*La directiva de Jorge Cálix interpuso recurso en la Corte Suprema de Justicia con el que busca dar golpe a la facción de Luis Redondo, la que también anuncia acciones similares.
**Crisis por el control el Legislativo podría impedir la derogación de las leyes que prometió la nueva presidenta Xiomara Castro, por el vacío de cuál Junta Directiva tiene la potestad legal para hacerlo.
Expediente Público
La crisis institucional por el control del Congreso Nacional de Honduras ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un escenario que para expertos constitucionalistas no era lo deseable porque la resolución que se adopte por parte de los magistrados podría aumentar el conflicto.
Luego de que dos juntas directivas fueran juramentadas el domingo 23 de enero y desembocaran una crisis institucional sin precedentes recientes en Honduras, analistas y expertos en orden jurídico advierten que, si no se convoca a un diálogo nacional entre las fuerzas en pugnas, la solución terminó en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La directiva presidida por Jorge Cálix, diputado expulsado del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), dio el primer paso al presentar este viernes 28 de enero un recurso en el tribunal supremo en contra de los directivos encabezados por Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH) y apoyado por la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
“Nosotros estamos introduciendo a la Corte Suprema de Justicia un recurso con la suspensión del acto reclamado en términos de la junta directiva de Luis Redondo para que ahí termine el conflicto”, informó la diputada Beatriz Valle en un programa de televisión este viernes. Valle es la secretaria del Congreso en directiva de Cálix.
Redondo fue juramentado como presidente por votos de su facción en el Congreso Nacional y legisladores suplentes de otros partidos, mientras que Cálix fue nombrado en primera sesión en la sala del Legislativo y posteriormente fue juramentado en un complejo de Bosques de Zambrano, en Tegucigalpa.
Pero Cálix cuenta con un apoyo mayoritario de diputados al ser respaldado por las fuerzas ahora opositoras del Partido Nacional, quien tendría el control político en la Corte Suprema de Justicia.
La legisaldora Valle aseguró que están ofreciendo una salida “muy decorosa” y “muy buena que le estamos dando nosotros a la otra parte para que todos quedemos bien” y para resolver un conflicto que “puede llegar a alterar la gobernabilidad”.
Valle remarcó el hecho de que la juramentación de la presidenta Xiomara Castro fue hecha por una jueza “que tuvo que reconocer expresamente que el presidente del Legislativo no es Luis Redondo y por tanto él no la pudo juramentar, y no lo hicieron no por falta de voluntad de la Presidencia si no porque la ley no se lo permite, la Constitución no se lo permite”.
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Castro fue juramentada como presidenta de Honduras el 27 de enero por la jueza del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Karla Romero, y recibió la banda presidencial de su aliado el diputado Redondo.
Pero la diputada Valle insistió que con el recurso que presentaron en la Corte buscan «que se anule la junta directiva usurpadora del diputado Luis Redondo”.
De su lado, el abogado José Lagos, del partido Movimiento Acción Social (MAS), también llegó este viernes pasadas las 10:00 a. m. a la sede de la Corte Suprema de Justicia en la capital de Honduras, Tegucigalpa, para interponer un recurso contra la directiva que preside Cálix.
“Como un ciudadano que quiere a Honduras y que por una vez está en contra de que se viole la Constitución de la República vengo a poner este recurso de inconstitucionalidad”, dijo a un canal de televisión.
Aclaró que hace el trámite a título personal, “lo hago como un ciudadano común y corriente del país que utiliza el artículo 40 de la Constitución que me faculta para defender esta Constitución porque una vez más no se va a violar en Honduras”.
El conflicto político ha generado dudas sobre la legalidad de dos juntas directivas que se disputan el control legislativo y sobre cuál dominaría verdaderamente el Congreso.
¿Qué procede ahora?
Ante la crisis Expediente Público ha preguntado a expertos juristas y analistas: ¿Qué procede legalmente para resolver la crisis del Congreso Nacional?
El analista político Josué Murillo explicó a Expediente Público que desde la figura legal dos juntas directivas han violado normas y principios parlamentarios como el derecho de voz y voto, y el proceso de convocatoria para la elección de la directiva parlamentaria.
Señaló que la crisis constitucional ha acentuado la percepción nacional e internacional de que Honduras se encuentra en un estado de ingobernabilidad, que afecta la estabilidad democrática y el disfrute de los derechos.
“Se debe privilegiar el diálogo entre ambos grupos, si esto no es posible entonces se requiere de un mediador nacional o internacional, pero no se pueden tener dos juntas directivas, eso es inaceptable”, expresó Murillo.
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Murillo destacó la firmeza de la presidenta Castro en tratar de mantener la cohesión dentro de su partido y cumplir sus planes de trabajo, pero recordó la importancia de cada voto en el Congreso de Honduras cuenta para lograr la derogación e implementación de las leyes, por ello considera que debe tomarse la posibilidad de negociar el reintegro de los expulsados por Libre.
“Veo muchas coincidencias en los discursos legislativos de Cálix y Redondo, las diferencias son en cuanto a quien ostenta la titularidad de ese poder del Estado y por eso se debe negociar y llegar a un acuerdo lo antes posible para no seguir generando inestabilidad e inseguridad democrática”, expresó.
El abogado constitucionalista Octavio Pineda explicó a Expediente Público que ambas convocatorias realizadas el domingo 23 de enero tienen visión de nulidad, debido a que ninguna de las dos cumplió lo que señala la Constitución de la República, ni lo que señala la práctica procesal en cuanto a los procedimientos para la constitución de juntas directivas.
Pineda señaló que el secretario de Gobernación saliente Héctor Leonel Ayala Alvarenga no cumplió con el procedimiento correcto, ya que es el encargado de convocar la sesión, instalarla en la sede del Poder Legislativo, pasar lista e iniciar la sesión y otorgarles la palabra a todos los diputados.
“Lo ideal es llegar a un acuerdo y nombrar una sola junta directiva en la que estén representadas ambas partes, porque el problema se puede extender y convertirse en un conflicto institucional”, expresó.
Explicó que la situación podría extenderse y terminar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala Constitucional, tal como lo estipula la Constitución de Honduras.
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En la CSJ, a criterio del analista, el escenario no sería acorde a los cálculos políticos del nuevo gobierno.
Para la toma de posesión de la presidente electa Xiomara Castro, el próximo 27 de enero, Pineda mencionó que lo ideal sería ser juramentada por un juez natural como lo sugiere la Constitución, y no por alguna de las juntas en disputa.
Los 18 expulsados siguen siendo diputados
De acuerdo a Pineda, la expulsión de 18 diputados del Partido Libre no les quita su condición de diputados ni el derecho a unirse a cualquiera de las otras bancadas dentro del Congreso, como la del Partido Nacional, Partido Liberal y otros minoritarios.
Sin embargo, explicó que esta situación podría convertirse en un conflicto de gobernabilidad para Castro, ya que se le podrían complicar las promesas de anular algunas leyes, para lo cual necesita la mayoría simple para ser derogadas.
Entre ellas figura la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), parte de su promesa de campaña.
Además, aclaró que las acciones ejecutas por Castro en los últimos días con respecto al Congreso Nacional, desde el punto de vista jurídico es algo «incorrecto» debido a que el Poder Legislativo es un independiente.
“Lo que hizo Xiomara es una intervención de un poder sobre otro mucho antes de haber tomado posesión y por ello se le han hecho muchas críticas, por injerir en decisiones de otros poderes”, señaló.
Por otra parte, la abogada constitucional Ana Pineda, en cuanto a la crisis que vive el Poder Legislativo expresó a Expediente Público que “la junta que tendría legitimidad es aquella que goza del respaldo del pueblo hondureño”.
Opinó que la sociedad hondureña ha ejercido “su capacidad soberana para decir cuál de las juntas directivas es la que está confiando sus intereses generales y la representación en ese poder del Estado”.
Mencionó que la junta directiva encabezada por Jorge Cálix, debido a los conflictos, podría estar condenada a disolverse y buscar un consenso inmediato para retomar la unidad con Libre, particularmente “porque hay una presidente electa que cuenta con respaldo popular tan amplio”.
“Que se queden al margen del apoyo a la presidenta no se mirará bien y estarían condenados a pagar un alto costo político que para todos y cada uno de ellos representa una carrera que han iniciado desde hace varios años”, estimó.
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El diálogo como una solución
El analista político Efraín Díaz expresó a Expediente Público que pese a las implicaciones jurídicas de la crisis, esta es de carácter y origen político y como tal debe resolverse por esas vías.
Acusó al Partido Nacional, ahora en la oposición y al Partido Liberal de crear la trama, debido al resultado electoral contundente a favor de Castro, quien se impuso sobre el bipartidismo histórico que ha gobernado al país centroamericano.
Criticó que lo que se conjuga en el Congreso Nacional es la impunidad y complicarle el camino al nuevo gobierno desde el Poder Legislativo.
“Esto es una oposición destructiva para que el próximo gobierno tenga dificultades para impulsar su programa de gobierno”, opinó.
Al dañarse la gobernabilidad de Honduras, la salida es una relación constructiva entre los legisladores y el Poder Ejecutivo.
“Hay que buscar una tercera persona que pueda generar un consenso posible para que el Congreso pueda funcionar y una integración de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, por eso se necesitan mediadores, ya sean de sectores internos o externos”, dijo.
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Igual que otras voces, Díaz concuerda en que ambas faciones cuentan con vicios de nulidad y sin la legalidad de legislar, sin embargo su criterio es que el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, la apuesta de Castro por el Congreso, posee “mayor legitimidad” al provenir del partido que recién ganó las elecciones del pasado noviembre.
