*Discurso sandinista propaga que reformas a leyes sobre educación “fortalecen sistema educativo superior”.
**Análisis de abogados y expertos en educación: FSLN eliminó autonomía educativa y sometió universidades a control político.
***Expediente Público analiza leyes, discurso y verifica datos sobre el tema que develan que las reformas persiguen castigar el pensamiento crítico.
Expediente Público
Las reformas al sistema de leyes sobre educación superior en Nicaragua, aprobadas por la Asamblea Nacional, se justificaron bajo un discurso de “fortalecer el sistema educativo”, pero un análisis a la transformación jurídica revela que lo único que se fortalece es el control político del partido de gobierno en las universidades públicas y privadas.
Expediente Público consultó a un abogado y a un investigador académico que verificaron que estas reformas solo aumentan los controles políticos del régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las universidades públicas y privadas.
Según la publicación oficialista 19 Digital, el parlamento aprobó el 31 de marzo una serie de reformas a la Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior “para garantizar una educación pública superior de calidad”.
La reforma a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, otorga al Consejo Nacional de Universidades (CNU), la facultad de sancionar, vetar, aprobar, cerrar y autorizar universidades, además de elegir los perfiles, planes de estudios y programas académicos en el sistema de estudios superiores.
A su vez otorgará más atribuciones al CNU, una organización partidaria dirigida por Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y militante sandinista, cuestionada por justificar en julio de 2018 los ataques armados de policías y paramilitares contra estudiantes atrincherados en el campus, acción sangrienta donde fallecieron dos estudiantes.
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CNU, el gran filtro
Las instituciones de educación superior, señala el artículo 12, “someterán a la aprobación” del CNU los perfiles y planes de estudios de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y postgrado.
En el artículo 47 también se estipula que los directores de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU “serán nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del rector”.
La anterior legislación estipulaba que solo debían ser electos por el rector.
Un investigador universitario que solicitó proteger su identidad por razones de seguridad, observó que los argumentos utilizados para aprobar la reforma en realidad cumplen dos objetivos: uno es destruir la autonomía universitaria y dos, otorgarle el control absoluto de las universidades al CNU, ya no como órgano rector de la educación superior, sino como brazo político del sandinismo.
La razón detrás de esta decisión, según el catedrático, es política y tiene por objetivo evitar que las universidades cultiven pensamientos críticos que puedan generar protestas como las de abril de 2018.
De acuerdo a la información estatal, antes de ser aprobada la reforma en el parlamento bajo control del partido sandinista, hubo un “amplio debate” en el que participaron legisladores como el sancionado diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien argumentó que es una “necesidad de hacer una reforma a ambas leyes para adecuarla a los tiempos modernos y por cuanto la educación es un bien público social”.
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“Eso es falso, don Wálmaro”
Para este investigador académico, dicho argumento es falso y busca ocultar la verdadera razón de la reforma.
“Los tiempos modernos demandan descentralización, autonomía y libertad creativa. No hay nada nuevo que aporte la reforma a estas necesidades, es pura retórica de los políticos para legalizar las confiscaciones a universidades y justificar los abusos contra la comunidad estudiantil que se levantó contra el régimen en 2018”, dijo a Expediente Público.
Antes de la reforma, el CNU era un órgano de coordinación y asesoría de las universidades y centros de educación superior, después de la modificación el CNU pasó a ser un rector con funciones de ministerio.
El investigador académico advirtió que más bien hubo un retroceso de más de 60 años en cuanto a la autonomía de las universidades con estas reformas.
Antes las universidades podían designar a sus autoridades de conformidad a sus propios estatutos y reglamentos, precisó a Expediente Público.
“No hay modernidad en esta reforma, sino un retroceso de más de 60 años de la autonomía universitaria”, advirtió.
Explicó a Expediente Público que el proceso histórico de independencia de las autoridades universitarias frente a los gobiernos de turno fue abolido con esta reforma, 64 años después de haber ganado aquella autonomía.
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Desaparecieron 64 años de historia
La autonomía universitaria se logró hace 64 años: el 25 de marzo de 1958 se firmó el decreto ejecutivo número 38 por el cual se concedió autonomía docente, administrativa y económica a la Universidad Nacional, después de muchos años de protestas, reclamos y manifestaciones universitarias bajo la dirección del doctor Mariano Fiallos Gil, rector de la época.
El investigador relata que en 1987 se elevó la autonomía universitaria a rango constitucional en el artículo 125 y en 1990 se hizo Ley de la República con la aprobación de la ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con un presupuesto propio equivalente al 6% de los ingresos públicos.
“La autonomía, que cubría por igual a centros privados como públicos, se ratificó en las reformas constitucionales de 1995, luego de una serie de violentas protestas callejeras de los estudiantes, acciones que dejaron al menos una decena de muertos y cientos de heridos, entre policías y estudiantes”, recuerda.
No es verdad señor Porras
Por ello, a su criterio, es falso el argumento de Porras en la exposición de motivos, donde justificó las reformas diciendo que estas buscan “fortalecer” el subsistema de educación superior y el CNU como órgano rector.
“Ya todo el sistema estaba claramente definido, desde 1958 hasta 1995. Contaba con presupuesto propio y definido, leyes propias de rango constitucional y un marco jurídico moderno y transparente. Ahora queda bajo control de una organización política partidaria, sin ninguna credibilidad o mínimos de honestidad, como es el FSLN”, dijo a Expediente Público el investigador universitario.
Señala que antes de reformar las leyes el CNU lo integraba un grupo colegiado con representación de todos los sectores de educación superior y la presidencia debía de ser un rector.
Ahora la presidencia y vice se elegirán entre rectores de las universidades estatales, según las reformas.
Tras la aprobación, el medio oficialista 19 Digital citó a la presidenta de la Comisión de Educación, diputada sandinista Ángela Espinoza, quien afirmó que con la modificación de las leyes «a las universidades se facilita el cumplimiento de los procesos integrales de la gestión universitaria en la formación para la investigación, innovación, con educación inclusiva».
Para el académico este argumento también es falso porque esas atribuciones ya existían en las leyes derogadas y, al contrario, la libertad investigativa se regía por principios académicos y no políticos.
Autonomía universitaria confiscada
Al contrario, señala, nunca desde 1958 a 2022, los centros de investigación debían someter sus criterios a un gobierno como en estas reformas.
En el artículo 47 de la reforma se estipula que los directores de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU “serán nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del rector”.
La anterior legislación estipulaba que solo debían ser electos por el rector.
Según el artículo 51 de la reforma a la ley 89, el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación revisarán, modificarán y aprobarán tanto al personal de dirección de investigaciones, así como los temas y objetivos de las investigaciones.
El exrector de la UNAN y expresidente del CNU, Ernesto Medina, dijo a Expediente Público que la reforma impulsada por los legisladores constituye una “aberración”, debido a que “le mata el alma a las universidades que es su autonomía”.
“Qué fortalecimiento puede tener un subsistema de educación superior donde las universidades pierden la libertad de pensar, de investigar, de expresarse, de poder organizar debates para discutir los asuntos que no le gustan del Estado o los que le gustan, dentro del espíritu de libertad de la autonomía se puede discutir todo, pero ahora eso no se puede hacer”, criticó Medina.
