*Toma de las alcaldías concreta aniquilación del partido Ciudadanos por la Libertad, el que en 2021, el Consejo Supremo Electoral (CSE) despojó de su personería jurídica.
**Su vicepresidente, Oscar Sobalvarro, consideraba que previo a los comicios de noviembre, los alcaldes debían decidir si corrían en otra casilla o se retiraban.
**Ahora partido del régimen de Daniel Ortega, FSLN, allanó el camino para que las elecciones municipales de noviembre de 2022 sean solo un trámite para ampliar su control casi total de las alcaldías en Nicaragua.
Expediente Público
En las elecciones municipales de 2017, la fórmula de Ciudadanos por la Libertad (CxL), conformada por Noel Efraín Moreno Talavera y Norma Meza Lagos se alzó como ganadora en San Sebastián de Yalí, un municipio ubicado a 203 kilómetros de la capital, Managua. Volver a gobernar ese territorio les costó literalmente “sangre”, debido a que dos de sus integrantes murieron en un ataque de simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando celebraban la victoria electoral, afirma Lenin Vladimir Trujillo, secretario del Consejo Municipal de la alcaldía opositora.
Los opositores de CxL estaban en la casa de campaña del partido cuando fueron atacados por simpatizantes sandinistas. Pese a la cercanía de la estación de Policía no hubo ninguna acción de los agentes policiales para disolver el ataque en el que murieron Wilder Moreno Rivera, sobrino del alcalde ganador, y Ramón Herrera, miembro del partido opositor.
“Nosotros ganamos la alcaldía en el 2017, nos costó sangre. Nosotros en esas elecciones tuvimos 16 heridos y dos muertos (…) Hicimos la denuncia, supimos realmente quiénes habían sido los que hirieron, hasta los que mataron a los muchachos, pero la Policía nunca hizo nada, se pusieron las denuncias, se les dieron pruebas. Fue doloroso, pero de la justicia divina nunca se van a capear (escapar)”, dijo Trujillo a Expediente Público.
La sede de alcaldía de San Sebastián de Yalí, un municipio del departamento de Jinotega, (norte) es un pequeño recinto que está ubicado en la calle principal del poblado, frente a la cancha municipal. Pese a que en 2017 fue ganada en las urnas por CxL, el pasado 2 de julio fue arrebatada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando faltan cuatro meses para las elecciones municipales en el país centroamericano.
Ciudadanos por la Libertad: acción ilegal
Es una de las seis municipalidades que el Consejo Supremo Electoral (CSE) reconoció en 2017 al partido Ciudadano por la Libertad. Las otras alcaldías que fueron aceptadas fueron: El Cuá y Santa María de Pantasma, también municipios de Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; El Almendro, Río San Juan, pero sus ediles también fueron despojados de las alcaldías este 4 de julio.
En los recintos municipales el FSLN colocó la bandera del partido como señal de la destitución de los alcaldes.
«De esta forma se ha consumado la ocupación por la fuerza de las alcaldías y la destitución de los cinco alcaldes legítimamente electos por sus municipios», refirió la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad.
El despojo de las alcaldías opositoras allana el camino del FSLN para autoproclamarse ganador en la gran mayoría de municipios en las elecciones de 2022. Hasta ahora las autoridades del CSE no se pronuncian sobre la situación en estas alcaldías donde el régimen colocó sus propias fichas que salieron de los mismos concejales sandinistas.
La alcaldía de San Pedro de Lóvago, municipio de Chontales, oficialmente fue adjudicada a CxL, aunque no fue reconocida por la organización política luego que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentara actas donde confirmaba que obtenía la mayoría de votos escrutados.
Miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ondean una bandera de su partido, tras la toma de la alcaldía de San Sebastián de Yalí que pertenecía a Ciudadanos por la Libertad.
Fuente: Redes ciudadanas / Urnas Abiertas.
La alcaldía del municipio de El Cuá también fue tomada por el sandinismo mediante el uso de la fuerza policial.
Fuente: Redes ciudadanas / Urnas Abiertas.
En la alcaldía del municipio de El Cuá, los operadores sandinistas izaron la bandera. La municipalidad pertenecía a Ciudadanos por la Libertad.
Fuente: Redes ciudadanas / Urnas Abiertas.
En esas elecciones, el FSLN ganó 135 alcaldías y el PLC fue la segunda fuerza política al obtener 11 municipalidades. La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) obtuvo una alcaldía.
«Saqueo” en alcaldía de Yalí
El día que Moreno Talavera tomó posesión de su cargo, en enero de 2018, no encontró ni siquiera una silla para sentarse a revisar los documentos de traspaso que le entregó el alcalde saliente del FSLN, Noel Rugama Dávila.
Los miembros de CxL en ese municipio difundieron en las redes sociales fotografías donde aparecían trabajadores de la administración saliente saqueando los bienes de la comuna.
Previo a la toma ilegal de alcaldía, Trujillo explicó que al inicio de la gestión fueron despojados de al menos nueve propiedades que se compraron con los “impuestos del pueblo” durante una administración opositora anterior a la actual.
“A mí no me robaron nada, le robaron al pueblo y (las propiedades) se las pasaron a diferentes instituciones, como a la PGR (Procuraduría General de la República), nos dejaron sin banco de material. Estas sillas fueron una donación”, mencionó Trujillo. Los bancos de materiales son yacimientos de donde se extraen productos como arena, grava o piedras, para la construcción de obras.
Trujillo explicó en esa entrevista con Expediente Público que planeaban terminar el periodo y entregar a la nueva administración un inventario detallado de cada área de la comuna.
“Pensamos terminar con los pies puestos y entregar, no como ellos entregaron, porque el alcalde se ha ganado la confianza del pueblo y el pueblo va a ver. Nosotros pensamos terminar bien con el pueblo, si nos dan la oportunidad de terminar porque estamos en Nicaragua y cualquier cosa puede suceder”, mencionó el funcionario municipal, casi anticipando que el régimen les iba a arrebatar la posibilidad de terminar el periodo.
Las próximas elecciones municipales están previstas para el domingo 6 de noviembre de 2022. Sin embargo, a cuatro meses del proceso el organismo electoral aún no realiza la convocatoria.
Pantasma, territorio opositor
A unos 67 kilómetros al Este de Yalí está Santa María de Pantasma, un municipio donde las últimas tres elecciones las ha ganado la oposición. Este gobierno municipal fue el primero en ser despojado por el régimen, haciendo uso de la fuerza policial y de turbas de civiles, mientras el país entero estaba en vilo por el paso de la tormenta tropical Bonnie.
Oscar Gadea Tinoco fue el último alcalde electo en el municipio y ganó usando el vehículo electoral de CxL. Antes de ser obligado a salir de la comuna reconoció en entrevista con Expediente Público que se enfrentó a situaciones difíciles a lo largo de su gestión.
En agosto de 2021, luego que el CSE suspendió la personería jurídica al partido, Gadea fue llamado por las autoridades del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), un ente autónomo gubernamental, que en teoría vela por el fortalecimiento de la administración municipal y la promoción del desarrollo de los municipios.
“Tuvimos una situación difícil, porque estamos en un país donde cualquier cosa puede pasar, en cualquier momento. Nos llamaron a reunión de Inifom y nos dijeron que continuáramos normal y eso hemos hecho: continuar nuestras labores sin partido. Respetaron el hecho que fuimos electos por la población, pero es algo que nos tiene a la expectativa de cualquier situación”, explicó Gadea Tinoco.
Pero no ocurrió como les dijeron, no los dejaron concluir su gestión y los sacaron por la fuerza aduciendo que estaban sin partido.
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Directivos abandonaron a los alcaldes
El alcalde de Santa María de Pantasma señaló que el despojo de su partido los dejó a la “deriva” y sin el respaldo jurídico de la organización que lo llevó a la silla edilicia. Afirma que en ese momento acudió extrañado a la cita con el Inifom, pues no es una institución que los requiera constantemente.
“Nos sorprendió el llamado que nos hicieron de Inifom (…) Las alcaldías demócratas ya teníamos como algunos seis o siete años que nunca nos llamaban a una reunión. Hemos pedido reuniones para capacitaciones, porque a nosotros nos quitan del presupuesto el 2% para fortalecimiento de la institucionalidad, pero aquí no se ha dado, solo te quitan y no se fortalece”, señaló Gadea Tinoco.
Para cancelar la personería jurídica al partido, el CSE tuvo como cómplice a María Haydée Osuna, presidenta nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que acusó a la directiva de la alianza opositora de promover “sanciones” y la “injerencia extranjera” en Nicaragua.
En pocas horas y amparándose en dos denuncias que presentó el PLC y citando las polémicas leyes aprobadas por el régimen, el 6 de agosto de 2021 el CSE anuló la personería jurídica del partido opositor.
Como consecuencia, la presidenta del partido CxL, Kitty Monterrey, fue despojada de su ciudadanía nicaragüense y se exilió en Costa Rica. Fue una vida efímera de la entidad política, pues apenas les alcanzó para participar en una elección, la de 2017.
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El alcalde Gadea afirma que, desde entonces, poco se comunican con los representantes de la dirigencia del partido.
“La presidenta del partido se fue de Nicaragua. Me imagino que los otros dirigentes se han dedicado a sus labores cotidianas y hemos tenido poca comunicación. No nos hemos vuelto a reunir”, dijo Gadea.
Sobalvarro: que los alcaldes decididan
El 1 de octubre de 2021, la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) notificó al partido sobre la admisión de un recurso de amparo interpuesto contra la decisión del CSE de cancelarles su personería jurídica, pero la institución judicial se echó atrás y revocó su decisión.
“Nosotros hicimos las gestiones pertinentes desde el inicio después que nos quitaron la personería jurídica. Eso está en manos del Poder Judicial y del Gobierno de cómo quieran manejar las cosas en el futuro. Sin voluntad política es difícil resolver eso, porque ya sabemos que el tema de la justicia no está funcionando adecuadamente. Por el momento, no veo ambiente para la devolución, pero llegará su momento”, dijo a Expediente Público, Oscar Sobalvarro, vicepresidente del partido.
Según Sobalvarro, los alcaldes estaban claros que se enfrentaban a una “situación bien difícil” y antes de las elecciones debían tomar sus propias decisiones y valorar si subían a otro vehículo electoral para las municipales de 2022.
“Yo creo que esa es una decisión que deben de tomar en conjunto, las autoridades municipales con la población. Ellos se deben a la población (…) Estamos clarísimos que la gente de los municipios no quiere que las alcaldías caigan en manos de otros partidos, pero habrá algún momento para decidir qué se va a hacer. No se ha evaluado nada, no existe ningún tipo de decisión”, enfatizó Sobalvarro antes de conocer la acción del régimen.
“Sin condiciones” para ir a elecciones
Los nicaragüenses nuevamente se preparan para ejercer su voto y elegir a 153 alcaldes y vicealcaldes, y los respectivos concejales de los gobiernos municipales, pero temen que se repita el mismo “circo” de las elecciones presidenciales de 2021 en las que resultó electo Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Previo a las elecciones de 2021, el CSE arrebató la personería jurídica a CxL y al Partido Conservador y se eliminó de la contienda electoral a siete precandidatos, entre ellos los periodistas Cristiana Chamorro Barrios y Miguel Mora; el economista, Juan Sebastián Chamorro; el politólogo, Félix Maradiaga; el catedrático, Arturo Cruz; el líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena y el veterano político conservador, Noel Vidaurre.
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El alcalde Gadea considera que se enfrentan a una situación “compleja”, debido a que la población quiere elecciones, pero no existen condiciones en un país donde ni siquiera se respeta el derecho de reunión y asociación.
“Creo que ni el año pasado para las elecciones presidenciales, y mucho menos este año que la situación está más difícil. Cuánta gente (hay) en el exilio. Aquí se nos han ido arriba de diez mil personas fuera del país, (o están) presos. La situación que no podés manifestarte. No tenemos partido político, no hay una casilla confiable. Entonces, creo que esto está bien difícil”, dijo Gadea.
Trujillo coincide y sostiene que “no hay condiciones” para que se desarrolle un proceso confiable, pero insiste que “no todo está escrito en piedra”.
“Al partido de oposición le cancelaron la personería jurídica (…) Pero, no todo está escrito en piedra, cuando digo entrega formal (de la alcaldía) no se sabe a quién. Todo puede suceder, nada está escrito en piedra, puede ser que sigamos, puede ser que no sigamos”, insistió Trujillo.
Reforma electoral no responde las demandas
La jornada electoral del 5 de noviembre de 2017 fue el último proceso en Nicaragua observado por una misión internacional de prestigio como la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo encabezada por el vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco, y recomendó una reforma estructural a la Ley Electoral.
El 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional eligió a los magistrados que conformarían el CSE y aprobaron reformas electorales a la medida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a ir en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017.
Una de las graves irregularidades identificadas por CxL con esa primera reforma, es que se omitieron 1,203 centros de votación de un total de 4,309 que se habilitaron en las elecciones municipales de 2017.
“Aquí nos quitaron nueve centros de votación en el municipio, tenemos 72 comunidades. En las elecciones anteriores (noviembre 2021) la oposición no salió a votar, pero siempre hubo partidos que se prestaron al juego (de los sandinistas) y ellos mismos fueron a votar”, señaló Trujillo.
Un año después, el 5 de mayo de 2022, el legislativo nuevamente reformó la Ley Electoral acortando el periodo de campaña electoral e incrementando de 400 a 600 el número de electores en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), entre otros cambios.
FSLN ya por control total
La reforma allana el camino para el régimen, que actualmente tiene el control de 135 alcaldías en el país.
Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, explicó a Expediente Público que la más reciente reforma electoral no reúne las recomendaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas y organismos internacionales, sino que fueron hechas de forma “unilateral”.
“No recoge las demandas, ni siquiera explica con claridad a qué se deben los diferentes cambios (…) Lo que estamos viendo son reformas que recogen la intención del Frente Sandinista de seguir cerrando espacios, limitando la participación de las personas y controlar aún más todo el proceso electoral”, criticó Valle.
La directora de Urnas Abiertas considera que el régimen debe desmantelar el “estado policial” impuesto desde 2018, a fin de que las personas gocen del derecho de reunión y organización, un ejercicio limitado en la actualidad.
“Bajo las condiciones en las que se dieron las elecciones del 7 de noviembre pasado, si estas condiciones no cambian, claramente vamos a estar otra vez frente a un proceso que es ilegítimo, que no es íntegro, que no es creíble”, señaló Valle. Mientras tanto, en los municipios los alcaldes opositores siguen laborando en medio de la incertidumbre y la amenaza de ser despojados de sus sillas antes de que finalicen el periodo para el que fueron electos.
