*Acceso a la información continúa restringido en temas como la tasa de seguridad, los fideicomisos y el financiamiento a partidos políticos
**Denuncias de actos de corrupción en instituciones públicas han aumentado, pero autoridades se ven limitadas por la destrucción de información y algunos mecanismos legales que dificultan la investigación
Expediente Público
Con la derogación de la llamada Ley de Secretos se franqueó un muro insalvable que durante ocho años restringió el acceso a la información pública en Honduras, pero los obstáculos a la transparencia y rendición de cuentas, y por ende a la lucha anticorrupción, no han desaparecido, según coincidieron expertos consultados por Expediente Público.
El 1 de marzo del 2022, el Congreso Nacional derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, aprobada en enero de 2014 y que abrió las puertas a la reserva de información hasta por 25 años.
Pero además de esa ley, que a criterio de los conocedores no tenía ninguna razón de ser más que ocultar información para evitar la investigación de actos de corrupción, persisten otros mecanismos que frenan la actuación de la justicia y algunos de ellos fueron aprobados durante la administración del ahora expresidente Juan Orlando Hernández.
Uno de ellos es una reforma tácita a los artículos 217 al 220 del Código Procesal Penal que impide al Ministerio Público decomisar documentación durante una investigación criminal, explicó a Expediente Público el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos.
En ese sentido, “tiene que haber la voluntad del funcionario”, porque el Ministerio Público no puede proceder al decomiso de documentos sin esa manifestación de que tienen las puertas abiertas. Hasta entonces, “nosotros vamos, intervenimos y obtenemos la información que necesitamos”.
Santos dijo también que, desde la derogación de la Ley de Secretos, la Uferco ha recibido varias peticiones de instituciones para que estas sean intervenidas e investigadas, aunque “nosotros necesitamos antes que nos digan qué hechos irregulares o ilícitos” han encontrado, ya que quienes “tienen de primera mano la información son ellos.
Financiamiento a partidos políticos
La derogación de la Ley de Secretos tampoco permitirá conocer de dónde provienen las aportaciones privadas de los partidos políticos.
A solicitud de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como la Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró en 2018 bajo secreto los datos personales de los aportantes privados.
“Eso podría ser válido”, declaró a Expediente Público el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) Gustavo Irías, lo malo es que también se incluyeron en reserva las “cantidades que aportaban, la imagen del cheque, la factura, las cotizaciones” y hasta la base de datos de la UFTF.
La transparencia en el financiamiento político ha sido una lucha de la sociedad civil que reclama el adecentamiento de los partidos.
Uno de los ejemplos más rotundos de la necesidad de controlar el origen de los fondos para las campañas electorales es el caso del expresidente Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Según el gobierno estadounidense, el exmandatario recibió fondos de narcotraficantes para su campaña política.
Lea además: Ratifican extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a EE. UU.
“Sabemos que el Estado se ha cooptado por una élite corrupta”, señaló Irías, para quien la Ley de Secretos tenía como propósito “mantener oculta esta dinámica de corrupción” de redes que saquearon recursos públicos y financiaron campañas políticas.
A criterio del director del Cespad, todavía falta derogar algunos decretos, una condición básica para la instalación y el funcionamiento de la Misión Internacional de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), de modo que cuente con “condiciones dignas para poder hacer frente a este gran problema de la corrupción y la impunidad en el país”.
La CICIH es una de las promesas del gobierno que preside Xiomara Castro.
De su lado, el comisionado del IAIP, Vladimir Mendoza, explicó a Expediente Público que la derogación de la Ley de Secretos no deroga la Ley de Política Limpia debido a que “hay cierto tipo de información que podría ser considerada como personal”.
Entonces, “hay que hacerle una revisión a la Ley de Política Limpia, tengo entendido que vienen reformas”, adelantó el funcionario, para quien es necesario “especificar qué datos tienen que ser considerados personales y qué datos no”.
Le puede interesar: Estos serán los obstáculos que tendrá el trabajo de la CICIH en Honduras
Tasa de seguridad y fideicomisos
La Ley de Secretos no permitía al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ni al Ministerio Público acceder a información relacionada con los fideicomisos, uno de los grandes negocios en la pasada administración.
Según fuentes oficiales, alrededor de 70 fideicomisos fueron aprobados para esquilmar fondos públicos y dárselos a los bancos.
“Son un gran número de fideicomisos de recursos públicos”, dijo al respecto Gustavo Irías, quien opinó que estos seguirán siendo un secreto ya que son manejados bajo las normas de la banca privada, a menos que se apruebe una ley especial de los fideicomisos y reformas a otras normativas.
“He escuchado por varios analistas que todavía hace falta reformar el Código de Comercio y la Ley de Inteligencia”, añadió sobre el tema el comisionado del IAIP, Vladimir Mendoza, pero sostuvo que el mismo decreto de derogación de la Ley de Secretos establece que es la Ley de Transparencia la que determina en casos de “cualquier otra disposición que imposibilite el acceso a información o que no se haya llevado a cabo el procedimiento establecido para la reserva de información”.
Pero en la práctica, la información de los fideicomisos sigue sin ser pública del todo, como se ha podido constatar en un sondeo con periodistas hondureños que hicieron la solicitud y les fue denegada.
También continúa restringida para los medios información sobre la tasa de seguridad, creada en 2011, cuando el expresidente Hernández ejercía la titularidad del Congreso Nacional.
“Unos días previos a la derogación total de la normativa, solicité los documentos de la contratación del alquiler de la avioneta de la Policía Nacional, que se hizo con fondos de la Tasa de Seguridad, y fue denegada por la misma razón: que estaba bajo reserva por la Ley de Secretos”, contó a Expediente Público el periodista de investigación Alex Flores.
“Y luego se hizo la misma petición cuando la ley estaba derogada y nuevamente fue denegada”, finalizó Flores, quien trabaja en el medio digital Tu Nota.
Entre 2012 y 2021, el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) que administra la tasa de seguridad ejecutó más de 21 mil millones de lempiras (unos 865 millones de dólares). Sin embargo, el uso de esos fondos se ha manejado en total opacidad al amparo de la Ley de Secretos.
Santos, el jefe de la Uferco, declaró que “ya se habían interpuesto denuncias” que involucran la tasa de seguridad y los fideicomisos, y que con la anulación de la Ley de Secretos estos casos se pueden reactivar.
“Los que estén a cargo de la tasa de seguridad deben denunciar todos los hechos, si no se van a convertir en cómplices”, dijo el fiscal.
Lea además: Gobierno prepara fuertes medidas ante crisis financiera
Nueva plataforma digital
El ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, dijo a Expediente Público que los impedimentos al acceso a información son para “evitar que el latrocinio sea conocido” y recomendó denunciar esos casos ante el Ministerio Público, “que seguramente los va a procesar”.
Para Orellana, la derogación de la Ley de Secretos es un primer paso, pero no es suficiente para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
En ese sentido, anunció que se está trabajando en plataformas digitales “que permitan al ciudadano conocer en tiempo real la dinámica interna de la administración pública, particularmente los procesos de decisión y de ejecución presupuestaria”.
El proyecto iniciará con algunas instituciones, ya que no todas tienen plataformas digitales propias.
La plataforma se presentará de un modo amigable para que el público pueda interactuar y acceder a toda la información, aseguró.
“Ese es un modo de transparentar, pero también de rendir cuentas”, ya que hasta ahora se han presentado informes que nadie entiende, dijo el también exfiscal general del Estado.
Abusos con la Ley de Secretos
El actual pleno de comisionados del IAIP fue elegido por el Congreso Nacional en septiembre de 2019 para un período de cinco años.
El comisionado Vladimir Mendoza refirió que desde entonces han abierto más de mil expedientes de sanciones contra alcaldías, direcciones gubernamentales y secretarías de Estado que no han brindado la información solicitada, pero que cuando llegaron solo había como veinte, algo que atribuyó a la desidia y al conformismo de sus predecesores.
“Cada vez que llegamos a una institución obligada encontramos información que desconocíamos y que estaba amparada bajo la Ley de Secretos”, afirmó.
“Cuando vinimos aquí se había solicitado la reserva de información sobre todo lo que tiene que ver con medioambiente”, ejemplificó, lo cual fue anulado posteriormente.
Enumeró que después que fue derogada la Ley de Secretos se han encontrado en las instituciones con un montón de actos de corrupción, incumplimientos a la Ley de Contratación del Estado y a las normas establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros.
También: Honduras y Correa, una relación que podría incomodar a Estados Unidos
Destrucción de documentos
El mismo día que la Ley de Secretos fue eliminada, el fiscal Luis Javier Santos reveló ante los medios la destrucción de toda la documentación financiera de Casa Presidencial.
“Casa Presidencial y el Congreso Nacional últimamente nos habían negado la información porque decían que estaba en secreto”, dijo el fiscal a este medio.
Pero cuando accedieron a entregar la documentación, el fiscal se encontró con que había sido parcialmente destruida en el Congreso Nacional, mientras que en Casa Presidencial toda la información de contabilidad, de finanzas y de todos los departamentos del gabinete de seguridad fue triturada.
El IAIP investiga también a cinco alcaldías por destrucción de información.
“Lo bueno es que tenemos el personal técnico bien capacitado que conoce de resguardo de información, sabe de cómo se destruye, sabe cómo recuperarla también”, dijo el comisionado Mendoza. Sin embargo, reconoció que “hasta el día de hoy no hemos podido recuperar ningún tipo de documentación”.
Al respecto, el ministro asesor Orellana recalcó que “la rendición de cuentas está condicionada a que haya información”.
Mencionó lo ocurrido recientemente con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en la que se han borrado bases de datos y destruido archivos que dificultarán la investigación del “festín de los bienes y recursos” incautados durante la administración pasada.
Para el exfiscal general, “todos los que han robado, los que se han aprovechado de recursos públicos tienen miedo” con la derogación de la Ley de Secretos y de allí parte del desorden que hay con la destrucción de información.
El otro problema “es que hemos aceptado una administración pública que ha trabajado en opacidad, no estamos acostumbrados a pedirle cuentas al funcionario”, reflexionó Orellana.
Con la eliminación de la Ley de Secretos “el primer paso está dado” en aras de la transparencia en la administración pública, pero su aprovechamiento dependerá del uso que le dé el Ministerio Público y del interés de las personas para pedir información.
