*Los efectos de la legislación Renacer que entró en vigencia el 10 de noviembre del 2021 no brinda resultados esperados, porque no se aplica. Es momento de implementación de aspectos más allá de las sanciones individuales, señalan expertos en foro de Expediente Abierto.
Expediente Público
A cinco meses de entrada en vigencia, la ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) se ha implementado de forma mínima, advirtieron panelistas en un foro virtual con periodistas y representantes de la diáspora, organizado por el centro de investigación centroamericano Expediente Abierto, este lunes 11 de abril. La ley fue firmada por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el 10 de noviembre de 2021.
Las razones por las que la ley Renacer no es aplicada a plenitud son diversas, indicaron los panelistas: desde la falta de interés, la sorprendente impunidad con la que respondió el régimen y por sus mismos objetivos, como instrumento de presión más que de fuerza.
Renacer es una pieza muy importante en el contexto de presión al régimen de Ortega, pero el gobierno de Biden no la está usando con determinación. Ahora se discute en Washington cómo implementar las acciones que permite esta ley, más allá de las sanciones, coincidieron los panelistas Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la fundación Diálogo Interamericano; Eric Olson, director de Política e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle; y María Laura Alvarado, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entidad que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil opositoras al régimen.
Orozco consideró que la implementación de la ley, por parte de Estados Unidos, podría tener una calificación «D», reprobado. Por ejemplo, no se conoce si se brindaron los cuatro informes que los legisladores pidieron a un plazo de 90 días, tampoco todas las acciones de presión han sido efectuadas ni ha habido una revisión del Tratado de Libre Comercio.
Le puede interesar: Ley Renacer entra en vigor contra régimen de Ortega
Aunque el gobierno de Biden dice que prioriza el tema de los presos políticos, hay una gran diferencia entre lo que se dice y se hace, precisó Orozco, pero considera que la impunidad con la cual actúa el régimen ha sorprendido y ha sido necesario redefinir estrategias.
En este contexto, existe la sensación en la comunidad internacional y la diáspora que la actual administración de Biden es pasiva, no solo con Nicaragua, sino, con la región, pero ahora se trabaja con pasos relevantes, como la expulsión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo.
Hasta el 9 de marzo de 2022 un total de 51 individuos y 9 entidades han sido sancionadas bajo la Ley Magnitsky, un decreto ejecutivo de Donald Trump, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción (Nica Act) y finalmente, en marzo nueve funcionarios fueron colocados en la Lista Engel, por sus actos de corrupción, bajo la ley Renacer.
Olson coincidió en la débil implementación de Renacer, pero explicó que no debe caerse en la desesperación con el uso de instrumentos diplomáticos y que la fuerza no es la estrategia indicada.
“Como vemos en Ucrania, Rusia ataca militarmente a otro Estado para hacer los cambios que ellos quieren, en este caso creo que es bastante ilegal lo que está sucediendo, pero esto es histórico. A través de la historia también se han buscado otro tipo de herramientas diplomáticas de aislamiento del país y sanciones”, indicó.
El Gobierno de Nicaragua señala las sanciones de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, como actos de injerencia en asuntos internos.
Olson explicó que hace pocas semanas tuvo un debate con varios juristas internacionales. Ellos dicen que se permite el uso de sanciones entre naciones, siempre y cuando estas sean conforme a la ley internacional y las leyes de guerra o las humanitarias.
Lea también: EU revisa DR Cafta con Nicaragua y sanciones por elecciones amañadas
El analista precisó que existe preocupación porque en Nicaragua no existe democracia ni Estado de Derecho, por lo cual la comunidad internacional y los nicaragüenses deben buscar opciones y posibles herramientas para combatir este tipo de régimen dentro del marco legal internacional. “Obviamente no se pueden usar (los instrumentos de presión) para crear crisis humanitarias, ir en contra de niños, jóvenes o personas inocentes”.
María Laura Alvarado, de la UNAB, aseguró que existe un mecanismo de coordinación de denuncias y validación de las mismas, tanto por la ciudadanía como miembros de la diáspora, que recopila información sobre paramilitares, policías o miembros del Ejército Nacional involucrados en actos de represión y violación de derechos humanos. También hay denuncias de presencia extranjera, entre ellas de rusos.
Las mesas de trabajo locales y en el extranjero presentan informes trimestrales donde se incluyen a funcionarios que pueden ser sancionables. “El propósito no es solo castigar, sino, que pueda haber un cambio”, acotó.
El DR-Cafta en el contexto de Renacer
En las últimas semanas la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua ha publicado datos en las redes sociales que lo exponen como el principal impulsor y socio de la economía del país. Una de las piezas angulares para esto es el tratado de libre comercio entre la potencia del Norte con los países de Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta.
Lea además: Subsecretario Nichols: Estados Unidos sigue atento a lo que sucede en CA
Orozco indicó que no solo las condiciones de democracia o la falta de esta involucraría una revisión del TLC, sino, aspectos relacionados con los derechos laborales, el respeto ambiental y el acceso al sistema financiero.
Estas observaciones se hacen porque los trabajadores nicaragüenses no pueden sindicalizarse o solo pueden hacerlo dentro del esquema de vigilancia de la Central Sandinista. Además, están las extorsiones a las empresas, particularmente dentro de las zonas francas, que se ven obligadas a callar para no ser castigadas. También existe la imposición a los bancos de mantener cuentas y operaciones de funcionarios sancionados.
Efectividad de sanciones
Olson indicó que las sanciones usadas a nivel internacional han fracasado en gran medida. Un análisis indica que hasta el 75% no logran la meta esperada, y cuando tienen éxito es porque hay objetivos más puntuales. Por ejemplo, las medidas contra Venezuela y Cuba, no han podido promover un cambio de régimen o democratizar a estos países. En cambio, en Irán han logrado detener la producción de armas nucleares.
“No digo que las sanciones son todas malas o todas buenas, van a tener éxito o van a fracasar dependiendo de cómo se definen y a dónde se dirigen, con qué propósito. Aquí soy culpable de la desesperación que uno siente con el régimen Ortega-Murillo, uno quiere tirarle todo, sanción tras sanción, esperando de alguna manera que ellos caigan, que haya un cambio de Gobierno, que haya más democracia en Nicaragua, pero el análisis que hay es que esto poco tiene éxito por hacerse demasiado amplias las metas”, manifestó el experto.
También puede leer: EU advierte de más sanciones a Ortega mientras no libere a los presos políticos
“Parte del país tiene razón, a veces se sanciona y no hay ningún impacto, pero eso es, no porque las sanciones no son legítimas, sino porque a veces no somos estratégicos”, precisó.
“Renacer no es una varita mágica”
Orozco explicó que hay nueve instrumentos en la ley Renacer que pueden ser usados por Estados Unidos y la comunidad internacional. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, los condicionamientos de préstamos de multilaterales, la investigación de corrupción, la participación de Rusia o actuar contra la censura.
«Hay una gran diferencia entre el impacto que se quiere tener si el propósito es generar un cambio o remover a un régimen o a un dictador del poder. Uno puede crear condiciones para que se produzca una transformación, pero en el caso de Renacer el propósito es tratar de crear un ajuste de cuentas con diferentes instrumentos para que el balance de poder sea favorable al movimiento democrático nicaragüense. En ningún momento hay propósito de desestabilizar a un régimen o remover a un líder”, consideró Orozco.
El problema es que a partir del 2020 el nivel de impunidad en Nicaragua es tan grande, que la respuesta proporcional que no sea violenta requiere de muchos instrumentos bien calibrados para que se pueda incidir, indicó.
Orozco mencionó que las acciones violentas contra estos regímenes ya no son opción, por lo cual se emplea lo que se llama “poderes blandos”, o el uso de sanciones, presiones económicas de instituciones financieras, de condicionamiento de préstamos, el uso de los medios de comunicación para contrarrestar la impunidad, la censura y la desinformación.
Olson coincide en señalar que el efecto de las sanciones es poco hasta ahora, pero “Renacer es una herramienta, la solución va a estar en la capacidad organizativa de los nicaragüenses dentro y fuera de su país y la capacidad de construir un frente fuerte, amplio y unificado”.
“Renacer no es una varita mágica y no va a resolver todos sus problemas, como Orozco expuso, las sanciones son uno de los instrumentos de la ley Renacer, designada para fortalecer todos los elementos relacionados con un balance de un proceso político en Nicaragua que llevará al país a tener un proceso electoral libre”, concluyó.
