* El expresidente Alfredo Cristiani aseguró desde su exilio en Italia que nunca supo de los planes de asesinar a los sacerdotes y señala que no hay garantías procesales en El Salvador.
**La justicia salvadoreña busca condenar a los autores intelectuales de la matanza de los jesuitas, incluyendo a dos civiles y nueve militares.
Expediente Público
La masacre contra seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de esta en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, hace 32 años, llegó finalmente a los tribunales esta semana y un juez ha ordenado la detención del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernaba El Salvador en 1989.
El juez también ordenó la detención preventiva contra los exmilitares Nelson Iván López, Joaquín Armando Cerna Flores y Óscar Alberto León Linares y contra Rodolfo Parker, el abogado de varios de los soldados involucrados como autores materiales. Parker era hasta 2021, uno de los diputados opositores más reconocidos y secretario general del Partido Demócrata Cristiano.
También ordenó medidas sustitutivas contra el resto de los involucrados. Dos de los acusados fueron sobreseídos porque ya fallecieron, incluido quien para la Fiscalía es el responsable de dar directamente la orden de la masacre: el general René Emilio Ponce.
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La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en medio de una ofensiva guerrillera. Soldados del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña, pretendiendo hacerse pasar por guerrilleros del FMLN, ingresaron al campus universitario y asesinaron a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno, así como al sacerdote salvadoreño Joaquín López, a la empleada de los sacerdotes, Elba Ramos y su hija de 16 años, Celina Ramos.
Llevar a los acusados de la matanza en la UCA ha llevado un largo recorrido en El Salvador. Un juicio se inició en 1990 contra los nueve autores materiales, los soldados del batallón encabezados por el coronel Guillermo Benavides.
En septiembre de 1991, los nueve militares fueron declarados culpables, sin tomar en cuenta a los autores intelectuales. Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
La amnistía aprobada en 1993 los liberó. Fue hasta que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal esa amnistía en 2016 porque incluía los delitos de lesa humanidad, que empezó a moverse el proceso.
Pero fue hasta el 26 de febrero pasado que la Fiscalía presentó un requerimiento en el que se establece que la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras no fue un hecho común de la delincuencia que operaba en el país, sino de quienes ostentaban el “aparato organizado de poder” en El Salvador en noviembre de 1989.
De ahí que la acusación sube hasta el propio expresidente Cristiani, quien sin embargo, nunca ha sido señalado como responsable ni por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas -constituida tras los Acuerdos de Paz de 1992- ni por la Audiencia Nacional de España que ha procesado a los militares.
En total son 13 los acusados, 11 militares y dos civiles, Cristiani y Parker.
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Cristiani niega responsabilidad en masacre
El expresidente Cristiani, quien vive actualmente en Italia, país del que también es ciudadano, debido a su ascendencia, negó este viernes por la noche cualquier responsabilidad en la masacre y aseguró que “jamás” hubiera autorizado el asesinato del padre jesuita Ignacio Ellacuría y al resto de sacerdotes.
Cristiani aseguró en su carta que compartió con el padre Ellacuría “el objetivo de lograr la paz, a través del diálogo político” y que desde previo a su toma de posesión sostuvo una relación, que califica “de mutuo respeto”.
“Constaté que él estaba haciendo todo lo posible para abrirle el camino al diálogo”, dice su carta de dos páginas que su hija Claudia divulgó en redes sociales.
La Fiscalía salvadoreña acusó a Cristiani del delito de comisión por omisión en el delito de asesinato y el requerimiento afirma que fue informado de la decisión de asesinar al padre Ellacuría y que “no dio una contraorden”.
En su carta, el expresidente dice a la opinión pública que siempre ha estado dispuesto a someterse a la justicia “pero no a un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad”.
El exgobernante acusó al fiscal general, Rodolfo Delgado, de que “ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades”.
“Hablo ahora porque a pesar de que no fui mencionado en el Informe de la Comisión de la Verdad, ni en el reporte de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos liderada por el congresista Joseph Moakley, y a pesar de que la Audiencia Nacional de España desestimó (el caso) en dos ocasiones por falta de fundamento de las acusaciones de la querella particular en mi contra, el fiscal general impuesto por el actual Gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada”, escribió Cristiani.
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Los acusados
Además del expresidente Alfredo Cristiani acusado por comisión por omisión en el delito de asesinato, el otro civil acusado es Rodolfo Antonio Parker Soto, entonces asesor jurídico del estado Mayor de la Fuerza Armada, miembro civil de la comisión de honor, señalado por fraude procesal y encubrimiento personal. Parker ya fue señalado por esos delitos en la Comisión de la Verdad.
En el caso de los militares, la acusación incluye al general René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado mayor conjunto de la Fuerza Armada, a quien se le acusa por asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo.
También el coronel Rafael Humberto Larios López, exministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública es señalado por asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo.
Otro de los acusados es el coronel Inocente Orlando Montano Morales, quien era viceministro de Seguridad Pública y es acusado por asesinato. Montano está en prisión en España, la Audiencia Nacional de ese país lo declaró culpable en un juicio en septiembre de 2020 y fue condenado a 133 años de prisión.
Además, fueron acusados el coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, el coronel Juan Orlando Zepeda Herrera, el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el coronel Nelson Iván López López, los tenientes coroneles, Oscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, el coronel Francisco Elena Fuentes y el general Juan Rafael Bustillo Toledo.
La mayoría de los militares conformaban el alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador en 1989 y de llamada “Tandona”, la promoción de la Escuela Militar de 1966, a la que la fiscalía española señaló de ser un grupo terrorista.
Ponce y Elena Fuentes ya fallecieron y fueron sobreseidos por esa causa.
“¡Yo no sé quien diablos me ha metido en eso!”
El único militar acusado que ha defendido su inocencia es precisamente Juan Rafael Bustillo, quien ha llegado a todas las entrevistas y audiencias en las que ha sido señalado.
“¡Yo no sé quién diablos me ha metido en eso!”, reclamó ante los medios Bustillo Toledo, hoy de 87 años de edad, tras seguir ligado al proceso.
Bustillo asegura que solo se reunió con el Alto Mando de la Fuerza Armada al inicio de la ofensiva de noviembre de 1989, porque le pidieron apoyo de la Fuerza Aérea, que él comandaba.
“En la reunión, lo que ellos querían era que la Fuerza Aérea les diera el apoyo aéreo porque ellos no podían solucionar; se asomaba una tanqueta, se los volaban los de la guerrilla, con el RPG7, soldados muriendo. Entonces les dije: ‘Miren les voy a dar el apoyo, pero necesito exactamente la ubicación, porque no vaya a ser que por matar guerrilleros, mate soldados; vamos a estar pendientes cada vez que ustedes tengan necesidad de apoyo aéreo, me van a decir exactamente la ubicación’. En eso terminó la reunión”, explicó Bustillo, quien no pertenecía a La Tandona.
A Bustillo -quien está acusado de asesinato en grado de coautoría, así como por los delitos de actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo- no se le ordenó detención el viernes. El juez argumentó que le decretaba medidas sustitutivas a la detención, porque en el proceso anterior en el año 2000 fue él único que se presentó al llamado que se hizo.
Incidentes
Durante el primer día de audiencias, el apoderado legal del hermano del sacerdote Ignacio Ellacuría, el abogado Arnau Baulenas, quien se presentaba como querellante particular, se quejó que el juez decidió apartarlo del caso.
“Esto es sumamente grave. Uno llega a preguntarse si realmente quieren justicia para las víctimas o qué quieren de este proceso”, dijo Baulenas.
La Universidad Centroamericana anunció que presentará sus valoraciones del caso hasta el próximo lunes 14 de marzo.
