*Nicaragüenses migrantes solicitantes de asilo narran a Expediente Público en Estados Unidos sus traumas después de salir de los centros de detención.
**Varios nicaragüenses pasaron en las “hieleras”, lugares cerrados, con baja temperatura, donde los inmigrantes duermen en el suelo y con solo una manta isotérmica, igual a un pliego de aluminio.
***Las personas que cruzan la frontera a Estados Unidos usualmente son llevadas encadenadas de una cárcel a otra.
Expediente Público
Varios nicaragüenses que cruzaron en meses recientes a territorio de Estados Unidos recuerdan las difíciles condiciones en los centros de detención y la incertidumbre por el destino al final de la dura travesía. Flor, exatrincherada de Masaya, a 26 kilómetros al sureste de Managua, después de varios meses en México solo estuvo seis horas en Tijuana, en la frontera noroeste mexicana, desde donde cruzó la barda fronteriza a través de una escalera portátil, “pasamos cuatro personas en ese momento, yo fue la última y quedé guindada en el muro, en el aire”.
“Ya estando en el otro lado, llegamos a la carretera, comencé a gritar para llamar a los oficiales fronterizos. Llegaron, nos pidieron la documentación y nos quitaron hasta los cordones de los zapatos, aretes, cédulas y pasaporte, en mi caso, solo cédula”, relató Flor a Expediente Público, en una ciudad del condado californiano de Riverside, donde ha sido alojada por una benefactora.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicó en su página web que las personas detenidas son llevadas a las estaciones para tomar sus datos biográficos y en muchos casos huellas dactilares, para ingresarlas a las bases de datos. “Las personas que hayan entrado ilegalmente al país, así como aquellas personas que posean antecedentes criminales o inmigratorios, serán referidas al Departamento de Justicia para encausamiento, y se presentarán ante un juez federal. Una vez concluido el proceso criminal formal, las personas serán transferidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos para comenzar los procesos de inmigración apropiados”.
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Flor estuvo detenida dos meses y nueve días en diferentes centros, porque el flujo de cruces ilegales es enorme y a veces tenían que pasarla a otras ciudades para acomodar los espacios. Estuvo incluso en una de las cárceles llamadas “hieleras”, instalaciones de concreto en la frontera sur de Estados Unidos supuestamente para detenciones de corto plazo no mayores de tres días, sin camas y a temperaturas acondicionadas muy bajas y para uso de los procesamientos de la patrulla fronteriza. Los migrantes detenidos duermen en el suelo y cobijados con mantas isotérmicas, que son descritas como pliegos de aluminio.
“En el Centro de Detención La Imperial no es era un paraíso, ahí me tocó dormir también en el suelo, pero en colchonetas finas, con cobijas de aluminio, debajo de un aire acondicionado, solo había dos colchones que decidimos ponerlos en una posición para alcanzar tres personas. De los cuatro que pasamos en Tijuana, tres éramos mujeres. Sacaban y metían gente, entraban niños”, relató Flor.
Llegó un momento que tuvo acceso a literas, pero días después la mandaron a la “hielera”, donde las divisiones eran de piedra y le tocó dormir en el suelo. “Éramos como 37 personas de todos los países, colombianas, ecuatorianas, mexicanas, estuve ahí una semana, no tenías acceso a la luz del día, no sabías qué hora era, muchos oficiales eran amables, otros intransigentes”.
Un oficial fronterizo identificado con Ortega
Una de las cosas que le sorprende a Flor es que después de todo su periplo y exilio, encontró a “un oficial que me agredió verbalmente y me dijo que en Nicaragua no estaba pasando nada, que el presidente (Daniel Ortega) tiene el derecho a hacer lo que está haciendo, porque es el mandatario”. Era de origen nicaragüense, y su familia va y viene a Estados Unidos, viven muy bien, le mencionó el patrullero fronterizo.
No tenía acceso a llamadas en el tiempo que pasó en La Imperial y La Hielera, 10 días en total. “Nadie de mi familia sabía si estaba viva o muerta, si había pasado la frontera”, dijo.
“Un día llegó un oficial a traerme solo a mí. Imaginé que me deportaban. Volví a La Imperial y un par de días después nos enviaron a San Luis, Arizona. Nos cruzaron esposados de La Imperial a la hielera, de regreso no nos pusieron nada. Pero de La Imperial a San Luis, nos pusieron esposas en los pies, las manos, una cadena en el estómago. Las condiciones eran deplorables, al final, no creo haber hecho algo tan malo como para merecer eso”, relató.
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En San Luis le programaron finalmente una entrevista para confirmar el miedo creíble de su petición de asilo, que se canceló y la devolvieron a San Diego en las mismas condiciones, esposada de manos, pies y encadenada de cintura.
Solo podía hacer llamadas por cobrar, pero podía dejar mensajes de voz. “En una de tantas lograron contestarme, dije que estaba bien, que había pasado de detenciones en detenciones, pero que avisaran a mi familia, llamé a una amiga y pedí avisaran a Nahra (Alianza de Derechos Humanos Nicaragua-Estados Unidos)”.
En el centro de detención de Otay-Mesa de California las condiciones eran mejores, estaban en cuarentena, le volvieron a programar la cita por miedo creíble, la hicieron y después de cinco días la aceptaron.
No le avisaron cuándo saldría, pero finalmente, después de más de dos meses logró su libertad bajo palabra el 18 de octubre. Ahora le toca probar su caso de asilo. La veracidad de su entrevista la determinará un juez.
La realidad detrás del muro
Cruzar la frontera sin un permiso de entrada, evitando a la autoridad migratoria o con documentos falsos, es un delito federal establecido en el título 8 del Código de Estados Unidos. Las penas incluyen una multa de 10,000 dólares, de seis a 10 años de cárcel, o ambas. Estos casos son remitidos a los fiscales estatales. Sin embargo, existe una excepcionalidad para los que no tienen documentos de entrada, cuando buscan asilo por razones políticas, raciales o religiosas, pueden llevar su caso a una corte de migración y demostrar que requieren asilo.
Astrid Montealegre, abogada de migración de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragua-Estados Unidos (Nahra, por sus siglas en inglés), explicó a Expediente Público que los nicaragüenses como cualquier otra nacionalidad, deben probar que tienen un caso de asilo, y si cruzan la frontera sin permiso de entrada, al igual que todos, están sujetos a un proceso de deportación.
“Al cruzar la frontera no hay ningún tipo de estatus especial o asilo designado específicamente para los nicaragüenses”, reiteró.
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El problema para los solicitantes de asilo es que desde 2020, Estados Unidos aplica también el título 42 que permite deportar de forma expedita a todos los que cruzan la frontera por razones sanitarias y sin mediaciones. Además, Protección de Fronteras precisó que el Fiscal General ha orientado a los fiscales federales del sureste, encausar bajo el título 8 a todos los adultos extranjeros que ingresen ilegalmente al país, incluyendo a los que viajan con sus hijos menores.
Centros de detención son privados
Daniela Orozco, opositora de Las Maderas, una comunidad a 45 kilómetros al norte de Managua, cruzó el muro en Tijuana y se entregó en la madrugada del 12 de diciembre de 2021 a los patrulleros. Estuvo en detención hasta el 25 de enero, pasó encerrada Navidad, Año Nuevo y el cumpleaños de su hijo menor.
“Sé lo que es estar en la hielera, existe, las sabanitas de aluminio existen, las toqué, me cobijé con ellas. Creo que esa parte de mi vida no la voy a poder borrar, o está demasiado prematuro para sanar. Al final es algo que te marca”, dijo a Expediente Público, en su nuevo domicilio en Indianápolis, al noreste de Estados Unidos.
“Estuve en San Diego, alrededor de 18 días, de la nada me llamaron y yo me alegré porque pensé que iba a salir, resulta que me pusieron esposas en los pies, en las manos, estaba encadenada de cintura y me trasladaron hasta Luisiana. Estuve en el Centro de Detención de Luisiana mal, porque cuando iba en el avión llegó un momento que se me reventaron los oídos, he viajado en avión, no sé por qué me paso, quizá fue la altitud, hasta el 3 de enero miraron que tenía los dos oídos infectados y me hicieron lavados, se me reventó la nariz, tuve tos”, relató.
Cuando salió bajo palabra, no le pusieron grilleros ni le asignaron un teléfono para controlarla, explicó con cierto consuelo.
La “hielera”
Carlos García, abogado y activista de la Alianza Cívica de Río Blanco, en el norte de Nicaragua, describió que después de cruzar el río Bravo, cerca de Reynosa, estuvo 36 horas en lo que conocen como la “hielera”, después fue trasladado a El Valle y estuvo nueve días detenido y lo sacaron también con libertad para palabra.
Su esposa solo estuvo detenida un día cuando cruzó meses antes, supone que era porque venía con dos menores de edad.
“Cuando te ingresan te hacen unas preguntas, uno realmente no venía a inventar un proceso, dije la verdad, cosa que abona a que el centro de inmigración atienda ciertos casos, a veces, decimos suerte, porque no sabemos lo que pasa, hay personas que pasan hasta ocho meses detenidas”, indicó.
Sobre la detención consideró que lo peor es la “hielera”, porque hay hacinamiento, no hay lugar donde descansar, había gente sentada en el piso y en el baño, hacían turnos para poder dormir en el piso dos horas, mientras otros estaban sentados esperando poder descansar.
“Ya en el centro de detención no me puedo quejar, había tres tiempos de comida, literas con colchón, sábanas, te sacaban dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Había atención médica y si necesitabas algo no te lo negaban”, aseguró.
Presiones federales de Estados Unidos
Dulce García, directora de la organización Border Angels, explicó a Expediente Público que los centros de detención son prisiones federales manejadas por corporaciones privadas. “Existe alguien que hace dinero a causa del sufrimiento de nuestra gente que está dentro, cuando se les pide cinco mil diez mil dólares en fianzas para salir, es como que nuestra gente estuviera secuestrada, pero por nuestro Gobierno”.
Según la Unión de Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), las corporaciones privadas manejaron en 2020 al 79% de los migrantes detenidos, principalmente GEO Group, un inversionista en bienes raíces y CoreCivic, especializada en prisiones, pero con capital de la compañía eléctrica de Tennessee, la Universidad de Vanderbilt y Jack Massey, expropietario de Kentucky Fried Chicken. En 2020, GEO Group recibió USD662 millones de dólares en contratos del ICE, mientras CoreCivic USD574 millones.
Otros grupos que participan en los contratos del ICE son La Salle Corrections, empresa de prisiones para Texas, Georgia y Luisiana; y Management and Training Corporation (MTC), empresa de prisiones y hospitales que maneja también el programa vocacional Job Corps del Gobierno.
“Los centros de detención reciben contratos billonarios, así que hay un incentivo para no liberar a estas personas. Hay una corporación que recibe dinero por cada persona dentro, en Otay-Mesa ocurrió el primer caso de una persona que falleció por COVID-19, fue por negligencia médica, era una muerte prevenible”, enfatizó García.
García explicó también que los detenidos tienen el derecho a una llamada, pero se les cobra 89 centavos por minuto. También detectaron que se usaban químicos que irritaban la piel y los detenidos empezaban a sangrar, tampoco usaban gel antibacterial, porque no querían que los detenidos tuvieran alcohol, además, los patrulleros no aceptaron usar mascarillas, aunque se las donaron.
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Al principio de la pandemia fue muy difícil el trabajo en los centros de detención a donde remite la patrulla fronteriza a los migrantes, por contratos del Gobierno, “aunque el país está recuperándose, siguen en emergencia y no reportan nada más que al ICE y ahí quedan las quejas”.
“Al principio de la pandemia, recibimos llamadas de personas con miedo del acoso y de contraer el virus, el caso de una familia que fue separada y le pedían cinco mil dólares (en fianza). Estuvieron un par de meses, porque no tenían el dinero que le estaban pidiendo y estaban con miedo de morir por COVID-19”, recordó.
García precisó que cuando los migrantes y solicitantes de asilo salen de los centros no significa que acaba la detención. “La mayor parte recibe una tobillera que deben pagar por su propia cuenta cada semana, estás como en detención virtual, tienes que chequearte con migración, las cortes, hacer saber cada cambio de dirección. Salir de detención no significa que estás liberados de este sistema”, dijo.
Comunidad nicaragüense no puede con oleada de exiliados
El incremento de 1,500 por ciento de nicaragüenses cruzando la frontera México-Estados Unidos, ha rebasado las redes y organizaciones de la diáspora. En año fiscal 2020 hubo 3,164 encuentros de la patrulla fronteriza y en el 2021 la cifra se disparó a 50,722, en los primeros meses del 2022 ya suman 49,738.
Montealegre explicó que este incremento ha afectado a las organizaciones locales e internacionales por la falta de recursos. Muchos de los albergues están saturados, ya están al máximo de casos que puedan aceptar las organizaciones, los voluntarios o empleados que brindan asistencia administrativa con el llenado del formulario o, a veces asistencia legal gratuita o a bajo costo, los tiempos de espera incrementan más. “En México para hacer su proceso, el mínimo de espera es tres meses, y esto es necesario para poder transitar libremente por México, llegar a la frontera sur hasta la frontera norte conlleva una serie de pasos legales y de recursos que las organizaciones ya no tienen”.
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La abogada señaló que entre los solicitantes de asilo “muchos vienen desamparados económicamente y también por sus familiares, hemos visto una falta de solidaridad en algunos casos, de personas que no los reciben cuando logran cruzar la frontera o cuando salen de los centros de detención, la persona no tiene un núcleo de apoyo aunque tengan un caso válido de asilo”.
Puede ser que dure 5 meses hasta que la persona tenga su permiso de trabajo, por eso, es importante que el solicitante de asilo tenga una red de de solidaridad en su país de destino.
Las fianzas
Montealegre explicó que al salir de un centro, los solicitantes de asilo pasan por un proceso de defensa de deportación que eventualmente pasará ante un juez. Los detenidos en la frontera tienen la oportunidad de salir bajo fianza o salir bajo palabra, las personas con deportaciones previas o un récord criminal, no califican para salir bajo fianza o bajo palabra.
Montealegre indicó que “hemos visto fianzas de hasta 20 mil y 25 mil dólares, personas con un récord de inmigración que el juez considera que no es probable que regresen a la corte, porque no lo hicieron anteriormente, la persona paga un porcentaje de lo que el juez solicita y hay casos de préstamo”. La fianza mínima es de 1,500 dólares, “pero muy raras veces la vemos, por el contrario, el Gobierno de Estados Unidos consistentemente pide de 10,000 a 20,000 dólares. Cuando llegó uno de 60,000 dólares no nos asustamos, piden eso a gente que vienen huyendo, sin absolutamente nada, les piden miles de dólares asegurándose que no los van a tener y que estarán ahí por meses”, criticó García de Border Angels.
