*En su informe «Libertad en el Mundo 2022» Freedom House reconoce mejoras en libertades y derechos en Honduras, especialmente tras el desarrollo de comicios libres que permitieron el triunfo de la opositora Xiomara Castro.
**También advierte del acelerado declive de libertades en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele. Este país presenta el mayor retroceso en el índice de Freedom House en la región, solo superado por Nicaragua.
Expediente Público
La libertad en Honduras mejoró durante el último año mientras que El Salvador presentó un importante declive bajo la administración de Nayib Bukele, según el informe “Libertad en el mundo 2022: La expansión global del autoritarismo”, de la organización Freedom House.
El informe calificó a El Salvador y Honduras como sociedades “parcialmente libres”. El Salvador recibió una calificación de 59 sobre 100 puntos con un retroceso de 4 puntos, mientras que Honduras se ubicó en 47, una mejora de tres puntos con respecto al año anterior.
Violencia e impunidad persisten
El informe de Freedom House sobre Honduras mostró una leve mejoría el último año pero advirtió que “la debilidad institucional, la corrupción, la violencia y la impunidad socavan la estabilidad general de Honduras”.
Freedom House alertó que “los periodistas, los activistas políticos y las mujeres suelen ser víctimas de la violencia, y los perpetradores rara vez son llevados ante la justicia”.
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El reporte destacó una mejora en los procesos electorales en Honduras tras las elecciones de noviembre de 2021, que terminó con la victoria de la candidata de la oposición. Esta se llevó a cabo con mejoras en el registro de votantes y medidas de seguridad y en medio de una alta participación.
“La candidata opositora Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre) fue elegida a la presidencia con el 51,1 por ciento de los votos; Libre también obtuvo el control del Congreso Nacional, ocupando 50 escaños”, detalló el informe.
“Castro fue elegida en medio de una participación electoral récord después de que las reformas electorales promulgadas en mayo de 2021 mejoraron el proceso de registro de votantes”, agregó.
Freedom House citó a la misión electoral de la Unión Europea (UE) en Honduras sobre varios problemas críticos que persisten, incluidos los altos niveles de politización en el proceso electoral, sin embargo, las reformas de mayo de 2021 al sistema electoral permitieron una mayor transparencia y una mayor confianza en los resultados electorales.
También elogió las elecciones legislativas cuyos resultados fueron aceptados tanto a nivel nacional como internacional.
“A pesar de estas reformas, las elecciones legislativas y municipales de 2021 se vieron empañadas por una grave violencia política; al menos 68 candidatos fueron asesinados en el período previo a las elecciones. También se denunciaron otras formas de interferencia electoral, incluido el abuso de los recursos del Estado y la intimidación de los votantes”, advirtió el informe.
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Partidos libres de operar
El informe señaló que “los partidos políticos son en gran medida libres para operar, aunque el poder se ha concentrado principalmente en manos del Partido Libertad (PL) y el Partido Nacional (PN) desde principios de la década de 1980. En 2013, los partidos Libre y el PAC participaron en las elecciones por primera vez, ganando una parte importante de los votos y rompiendo el dominio del PL y el PN”.
Freedom House reconoció que “los partidos de oposición son competitivos”.
“Si bien los partidos de oposición se vieron afectados por actos de violencia política e irregularidades electorales a favor del oficialismo, varios candidatos de la oposición lograron llegar al poder en las elecciones de noviembre de 2021”, resumió.
Freedom House recordó que las élites políticas y económicas tradicionalmente han ejercido una influencia significativa sobre los partidos políticos, limitando las opciones políticas de las personas. El Ejército, después de décadas de gobernar Honduras, sigue siendo políticamente poderoso.
“La violencia política está muy extendida e incluye acoso, amenazas e intimidación dirigida a candidatos, políticos y votantes, especialmente mujeres. En 2021, el Instituto Universitario para la Democracia, la Paz y la Seguridad (IUDPAS) reportó más de 30 muertes relacionadas con la violencia política y electoral”, citó el informe.
Corrupción rampante
El informe denunció que “la corrupción sigue siendo rampante en Honduras, a pesar de los esfuerzos para reforzar sus mecanismos anticorrupción en los últimos años”.
El reporte explicó que el nuevo código penal que entró en vigencia en junio de 2020 suavizó las penas por múltiples delitos de los que se acusa regularmente a los funcionarios públicos, incluidos la corrupción y el narcotráfico. El nuevo código también contribuyó a la desestimación de cargos o la absolución de funcionarios implicados en varios casos emblemáticos de corrupción, incluido uno que expuso una malversación a gran escala en el sector de la salud pública.
“El presidente (saliente, Juan Orlando) Hernández estuvo directamente implicado en la corrupción en 2019, cuando los fiscales estadounidenses lo identificaron a él y al expresidente Porfirio Lobo como cómplices en una operación de narcotráfico dirigida por Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente”, recordó el informe.
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En octubre de 2021, la legislatura aprobó reformas que limitan el acceso del Ministerio Público a la información financiera en casos de corrupción y relajan las sanciones contra quienes no presenten informes financieros de campaña. Estas reformas también definen a los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) como personas políticamente expuestas (PEP), una medida que otorga al gobierno el poder de investigar a las ONG y congelar sus cuentas bancarias, que muchos grupos temen que se abuse para restringir su capacidad de lucha contra la corrupción.
Opacidad de las operaciones del Gobierno
El informe también criticó que “las operaciones del Gobierno son generalmente opacas y los periodistas y los grupos de interés tienen dificultades para obtener información del Gobierno”.
“Las leyes de secreto aprobadas en 2014 permiten a las autoridades retener información sobre seguridad y defensa nacional hasta por 25 años. Las leyes cubren información sobre el presupuesto de la policía militar, que se financia con un impuesto de seguridad, así como información relacionada con la Corte Suprema y la Dirección de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”, expuso el documento.
Sin embargo, esa legislación fue derogada por el congreso hondureño la semana pasada.
Riesgos a la libertad de prensa
Freedom House adviritó que “las autoridades hondureñas violan sistemáticamente las garantías constitucionales de libertad de prensa. Los reporteros y medios que cubren temas delicados o que son percibidos como críticos de las autoridades corren el riesgo de sufrir agresiones, amenazas, transmisiones bloqueadas y acoso”.
El informe citó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), que reportó la muerte de 80 periodistas en el país desde 2001 y que el grupo local de libertad de prensa, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) informó que el 97 por ciento de estos asesinatos han quedado sin resolver.
“Los periodistas también son blanco de varios tipos de leyes de difamación. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), si bien la difamación fue despenalizada bajo el nuevo código penal, el insulto y la calumnia siguen estando sujetos a sanciones penales”, subrayó.
El informe también indicó que “la libertad académica se ve socavada por grupos criminales, que controlan la totalidad o parte de las escuelas en algunas áreas y someten al personal a esquemas de extorsión”.
Uso de la fuerza
Y aunque la libertad de reunión está protegida constitucionalmente, el Gobierno usa la fuerza constantemente para dispersar a los participantes, advirtió el informe que cita a Amnistía Internacional sobre el uso regular de gases lacrimógenos y munición real contra manifestantes y transeúntes durante las protestas o las represalias del Gobierno.
“En diciembre de 2020, tres relatores especiales de la ONU enviaron una carta conjunta pidiendo revisiones de las secciones del nuevo código penal que amenazan los derechos de reunión, incluidas invocaciones vagas de la palabra “terrorismo” que podrían poner en peligro a los organizadores de las protestas”, dijo el informe.
El poder judicial
Freedom House también indicó que las élites políticas y empresariales ejercen una influencia excesiva sobre el poder judicial, incluida la Corte Suprema. “Los nombramientos judiciales se realizan con poca transparencia, y el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados informó en junio de 2020 que la Corte Suprema mantiene un control excesivo sobre los nombramientos judiciales de nivel inferior”, dijo el informe.
“El Relator Especial también señaló el poder excesivo del Congreso sobre el poder judicial. Los jueces han sido destituidos de sus cargos por motivos políticos y varios abogados han sido asesinados en los últimos años”, añadió el reporte.
Freedom House recordó que en octubre de 2021, el Congreso aprobó reformas que limitan el acceso de la oficina del fiscal a la información financiera en casos de corrupción, lo que reduce la capacidad de la oficina para operar de manera efectiva.
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Declive acelerado en El Salvador
El informe de Freedom House hizo ver que “el declive de El Salvador se ha acelerado desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019”.
“Después de que sus aliados obtuvieran una mayoría legislativa en 2021, el Gobierno de Bukele ha socavado sistemáticamente las instituciones democráticas destinadas a controlar el poder ejecutivo”, resumió el reporte de Freedom House.
El informe da 26 puntos sobre 40 a los derechos políticos en El Salvador y 33 sobre 60 puntos a las libertades civiles.
Freedom House explicó que “las autoridades han abusado de los mecanismos anticorrupción para arrestar a exfuncionarios sin pruebas creíbles, y el Gobierno ha intentado desmantelar los sistemas de control público”.
Funcionarios de los gobiernos anteriores han sido procesados y hay denuncias que no pueden reunirse con sus abogados ni con sus familiares.
Además, Freedom House criticó que “Bukele usó su control sobre la legislatura para reemplazar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y a casi 200 jueces más en todo el país”.
En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Bukele destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, a los que reemplazó con funcionarios afines al oficialismo. Unos meses después esos nuevos magistrados anunciaron una nueva interpretación constitucional que permite a Bukele reelegirse, pese a que está prohibido expresamente en cuatro artículos de la constitución salvadoreña.
A finales de agosto del 2021, la misma Asamblea destituyó a un tercio de los jueces y fiscales del país.
Después de Nicaragua, El Salvador es el país que más ha retrocedido en libertades en el índice de Freedom House durante el último año. Además, El Salvador también es el segundo país que más ha retrocedido en libertades y derechos en la última década: 17 puntos, solo superado por Nicaragua y Venezuela.
