*El papel de Washington ha sido, a criterio de especialistas, ambiguo: por una parte, presiona, sanciona y se pronuncia contra la corrupción, pero, por otro lado, tolera, soslaya y legitima comportamientos corruptos cuando sus intereses no están en juego
Expediente Público
Proteger a los corruptos y también a sus perseguidores. Financiar al Estado y a la sociedad civil. Apoyar a las víctimas y a sus victimarios. Así de contradictoria ha sido la política anticorrupción de Estados Unidos en Honduras. Sin embargo, la administración de Joe Biden promete terminar con esta ambigüedad. ¿Cuál será su estrategia? ¿Quiénes serán sus socios?
La promesa del presidente Biden es también una demanda del sector anticorrupción hondureño, quien le exige al actual gobierno demócrata no respaldar a la élite política y económica que coopta la institucionalidad pública de este país centroamericano, considerado como uno de los tres más pobres del continente.
Sin embargo, la administración de Biden arrastra el recelo histórico que hay en la región sobre la política exterior de Estados Unidos. El apoyo del gobierno de Barack Obama al golpe de Estado en 2009 y el respaldo de Donald Trump en la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández en 2017, son dos antecedentes recientes que no generan confianza en Honduras.
Una vieja política
El papel de Estados Unidos con la corrupción en los países centroamericanos es discutible. Para Manuel Torres Calderón, un investigador de la realidad hondureña, en las últimas tres décadas, la estrategia anticorrupción del país norteamericano en Honduras ha sido ambigua, centrada más en los efectos que en sus causas, condicionada a otros intereses prioritarios de su política exterior, sobre todo migratorios, políticos e ideológicos.
«Es una política vieja, contradictoria, y que se repite continuamente, dominada por el “principio diplomático” de que es más conveniente conservar un “aliado” que exponerse a perderlo», comenta Torres, autor y colaborador de diversos libros sobre los procesos democráticos en Honduras.
Históricamente ha prevalecido la premisa que, si los gobernantes hondureños cumplen con las órdenes geopolíticas dictadas desde el norte, estos serán respaldados por los gobiernos norteamericanos, independientemente de su compromiso con la democracia en Honduras.
Adriana Beltrán, directora ejecutiva de la Seattle International Foundation (SIF), una organización estadounidense que promueve la gobernanza y la equidad en Centroamérica, coincide con el periodista hondureño.
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Relaciones distantes
Sin embargo, el apoyo estadounidense demuestra no ser siempre «incondicional», como sucede actualmente con el presidente Hernández, quien dejó de contar con la confianza de Estados Unidos debido a sus supuestas implicaciones con el narcotráfico, tras varios testimonios revelados en las cortes de Nueva York.
«De hecho, nunca como en la actualidad el gobierno estadounidense ha tenido tan rotas sus líneas de comunicación con los gobiernos del Triángulo Norte», añade Torres, recordando también el avance de los intereses de China en la región, quien en la última década afianzó sus relaciones en Costa Rica, El Salvador y Panamá.
Hasta el mismo presidente hondureño declaró recientemente que, «si El Salvador va tener una relación diplomática y comercial con China, aprovechemos también ese mecanismo para entrar a China». Meses antes, en mayo de 2021, Bukele había anunciado que China enviaría a El Salvador, «500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones».
En Honduras el ostracismo diplomático es evidente. Desde el 2017 Estados Unidos no contó con un embajador en este país, un cargo que recayó en el encargado de negocios. Fue hasta el 2021 que la administración de Biden nominó a la diplomática Laura Dogu como embajadora en Honduras. El comunicado lo realizó tres semanas antes de las elecciones generales del 28 de noviembre.
«La falta de un embajador es una gran preocupación para muchas organizaciones de la sociedad civil, porque esto no permite que las prioridades de Biden se comuniquen o que las medidas se tomen con el mismo vigor», comenta Adriana Beltrán, especialista en Estados Unidos para la región centroamericana.
Además, desde que el presidente Hernández ha sido señalado por supuestos nexos con el narcotráfico, Honduras tampoco ha recibido alguna visita oficial del alto rango norteamericano. Las pláticas entre estos dos países se han mantenido en los niveles más bajos.
Para desmarcarse de sus antecesores, según Beltrán, la administración de Biden debe tener claridad sobre qué es lo que Estados Unidos quiere aportar a la región, «para luchar contra la corrupción y debilitar sus sistemas cleptocráticos, tiene que saber dónde y cómo apoyar, saber quiénes son sus socios reales», explica.
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La importancia internacional
En octubre de 2021, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras organizó un foro para dialogar sobre la lucha anticorrupción en el Triángulo Norte. El evento no se desarrolló en Tegucigalpa sino en Washington, como un llamado de la sociedad civil para fortalecer sus acciones anticorrupción a nivel internacional.
No es para menos. Las experiencias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) evidenciaron que el respaldo internacional es vital para atacar la corrupción en países donde la institucionalidad es controlada por una élite política y económica, en su mayoría, vinculada al crimen organizado.
«En el caso de Honduras, se habla de una corrupción sistémica, que muchos definen como una cleptocracia. Tienen un sistema construido por un pequeño pero poderoso grupo que se enriquece a costa del pueblo y que se asegura impunidad. Debilitarlos necesita de una estrategia a largo plazo», sugiere Adriana Beltrán, quien también fue directora del programa de seguridad ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Alguien que ha trabajado con organismos internacionales en temas de justicia, es la exfiscal general y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Aldana, quien opina que, «es necesaria la alianza entre la sociedad civil, el sistema de justicia independiente y la comunidad internacional. Sin esa alianza la lucha contra la corrupción se hace más difícil».
Aldana, junto a la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lideró varias investigaciones de alto nivel, llevando al arresto del expresidente Otto Pérez Molina, por fraude y lavado de activos.
Criminalizada y amenazada, Aldana vive exiliada en Estados Unidos desde 2018. De hecho, Washington se ha convertido en la capital de la justicia guatemalteca en el exilio, protegiendo a jueves y fiscales desterrados de su país a causa de su lucha anticorrupción.
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Los intocables
El caso del fiscal hondureño Luís Javier Santos también demuestra que sin el respaldo internacional los procesos son más frágiles y riesgosos. Con una amplia trayectoria en el Ministerio Público (MP), este abogado sufrió un atentado en 2008, luego de denunciar el engavetamiento de cientos de casos de corrupción en la fiscalía. Después de sobrevivir a la agresión y al exilio, ocho años después, Santos se volvió uno de los principales aliados de la MACCIH.
Con Santos al frente de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el principal socio de la MACCIH en el MP, se judicializaron 14 casos y procesaron a 113 personas, incluida a una exprimera dama. Un proceso nunca antes visto en Honduras.
Sin embargo, la experiencia de las misiones también demostró que el poder de las redes de corrupción puede estar por encima de la presión ejercida por la comunidad internacional. Tocar los intereses de los grupos «intocables» les costó la vida a las misiones.
En Guatemala, la misión de la ONU fue expulsada en 2019, después de investigar a familiares del exmandatario Jimmy Morales. En Honduras, el convenio de la MACCIH fue cancelado en 2020, luego que los fiscales investigaran a los círculos más cercanos del presidente Hernández y del titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
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Estados Unidos y la MACCIH
Cuando el presidente Hernández se encontraba acorralado por las manifestaciones anticorrupción en 2015, Estados Unidos apoyó su propuesta de formar la MACCIH. Esa decisión probablemente le valió su continuidad en el puesto, a pesar que antes había aceptado haber utilizado para su campaña una parte de los 300 millones de dólares robados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Con la venia estadounidense, el gobierno firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), y no con la ONU, como era la exigencia ciudadana. «No fue una misión de las ONU porque consideraron que la OEA es menos influyente», recuerda Jiménez Mayor.
Durante los cuatro años de la Misión, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) fue su principal donante, proporcionado una cuarta parte de los 32 millones de dólares que utilizó durante todo su mandato.
A pesar que la embajada estadounidense, a través de su encargada de negocios, Heide Fulton, mostrara constantemente su apoyo a la Misión, desde Washington prevaleció la posición del gobierno del expresidente Donald Trump, más enfocado en el tema de migración.
Frente a esa ambigüedad norteamericana, uno de sus embajadores expresó que daba la impresión que había dos Estados Unidos, «uno, el de las personas en el terreno, incluyendo el Departamento de Estados y la USAID, quienes presionaron para que se renovara el mandato de la Misión, y el otro, era el de Washington, que privilegió el tema de la migración, sin mostrar interés en otros asuntos».
«He terminado los pagos a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Ya no mandaremos más dinero allí. No les vamos a seguir pagando porque no han hecho nada por nosotros», escribió Trump en sus redes sociales, molesto por las múltiples caravanas de migrantes centroamericanos que avanzaban hacia el norte.
La amenaza del expresidente republicano se cumplió a medias. En 2016, Estados Unidos envió 98,3 millones de dólares a Honduras como asistencia, cifra que se redujo a 65,8 millones en 2019.
De acuerdo a Manuel Torres, cortar o reducir la cooperación financiera, en lugar de debilitar a los corruptos hondureños más bien los fortalece, «puesto que se quitan la presión política y fiscal de sus espaldas. Además, la principal fuente de corrupción no procede tanto de Estados Unidos, sino del endeudamiento público y de los ingresos fiscales del país», detalló.
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Fuerzas antidemocráticas
Astutamente, el gobierno de Hernández reconoció la posición ambivalente de Estados Unidos frente a la MACCIH, aprovechando la coyuntura para debilitar la lucha contra la corrupción, poniendo fin a la Misión en 2020. La decisión no le trajo sanciones ni costos políticos a nivel internacional, ni un tuit por parte de Trump.
«No es el fin de la MACCIH, es el fin del Estado de derecho en Honduras», sostuvo Gabriela Castellanos, directora del CNA, luego que 71 de los 128 diputados del Congreso Nacional votaran en 2019 contra la continuidad de la MACCIH.
De manera retrospectiva, el periodista Manuel Torres explica a Expediente Público, que Estados Unidos pudo asegurar la renovación de la MACCIH en Honduras, «tanto por presiones directas o a través de la misma OEA, pero no lo hizo y con ese acto mostró una debilidad y complicidad que los corruptos aprovecharon», explica.
Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Fundación Democracia sin Fronteras, opina a Expediente Público que una vez que la Misión incomodó a los grandes poderes, su continuidad ya no dependía ni de Estados Unidos, «no creo que pudo haberla asegurado, porque la MACCIH se empezó a meter con gigantes del mundo político hondureño, como la familia del presidente Hernández», comentó a Expediente Público.
Las declaraciones de Jiménez Mayor también señalan a la misma OEA por su falta de compromiso para asegurar la continuidad de la Misión, «queríamos estar a la altura de las circunstancias históricas, pero nos enfrentamos con una muralla que no quería que pasáramos, y esa muralla se encontró con muchos frentes, incluso desde la OEA, quien debió defender a su misión», expresó, reprochando la actuación de Luís Almagro, secretario general de la OEA.
A diferencia de Guatemala, donde las protestas se robustecían a medida que avanzaban las investigaciones, de cierta manera, la ciudadanía hondureña también abandonó a la Misión. En las calles de este país centroamericano, las antorchas de Los Indignados provocaron la creación de la MACCIH, pero estas se apagaron antes de su cancelación.
Tras la salida de la Misión, el blindaje de la impunidad adquirió mayor fuerza. Los dos años siguientes a su cancelación confirman lo planteado por el colombiano Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG, quien sostiene que, «después de las luchas anticorrupción generalmente hay un gran fortalecimiento de la antidemocracia».
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Aliados en la región
Así como el gobierno de Obama enfrentó la crisis de la niñez migrante en 2014 y Trump las caravanas que iniciaron en 2018, Biden entiende que enfrentar otra crisis migratoria es cuestión de tiempo. Para anticiparse a ella, anunció que su gobierno destinaría cuatro mil millones de dólares para el Triángulo Norte.
Uno de los principales estrategas para implementar esta inversión, Michael Camilleri, asegura que, a diferencia del enfoque promovido por el gobierno de Trump, la lucha contra la corrupción será un tema central en la estrategia de la actual administración.
«Vemos patrones que no son favorables, como el desmantelamiento de la CICIG y de la MACCIH, que el espacio cívico se va cerrando, que la libertad de prensa es más difícil, que la separación de los poderes se erosiona, tenemos una tarea difícil, pero la ayuda exterior puede jugar un papel importante», comenta Camilleri, quien es asesor de USAID en la región centroamericana.
Una de las mayores preocupaciones para Camilleri es encontrar los socios con quienes invertir los cuatro mil millones de dólares. ¿En quién confiar?, se preguntan. Bajo esa línea, la congresista norteamericana Norma Torres asegura que, «el dinero que se manda también se podría invertir en Estados Unidos, entonces, nuestro trabajo es asegurar a los votantes que la inversión va a traer resultados».
Tanto Camilleri como Norma Torres señalan a la sociedad civil como su principal aliado, «sin ella no podemos trabajar e invertir en la región, no podemos contar con los gobiernos que están en este momento, necesitamos saber qué se necesita y quiénes son las personas con las que podemos trabajar», apuntó la congresista estadounidense de origen guatemalteco.
Listas de corruptos
La publicación de listas de personas señaladas por corrupción es una de las estrategias que impulsa la diputada Norma Torres para depurar sus posibles aliados en el Triángulo Norte y Nicaragua. En estas listas aparecen decenas de políticos, empresarios y hasta expresidentes.
«Las listas son muy importantes para saber con quiénes estamos trabajando, identificando a las personas que no están comprometidos en defender el Estado de derecho, nos ayuda a encontrar a otras personas con quien trabajar», señala Norma Torres, quien a los cinco años emigró de Guatemala a Estados Unidos.
Para Adriana Beltrán, listas como la denominada Engels reflejan el interés del Congreso estadounidense para enfrentar la corrupción en la región, sin embargo, exhorta a ampliar el rango de las sanciones, como la confiscación de los bienes en Estados Unidos de las personas condenadas por corrupción en Centroamérica.
En Honduras, la sociedad civil ha criticado que las listas incluyen, en su gran mayoría, a personas ya previamente cuestionados por corrupción. Gabriela Castellanos, directora del CNA, exhorta a las autoridades norteamericanas a que amplíen los nombres «para tocar a los que aún no han sido señaladas».
«Las listas son más simbólicas que efectivas. La figuración en ellas o la cancelación de visas no tiene ningún carácter vinculante con los sistemas de investigación y justicia en los países centroamericanos», aclara Manuel Torres. Un ejemplo de ello es la inclusión en las listas a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
Las reacciones a los señalamientos son diversos. «Me tiene sin cuidado», respondió el diputado hondureño Óscar Nájera, señalado en la lista Engels, mientras otra congresista, Welsy Vásquez amenazó con demandar internacionalmente a Estados Unidos.
En julio pasado, el Gobierno estadounidense también incluyó a Lobo y a su esposa en la «Lista Engel», la cual señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras. «Esa lista no me da ni frío ni calor», reaccionó el expresidente.
En El Salvador, un día después de que Estados Unidos revelara los nombres de funcionarios y exfuncionarios salvadoreños vinculados a actos de corrupción y narcotráfico, el presidente Nayib Bukele envió una solicitud al Congreso para que le autorizara recibir un gigantesco proyecto de cooperación con China.
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Fuerza de Tarea Anticorrupción
En una entrevista, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y principal asesor de Biden en su política hacia Latinoamérica, Juan González, señaló que Estados Unidos no apoyará la instalación de otras comisiones internacionales anticorrupción en Centroamérica, «toman mucho tiempo y necesitamos acción ahora», sostuvo.
Es decir, a pesar de sus resultados, experiencias como las de la CICIG y la MACCIH difícilmente se repetirán en la región. El objetivo de la administración Biden es a corto plazo, como la creación en 2021 de la Fuerza de Tarea Anticorrupción en el Triángulo Norte, una iniciativa que investigará a corruptos centroamericanos que también violentaron alguna ley estadounidense.
«La Fuerza no investigará todos los casos, se tiene que encontrar algún vínculo con Estados Unidos para tener jurisdicción, pero con el tiempo encontraremos casos que mandarán un mensaje a la región», explicó Michael Camilleri.
Como parte de su funcionamiento, recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos habilitó un correo electrónico donde recibirá denuncias con información de casos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
«De enfocarla estratégicamente puede tener un impacto positivo para apoyar el esfuerzo anticorrupción, utilizando leyes domésticas que puedan debilitar las redes, como la confiscación de sus bienes en Estados Unidos», explica Adriana Beltrán.
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Una prueba para Biden
Las próximas elecciones del 28 de noviembre en Honduras serán una prueba para la política exterior del presidente Biden. Desmarcarse del accionar de los gobiernos de Obama y de Trump, será uno de los retos para su diplomacia en la región.
«Yo esperaría que aprendan de lo que ocurrió en las elecciones pasadas y que la administración de Biden apoye los esfuerzos de las misiones electorales para que se lleven a cabo comicios transparentes. Hay mucha preocupación de posibles brotes de violencia que se den a raíz de las elecciones, es importante comunicar en privado que ese tipo de acciones no serían aceptables», opina Beltrán.
Para el analista Manuel Torres, a pesar que Juan Orlando Hernández dejó de contar con la confianza de Estados Unidos, «es muy posible que Washington acepte la continuidad del Partido Nacional, aún con fraude, si le ratifica que el actual gobernante saldrá del poder y que las relaciones bilaterales permanecerán inalterables en el contexto nacional y regional».
De los principales candidatos presidenciales en Honduras, el del Partido Liberal fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos, el del Partido Nacional arrastra serios cuestionamientos por corrupción, mientras la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 bajo un golpe de Estado apoyado por la administración de Obama.
«La política exterior de Estados Unidos para el Triángulo Norte debe entender que la corrupción en Honduras no se limita a ser un fenómeno económico y social, sino que es, fundamentalmente, de carácter político y que evidencia la ausencia real de democracia», añade Torres.
Aunque muchas veces pareciera ser omnipresente, para algunos analistas, en Honduras se tiende a sobredimensionar el nivel de influencia que tiene Estados Unidos en la vida política de este país centroamericano. El mismo Camilleri advierte, «podemos tomar decisiones, pero Estados Unidos no va a solucionar el problema de la corrupción en la región».
Eso sí, los estadounidenses corren el riesgo que su inversión en el Triángulo Norte sea mal utilizada, como ocurrió con el Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por el entonces vicepresidente Biden. Si persiste la política ambigua de proteger a los corruptos y a sus perseguidores, es probable que los cuatro mil millones de dólares no reduzcan el flujo de migrantes centroamericanos hacia su país.
