*El Gobierno da explicaciones poco creíbles para desaparecer a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que representaban a asociaciones médicas, feministas, universidades, ambientalistas, indígenas, periodistas y centros de pensamiento.
**Expediente Público verifica uso de mentiras como políticas de Estado bajo administración represiva de Ortega-Murillo en Nicaragua.
***Entre las entidades sacrificadas está la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el último bastión en la defensa de los derechos humanos.
Expediente Público
El cierre de la última oficina independiente de derechos humanos que quedaba en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se concretó este 20 de abril de 2022 bajo una serie de falsos argumentos y falacias jurídicas por parte de los diputados sandinistas al servicio del régimen Ortega-Murillo.
La CPDH, con 45 años de existencia defendiendo los derechos humanos en el país, fue cancelada junto a 24 organizaciones más, la mayoría de la sociedad civil y gremios profesionales, bajo acusación de “incumplimiento de obligaciones” vinculadas a nuevas leyes estatales consideradas represivas por la comunidad internacional.
De acuerdo a la exposición de motivos leída en el Congreso por el diputado sandinista Filiberto Jacinto Rodríguez, el informe destaca que, en mucho de los casos, estos organismos se negaron a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación como “agentes extranjeros”, no presentaban sus informes financieros y, o, sus juntas directivas estaban acéfalas.
El tranque sandinista en Gobernación
«Estas asociaciones o fundaciones han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro, ley 147 (Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro); ley 977 (Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y sus reglamentos; así como la ley 1040 (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros), no registrarse como agentes extranjeros siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior», leyó el legislador.
Tales argumentos, analizados por Expediente Público a través del ejercicio de verificación de datos, resultan ser falsos y, o, manipulados por los legisladores del proyecto dictatorial sandinista.
En el caso de la CPDH, su secretario ejecutivo Marcos Carmona explicó en conferencia de prensa transmitida por Facebook Live, que la organización trató de inscribirse en múltiples ocasiones como “agente extranjero”, desde que Ortega mandó a aprobar dicha ley en la Asamblea Nacional en octubre de 2020.
Sin embargo, el Ministerio de Gobernación, que actúa como institución represora de organizaciones de la sociedad civil, lo bloqueó de muchas maneras.
Dicho ente tampoco recibió los estados financieros, no emitió sanciones administrativas ni llamados de atención para solucionar cualquier problema que pudiera presentar en su documentación la CPDH, dijo Carmona.
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Plan de ahogar a ONG
Él concluye que la única intención de estas cancelaciones es evitar que existan organismos defensores de derechos humanos denunciando los abusos permanentes del régimen contra la sociedad nicaragüense.
«No hay voluntad, por parte del Gobierno, que haya organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país», señaló el secretario ejecutivo de la CPDH.
El representante de la CPDH recordó que la organización ya había intentado entregar dichos documentos al Ministerio de Gobernación y que esa cartera se negó a recibirlos.
“Simplemente no nos permitieron registrarnos”, dijo.
La citada ley bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG defensoras de derechos humanos, periodistas y centros de pensamiento o promotores de la democracia y la gobernabilidad.
Desde 2021, Gobernación dio ultimátum a las organizaciones para inscribirse como agentes extranjeros so pena de multas, sanciones y hasta cárcel.
La falacia de la Ley de Agentes Extranjeros
Cuando Ortega mandó a aprobar la ley en 2020, los diputados sandinistas argumentaron en la Asamblea Nacional que tal iniciativa iba a fortalecer los derechos humanos de los nicaragüenses al transparentar las operaciones de las organizaciones civiles.
«Creemos nosotros que esta ley nos va a dar muchas garantías, nos va a dar mucha seguridad, va a garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses y vamos a vivir en paz y tranquilidad», dijo entonces el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación.
Su argumento a favor de la ley resultó ser falso.
La CPDH resultó ser la última organización que defiende los derechos humanos de manera legal en Nicaragua, ya que desde diciembre de 2018 el Gobierno ha despojado la personalidad jurídica a distintas oficinas similares.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudcan) y ahora CPDH eran organismos de derechos humanos activos antes de la Ley 1040.
Ahora han sido eliminados y no hay organización nacional o internacional de derechos humanos legalmente registrada y en operaciones en Nicaragua.
En el transcurso de la crisis que arrastra Nicaragua desde las protestas sociales de 2018, se expulsó a delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a investigadores de Naciones Unidas.
A la vez se le negó ingreso al país a activistas, defensores y delegados de organizaciones internacionales similares de la Unión Europea, España, Estados Unidos y países de América Latina, mientras se obligaba al exilio a los defensores locales.
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DDHH en manos de una oficina ciega, sorda y muda
Lo único que queda en Nicaragua referente a derechos humanos es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una oficina gris que en teoría debería ser independiente, pero que en la práctica opera como ente justificador del régimen.
Su papel como defensor reconocido a nivel internacional fue degradado en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras negar las atrocidades cometidas por el Gobierno y sus fuerzas de seguridad y justificar los atropellos contra la población.
La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que la integran las organizaciones defensoras de los países miembros, propuso en su informe que la PDDH fuera degradada de “A” a “B” (en su credibilidad e independencia) por considerar que actuaba a favor del régimen sandinista y no del pueblo.
Desde entonces la PDDH sigue siendo un ente sin reconocimiento internacional en defensa de los derechos humanos.
Más falacias sandinistas
Otra falacia detectada por Expediente Público en los discursos justificadores de los diputados sandinistas, es la expresada por el diputado libero-sandinista-somocista, Wilfredo Navarro Moreira.
“Al cancelar estas personerías estamos liberando a estas asociaciones de sus responsabilidades con el ministerio de Gobernación, y tienen ellas mismas por el mero cambio, tienen una personería jurídica nueva”, dijo.
“La Asamblea Nacional está haciendo un trabajo con las oenegés de ‘organizar y obligar al cumplimiento de la ley de las organizaciones sin fines de lucro’”, justificó.
De igual modo el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, justificó el cierre de las organizaciones diciendo que estas violan el estatus de trabajar sin fines de lucro.
“Nosotros lo que quitamos es lo que corresponde a una actividad que no están realizando de ellos que es de organismos sin fines de lucro”, justificó.
Los argumentos de Navarro y Porras son falsos: la Asamblea Nacional manda a la cancelación inmediata de las ONG, no a una nueva clasificación.
Además, instruye a otras instituciones del Estado a confiscar y apropiarse de bienes, cuentas y recursos de las organizaciones intervenidas.
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Masacre de organizaciones
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 162 asociaciones civiles nicaragüenses desde diciembre de 2018.
Las últimas 25 ONG, entre ellas CPDH, fueron anuladas este 20 de abril. El pasado 17 de marzo otras 25 fueron de igual modo canceladas.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, asociaciones médicas, feministas, educativas, universidades, académicas, ambientalistas, indígenas, de periodistas, centros de pensamiento, entre otras sin fines de lucro. A ninguna de ellas se les brindó un proceso administrativo previo, y a ninguna se les reclasificó o cambió de categoría.
