*El nuevo director de la Policía, comisionado Gustavo Sánchez, en entrevista con Expediente Público, argumenta que «la depuración fue una estrategia para maniatar» a la institución. Defiende reincorporar a más de 2,000 agentes, por necesidad de recurso humano.
**Analistas consideran que reincorporar a los oficiales que fueron retirados es un “riesgo” para la seguridad pública del país centroamericano.
Expediente Público
En 2016 se impulsó uno de los procesos de depuración policial más ambiciosos del continente, separando al 35% del personal de la Policía Nacional de Honduras (PNH), unos 4,678 agentes y oficiales. Seis años después, esta institución pone en entredicho aquel procedimiento y les abre la puerta de regreso a los agentes depurados.
Con 19 mil policías a su cargo, el comisionado Gustavo Sánchez, director de la PNH, argumenta en entrevista a Expediente Público que necesitan aumentar el recurso humano para enfrentar el delito y el crimen en este país centroamericano, por lo que iniciaron el proceso para recontratar a dos mil policías que soliciten su retorno a la institución.
En Honduras la tasa de homicidios en 2021 fue de 40 por cada cien mil habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que resulta lógico robustecer el músculo policial. La media mínima que sugiere la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) es de 300 policías por cada cien mil habitantes. En Honduras, la tasa es de 187. Incluso en zonas como La Mosquitia, ubicada en el oriente del país y considerada como el principal punto de ingreso de la droga al país, su presencia es apenas testimonial.
Reingresar al 42% de los policías purgados no parece reducirse a una decisión de recursos humanos. Sánchez sostiene que el último proceso de depuración fue una estrategia del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para controlar a la Policía y una justificación para remilitarizar la seguridad pública.
«La depuración fue una estrategia para maniatar a la Policía Nacional, depurando al 35% de las fuerzas, algunos tenían que haberse ido, pero ya existían los mecanismos legales para hacerlo a lo interno. Siempre ha habido un interés de mantener a la Policía en zozobra, para que otras instituciones asuman funciones que la Constitución de la República no les da».
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Otras fuentes consultadas por Expediente Público consideran que reincorporar a los policías separados es un riesgo, un retroceso a lo avanzado por la depuración policial impulsada entre 2016 y 2018, un proceso exigido por la ciudadanía hondureña y apoyado por el Gobierno de Estados Unidos.
«La decisión sorprende porque significa una negación de los hechos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente», declaró Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en una carta pública dirigida a la presidenta Xiomara Castro y a su esposo, el asesor presidencial Manuel Zelaya, el 28 de abril de 2022.
Es de hacer notar que la académica es víctima de la Policía Nacional, luego que un grupo de agentes asesinaran a su hijo Rafael Vargas Castellanos y a un amigo de este, Carlos Pineda, en 2011.
La última depuración
Desde su creación en 1998, la Policía Nacional de Honduras ha enfrentado varios procesos de depuración. La mayoría fracasaron por la falta de compromiso del Estado, por los conflictos labores, por los intereses ocultos detrás de los despidos o por la oposición ejercida desde la Policía. Sin embargo, la depuración de 2016 se considera la más exitosa de todas.
«Comparado con otros procesos, la última depuración realizó logros importantes porque empezaron desde arriba, depurando personas muy poderosas. Con todas sus críticas, el proceso fue mucho más legítimo que otros», señala a Expediente Público el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés) y miembro del Wilson Center, el estadounidense Eric Olson, un experto en seguridad en América Latina y en la política hacia el hemisferio occidental.
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Como ocurrió en los demás procesos, la depuración de 2016 emanó de un escándalo policial, cuando el periódico estadounidense The New York Times reveló que 25 policías, incluida la cúpula, estaban detrás de los asesinatos de los exmiembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Arístides González y Alfredo Landaverde.
El reportaje, señaló que tres exdirectores generales de la PNH planificaron los crímenes bajo las órdenes del poderoso narcotraficante Wilter Blanco, actualmente preso en Estados Unidos. El actual ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y el ahora extraditado Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, ambos también exjefes de la PNH, habrían engavetado los casos.
Igual había sucedido en 2011, cuando el asesinato de dos jóvenes a manos de la Policía, entre ellos el hijo de la exrectora Castellanos, dio pie para que se integrara la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), que funcionó entre 2012 y 2014, en el gobierno de Porfirio Lobo. Sin embargo, el New York Times expuso a nivel internacional las entrañas de la institución y constató que la Comisión no había podido transformar la Policía, a pesar de gastar en ese proceso 41 millones de lempiras (1,6 millones de dólares).
Presionado por la ciudadanía, el 12 de abril de 2016, el exmandatario Juan Orlando Hernández encomendó al entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, al abogado Omar Rivera, a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales, y al pastor evangélico Alberto Solórzano, para que se depuraran las filas de la Policía.
Bajo un contexto inicial marcado por el escepticismo de la población, en apenas unos meses, la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la PNH removió al 43% de los oficiales de alto rango. Fueron separados de la institución mediante la figura laboral de la reestructuración, de la suspensión temporal o de la jubilación voluntaria.
Uno de los primeros policías suspendidos fue el actual ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien alegó que todo se trataba de un montaje por parte del Gobierno de Hernández, en su caso, una represalia por capturar en 2014 al cártel de los Valle, supuestos socios del expresidente.
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«La falsificación y filtrado de los documentos responden a la voluntad de neutralizar a la Policía de Honduras porque no está a favor del gobierno (de Hernández)», dijo en su momento Sabillón, antes de asilarse durante cinco años en Estados Unidos.
El actual director de institución, Gustavo Sánchez, opina que incriminar a la cúpula policial fue una estrategia para someter a la Policía.
«¿Cuántos de los señalados están procesados? Ninguno. No vamos a desconocer la deuda histórica de la institución, pero eso respondió a ciertos intereses más allá de la Policía», insistió Sánchez. La cúpula policial a la que se refiere Sánchez incluía a los exdirectores Salomón Escoto Salinas, José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid. A los dos primeros se les señala de haber sido miembros del escuadrón de la muerte del 3-16 en la década de los ochenta. Mientras Ramírez del Cid es acusado por lavado de activos.
