implica que sea una decisión arbitraria” y que “lo que hay que tratar de asegurar es que tanto las decisiones del Congreso como las de la Junta Nominadora sean transparentes” y los criterios de la elección sean conocidos, valorados y puedan ser incluso cuestionados por la ciudadanía.
Lea también: CICIH en Honduras ¿para cuándo?
“Veo que es muy difícil que esa dinámica vaya a cambiar”, dijo por su parte Rafael Jerez sobre la politización en la elección de altos funcionarios.
Ahora que está en el poder, Libre “no va a desaprovechar la oportunidad” para condicionar las negociaciones desde esa posición, opinó.
De allí que la Junta Nominadora es clave como filtro, para que cuando se dé la inevitable negociación política en el Congreso “por lo menos haya perfiles que vengan de afuera, o sea desde la etapa de la Junta Nominadora, y se logre mitigar un poco esa injerencia partidaria”.
La Corte Suprema es de interés para el Partido Nacional, incluso para el Partido Liberal, por la situación en que están muchos de los liderazgos y diputados, algunos con riesgo de ser extraditados, recordó Jerez.
Y el 25 de enero, Libre y el PSH necesitarán los votos de ese partido para alcanzar los 86 que manda la ley para elegir a los magistrados, porque si no, “la actual Corte va a seguir”, entonces tendrán que lograr ese consenso.
Para Jerez, el papel del PSH será importante, ya que últimamente sus representantes y liderazgos han tenido posturas que contradicen un poco la línea oficial de Libre.
“Si ellos mantienen esa línea yo creo que esta elección puede ser como lo que termine de romper esa armonía en el gobierno, porque si hay una repartición va a obligar al PSH a pronunciarse en contra” y si no “implica que tienen que entrar a la negociación” y si lo hacen “habrá que ver con qué condiciones”, si en esa mecánica de repartición de cargos o entran exigiendo que se nombren mejores perfiles en la Corte.
