*En el informe de 2021 de derechos humanos del Departamento de Estado, el régimen de Nicaragua es presentado con una extensa lista de violaciones que empiezan con ejecuciones extrajudiciales o asesinatos arbitrarios.
**Ejecuciones de pandilleros e impunidad de agentes de seguridad ensombrece gestión de Bukele.
***En Honduras y El Salvador los derechos humanos padecen por acciones del crimen organizado y del Estado.
Expediente Público
Para el Departamento de Estado de EE. UU., el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha instalado una política de “exilio, cárcel o muerte”. Reportes de asesinatos arbitrarios y ejecuciones en el noreste del país aparecen como el primer indicador de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Nicaragua en el último año, según un informe anual publicado el 12 de abril.
El Reporte 2021 de Prácticas de Derechos Humanos en Países elaborado por la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estados indicó que no solo no se han investigado 355 muertes en el contexto de las manifestaciones sociales de 2018, sino, que hay evidencia que los crímenes de carácter político continúan bajo el gobierno “autoritario” de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Ejemplos de esto son el asesinato del opositor Ernesto Jarquín, en Mulukukú, a 243 kilómetros de Managua; y la masacre de 13 indígenas en Musawas, en la biosfera de Bosawas, ocurrida en agosto de 2021.
Además, señala más de 130,000 exiliados en países vecinos y el encarcelamiento arbitrario de 40 líderes opositores previo a las elecciones general de noviembre de 2021, muchos de los cuales estuvieron desaparecidos por semanas e incluso meses.
En el tratamiento carcelario de presos políticos son señaladas torturas y tratos crueles. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que en el caso de las mujeres han sido obligadas a ponerse de cuclillas para golpear sus genitales en busca de supuestos objetos, son amenazadas con violación y requisadas, desnudas, por oficiales y parapolicías.
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El reporte señala que el régimen negó al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a 40 presos políticos en la cárcel de auxilio judicial conocida como el nuevo Chipote.
Otros abusos cometidos que señala el informe corresponden a la falta de juicios públicos justos, así como la ausencia general de un debido proceso.
En la sección de libertades civiles se subraya la detención de cinco comunicadores, incluyendo el gerente general de La Prensa, Lorenzo Hollmann.
“Los medios de comunicación independientes sufrieron vandalismo, incautación de equipos de transmisión, ataques cibernéticos y cargos penales por difamación”, describe el informe.
El Salvador: impunidad de fuerzas de seguridad
El mismo reporte revela abusos de parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas que podrían estar eliminando “presuntos pandilleros y otras personas”, así también, cometiendo tratos crueles, torturas y desapariciones.
El reporte no trata los acontecimientos recientes bajo el régimen de excepción, pero advierte que “persistió la impunidad en las fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia. En algunos casos, las autoridades investigaron y enjuiciaron a personas acusadas de cometer delitos y abusos contra los derechos humanos. La impunidad de la corrupción oficial siguió siendo endémica”.
Organizaciones de derechos humanos, atacadas verbalmente por el presidente Nayib Bukele, reportan al menos siete casos de ejecuciones extrajudiciales a supuestos miembros de las maras, cometidas por policías o militares.
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Sin embargo, en El Salvador se reconoce el abuso de grupos criminales nacionales y transnacionales ligados al narcotráfico que cometieron “asesinatos y actos de extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia. Dirigieron estos actos contra policías, autoridades judiciales, la comunidad empresarial, periodistas, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables”.
En el caso de las desapariciones, hubo 989 casos entre el primero de enero y el 29 de junio de los cuales fueron encontrados 545 con vida y 51 muertos. Estos actos no solo son cometidos por policías y pandilleros, también son acusados militares y bandas de asesinos a sueldo.
Washington manifiesta que las condiciones carcelarias son pésimas e incluso pueden provocar algunas muertes, mientras documenta 65 casos de juicios a puertas cerradas y decenas de arrestos arbitrarios.
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Honduras: el legado de JOH
Existen evidencias de ejecuciones extrajudiciales, tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado en el último año de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, revela el informe.
Además, se señalan “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales y la existencia de leyes penales contra la difamación”.
Como en El Salvador, los abusos contra los derechos humanos, no solo provienen del Estado, también de las pandillas, perpetradores importantes de delitos violentos y actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables.
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En los tres países coinciden, elementos como la corrupción gubernamental grave, impunidad, la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas de la diversidad sexual.
