*Es clave la elección de un fiscal general al margen de acuerdos políticos, advierten expertos durante un webinario coordinado por Expediente Abierto.
**Una reforma al sector justicia significa una profunda reforma al Estado, en una futura transición, señalan expertos en reformas al Ministerio Público, durante la presentación de la hoja de ruta para la fiscalía.
Expediente Público
La reforma a la fiscalía de Nicaragua, cooptada por el régimen de Daniel Ortega, estaría de la mano de una profunda refundación del Estado y requiere un amplio proceso de inclusión ciudadana, pero sobre todo, atacar la impunidad y corrupción, advirtieron tres expertos en ministerios públicos durante un webinario sobre la hoja de ruta para un Ministerio Público propuesta por el centro de pensamiento e investigación Expediente Abierto.
María Asunción Moreno, jurista constitucionalista; Úrsula Indacochea, especialista en independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés); y Alexander Rodríguez, experto y consultor en reformas del ministerio público, comentaron la hoja de ruta de la reforma de la fiscalía en un webinario de Expediente Abierto dirigido a periodistas y actores sociales, este 23 de mayo.
Moreno, de nacionalidad nicaragüense, explicó al foro que la reforma al Ministerio Público será compleja porque existe una clase política que, en los últimos 20 años y, sobre todo, los últimos 15 años, desmanteló la institucionalidad democrática, hasta llegar a una desaparición de la separación e independencia de los poderes de Estado.
“Hay un sistema de injusticia implantado. No podemos hablar de Poder Judicial, sino, de una secretaría de un poder centralizado”, precisó Moreno.
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“Al no existir un Poder Judicial a como lo entendemos en una democracia, es una secretaría y el Ministerio Público funciona como subsecretaría”. Los pilares que lo sostienen son la impunidad, la corrupción y la represión política, agregó Moreno.
Cambio profundo en el Estado, no solo la fiscalía
Moreno también consideró que una vez que Ortega salga del poder, la justicia será un tema medular, sin justicia no se puede hablar de democracia. En la hoja de ruta para “el desmantelamiento del modelo totalitario, pensamos en la refundación del Estado de forma integral. Me inclino por una constituyente, porque nuestra constitución tiene una cantidad de reformas parciales cuyo objetivo han sido siempre componendas y pactos partidarios para destruir la institucionalidad que se ha querido venir construyendo desde la transición democrática de 1990, que no pasó de transición por (culpa de) la clase política”.
La experta constitucionalista ve en los partidos políticos tradicionales una gran responsabilidad en la descomposición de la justicia y la fiscalía, porque ahora mismo están anulados dentro de una estructura de concentración de poder que está instalando un partido único.
Justicia transicional
Moreno sugirió a los expertos que determinen su concepto de “jurisdicción transicional”, porque se plantea la necesidad de esclarecer los hechos cometidos por funcionarios y particulares durante la rebelión de abril de 2018. Algunos hablan hasta de llevarla a la década de los ochenta.
Por eso, se debe delimitar cuáles son los hechos que van a conocer esta jurisdicción. Moreno considera que debería partir desde 2018, porque los responsables son casi los mismos actores de los ochenta.
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“La forma que concebimos la justicia transicional es un tema, eso determina las líneas de trabajo o cómo estructuramos el nuevo modelo de justicia. Propongo frente a ese legado de abusos y violaciones de derechos humanos, pensar en un modelo en el que no solo tenga la finalidad la búsqueda de la verdad, enjuiciamiento de los responsables, establecer un programa de reparación a las víctimas, sino, plantear una reforma institucional integral que proponga la confianza ciudadana y proporcione reconocimiento a las víctimas”, dijo.
La vital elección del fiscal
Tomando como ejemplo la creación del Ministerio Público en México en 2014, Indacochea señaló la relevancia de la participación ciudadana, incluso desde la elección del fiscal general, sobre todo porque es reconocido en el derecho internacional y los derechos humanos la participación de la población en temas de políticas públicas.
La figura del fiscal general debe elegirse alejada del poder político, o en caso contrario salvaguardada con mecanismos de control social, reiteró.
El fiscal general es el líder de una institución jerarquizada, y debe saberse escoger para garantizar unidad y para que la actuación de los fiscales sea cohesionada, su plan de gestión debe ser público para que los ciudadanos puedan identificar delitos de impacto social y ejercer control sobre el uso de recursos.
Indacochea mencionó que una idea que no logró implementarse en México, pero que podría funcionar es el Consejo Ciudadano de apoyo al Ministerio Público.
Para Rodríguez “la gran pregunta aquí es a quien le den el puesto de fiscal general, quién lo nombra y a quién le debe el nombramiento”.
En Nicaragua, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público le corresponde realizarlo a la Asamblea Nacional, pero “se ha visto que a nivel internacional que los nombramientos que derivan de la Asamblea Legislativa o directamente del Poder Ejecutivo amarra al Ministerio Público desde su cabeza para que sean obedientes a cualquier tipo de interés del Poder Ejecutivo, sea para perseguir a los enemigos o para tapar y no perseguir”, dijo el experto.
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A pesar que existen experiencias como la de Guatemala donde se crearon “gremios de garaje” para influir en los nombramientos, Rodríguez cree que se puede considerar una posible reforma constitucional para conformar un verdadero Consejo de la Judicatura, que sea un órgano rector. Este podría no ser permanente, que se seleccione una vez cada 6 meses o una vez al año para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general y al fiscal adjunto, con la participación de la Academia y las barras de abogados.
La hoja de ruta
El documento “Un Ministerio Público para la democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”, elaborado por Alexander Rodríguez Campos, experto internacional en ministerios públicos, en colaboración con el centro de investigación y pensamiento Expediente Abierto.
Expediente Abierto realizó desde 2021 consultas a expertos y académicos nacionales e internacionales, actores sociales, económicos, políticos y religiosos cuyo resultado es la hoja de ruta para la transformación del Ministerio Público.
“Recuerdo cuál era la expectativa internacional cuando en Nicaragua se hace la reforma procesal penal en 1999, que establece una nueva figura que es el Ministerio Público y se aprueba una Ley Orgánica, porque las funciones de acusar las tenía en ese entonces la Procuraduría. No es extraño entonces que cuando se crea el Ministerio Público muchos de los procuradores del área penal pasaran al Ministerio Público”, dijo Rodríguez.
“A pesar de que en ese entonces todavía había influencia política o siempre ha habido influencia política, se logró realizar alrededor de cuatro concursos públicos que se hacían en los medios de comunicación y participaron cientos de personas”, recordó.
Sin embargo, en los últimos años el Ministerio Público ha dejado de utilizar esta ley de carrera y de su Ley Orgánica y todo lo que fue un proceso de selección por méritos. Esta escogencia tiene que ser independiente para aplicar el principio de igualdad ante la ley, pues así se genera un ambiente de confianza en la ciudadanía.
“Si alguien roba va a ir a la cárcel, si alguien mata va a la cárcel, si alguien le roba al Estado va a la cárcel, si alguien viola derechos humanos, igual”, pero cuando el Ministerio Público es utilizado con fines políticos se genera inseguridad jurídica, agregó el experto.
Significado de las reformas
Rodríguez advirtió también que un nuevo Gobierno no debe utilizar al Ministerio Público para perseguir y promover venganzas. “No se trata de eso, en una democracia ciertamente habrá que hacer acuerdos de paz, ciertamente habrá que hacer justicia transicional, pero eso no significa venganza”.
En este sentido, hacer una depuración o limpieza absoluta de todo el Ministerio cuando hay fiscales que tienen un perfil bajo y que se limitan a cumplir su tarea cotidiana, sería catastrófico para todo el sistema jurídico y para la ciudadanía.
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Rodríguez considera que el Ministerio Público no puede dejar de funcionar durante meses, debe laborar incluso en una etapa de transición, solo deben a excluirse quienes provengan de la Policía Nacional, el Ejército, el Poder Ejecutivo, y que participaron en delitos graves.
