*Freedom House señala que la mayoría de los defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica desde hace tres años, están en condiciones de subsistencia.
**La organización publicó hoy su informe en donde expone el desplazamiento forzado de los defensores debido al acoso, violencia, amenazas y órdenes de captura contra ellos.
Expediente Público
Los defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica tienen grandes dificultades para estabilizarse. Aunque muchos de ellos tienen más de tres años refugiados en ese país, no han encontrado empleo fijo, vivienda ni estabilidad económica, que les permita seguir colaborando con los derechos humanos relacionados a Nicaragua, reportó la organización Freedom House en su informe “Defendiendo a los defensores y activistas de derechos humanos y de la democracia en América Latina”.
El estudio de caso complementario “Defensores de Derechos Humanos Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica”, publicado este 3 de febrero, reveló que los defensores se separaron abruptamente de sus familias, aunque luego algunos lograron reencontrarse con sus seres queridos, al menos temporalmente.
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“Igual que los venezolanos, cuando los defensores de derechos humanos nicaragüenses se ven obligados a irse de su país, lo hacen sin su familia. Muchos de ellos eran quienes mantenían a la familia antes de verse obligados a exiliarse”, señaló Freedom House.
Los defensores manifestaron varias razones que los obligaron a exiliarse, la más importante fue el acoso o vigilancia (17), seguido de la violencia generalizada (12), muchos salieron en 2018 y 2019, también manifestaron que les habían dado advertencias (10), amenazas directas (6) o a miembros de su familia (6), algunos sufrieron allanamiento domiciliar o laboral (5), arresto u orden de arresto (4) e incluso ataque físico (4).
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La migración histórica de nicaragüenses a Costa Rica facilita el exilio como la reunificación, porque la frontera es porosa entre ambos países. Muchos tienen familias o son binacionales en el país receptor o han tenido una relación de trabajo o negocio propio o por medio de un pariente. “Este aspecto facilita la reunificación familiar en Costa Rica (a menudo temporaria), aunque el costo de la reubicación sigue siendo elevado para las familias”, explicó el reporte.
En el caso de los defensores que han sido proveedores en sus núcleos familiares, persiste “la necesidad de mantener a los familiares a su cargo y sufragar gastos básicos, como alimentos y vivienda. El apoyo a los defensores de derechos humanos nicaragüenses reubicados en Costa Rica por lo general no abarca a los familiares. No obstante, los programas de ayuda económica del gobierno abarcan a las familias de refugiados y en situación de pobreza”, sostuvo el estudio basado en entrevistas y grupos focales.
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La mayoría no tiene planes de volver a corto plazo a Nicaragua, sin embargo, el 88% reveló que desea volver a su país en algún momento. En cuanto al financiamiento, gran parte de los fondos con los que sobrevive el trabajo de los defensores en el exilio costarricense se agradece a organismos internacionales y de la sociedad civil.
Cuando se les preguntó a los defensores de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica qué necesitaban los familiares que habían dejado atrás, sus respuestas correspondieron a tres áreas: seguridad, ayuda económica y atención sicológica.
Lo que más ansían a los defensores exiliados es contar con un plan de reunificación en caso de emergencia, asesoramiento para comprender riesgos, asistencia física y digital, capacitación y traslado de seres queridos a lugares seguros. En aspectos económicos ponían como ejemplo la capacitación en iniciativas empresariales y recursos para movilizarse, especialmente, a lugares más seguros.
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“La mayoría han experimentado una caída notable del nivel de vida y a menudo pasan de ser el sostén de la familia a depender de la ayuda económica de familiares, amigos y organizaciones”, mencionó el reporte.
A pesar de todo, los defensores señalaron también aspectos positivos de su trabajo a favor de los derechos humanos en Nicaragua como la posibilidad de mantener el contacto con colegas a través de la tecnología, el apoyo de agencias de cooperación y el compromiso del equipo, las alianzas y redes sólidas, la posibilidad de realizar de forma segura el trabajo desde el exilio y los lazos que se han forjado con organizaciones de víctimas, comunicadores y otras organizaciones de derechos humanos.
La investigación de Freedom House concluyó con una serie de recomendaciones para sostener el trabajo de los defensores de derechos humanos de Nicaragua que están exiliados en Costa Rica, entre estas están fortalecer el ecosistema de protección, por ejemplo, en materia de salud, asistencia migratoria y sicológica, capacitaciones, fortalecer redes y enlazar organizaciones.
Un mal regional
“Los defensores y las organizaciones de la sociedad civil que promueven la democracia se enfrentan a entornos cada vez más hostiles en toda América Latina, tales como legislaciones que criminalizan su labor, así como intimidaciones, acosos y ataques físicos entre otras violaciones de los derechos humanos. Según organizaciones de derechos humanos, en el año 2020 América Latina fue el continente más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, ya que es allí donde se produjeron más de tres cuartos de todos los homicidios de defensores del mundo”, afirmó el reporte de Freedom House.
“La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos desafíos dado que los Gobiernos dictaron medidas autoritarias con el pretexto de hacer cumplir las restricciones impuestas por causa de dicha pandemia dirigidas a inhibir la circulación, restringir las libertades de expresión y reunión e implementar políticas de seguridad militarizadas”, analizó la fundación con sede en Washington D.C.
El reporte regional precisó que la COVID-19 afectó el tránsito transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica en 2020. Además, ha demorado la tramitación de sus solicitudes de refugio. Por otra parte, piensan que la diseminación, la prevención, las medidas gubernamentales y la vacunación son más complejas para los exiliados, pero también consideran que sus propios gobiernos no adoptan las medidas necesarias ni implementando las políticas o acciones adecuadas para prevenir la propagación del virus en sus países de origen.
Un sistema de protección ideal para los defensores de derechos humanos de la región centroamericana, según el estudio, abarcaría marcos legislativos y normativos nacionales y locales, incluidos los derechos de libertad de expresión y asociación. También se plantean necesarios mecanismos de protección vigentes que son aplicados por los sistemas legislativo y judicial; acceso a la capacitación, a la información y al desarrollo de capacidades; trabajo colaborativo entre las autoridades nacionales y locales y los organismos internacionales y regionales (Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos).
Igual de importantes se considera la participación del sector privado y de las demás partes interesadas nacionales; seguimiento y difusión de la información de la situación de los defensores presentada por los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de investigación; protección y apoyo a los derechos humanos en el exilio; y desarrollo de redes de contactos.
Freedom House planteó una serie de recomendaciones estratégicas para proteger a los defensores de los derechos humanos relativas a la búsqueda de financiamiento como fondos de emergencia, apoyo a programas de reubicación temporal o ampliación de las mismas, programas de retorno y reintegración o reasentamiento permanente, apoyo permanente o a largo plazo y formulación de nuevas estrategias de financiamiento para donantes.
