*Una resolución adoptada por Naciones Unidas verifica crisis de violación de derechos humanos en Nicaragua.
**Expediente Público verifica que respuesta del régimen de Daniel Ortega carece de argumentos y evidencias a su favor ante abrumadoras pruebas en contra.
Expediente Público
Un informe detallado y verificado de abusos estatales en Nicaragua, actualizado el pasado 7 de marzo por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, llevó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar una resolución y al Estado de Nicaragua a rechazarla con un discurso vacío de argumentos y mensajes propangandísticos alejados de la realidad.
Basado en el demoledor informe de Bachelet, el 30 de marzo el citado Consejo adoptó una resolución que básicamente establece la creación de un grupo de expertos que deberá realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos, atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018 a la fecha.
El grupo de expertos deberá formular recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos y al Estado de Nicaragua para asegurar que las víctimas de la represión sandinista tengan acceso a la justicia.
La resolución fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay.
Fue aprobada con 20 votos a favor, 21 abstenciones y 6 en contra, y fue rechazada por Nicaragua mediante un discurso de negación que Expediente Público verificó analizando los datos y fuentes presentados por la oficina de Oacnudh contra los argumentos de Nicaragua.
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La defensa de Nicaragua ante ese foro estuvo representada por la procuradora general de la República, Wendy Carolina Morales, quien a través de video leyó ante el foro un discurso preparado.
El resultado verificado arroja que el Estado de Nicaragua, bajo control del gobierno Ortega-Murillo, volvió a mentir, manipular, atacar y negar sobre la responsabilidad de las autoridades en los graves crímenes cometidos desde abril de 2018.
Según la abogada del régimen, en este foro internacional “se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos”.
En este caso, su aseveración es falsa y subjetiva.
Primera falsedad
El Consejo de Derechos Humanos no discute sobre aspectos económicos o decisiones políticas.
Se limita a exponer los abusos que en su materia le corresponden, “guiado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos”, firmados por los Estados partes, como Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año.
Según su constitución, los Estados miembros tienen “la responsabilidad primordial (…) de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y de cumplir las obligaciones que les imponen los tratados y acuerdos de derechos humanos en que son parte”.
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Más falacias de los Ortega-Murillo
En otra parte de su discurso, la delegada del régimen no acepta la resolución, actualización o reportes sobre los derechos humanos en Nicaragua “porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido; lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Nuevamente la funcionaria de la administración sandinista falta a la verdad y tuerce la evidencia presentada por el Consejo de Derechos Humanos.
La información que recopila Oacnudh y que luego verifica, procesa, depura, debate, consulta y presenta, tiene fuentes diversas enmarcadas en un procedimiento establecido desde el 18 de junio de 2007.
Ese día el Consejo de Derechos Humanos estableció la resolución 5/1, titulada Construcción Institucional del Consejo de Derechos Humanos, “por el cual un nuevo procedimiento de denuncia fue establecido para hacer frente a un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y todas las libertades fundamentales ocurridas en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia”.
Sus datos los obtiene de organizaciones de la sociedad civil, de testimonios directos de víctimas de abuso, de agencias locales e internacionales que monitorean las situaciones; de reportes diplomáticos, documentación pública, informes estatales y consultas directas con el Estado sujeto a revisión.
Desde que inició la crisis de represión en abril de 2018, hasta la fecha, se reportan 355 muertes; más de 2,000 heridos; más de 140,000 exiliados; más de 180 personas presas políticas; decenas de denuncias de torturas, abusos, desapariciones forzadas, amenazas, intimidación y persecución por parte de las fuerzas de seguridad y paramilitares de Nicaragua.
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Niegan acceso o expulsan a observadores
Producto de este trabajo de fiscalización, el gobierno de Ortega y Murillo ha expulsado a todas las representaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, incluyendo los delegados de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Unión Europea, de la Cruz Roja Internacional y cualquier otra organización que tuviera presencia en el país.
Es decir, que la organización solicita información oficial a Nicaragua porque el Estado le ha negado reiteradamente el acceso a la supervisión in loco.
Si bien el Estado ha respondido algunas de las consultas solicitadas por la organización, al verificarse tales datos y contrastarlo con los obtenidos por otras vías, la mayoría de las veces la información no resulta creíble, verificable ni sustantable.
Para el régimen, “estos informes solo recogen las voces de algunos sectores minoritarios”, y no toman “en consideración, las valoraciones que nuestro Estado ha presentado”.
Por ello, la delegada del régimen llama al Consejo no basar “estas resoluciones, en campañas mediáticas de desinformación y odio”.
En Nicaragua, bajo leyes consideradas represivas por diversas organizaciones, el gobierno considera delitos penales graves y engloba en categoría de “noticias falsas”, toda información relativa a derechos humanos que no sea la oficial emitida a través de los medios administrados por la familia Ortega-Murillo.
No solo niegan, también acusan
Otra aseveración en el discurso sandinista, que puede ser considerada falsa, es esta: “Nuestro país avanza con políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud y en general, el bienestar de todo un pueblo, a pesar del injusto sometimiento a sanciones agresivas e ilegítimas de parte de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea”.
Respecto a la primera parte, “sobre políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud…”, es de recordar que durante la etapa más crítica de la pandemia del covid-19, Nicaragua a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, promovió las actividades colectivas y reprimió a médicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos que informaban sobre la situación sanitaria del país.
Además, una parte de ese mismo mensaje infiere que las sanciones por violación de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y acciones presumibles como delitos de lesa humanidad, se aplican contra el pueblo en general.
La realidad es que las sanciones han sido específicas contra personas involucradas, como Rosario Murillo, sus hijos Rafael, Juan Carlos, Laureano, Camila y militares, políticos, policías, jueces y funcionarios leales al régimen.
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Otro mensaje que evidencia falsedad
De acuerdo al discurso de la delegada de Ortega, bajo la administración sandinista Nicaragua “lucha por la justicia y la igualdad”.
Sin embargo, al verificar esta frase y contrastarla con los múltiples llamados del Consejo de Derechos Humanos y otras organizaciones, se determina que el Estado no ha cumplido el llamado a respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y la dignidad de las personas perseguida por criterios políticos.
Y, por otra parte, dentro de ese mismo mensaje, la representante del Estado tuerce los conceptos para calificar las sanciones como “injustas medidas unilaterales, coercitivas e ilegales para Nicaragua, que son las que realmente se constituyen en crímenes de lesa humanidad”.
Esta es una falacia más de acuerdo al análisis del discurso con los conceptos y leyes sobre la materia de derechos humanos.
Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los actos para ser considerados “crímenes contra la humanidad”, deben “ser realizados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ello”.
“Por ataque se entiende la comisión múltiple de las violaciones de derechos humanos tales como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo o colectividad por motivos raciales, étnicos, culturales, políticos, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid, etcétera”.
