** El aumento en los precios del combustible presiona al sector transporte que le exige al Gobierno de Honduras planes de auxilio a largo plazo, a lo que la presidenta Xiomara Castro no ha respondido.
*** Le medida inmediata de asumir el 50 por ciento del aumento del diésel significaría un gasto al Estado de US$114 millones de dólares. Economistas consultados por Expediente Público advierten de la escalada de descontento social si el Gobierno no implementa un plan inmediato.
Expediente Público
La presidenta hondureña Xiomara Castro enfrenta su primera crisis social con el repunte de los precios de los combustibles debido a factores internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania, que la llevó a decidir esta semana que el Estado adsorba el 50 por ciento del aumento del precio del diésel, una solución que a largo plazo no parece ser la medida más adecuada cuando el Gobierno de Honduras enfrenta serios problemas financieros.
La rebaja en los precios de los combustibles fue una promesa de campaña de la hoy presidenta Xiomara Castro, pero esta medida tendrá un impacto en las finanzas públicas de al menos 2,800 millones de lempiras (US$114,3 millones) en el año 2022, esto según explicó a Expediente Público el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), Luis Guifarro.
La compra de combustibles y búnker para generar energía eléctrica subió US$750,7 millones en 2021 con relación al año 2020, según el informe del Banco Central de Honduras (BCH). La factura petrolera se incrementará en más del 50 por ciento al cierre del 2022 como efecto del drástico aumento en el precio internacional del crudo, de acuerdo a los cálculos de la entidad bancaria.
Al cierre del 2021 en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, los dos mercados de consumidores más importantes de Honduras, el precio del diesel rebasó la marca de los 100 lempiras por galón (US$4.10 dólares) y desde entonces no ha retrocedido por debajo de ese precio.
Los analistas afirmaron que la sostenibilidad de la economía del país centroamericano está en riesgo por la situación geopolítica en Europa que provoca nerviosismo en el mercado y genera inestabilidad en el valor doméstico de los carburantes, con un efecto multiplicador negativo en los costos de la industria y de la canasta básica de los hondureños.
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“El alza constante de los combustibles en Honduras, se debe indudablemente en gran medida a la situación en Ucrania y a la consiguiente guerra que existe en el este de Europa, y todos los trastornos que se producen debido a ello en el mercado del crudo”, explicó para Expediente Público, Rafael Delgado, analista en temas políticos y económicos.
El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro agregó que el tema fundamental es la total incertidumbre que se tiene respecto al tiempo que podría durar la invasión de Rusia y Ucrania. “Mientras persista este conflicto, vamos a tener este problema de incremento en los combustibles, porque hay que entender que el petróleo siempre ha sido muy volátil y muy susceptible a dispararse su precio ante cualquier conflicto en cualquier parte del mundo”, enfatizó.
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Lo que pagó Honduras
El precio del petróleo alcanzó la segunda cifra más elevada en 7 años a nivel mundial. La semana pasada, el barril del crudo de cotización en el West Texas Intermediate (WTI) , de referencia para Honduras, subió a niveles récord de 123.7 dólares por barril. Aunque este 15 de marzo se registró una reducción del 22 % , la tendencia es que el barril del petróleo siga encareciéndose.
Estos incrementos se suman a las alzas que anteriormente se registraban debido a la insuficiencia de los suministros, dado que los principales abastecedores incluido Rusia se resisten a incrementar la producción para satisfacer la demanda postpandemia.
La invasión de Rusia a Ucrania interrumpe los suministros de gas natural a Europa, causando drásticos aumentos de precio. A su vez dispara los precios del petróleo ya que se estaría utilizando combustible para la generación de energía.
Honduras pagó 1,503. 9 millones de dólares por combustibles en 10 meses en el 2021, un 77% más de que el periodo 2020.
Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), en declaraciones a medios locales dijo que “el Gobierno hondureño no puede hacer mucho en esta situación porque los incrementos ocurren por fuerzas extremas”.
Además, añadió que este conflicto también puede tener como consecuencia un aumento en la tarifa eléctrica. “Sí creo que vamos a ver un efecto negativo de incremento en el costo de energía para los meses que vienen”, adelantó.
Asimismo, recalcó que la producción de energía en Honduras es a base de térmicos por lo que el conflicto entre Ucrania y Rusia reduce la disponibilidad de materia prima como hierro y carbón que afectan a otras industrias primarias.
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Aumento el precio de la canasta básica
Una de las principales amenazas para el desarrollo normal en la economía es el aumento a los precios del combustible, que ya está causando una crisis inflacionaria en el país centroamericano a lo que organizaciones sociales y gremios privados están demandando al Gobierno de Xiomara Castro atender, sin que hasta ahora se presente un plan integral.
“El combustible no solo se utiliza para movilizar los carros, sino que también es un insumo muy importante en la estructura de costos de muchos productos incluyendo de la canasta básica, así que, las alzas de los combustibles pegan directamente en todos los sectores del país”, indicó el economista Rafael Delgado.
En 2021 el precio de la canasta básica para cinco personas pasó de 10,000 lempiras (US$406.02) a 10,800 lempiras (US$ 438.50), de acuerdo a la secretaría de Desarrollo Económico.
En lo que va del año 2022, la canasta básica ha aumentado 200 lempiras (U$$ 8.12 dólares) en Honduras.
“El sector producción de alimentos se ve muy afectado por el encarecimiento de los insumos por el transporte y también por lo que ya se ha dado, el tema del incremento en ciertos insumos como los fertilizantes, habrá mucha incidencia en la producción de alimentos”, aseguró el economista Luis Guifarro.
Sector transporte presiona al Gobierno
Otro de los sectores afectados es el de transporte público. Desde que se anunció el incremento del precio de la gasolina, los dirigentes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), iniciaron debates sobre el aumento de tarifa a los usuarios del servicio. Aunque el Gobierno no ha autorizado ajustes de las tarifas del transporte, los dirigentes consideran que en estos momentos es necesario hacerlo.
En el capítulo VI de la Ley de Transporte Terrestre en Honduras, se establece que se pueden realizar revisiones de las tarifas en cualquier momento y se debe de aplicar un criterio uniforme a los concesionarios del servicio. Los miembros del IHTT demandan a la presidenta Xiomara Castro aplicar esto.
“Lo justo es una revisión de las tarifas, técnicamente como lo dice la ley, en base al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en conjunto con los transportistas. El artículo 66, 67 y 68 dice puntualmente que cada seis meses debe de haber una revisión de las tarifas ya sean para hacer un ajuste hacia la alza o hacia la baja”, explicó para Expediente Público el dirigente de transporte Wilmer Calix.
La Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), exigió también esto mismo asegurando que son los del trasporte público los mayores consumidores de combustible y están pasando una crisis financiera.
“Nosotros después de la pandemia optamos una medida debido a la poca movilización y para reducir los gastos de los combustibles, las unidades de transporte trabajan la mitad un día o el 50 % un día y el otro 50% el otro día, para que algunas unidades queden parqueadas. Estaríamos evaluando si volvemos a optar esa medida”, explicó Calix.
Esto podría causar protestas y paro de transporte en Honduras, si el Gobierno no les resuelve sus inquietudes en un tiempo estipulado.
Se estima que en la capital Tegucigalpa el 40% de la población hace uso del transporte público, es decir, 480 mil personas aproximadamente a diario se movilizan en buses, taxis y moto taxis.
Una de las salidas que estaría proponiendo el sector es un bono para el gasto de combustible de los conductores o también para la ciudadanía para pagos de transporte, el que todavía no está especificado.
Inseguridad galopante
El sector transporte pidió al Gobierno que se tomen medidas, como un plan de rescate no solo en el tema de los combustibles, sino que también en seguridad ya que las extorsiones han aumentado considerablemente. Las últimas semanas han salido a las calles a manifestarse, exigiendo seguridad para los conductores de las unidades públicas ya que hasta la fecha se registran 25 asesinatos de transportistas.
También, en los últimos meses ha aumentado la tensión en este sector ante el surgimiento de estructuras criminales que exigen el llamado “impuesto de guerra a las empresas y transporte público de todas las regiones”.
“Les pedimos muy respetuosamente que, así como abren los conciertos y centros comerciales que también abran las universidades y las escuelas para que podamos tener mejores ingresos y el costo de operación sea más bajo”, exigió Calix al Gobierno.
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Xiomara Castro solo adopta una medida
El pasado 14 de marzo la presidenta Xiomara Castro a través de su cuenta de Twitter instruyó a la secretaria de Finanzas absorber el 50% del aumento del precio del galón del diésel. La mandataria recalcó que pese a la corrupción que le heredó un Estado altamente endeudado, sigue buscando alternativas para no afectar a la población.
El economista Carlos Urbizo dijo en entrevista con Expediente Público que “algo es mejor que nada, pero esta no es la solución, el Gobierno tendrá que dejar de hacer otras cosas, algún sector tendrá que sacrificarse”, refiriéndose al subsidio.
Expediente Público solicitó una entrevista con el viceministro de Finanzas, Roberto Ramírez, para consultar qué otras mediadas estaría adoptando el Gobierno y cómo se compensará lo que se dejará de percibir en ingresos del subsidio, pero hasta la publicación de este artículo no había respondido.
Para el analista Rafael Delgado “el subsidio es una medida de emergencia, pero hay que pensar en verdaderas reformas estructurales en el mercado energético”.
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Añadió que “las finanzas del país no están en su mejor momento, por lo tanto, se tapa un hoyo, pero al mismo tiempo se hace una derogación sustancial en el ya raquítico presupuesto del Gobierno”.
Esto tendrá un impacto en las finanzas públicas ya que todavía no existe una reformulación del presupuesto que permita inferir cuáles son las principales directrices en cuanto a un programa de Gobierno.
El presupuesto público del Gobierno es de unos 12.000 millones de dólares, sin embargo la secretaría de Finanzas aseguró que el país centroamericano requiere endeudarse 2.600 millones de dólares para financiar el déficit del presupuesto del Estado para 2022.
