*Desde 2013 se consolidó el Movimiento Campesino, que logró hacer más de 100 marchas de protestas en Nicaragua contra la Ley 840, del proyecto canalero entre Daniel Ortega y Wang Jing, que amenaza con la expropiación de las tierras de miles de familias campesinas a nivel nacional.
**Después de 9 años, el exilio, la migración como escape a la represión, encarcelamiento y muerte contra la comunidad campesina de Nicaragua ha casi desaparecido el movimiento.
***Más de cien mil nicaragüenses han abandonado el país en los últimos tres años según el registro de organismos de derechos humanos, debido a la triple crisis del país azotado por la pobreza, represión y la pandemia mundial de coronavirus.
Expediente Público
Una cosecha de arroz, frijoles o maíz, basta para que una familia campesina pueda ser feliz donde sea que esté. Sembrar la tierra viva es un trabajo que corre por las venas de sus cuerpos, junto al hondo deseo de defenderla. La tierra es su hogar, su vida y su propósito.
En Nicaragua, pertenecer al movimiento campesino y ser opositor al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede significar cuatro cosas: vivir en clandestinidad, huir al exilio, terminar en prisión o, en el peor de los casos, ser asesinado.
Esa represión es a la que por casi una década la comunidad campesina nicaragüense se ha enfrentado.
Dirigentes campesinos narraron a Expediente Público cómo han sobrevivido a la pandemia de un exilio no elegido y la lucha por la libertad de sus tierras y su patria medio de una crisis sanitaria.
La Fonseca: donde Francisca Ramírez no ha podido regresar
“Yo creo que si hubiera pensado que iba a durar tanto tiempo tal vez no me hubiera venido […] no me quisiera ni acordar de ese pasado, venir aquí a un país, donde uno no conoce, por veredas, no sabíamos donde estábamos o para donde íbamos”, expresó a Expediente Público la dirigente campesina de 46 años, Francisca Ramírez, quien desde septiembre de 2018 por haberse involucrado en las protestas de abril y liderar marchas en contra del megraproyecto canalero entre Ortega y Wang Jing, fue amenazada y perseguida junto a su familia, hasta forzarlos a exiliarse en Costa Rica.
“Ya nosotros estábamos bien visibilizados, que éramos opositores, que siempre estuvimos denunciando toda la represión que ya vivíamos desde antes”, relató Ramírez.
Entre junio y agosto de 2018 empezó a recibir llamadas que amenazaban de encarcelarla en el Chipote o torturarla en el Carme, (residencial de la pareja presidencial)
“Ya en septiembre nos venimos a salvaguardar la vida, pero también con el compromiso de regresar y ya llevamos dos años y resto”, lamentó Ramírez.
Ella fue una de las primeras campesinas en formar el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que surgió en 2013 con marchas en la franja canalera que saldría al Caribe por Punta Gorda, al pacífico por la desembocadura del río Brito, en Rivas, y atravesaría el lago Cocibolca.
“Nosotros no hemos venido a buscar un espacio, ni quitarle un espacio a un costarricense, más bien hemos venido a trabajar con más esfuerzo de lo que lo hacíamos en nuestra patria”, enfatizó Ramírez, desde el campamento que lidera con otros 80 campesinos, desde donde esperan apoyar la economía del país y sobrevivir lejos de sus tierras en Nicaragua.
En la actualidad “doña Chica” como se le conoce popularmente, lidera un campamento de casi cien familias campesinas que producen alimentos en Upala, Alajuela, un municipio que los separa 10 kilómetros de la frontera nicaragüense y 240 kilómetros de la capital, San José.
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Desplazamiento Forzado
Las comunidades campesinas nicaragüenses han sido fuertemente impactadas por la profunda crisis política y económica que vive el país, señaló a Expediente Público la abogada ambientalista, Mónica López Baltodano.
“Las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes en la impunidad, la violencia galopante, el desplazamiento interno, el exilio forzado, las detenciones arbitraria de líderes campesinos, el impacto local de la corrupción de las élites nacionales y transnacionales que mantienen en la precariedad al campesinado, y el aferramiento enfermizo de la dictadura Ortega-Murillo al poder, ha generado que en el campo el Terrorismo de Estado se viva de una forma muy dura, y la mayoría de las veces en una profunda soledad”, dijo.
La también ex asesora del movimiento campesino anticanal, resaltó que las barreras de comunicación han impedido la documentación y visibilización de los crímenes cometidos por el Estado, además del “histórico aislamiento político del campesinado nicaragüense”, sin embargo, la lucha anticanal ha abonado en la ruptura de estos desafíos.
Por su parte la abogada Leyla Prado, quien ejerció como defensora de campesinos en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) hasta antes de exiliarse por amenazas y represión en su contra, explicó a Expediente Público cómo el abuso del régimen y el interés en sus bienes ha incidido hasta en el abandono de sus tierras.
“Lo que ha obligado al campesinado a desplazarse, es el tema de la represión, el tema del abuso del gobierno de siempre tomarle sus bienes, sus tierras, y dejarlos sin sus medios de trabajo que históricamente han sido estos”, dijo.
Prado aseguró que estas áreas de producción del campesinado “han venido a ser expropiadas de facto” por la inexistencia de procesos administrativos, y en caso de que ejerzan su derecho a reclamar, la respuesta es “represión, desplazamiento, expropiación, y lo más grave de todo, asesinatos”, señaló.
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La defensora recordó cómo el movimiento campesino quiso apoyar a las protestas que lideraron jóvenes en abril de 2018, sin embargo, una vez más cordones de antimotines impidieron que se unieran.
La respuesta represiva terminó encarcelando a liderazgos como Medardo Mairena, Freddy Navas, Pablo Morales y Pedro Mena, actualmente detenidos.
A criterio de Prado, este es un mensaje de autoridad que el gobierno quiere transmitir al resto de campesinos: “puede encarcelarlos, torturarlos y despojarlos” como a sus líderes.
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Migración y una pandemia mundial
Para muchos nicaragüenses migrantes y en especial campesinos, Costa Rica se ha convertido en el primer país para buscar refugio.
Sin embargo, no hay datos oficiales que documenten casos específicos de campesinos refugiados en la vecina del sur.
El epidemiólogo, Leonel Argüello, en entrevista para este reportaje, explicó como la Covid-19 es un riesgo más al momento de migrar a otro país. Sobre todo, cuando esta pandemia mundial ha cobrado la vida de más de 5.5 millones de habitantes, según la Universidad de Jhon Hopkins.
“En relación a la migración hacia otros países en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo de la pandemia de la Covid-19, el riesgo que corren los migrantes al salir de Nicaragua, van en grupos, y al estar en grupos la posibilidad de contagio es mayor”, explicó.
Entre 2020 y 2021, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha reportado únicamente 217 fallecidos por Covid-19, y 17,885 casos positivos de contagio.
Al contrario, el Observatorio Ciudadano Independiente reportó más de 19,200 contagios y 3,098 muertes a causa de este virus solo en el último año.
“Hay que recordar que Nicaragua es un país que promueve el contagio, a través de las actividades que el gobierno realiza o promueve, y por otro lado es conocido que los datos en Nicaragua no son confiables para nadie”, señaló Argüello.
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El calvario de Elea valle
La historia de Elea Valle, originaria del municipio de Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RAACN), es uno de tantos casos de campesinos víctimas de la represión del Estado.
En 2017, Valle responsabilizó al Ejército de Nicaragua por el asesinato de su esposo, su cuñado y de sus dos hijos menores de edad, en la Cruz de Río Grande, Matagalpa.
Cinco años después, en entrevista a Expediente Público, Valle sigue reclamando los cuerpos de sus familiares y exigiendo justicia.
“A ellos los matan a las 5 de la mañana el 12 noviembre en el 2017 […] mentira que dijeron que se los entregaron a la policía y llegaron los médicos forenses, eso es muy mentira”, dijo a Expediente Público.
“Vamos sobre 5 años y a mí no me han dado respuesta, y de ahí ya me toco duro a mí, super peor y peor y peor”, agregó.
Valle no tiene cédula de identidad, ni sus hijos partida de nacimiento, esto les ha impedido gozar otros derechos como la salud y educación.
En julio de 2021 logró salir del país. Valle huyó a Costa Rica sin papeles, por punto ciego cruzó la frontera con los hijos que le quedan y estando refugiada allá le dio Covid-19. Debido a su condición ilegal no pudo atenderse en un hospital ni dejar solos a sus otros dos hijos.
“Yo lo que hice fue estar encerrada con mis niños y a cómo podía me levantaba, usted sabe que yo soy criada del campo, uno sabe hierbitas y cocinar así y yo bebía”, relata.
A criterio de la defensora Prado, también en el exilio hace falta mucha más organización de organismos en pro de los derechos humanos, en cuanto a la orientación para migrantes sin rumbo. Hizo un llamado importante a la comunidad nicaragüense de exiliados para apoyar a las nuevas olas de migrantes, por los mismos desafíos que enfrentan al salir de Nicaragua, como el caso de la pandemia.
La ley vigente de un proyecto con plazo vencido
La Ley 840, (Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas), aprobada el 13 de junio de 2013, fue calificada por el Centro Nicaragüense de derechos humanos (Cenidh) como una de las leyes más abusivas y que ha profundizado la brutal represión del régimen en Nicaragua.
Según el discurso del régimen Ortega-Murillo, la construcción de este canal fortalecería el comercio global y le daría a Nicaragua una fuente de recursos para un mayor desarrollo, sin embargo, este año cumplirá 9 años de su aprobación y 3 de haberse vencido el plazo para realizarse.
De acuerdo al marco de concesión, después de 6 años “si el inversionista no logra completar el financiamiento para el proyecto del Estado, Nicaragua puede dar por terminada la concesión”.
El futuro del Movimiento Campesino
López Baltodano, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, lamenta que la “violencia asesina” sea la que haya logrado que los derechos humanos y la justicia estén en la actualidad en debate político nacional.
“El nacimiento de estos nuevos movimientos sociales, como el campesino y luego el estudiantil, construyendo agendas comunes y alianzas con movimientos sociales como el movimiento feminista, ambientalista, anti minería industrial y de derechos humanos, horrorizó a Ortega”, aseguró la directora de Popol Na.
Aunque la aspiración de Ortega es gobernar hasta el año 2026, los dirigentes campesinos, Francisca Ramírez y Henry Ruiz, exiliado en Estados Unidos por represión y amenazas de grupos paramilitares y la Policía del régimen aseguran continuar su lucha desde el exilio y unir fuerzas para lograr la tan anhelada democracia en el país.
“Nosotros no vamos a descansar hasta que el dictador se vaya de Nicaragua”, aseguró Ruiz.
Por su parte, Ramírez dijo no arrepentirse de toda su lucha de la mano con campesinas y campesinos nicaragüenses.
“No, no me arrepiento, porque es cierto, pagamos un precio muy caro, miles de nicaragüenses, pero vamos a tener una democracia, y vamos a demandar porque haya una democracia verdadera”, finalizó Ramírez.
