*La contratación establece honorarios de $210 mil dólares al italiano Fabrizio Casari para “lavarle la cara” al régimen. Este personaje fue uno de los «acompañantes» electorales que validó la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
**Excanciller costarricense Rodrigo Carreras, en entrevista con Expediente Público, no descarta que parte del trabajo esté encaminado a solicitar el levantamiento de las sanciones contra los funcionarios nicaragüenses, incluyendo a tres hijos de la pareja presidencial.
Expediente Público
En tiempo récord, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contrató los servicios del italiano Fabrizio Casari para hacer lobby en temas económicos, políticos, sociales, y comunicacionales, así como realizar cabildeo y gestiones en favor de los “intereses nacionales” en Europa, que en los últimos meses amplió las sanciones en contra de varios funcionarios, incluyendo la familia presidencial, según documentos a los que tuvo acceso Expediente Público.
Los servicios especializados del italiano Casari estarán sujetos a un contrato por un periodo de 12 meses a partir del cuatro de febrero de 2022 hasta el 3 de febrero de 2023, mismo que puede ser “prorrogable”, según contrato de servicio.
Onerosos honorarios
Los honorarios que el régimen pagará al italiano ascienden a 200,000 euros, es decir 7,365,567 córdobas (US$210,444) con impuestos incluidos que, según el documento base de la contratación, provienen de los fondos nacionales del Tesoro.
El contrato estableció en «doce cuotas niveladas” la forma de pago al italiano, es decir mensualmente recibirá 16,666.66 euros, el equivalente a 613,666.66 córdobas (US$17,533.33), detalla el documento de la contratación.
Por la “naturaleza y lugar de prestación del servicio”, del monto inicial el Gobierno se compromete a pagar el 20% correspondiente al Impuesto sobre la Renta (IR) y el 1% del Impuesto Municipal (IMI) más el pago de impuestos en los países europeos que correspondan, incluyendo al Instituto Nacional de la Providencia para los Periodistas en Italia.
El saldo neto que recibirá el italiano para el pago de los servicios especializados que prestará al régimen equivale a 6,338.33 euros, es decir 233,377.3 córdobas (US$6,667.9).
Contratación exprés de Casari
El exvicecanciller de Costa Rica (1994-1998) y exembajador en Nicaragua (2003-2006) Rodrigo Carreras, indicó a Expediente Público, que en el ámbito diplomático los gobiernos tienen la facultad para hacer ese tipo de contrataciones.
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“El agente apropiado no tiene que ser necesariamente un diplomático del país, puede ser perfectamente bien o alguien de otro país u otro diplomático sea intercesor, o en este caso una persona privada, un empresario privado que se dedica a esas actividades”, explicó Carreras.
El exvicecanciller recordó que el caso de José María Hipólito Figueres Ferrer, conocido como “Don Pepe” (q.e.p.d.), quien siendo presidente de Costa Rica le encargaba los asuntos ante otro país a personas privadas de su entera confianza, pero que tenían el acceso hacia el gobernante del otro país.
“Llegaban al país y ni siquiera el embajador del país se daba cuenta, porque es un tipo paralelo de negociación (…) Qué tan difícil es depende de la habilidad del italiano”, mencionó Carreras.
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Para emplear a Casari, el régimen utilizó el procedimiento de contratación simplificada, que establece la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, amparados en el numeral ocho del artículo 58 de la legislación, que aplica cuando se requieren contratos de servicios profesionales en casos que se trate para asuntos especializados o “no se cuente con personal de línea para ese propósito”.
“El servicio se prestará en Europa”, según el documento base aprobado y firmado por Eva Patricia Mejía Lara, directora de Adquisiciones de la presidencia de la República.
El proceso para la contratación simplificada, que aparece bajo el número 002-01-2022, se realizó de forma expedita, es decir sin ningún tipo de obstáculos y en solo cuatro días, se constató con los documentos.
Prefieren a extranjero a alguien de la Cancillería
Una experta en contrataciones consultada por Expediente Público, bajo anonimato por temor a represalias, explicó que este tipo de procedimientos efectivamente tienden a simplificar el trámite, pero en este caso se debió valorar si no había otra persona dentro del cuerpo diplomático nicaragüense que pudiera llevar a cabo el “servicio especializado”.
La contratación simplificada, según la experta, como su nombre lo indica “simplifica los tiempos”, pero en este caso, debido al corto tiempo del que se dispuso quizá fue imposible generar “competencia en temas especializados”.
“Eso indica que ellos (el Gobierno) está actuando con mucha discrecionalidad y era una contratación direccionada, y eso es lo que hay que evitar (…) En cierta medida es arbitrario, porque ya tienen a la persona seleccionada, estoy segura y no les interesa publicarlo y mantenerlo (la contratación) por diez días o una semana, porque ya tienen a la persona con antelación”, señaló la experta en contrataciones.
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Según la experta, el Gobierno primero tuvo que analizar si entre las personas que integran el cuerpo diplomático nicaragüense había o no alguna persona que pudiese prestar ese servicio en Europa.
“Seguramente estarán alegando que este italiano, que están sacándose de la manga, tiene experiencia o contactos que no los tiene nadie aquí, eso es lo que yo creo que podemos cuestionar, demostrar en todo caso que no existe otra persona dentro del servicio diplomático nicaragüense que tenga esa experiencia, seguramente se está pagando algún favor político para beneficiar a esta persona o tiene contactos verdaderamente”, dijo la experta.
Trámite de cuatro días
La Oficina de la División de Adquisiciones de la presidencia de la República oficializó el 31 de enero de 2022 el documento para la contratación simplificada. El día siguiente, el 1 de febrero, se estableció como plazo límite para presentar ofertas y abrir las que se recibieron.
El plazo para “evaluar y calificar” el dictamen de recomendación de oferta se cumplió el 2 de febrero y ese mismo día la Oficina de la División de Adquisiciones emitió la notificación de dictamen de “evaluación, calificación y recomendación” de la oferta.
Además, el calendario para el proceso de contratación, estableció que el 2 de febrero sería el plazo para dictar la resolución de la adjudicación.
Esa misma fecha, el italiano Casari emitió la “declaración de beneficiario final”, según consta en otro de los documentos que tuvo a la vista Expediente Público.
“Bajo el nombre comercial Fabrizio Casari, con capital de origen lícito, me declaro la persona beneficiaria real y final del negocio, antes relacionado, no habiendo otros beneficiarios, propietarios o agentes controladores”, dice el documento sobre la declaración firmada por Casari.
La firma del contrato se llevó a cabo el 3 de febrero, siendo la última actividad del calendario establecido para la contratación simplificada. El mismo obliga a Casari a desarrollar una “metodología que garantice el logro de los objetivos del servicio”.
¿Quién es Fabrizio Casari?
Fabricio Casari es un italiano y para la firma del contrato se identificó como licenciado en Ciencias de la Comunicación, con domicilio en Roma, Italia.
Se constituyó como «persona comerciante conforme a las leyes de la República de Nicaragua” y destaca, según los documentos públicos, como licenciado en Ciencias de la Comunicación y experto en temas económicos, políticos, sociales y comunicacionales en el ámbito europeo.
Las instituciones y medios oficialistas lo presentan como investigador, analista político y editor en Altrenotizie, una revista digital donde a través de sus escritos defiende la postura del régimen y ataca al Gobierno de Estados Unidos en consonancia con la línea antiimperialista de Ortega.
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Casari estuvo en Nicaragua “conociendo de primera mano todo el proceso electoral” durante las votaciones del 7 de noviembre de 2021, comicios donde resultó ganadora la fórmula de Ortega y Murillo, una elección que fue altamente cuestionada por la comunidad internacional y declarada “ilegítima” por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El italiano que representará al régimen en Europa, también participó el pasado 10 de enero en la investidura de los gobernantes sandinistas.
En enero del 2021, Casari participó en una actividad en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), donde planteó acciones contra lo que denomina “guerra mediática de los grandes medios de comunicación que tergiversan la información para bien común de los Estados Unidos y sus aliados”.
¿Por qué Europa?
El 14 de octubre de 2019, la Unión Europea introdujo por primera vez medidas restrictivas de sanciones dirigido a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
Hasta enero de 2022, son 21 funcionarios del régimen sandinista y tres instituciones incluidos por la Unión Europea en un listado señalados de socavar la democracia y el estado de derecho en el país centroamericano, por lo que no se descarta que parte del lobby sea solicitar el levantamiento de las sanciones.
Entre los enlistados figura la vicepresidenta Rosario Murillo, quien desempeñó un papel fundamental para “alentar y justificar la represión de las manifestaciones de oposición” por parte de la Policía Nacional de Nicaragua en 2018 que según organismos de derechos humanos dejó 355 civiles asesinados.
“Ya ese es uno de los intereses nacionales importantes (las sanciones), probablemente está en la cartera que le han dado, el término intereses nacionales es muy amplio y da la impresión que van a tener una cartera muy gruesa con él (Casari), pero estoy seguro que coordinarán mucho con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua”, puntualizó Carreras.
Lejos de encontrar una solución a la crisis que también dejó más de 2,000 heridos y 144,000 personas desplazadas, el régimen nicaragüense ha intensificado la represión, ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos, cerrando medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, sin respetar el debido proceso.
Sancionados como presión
El 10 de enero de 2022, el mismo día de la toma de posesión de Ortega y Murillo, el Consejo europeo anunció nuevas sanciones contra siete personas y tres entidades vinculadas al régimen, entre ellos Camila Antonia y Laureano Facundo Ortega Murillo.
Las personas incluidas en la lista son “responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular de la represión de la sociedad civil, del apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y del socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho”, denunció la Unión Europea.
En diciembre de 2021, Murillo pidió anular las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del gobierno y allegados a Ortega.
“(Queremos) exigir se anulen esas medidas coercitivas, ilegales, que van contra todas las cartas internacionales que deberían regir los destinos del mundo, en términos de derechos, en términos de convivencia”, demandó Murillo en su alocución del 6 de diciembre de 2021, un mes después de las votaciones generales.
Régimen demanda a Casari discreción
Casari realizará un cabildeo en favor de los “intereses nacionales” que pudiesen estar dirigidas al levantamiento de las sanciones como bien apelan Ortega y Murillo.
El contrato establece que Casari deberá “guardar total discreción de todo asunto del cual haya tenido conocimiento”, incluso después de que el contrato haya expirado.
“La información a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente contrato, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros”, a menos que cuente con la autorización del contratante.
El contrato además exige “calidad de los servicios”, es decir conforme las “normas más elevadas de competencia e integridad ética, moral y profesional”.
Mientras Ortega contrató a un ciudadano italiano para ayudarlo a mejorar la imagen de su régimen con los europeos, se ha negado al reclamo de Italia que lleva más de dos décadas procurando la extradición del ciudadano Alessio Casimirri, que vive en Nicaragua donde tiene un restaurante.
Casimirri fue condenado en Italia por participar en el secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, ocurrido el 9 de mayo de 1978 en Roma.
Para Italia extraditarlo se ha vuelto imposible, debido a que Casimirri obtuvo la nacionalidad nicaragüense y desde entonces vinculado al sector turístico. Casimirri formó parte del disuelto grupo terrorista italiano Brigadas Rojas y llegó a Nicaragua en 1983, pero en 1988 fue nacionalizado nicaragüense durante el primer gobierno de Ortega.
