*Expediente Público constató en Tijuana la caótica política migratoria y el efecto de la COVID-19 en la crisis humanitaria de miles de personas que llegan a l frontera con grandes expectativas de asilo, como sostienen organizaciones civiles.
**Inseguridad jurídica: la guillotina de la deportación que pende sobre exiliados nicaragüenses en Estados Unidos.
***Las resoluciones de los tribunales de migración evacuadas desde octubre de 2017 a diciembre de 2021, han permitido a 23,088 nicaragüenses quedarse, pero otros 6,829 han decidido la deportación, según datos del TRAC de la Universidad de Syracuse.
Expediente Público
No existe certeza de lo que va a pasar cuando un solicitante de asilo de Nicaragua llega a Estados Unidos. Lo pueden regresar a México como deportado o dentro de un programa de protección especial, a cualquier ciudad de la frontera de 3,200 kilómetros, pueden aceptar su solicitud después de días o meses de detención o deportarlo a México o a su país de origen.
Los casos de asilo pueden resolverse en tres años, pero solo en uno de cada dos reciben una resolución positiva, a no ser que sea Miami, donde dos de cada tres solicitantes de asilo de Nicaragua tienen la deportación como resultado final.
Expediente Público entrevistó en la ciudad de Corona, California, a 240 kilómetros de la frontera con México, a la jurista de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragua-Estados Unidos (Nahra, por sus siglas en inglés) Astrid Montealegre. La abogada explicó que “hay varias políticas que están en práctica que permiten la deportación exprés, sin darle la oportunidad al inmigrante de solicitar asilo, tenemos el título 42 que lo están implementando en Texas que permite que la persona sea deportada de manera expedita por la pandemia del COVID-19 y tenemos el programa de permanecer en México, el cual indica que, aunque la persona esté solicitando su asilo político debe permanecer en México mientras se tome esa decisión”.
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“Antes te podías presentar en la línea y pedir asilo y bajo las leyes internacionales y domésticas de Estados Unidos tenían que abrir tu caso, ya no es así, hay mucha confusión de a quién están aceptando y a quiénes no. Bajo el título 42 se ven estadísticas muy confusas, sobre quiénes expulsan a sus países natales y a quiénes a México”, sostuvo Dulce García, directora de la organización Border Angels, con sede en San Diego, California.
Montealegre indicó que las personas que regresan bajo el título 42 pueden ser enviadas a Ciudad Juárez, Nogales o Tijuana, depende de los recursos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y los acuerdos que se tengan con México, porque ellos entran en el proceso migratorio mexicano para que puedan permanecer ahí bajo un estatus de refugiado.
Critican política migratoria de México y EE.UU.
García señaló que “el mayor problema” es la posición del Gobierno de Andrés Manuel López: “México sigue aceptando expulsados por medio del título 42 y aceptó ser parte del MPP (Programa de Protección Temporal), era nuestra última defensa contra esta política que los dos gobiernos dicen que es inhumana”.
“Si México hubiera dicho que no acepta el MPP, Biden hubiera tenido una defensa, sin embargo, México al recibir dinero aceptó formar parte del programa”, mencionó García y cuestionó esta decisión por “el nivel de hipocresía y de corrupción altísimo, cómo es que los Estados Unidos les da dinero, sabiendo que es para los albergues y al final no será así”.
En Tijuana, Expediente Público entrevistó también a Gustavo Banda, pastor del Templo Embajadores de Cristo, el mayor albergue para migrantes de la ciudad, con más de mil personas, explicó que el presidente mexicano rompió con una trayectoria histórica de no intervención en asuntos externos y derechos humanos para inmigrantes.
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“El Gobierno de Enrique Peña Nieto, como siempre lo hizo México, daba libertad de tránsito, una de las garantías individuales que tenemos, dejaban que todas las caravanas entraran al país, en unos cuantos días te daban una visa, de modo que podías trabajar mientras estabas en el país y eso le ayudaba tanto a México como a los individuos que venían”, aseguró.
“Qué pasó, el Gobierno de Estados Unidos dijo que iba a aumentar en 5% los aranceles, eso iba a matar a México, este presidente tuvo miedo y comenzó a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en la frontera sur y está deteniendo a todos nuestros hermanos migrantes, lo que jamás se había hecho, hoy con la administración Biden pasa lo mismo, no sabemos si abiertamente o a puerta cerrado le ha dicho lo mismo a nuestro presidente, pero se ha mantenido la política”, dijo Banda.
“Los que ayudamos a los migrante teníamos mucha esperanza en nuestro presidente, cuando dijo que tenía los brazos abiertos a los migrantes que vinieran, nos encontramos con un sexenio atípico y lo contrario a lo que México que había sido en el pasado”, afirmó el religioso.
En cuanto a la administración Biden, la activista García consideró que tiene mucho qué hacer, “porque las políticas que se miran en Washington no son las que se viven aquí. Creo que hay una gran desconexión en lo que piensa el presidente que ocurre en la frontera”.
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Cuando Alejandro Mayorkas (secretario de Seguridad Nacional) visita San Diego “viene con un lente sobre el comercio, y no para solucionar los problemas que existen en Tijuana a causa de las políticas de este lado de la frontera, habla con los gobiernos locales, no con organizaciones como nosotros, (los funcionarios) nos sonríen, son amables y son profesionales, no como la administración de Trump, pero no nos están escuchando”, manifestó.
García también señaló que los datos de la patrulla fronteriza tienden también a inflar la percepción de una oleada migratoria.
“El problema con las estadísticas de la patrulla fronteriza es que utiliza estas interacciones para justificar que necesitan y pedir más dinero, sobre todo en estas fechas donde se dialoga sobre incrementar fondos para la frontera, por una parte, dicen no tener los recursos para procesar a la gente y por otro lado no se enfocan en dar la bienvenida y procesar a las personas, sino, en aprehender. Esas cifras (los datos) no significa que son familias únicas o distintas, sino, familias que intentan varias veces cruzar”, argumentó.
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Con la espada de la deportación en el cuello
La patrulla fronteriza informó que bajo el título 42 fue expulsado el 50.6% de los migrantes en el último trimestre de 2021, en el año fiscal 2021 fue incluso de 61.3%. En el caso de los nicaragüenses, solo el 3.7% fue expulsado entre octubre y diciembre de 2021 y 6.5% en el año fiscal pasado bajo esta legislación para un total de 4,707 personas rechazadas de inmediato en la frontera sur.
Las resoluciones de los tribunales de migración evacuadas desde octubre de 2018 a septiembre de 2021 han permitido a 6,241 nicaragüenses quedarse en el territorio, pero significan la deportación de otros 5,540 (47%). Las sentencias de deportaciones de nicaragüenses bajaron en 2021, con menos casos por los cierres provocados por la pandemia, hubo un total de 557 negativas (13%) contra 3,753 permisos de permanecer (77%), revelan datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Durante el año fiscal pasado ingresaron 19,946 casos de deportación de ciudadanos de Nicaragua en las cortes, por razones de estatus legal. Y en los primeros cuatro meses del año fiscal 2022, se recibieron 31,120 nuevos procedimientos de deportación de esta nacionalidad también por razones migratorias.
De los procedimientos de deportación en el nuevo año fiscal contra nicaragüenses en las cortes de inmigración de 62 ciudades de Estados Unidos, las principales eran Miami (5,766), Chicago (3,239), San Francisco (1,574) y San Antonio (1,437).
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había efectuado 1,300 deportaciones entre octubre 2019 y junio de 2020, que son los últimos datos disponibles.
Los tribunales de inmigración que más resoluciones positivas otorgaron en el último trimestre de 2021 son Miami en Florida (839), Oakdale en California (297), San Antonio (234) y Pearsall (223) en Texas. Las que más deportan son Chaparral en Nuevo México (58), Denver en Colorado (46) y Miami en Florida (41), reporta el TRAC de la Universidad de Syracuse.
Nicaragüenses en programa “quédate en México”
En el año fiscal 2019 fueron retornados a México 46,929 solicitantes de asilo bajo el MPP, la mayoría del triángulo norte centroamericano y Cuba, entre ellos había 1,021 nicaragüenses, incluyendo 404 mujeres, esto representa el 2.18% de todo el programa, según datos al cierre del año fiscal 2019 cotejados por la Universidad de Syracuse.
El año siguiente fueron 792 nicaragüenses acogidos por el MPP, 3.8% del total y en 2021 el número bajó a 621, pero porcentualmente significó 18.5% del programa. La mayoría de las jurisdicciones que aplicaron este programa fueron texanas, 832 casos en Harlingen, 450 en San Antonio, 340 en El Paso, pero también hubo 198 casos en San Diego, California, entre otras.
El programa MPP no es lo mismo que el título 42, este se emplea para personas que llegan a Estados Unidos para solicitar asilo, las reciben, pero esperan en México hasta que le tocan hacer entrevistas. Ellos están en el proceso migratorio estadounidense, pero esperan en otro país.
El 45% de un total de 1,355 procesos judiciales en 2021 de nicaragüenses que salieron de los centros de detención bajo el MPP ya iniciaron en las cortes, y de esos, 380 personas están ya viviendo en Estados Unidos, señaló Montealegre.
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Efrén González, coordinador de la Comisión Nacional de Refugiados (Comar) de Baja California, México, explicó que los migrantes “por razones de pandemia estaban siendo retornados rápidamente. No eran deportaciones, porque las deportaciones son a sus países, eran retornos exprés, los recibimos en México, eran decisiones más unilaterales tomadas por Estados Unidos”.
Con la nueva etapa de los MPP han comenzado a llegar poco a poco a la frontera más solicitantes de asilo, pero se trata de solicitantes de refugio de Estados Unidos, “ellos están aquí esperando pasar”.
José María García, director del albergue Juventud 2000 en Tijuana, agregó que hasta enero no había programas de atención y ayuda humanitaria. Desde agosto del 2021 se habían cancelado a pesar de que se reabrió la frontera para el turismo.
Para García, directora de Border Angels, el Gobierno de Estados Unidos se aprovecha del contexto de la pandemia y “cuando les conviene procesan el caso rápido. Si estás en MPP te piden tus documentos y te dan una corte en un mes porque esperan que te rechacen, por otra parte, llevamos casos que llevan años, porque la prioridad es para personas en detención”.
Asilos negados
Con la llegada del presidente Joe Biden aumentó la tasa de éxito de los solicitantes de refugio al aumentar de 29% al 37%, aunque el número de resoluciones del año fiscal 2020 al 2021 bajó de 60,079 a 23,827, por los efectos de la pandemia, indicó el TRAC de la Universidad de Syracuse.
Según el TRAC de la Universidad de Syracuse, en el año fiscal 2021 se procesaron apenas 466 casos de asilo para nicaragüenses, de estos 256 fueron negados, representan el 55%. En lo que va del año fiscal 2022 hay 338 con sentencia, de los cuales 178 fueron negativos, un 52% de rechazo, aunque es una leve mejoría, dado que en 2020 se rechazó el 61% de las solicitudes, 660 de 1,083.
La corte de Miami es la que más rechaza, 107 de los 161 casos recibidos en el 2021, 66% del total. La de San Francisco la que más aprueba con 54 de 69 expedientes de nicaragüenses en ese mismo periodo, una aprobación de 78%.
Sin embargo, Montealegre aseguró que, un 71% de las peticiones de asilo de nicaragüenses en el año fiscal 2021 “están siendo rechazadas y estas personas se les pide que regresen a Nicaragua voluntariamente o son deportadas”.
“Muchos casos están siendo negados, porque las personas vienen sin pruebas o no están huyendo por persecución política, se ve el impacto en que le están negando los casos”, aseguró Montealegre.
La abogada manifestó que no hay un trato preferencial para los nicaragüenses ni tampoco todos va a calificar automáticamente para asilo político.
“Para presentar su caso la persona tiene que comprobar que ha sido o es probable que va a ser perseguida por el Gobierno a causa de su opinión política. Si no existen esas pruebas, aunque tengamos un oficial de migración que permita entrar, no necesariamente va a ganar el caso que puede durar tres años, y al final le pedirán que se vaya voluntariamente o tendrá una deportación”, precisó.
No existe oportunidad de migrar a los Estados Unidos por razones económicas, hay visas de estudiantes, de trabajo, existen diferentes formas de solicitar asilos, por una variedad de razones, no solo por política, puede ser por raza, género o religión, pero la condición económica no es razón suficiente para solicitar un beneficio migratorio en Estados Unidos.
“Las estadísticas no mienten, desde el punto de vista de Nahra, llevamos nuestros números que van conforme a las estadísticas nacionales, donde la mayoría de casos de asilo de nicaragüenses son negados. Estados Unidos no es la mejor opción para migrar, hay países como Canadá o en Europa que ofrecen mayores beneficios y programas de asilo, pero si la mayoría de su red de apoyo está en los Estados Unidos y considera que su única opción es migrar, existen visas de trabajo y de estudio para evitar la migración ilegal”, sugirió.
Las personas que entran legalmente con visa de turismo, trabajo o estudio, antes del vencimiento de su estadía pueden quedarse prolongando su permiso, no están obligadas a pedir asilo, pueden argumentar razones de salud, económicas o humanitarias, dijo la abogada.
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Efectos colaterales de cierres y restricciones
García de Border Angels opinó que las políticas migratorias de México y Estados Unidos están incrementando los riesgos de migrantes y solicitantes de asilo, “muchas personas han considerado enviar a sus hijos solos primero y luego los adultos cruzan con la esperanza de ser reunidos con sus hijos, aunque sean temperaturas de 120 grados (48.9 celsius) en el desierto” o cuando está empezando a helar.
De hecho, la patrulla fronteriza detectó a 874 menores nicaragüenses no acompañados, solo en el último trimestre de 2021.
“La gente va a cruzar donde piensa que tiene más probabilidades, aunque arriesguen su vida, porque están desesperados y no aguantan la situación en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez que están entre las más peligrosas del mundo. Por tanta inseguridad y violencia, van a tratar de cruzar, aunque sea un riesgo para sus vidas”, concluyó García.
Solo en enero de 2022 habían ocurrido 140 asesinatos en Tijuana.
Cuando el presidente Biden anunció que eliminaría el programa de protección temporal conocido como “quédate en México” (MPP), se formó un campamento en una de las tres garitas de entrada de Estados Unidos en Tijuana, conocido como El Chaparral. Por más de un año miles de centroamericanos permanecieron en el lugar, hasta que los desalojaron poco a poco hasta que los últimos 300 fueron trasladados en febrero de 2022 a albergues estatales.
En noviembre pasado reabrieron las fronteras con México “para fines no esenciales”, esto significa, para los turistas. “La gente de Tijuana puede visitar Estados Unidos sin ningún problema, y estadounidenses han venido a vacacionar a México en toda la pandemia. Que no se puede cruzar por protección y eliminar la probabilidad de contagiarse de COVID-19 es una excusa, porque están permitiendo el comercio y que cruce la gente por visita, pero no a los solicitantes de asilo que vienen tan desesperados y en un estado de vulnerabilidad”, consideró García.
“El Gobierno de Estados Unidos no da información y crea un caos”, señaló García. Los migrantes llegan a Tijuana, “donde no están seguros, en particular los migrantes negros, indígenas, mujeres, niños y quienes no hablan español, son los que más sufren”, finalizó la defensora de Border Angels.
