*Trojes, frontera con Nicaragua, se ha convertido en un paso de migrantes cubanos, haitianos, africanos y venezolanos. Los que pretenden cruzar deben pagar una multa de 210 dólares o esperar dos o tres días a que les den un permiso.
**Expediente Público viajó a la zona donde hay denuncias de que los policías paran los autobuses, bajan a las personas de tez blanca y hacen cobros a las personas de raza negra que quedan dentro.
Expediente Público
Cobros excesivos para permitirles ingresar, policías que piden cuotas de extorsión para dejarlos continuar su travesía en autobús, cárcel para quienes pretenden ayudarlos, son algunas de las dificultades que encuentran los migrantes indocumentados que atraviesan territorio hondureño.
Expediente Público constató in situ, en la comunidad de Trojes, fronteriza con Nicaragua, las dificultades que viven cientos de extranjeros cuya meta es llegar a Estados Unidos; y cómo las autoridades se convierten en un obstáculo pese al reclamo de estas personas que dicen no se quieren quedar en Honduras, solo pretenden que los dejen pasar.
¿Salvoconducto o sanción?
A las afueras de la delegación de Trojes todos los migrantes entienden que deben pagar un “salvoconducto” para transitar por el territorio hondureño. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) aclaran que ese concepto no aplica a los extranjeros que entran irregularmente al país.
“El salvoconducto es otro término dentro de migración, pero no aplica a la gente que ingresa al país y que viola la Ley de Migración. Esta es específicamente por faltas a la Ley de Migración, por eso se le llama multa. Ya el salvoconducto es otra figura que no aplica en este caso”, explicó la jefa de la oficina migratoria de Trojes, Glenda Correa.
Los extranjeros que entran irregularmente por puntos ciegos al territorio hondureño son objeto de una sanción administrativa de 210 dólares. Este pago está establecido en el artículo 104, numeral uno, de la Ley de Migración y Extranjería.
Los migrantes consultados consideran esta sanción innecesaria, puesto que su intención no es quedarse en Honduras, el país sirve solamente como un trampolín hacia Estados Unidos.
“A ningún emigrante se le cobra salvoconducto, el salvoconducto es un papel migratorio para transitar nada más en el país, de tramo a tramo. Eso no se cobra, no sé porque aquí te lo quieren cobrar y a esa cantidad de dinero”, reprochaba un migrante venezolano en las afueras de la delegación de Migración de Trojes.
“Es que uno tampoco quiere quedarse, uno se quiere ir, no queremos quedarnos aquí”, enfatizaba otra joven, también venezolana.
El gobierno de Honduras anunció el miércoles 4 de mayo la exoneración temporal de la multa. Esta amnistía fue aprobada por los diputados del Congreso Nacional por un período de tres meses. Sin embargo, para que entre en vigencia debe publicarse en La Gaceta, lo que hasta ese momento no había sucedido por lo que se seguían cobrando los 210 dólares.
“Mientras no sea publicada no es ley. Nosotros continuamos basándonos en el artículo 101, numeral 4, en el cual se especifica que por el ingreso irregular al país se aplica multa migratoria”, apuntó Correa.
Las personas que no pueden pagar son evaluadas a través de una “encuesta de vulnerabilidad” mediante la cual se recopila su información socioeconómica. Este proceso puede llevar dos o tres días en los que el migrante debe buscar la manera de sobrevivir estancado en la frontera.
Sin condiciones para dar una buena atención
Los migrantes se acercan a menudo a la delegación de Migración de Trojes a consultar el estado de su permiso. Un extranjero de rasgos africanos abordó a uno de los delegados de la oficina y le explicó, hablando en portugués, que necesitaba el documento. Por el tono suplicante de su voz y sus gestos parecía al borde de la frustración.
La barrera del idioma entre los dos parecía dificultar por momentos la comunicación, pero esto no impidió al funcionario preguntarle: “¿Tenés los 210 dólares?”. Con la cabeza el migrante lo negó y el delegado le contestó “entonces, no puedo ayudarte”.
Ante la forma tan directa y exaltada en que el funcionario solicitó el dinero, Expediente Público consultó a la delegada de la Dirección de Migración de Danlí, Joseana Martínez, cuál es el proceso que los extranjeros deben realizar para pagar la sanción.
“El cobro se hace a través de la banca. Se le genera un TGR (recibo de la Tesorería General de la República). Eso lo hacen en la delegación, se le genera el recibo y se le manda al banco, donde hacen el cobro de los 210 dólares”, expuso.
Un grupo de ciudadanos de la India que esperaron casi todo el día para recibir el permiso de tránsito por el país.
Migrantes haitianos, en las afueras de la delegación de Migración en Trojes, departamento de El Paraíso, en la frontera entre Honduras y Nicaragua.
Usualmente, si no tienen dinero para pagar la multa por ingresar de forma irregular al país, deben esperar de 2 a 3 días a que les den un documento de paso.
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Martínez reconoció que en la delegación de Trojes no cuentan con las condiciones adecuadas puesto que ni siquiera hay un banco. “El cambio del dólar no se da, esto entorpece el proceso con Migración”.
También confirmó que hasta la primera semana de mayo se había empezado a generar el permiso para transitar por Honduras con medidas de seguridad, como el número de documento, sellos y código QR. Antes, se hacía en una hoja normal.
Además, la delegación de Trojes tiene deficiencias en la atención al público porque solo cuenta con tres funcionarios. Para hacer sus trámites los migrantes deben pasar en grupos. Por ejemplo, Expediente Público constató la presencia de cinco migrantes de la India que esperaban sus permisos luego de estar casi todo el día recostados en la acera.
Debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan de Nicaragua hacia Trojes, la capacidad de la oficina migratoria se ve desbordada, por lo que a diario se envían dos buses llenos de personas a la delegación de Danlí, a 78 kilómetros de distancia, donde son atendidos y donde sí hay oficinas bancarias.
Acusan de extorsión por policías
Uno de los migrantes de Venezuela explicó que su visita al país había sido desagradable, puesto que él venía huyendo porque no tenía trabajo ni dinero, y en Honduras lo único que hacen es pedirles dinero.
Además, en un informe de investigación de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional -que recoge testimonios sobre la falta de seguridad de haitianos que atraviesan las Américas-, un migrante dijo que en Honduras la policía obligó a todas las personas blancas a bajar del autobús. Después, extorsionaron a todas las personas negras a las que habían dejado en el interior del vehículo.
No sabía con certeza si también extorsionaron a las personas migrantes de piel más clara, pero notó que las personas haitianas eran objeto de perfiles raciales y discriminación.
La delegada de Migración, Joseana Martínez, explicó a Expediente Público que han tenido reuniones con oficiales de la Policía Fronteriza de Trojes para tratar el tema, pero asegura que no tienen pruebas suficientes para afirmar o descartar que los agentes estén haciendo estos cobros ilícitos a migrantes.
Expediente Público consultó al policía fronterizo Marcio Palma, y él negó las acusaciones, calificándolas de “falsas” y de simples rumores.
“Uno como policía está expuesto a todo tipo de mal comentario o difamación. Si se estuvo dando eso en algún tiempo que nosotros estuvimos un poco estrictos en esa cuestión de esta gente que venía de Santa María a traer personas acá. Entonces a raíz de eso nosotros realizábamos decomisos de motocicletas, de vehículos de cuatro ruedas, remisión a las fiscalías, entonces se empezaron a dar esos rumores”, enfatizó. Santa María es una aldea del departamento de El Paraíso, cuyos pobladores movilizan a los migrantes a cambio de una tarifa.
Algunos lugareños dijeron a Expediente Público que muchos habían querido ayudar a los migrantes transportándolos en sus vehículos, sin cobrar, hacia las estaciones de buses, pero la Policía Fronteriza los detiene y los acusan de tráfico de personas, se les imponen altas multas y les decomisan sus vehículos.
Palma explicó que la Policía Fronteriza asocia esta clase de “ayuda” con la intención de llevar a las personas ilegalmente hacia Estados Unidos, haciendo la función de “coyote” o traficante de personas.
“La mayoría de la gente de esta zona sabe que eso es prohibido. Ahora bien, si se da el caso de que pasa un vehículo común con personas extranjeras y no traen documentación, ahí cae en un delito, el delito se llama tráfico de personas. Para los ciudadanos migrantes no hay ningún problema, más que todo el problema recae en el ciudadano hondureño”, subrayó.
Cobros abusivos
Para entrar al territorio hondureño los migrantes cruzan la frontera de Nicaragua y Honduras, llegan a la aduana y, un poco más adelante, a una estación de buses. Enfrente, se encuentran parqueadas una gran cantidad de mototaxis que los transportan hasta cerca de la delegación de Migración de Trojes.
Joseana Martínez explicó que la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) interpuso una denuncia contra los trabajadores del transporte público de la zona por cobros abusivos a los migrantes. “Si el pasaje cuesta 10 dólares a ellos les están cobrando 20”, ejemplificó.
En el lugar también aguardan jóvenes, de entre 20 y 30 años, que se transportan en motocicletas. Autoridades fronterizas explicaron a Expediente Público que se trata de coyotes, quienes cobran tarifas elevadas para movilizar a los migrantes. La mayoría provienen de Santa María.
La migración en todo el departamento de El Paraíso ha creado un impacto en las comunidades, principalmente de tipo económico. El tráfico ilícito de personas se ha convertido en una alternativa como medio de vida y los comercios locales han aumentado el precio de los productos y los venden en dólares.
En un lugar cercano a la delegación de Trojes hay un edificio con un rótulo grande que dice “se rentan baños y se cambian dólares”.
Pocos albergues
Trojes solo cuenta con dos albergues que la iglesia católica financia. El INM u otras dependencias del gobierno no cuentan con refugios para migrantes.
El padre Mario Ramos, de la parroquia local, relató que reciben ayudas de Médicos sin Fronteras, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Cruz Roja hondureña y otras organizaciones, pero no son suficientes para cubrir las necesidades de los migrantes.
Además, en Trojes la asistencia médica es escasa, así como el análisis epidemiológico. Los migrantes andan sin mascarilla y no hay manera de advertir si llegan afectados por covid-19.
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El padre Ramos dijo que personalmente ha visto a varios migrantes enfermos con el virus. Unos se logran recuperar con el tiempo, otros han tenido que ser trasladados a centros médicos, con signos de deterioro.
Joseana Martínez dijo a Expediente Público que como INM están haciendo gestiones para la construcción de centros integrales para la atención de migrantes, los cuales estarían ubicados en Danlí. Mientras tanto, los que llegan a Trojes deberán seguir teniendo paciencia a la espera de un permiso para seguir la marcha o bien traer 210 dólares que les abran las puertas de estas Honduras.
