*Informe de supuestos excesos en la pasada administración en el Congreso Nacional evidencian la necesidad de “cortarle las alas” a un poder que tiene facultades omnímodas. Daño patrimonial sería de 121.8 millones de dólares.
**Jefe de bancada del Partido Nacional califica informe del legislativo como un “montón de mentiras”.
Expediente Público
El informe que desnuda el supuesto festín con los recursos públicos durante la pasada administración del Congreso Nacional de Honduras es, a criterio de analistas consultados por Expediente Público, una oportunidad para hacer los correctivos que impidan que tales abusos se vuelvan a repetir. Pero para eso es necesario reformar la Ley Orgánica del Legislativo y la Constitución de la República para reducir las facultades omnímodas que tiene la presidencia del parlamento y que ha permitido a lo largo de la historia que se cometan arbitrariedades dentro de ese poder del Estado.
Entre 2010 y 2022, el Congreso hondureño estuvo bajo el control del Partido Nacional, pero son los excesos de los últimos cuatro años (2018-2022) los que fueron desmenuzados el pasado 13 de junio en una presentación tardía del informe preliminar de los primeros cien días de gestión que hizo el titular del Legislativo, Luis Redondo, y para la que se extendió una alfombra roja a los invitados.
El supuesto daño patrimonial causado por “una red de corrupción” que operó en el Congreso se aproxima a los tres mil millones de lempiras, es decir, cerca de 121.8 millones de dólares, casi dos veces el presupuesto de ese poder del Estado, según las actuales autoridades legislativas.
Expediente Público solicitó una entrevista con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a través de la encargada de comunicaciones, quien contestó que iba a consultar, y de su asistente personal, pero no respondió los mensajes. También se pidió su versión de los hechos al anterior presidente del Congreso, Mauricio Oliva, pero de igual modo no hubo respuesta. Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras pero gracias a su alianza con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), consiguió la presidencia del parlamento.
Secreto a voces
Pero más allá de la denuncia sobre los graves abusos contra el patrimonio del Estado hondureño no hay ninguna investigación oficial para atribuir responsabilidades, y esa falta de acción del Ministerio Público y de los mismos legisladores de Libre que acusan públicamente a sus adversarios políticos, es lo que se critica.
“Era como un grito a voces, todo mundo sabíamos los despilfarros que se daban ahí, pero era muy difícil poderlo denunciar sin tener las pruebas correspondientes”, declaró a Expediente Público la exdiputada y actual vicepresidenta Doris Gutiérrez.
Sin embargo, para Gutiérrez todavía “hay mucha tela que cortar” pues “hay situaciones que aún no se pueden investigar” debido a que falta recuperar información, incluyendo la relativa al tema de los subsidios, viáticos y salarios, sobre los cuales “no dejaron huella” la anterior administración del parlamento hondureño.
Falta de controles
“Habiendo estado en el Congreso Nacional y habiendo experimentado la falta de controles con que se ha manejado por siempre, no es de extrañarse que esos excesos hayan sucedido”, dijo a Expediente Público el exdiputado y director de la organización de sociedad civil Congreso Primero, Aníbal Cálix.
Destacó que es la “primera vez que tenemos un informe de esa naturaleza de parte de un poder del Estado”, ya que anteriormente ese tipo de información financiera “había sido un tabú”.
Para el exdiputado, la corrupción de la anterior administración del Congreso es un reflejo de lo que ha venido sucediendo a nivel de todo el Gobierno en los últimos doce años.
“Tampoco es que teníamos instituciones sólidas anteriormente, pero en los últimos años se vino debilitando todo el estamento gubernamental, todas las instituciones se vieron cooptadas”, señaló.
Aunque por ley le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la fiscalización de los fondos, bienes y recursos administrados en los poderes del Estado, “estas instituciones no han cumplido la función para la cual han sido nombradas”, dijo la vicepresidenta Gutiérrez.
La politización del TSC, donde los partidos políticos se han dividido los cargos, limita su independencia, agregó.
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Poder omnímodo
Para el abogado y analista político Miguel Cálix, el informe presentado por el Congreso Nacional “es preocupante”, pero “no nos extrañaría que ocurrieran excesos” dada la naturaleza de la normativa y gestión que ha tenido ese poder del Estado desde hace muchas décadas.
“El reglamento anterior sustituido por la Ley Orgánica del Congreso ya era bastante permisivo en esa autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y legislativa”, dijo Cálix a Expediente Público.
El analista mencionó que todas las administraciones que han pasado por el parlamento hondureño “se han beneficiado del profundo, amplio, arbitrio (control) que tiene la titularidad de ese poder del Estado” en el uso de recursos, manejo de la agenda legislativa e independencia administrativa, presupuestaria y política “que hace factible que se cometan excesos”.
En ese sentido, manifestó que “como ciudadano me interesa saber también qué correctivos se están aplicando para que ese tipo de acciones no vuelvan a ocurrir”, de ahí que “uno de los principales retos aquí es quién le cuenta las costillas al Congreso”.
Para Cálix, lo primero que debe hacerse es reducir las facultades omnímodas que tiene la presidencia del Legislativo, cuyo origen histórico tiene que ver con la necesidad que había de que le hiciera contrapeso al Ejecutivo, “pero lamentablemente se ha prestado para que quienes ocupan la titularidad hasta el día de hoy tengan un total arbitrio y yo podría decir hasta de cómo presentan un informe y cuándo lo presentan”.
Explicó que “cortarle las alas” al parlamento requiere reformas a la Ley Orgánica y a la Constitución de la República para que sus presidentes no gocen de las amplias facultades que han caracterizado a ese poder del Estado desde 1957.
El informe “es la oportunidad de que este Congreso no caiga en los mismos errores del período anterior” en relación a la opacidad y falta de transparencia, dijo también la vicepresidenta Gutiérrez.
“Por otro lado es necesario reformar la ley orgánica del Congreso Nacional para que los poderes no sean omnímodos, sino que para que sea un ente realmente colegiado para que la junta directiva actúe como tal”, indicó.
Supuesta red de corrupción
El informe desglosa los hallazgos realizados en las distintas oficinas del parlamento, incluyendo el despacho presidencial, entre los que sobresale el alquiler de helicópteros y de más de 70 vehículos para seguridad especial del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, y un círculo de “personas VIP” que incluía a familiares de los legisladores.
También se expuso el supuesto despilfarro de la caja chica de esa oficina y entre los casos se mencionó el pago en 2018 de casi 92 mil lempiras (unos 3,700 dólares) por 64 almuerzos a un precio de 1,400 lempiras cada uno (US$57) para una reunión que se realizó en la casa de un particular. “Este Congreso pagó la fiesta”, se lee en la presentación.
Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el costo por un tiempo de comida en Honduras es de 15.55 lempiras ($0.63). En un restaurante de comida rápida el costo promedio de una comida está entre 5 y 8 dólares.
Un informe de la Pagaduría Especial encontró por su parte que un grupo selecto de “empleados VIP” recibía 28 salarios anuales (por ley son 14), que significó un perjuicio económico de 2.8 millones de dólares.
Los pagos se rotaban cada mes entre cinco partidas: salarios, beneficios y compensaciones, otros servicios técnicos profesionales y transferencias, y eran exonerados de impuestos y carga social para no dejar rastro.
Desde supermunerarios hasta filtración de información
De hecho, según el pagador especial del Congreso, Omar Palacios, “toda la documentación soporte que registra las transacciones administrativas y financieras del período 2010-2022, tanto en versión física como digital, fueron borradas de manera deliberada para no dejar evidencias incriminatorias”.
El informe donde se denuncian los supuestos abusos cometidos en el parlamento hondureño, además del sabotaje a la nueva junta directiva que se encontró con la energía eléctrica, el internet y el agua suspendidos, incluyen salarios injustificados, empleados fantasma, personal supernumerario, contratos sobrevalorados, extracción de equipo, pago de informantes. Incluso, se identificó hasta accesos remotos a cámaras y micrófonos en diferentes puntos del Congreso Nacional que violaban la privacidad de congresistas y personal administrativo, según la denuncia.
También un presupuesto comprometido con aproximadamente 180 millones de lempiras (7.3 millones de dólares) en pago de prestaciones a empleados de la administración anterior, subcontratación de empresas vinculadas a autoridades del Partido Nacional, pagos por servicios inexistentes, equipo dañado -incluyendo un sistema de votación que fue donado en el 2011 y está valorado en 40 millones de lempiras (1.6 millones de dólares)-, desvío de correspondencia, filtración de información y hasta posible tráfico gris, entre otros. Esto último hace alusión al uso de líneas telefónicas para un fin distinto al que fueron contratadas desde el Legislativo.
En la presentación se mostraron varios videos que habían sido recuperados, a pesar de que fueron borrados para ocultar la sustracción de varias cajas con documentos, ocurrida el 20 de noviembre de 2021 y el 16 y 18 de enero de 2022.
“Esto es una estructura criminal”, dijo el presidente del Congreso, Luis Redondo durante la presentación del informe, quien aseguró que cuentan con un testigo protegido en Estados Unidos que dio testimonio “de que aquí había oenegés operando, desde las cuales se hacía lavado de dinero de los Fondos Departamentales, entre otros”.
Los Fondos Departamentales son asignaciones presupuestarias otorgadas a los diputados para realizar obras sociales en sus comunidades; sin embargo, salvo raras excepciones, no rinden cuentas de esos recursos.
Las oficinas del Legislativo “también se convirtieron en bufete de defensa de criminales que fueron acusados por la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras)”, añadió Redondo.
“Montón de mentiras”
Expediente Público solicitó una entrevista con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, para conocer su reacción sobre el informe, pero se limitó a responder por mensajes de texto.
“Yo lo que le puedo comentar es sobre lo que yo conozco de secretaría nada más, porque yo temas administrativos desconozco, son los gerentes que le pueden hablar sobre eso”, respondió a través de mensajes de Whatsapp el diputado, quien fungió como secretario en el Congreso anterior.
Sin embargo, calificó como “un montón de mentiras” el informe que, en una de sus partes, señala el atraso en la digitalización de los decretos, mociones y manifestaciones, ya que no se ha digitalizado ni un tan solo documento desde 2018.
“Sobre el tema de digitalización es falso lo que señala”, dijo Zambrano, ya que “jamás se había digitalizado la información de ningún año, fui yo que inicié con esa actividad en el 2018, cuando llegué a secretaría y se pudo escanear 2005 a 2018”.
Sostuvo que “yo implementé eso en el CN, no es que existe desfase por la secretaría anterior porque se inició hasta el periodo pasado a digitalizar todos los años anteriores”.
El informe también señala que Zambrano, en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, suscribió en 2014 un segundo convenio mediante el cual se le asignaron cinco vehículos que a la fecha no están en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ni en el Congreso Nacional.
“Es totalmente falso que yo tenga esos carros”, respondió el parlamentario, quien compartió un documento de la OABI de septiembre de 2018 en el que uno de los vehículos, marca Chevrolet Spark turismo, año 2014, que supuestamente le fueron concedidos, aparece asignado en la ciudad de San Pedro Sula.
Zambrano también negó que desde la Secretaría Adjunta del Congreso anterior se haya dado la orden de formatear computadoras.
Aseguró que cuando los miembros de la “directiva ilegal (aludiendo a la que preside Luis Redondo) se tomaron por la fuerza las instalaciones, ellos anduvieron en todas las oficinas, abrieron a la fuerza y estuvieron manipulando las computadoras”. Y que si “se llegó a dañar alguna computadora es por responsabilidad de la directiva ilegal”.
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Dar el ejemplo
Para Miguel Cálix, que el actual Congreso demuestre que está intentado hacer las cosas diferentes pasa por resolver el tema de la legalidad de la junta directiva que encabeza Luis Redondo.
Sin embargo, el tema “se está soslayando por parte de la clase política”, dijo el analista al recordar que durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, una jueza desconoció a Redondo como presidente del Legislativo e impidió que este participara de la juramentación el pasado 27 de enero.
“La salida siempre es política”, pero se requiere el apoyo de todas las bancadas, dijo el analista.
“El mismo Congreso puede ofrecer una salida elegante” al validar y ratificar todo lo actuado hasta ahora, añadió.
“Con eso se le quita esa sombra de duda a la presidencia del diputado Luis Redondo, que está intentando hacer las cosas diferente, está intentando hacer las cosas de otra manera y yo creo que una gestión de esa naturaleza no debería ser objeto de ninguna duda y sombra”, concluyó.
